Ezequiel Flores Contreras/Proceso
CHILPANCINGO, Gro.
(apro).- El alcalde priista Mario Moreno Arcos reconoció que en esta capital
circulan al menos 150 taxis que carecen placas o permiso oficial y que han sido
señalados de pertenecer a la delincuencia organizada.
El también
coordinador de ediles del PRI en la entidad, responsabilizó a las autoridades
estatales encargadas de regular el transporte público de permitir que estas
unidades vinculadas al narcotráfico circulen de manera irregular desde
diciembre pasado.
“La información que
tengo es que entraron un promedio de 150 taxis, yo hablé con la gente de
Transportes (Comisión Técnica de Transportes y Vialidad en el estado), para que
nos dieran alguna explicación, cosa que no ha sucedido a la fecha”, acusó.
Entrevistado esta
tarde durante un recorrido de supervisión de obras en el centro de esta
capital, Moreno Arcos rechazó que su actitud sea reflejo de la omisión e
indolencia que ha caracterizado a las autoridades locales frente al tema de
impunidad, inseguridad y violencia que persiste en la entidad.
“Soy el alcalde pero
no soy responsable de las concesiones (de transporte público), eso es función
del gobierno estatal”, reviró el edil priísta al tiempo que señaló que esta
capital no es ajena al clima de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Luego, el edil
priista, integrante del grupo político del gobernador Ángel Aguirre, soltó:
“Tampoco yo te puedo
decir que voy a cerrar los ojos ante cuestiones como ésa. Estoy actuando pero
por supuesto que no puedo agarrar y ponerme como Superman; Batman o El Llanero
Solitario”.
Desde diciembre,
líderes transportistas de esta capital, como el perredista Apolinar Cegueda
Dorantes, denunciaron públicamente que cerca de 200 ‘narcotaxis’ comenzaron a
circular en esta ciudad.
También reprocharon
la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Estas unidades se
caracterizan por ser vehículos de reciente modelo; algunos de ellos circulan
sin placas o portan placas particulares y se distinguen porque su numeración va
del 500 al 600, señalaron los dirigentes transportistas.
Incluso, algunos
taxistas que laboran con autorización de las autoridades estatales han
advertido que los choferes de las unidades irregulares comenzaron a realizar
labores de vigilancia (‘halconeo’) para el narco, ahora están cometiendo
crímenes contra los pasajeros, como robos, secuestros y violaciones sexuales de
mujeres.
Al respecto, el
alcalde de Chilpancingo insistió en señalar que pidió a las autoridades
estatales del Transporte Público información para que expliquen bajo qué
condiciones están otorgando concesiones o permisos de taxis en esta capital.
Aunque dijo que
carece de información sobre ataques contra ciudadanos al interior de los
narcotaxis, de todas formas va a implementar operativos “para ver cómo están
circulando estas unidades”.
El gobierno federal
clasificó a Chilpancingo, Acapulco y José Azueta como los tres municipios de la
entidad con mayor incidencia delictiva, por ello ayer se anunció que se
destinarán 148.3 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención Social y
la Delincuencia.
De los 25.9 millones
que le corresponderán a Chilpancingo, el edil priista dijo que pretende
invertirlos en obras para el rescate de espacios públicos y la implementación
de proyectos productivos en las zonas consideradas de mayor inseguridad,
ubicadas en la parte poniente y oriente de la capital, donde se encuentran las
colonias que conforman el cinturón marginal de la ciudad.
(PROCESO/Ezequiel Flores Contreras/ 12 de marzo de
2013)
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