El presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores
se embrollan cada vez más en lo que atañe a las personas desaparecidas durante
el sexenio de Felipe Calderón. Al principio negaron conocer cuántas eran;
luego, de manera inopinada la Secretaría de Gobernación difundió una lista en
la que enumeraba a más de 27 mil. Pero cuando activistas sociales y familiares
de los agraviados consultaron el registro de los desaparecidos, descubrieron
que algunos de ellos tampoco estaban en las listas.
Marcela Turati
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Margarita López no se atrevía a enfrentarse al registro nacional de
personas extraviadas o desaparecidas del sexenio anterior que puso en internet
la Secretaría de Gobernación. Tuvo miedo a partir de que habló con otras madres
y padres de familia que buscaron a sus hijos entre los 26 mil 121 nombres pero
no los hallaron. Pronto se dio cuenta de que su hija, Yahaira Guadalupe Bahena
López, desaparecida físicamente el 13 de abril de 2011, fue desaparecida
también de la lista oficial.
“Es indignante, es
un golpe bajo saber que aún con todo lo que he alzado la voz y lo que he hecho
y las tantas veces que he puesto la denuncia, mi niña no está en esa lista de
desaparecidos”, dice esta mujer que al final del sexenio calderonista hizo
huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación, junto con Julia
Alonso, para exigir la búsqueda de sus hijos.
Enumera los lugares
donde presentó la denuncia por la desaparición de su hija, quien fue sacada de
su casa por hombres armados: ante el Ministerio Público de Tlacolula, Oaxaca;
en la zona militar de Oaxaca; ante el procurador del estado; en la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; en la SIEDO –que a partir de septiembre de
2012 se convirtió en Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO)–, y luego la amplió, cuando el caso pasó al
área de Secuestros; en Províctima; en la Secretaría de Gobernación, cuando hizo
la huelga de hambre en tiempos de Alejandro Poiré.
A la par, gritó su
dolor en decenas de las plazas públicas de México y Estados Unidos que recorrió
con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, incluso le dio un expediente
con su caso al entonces presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala
y al general Guillermo Galván.
Hace un par de
semanas escribió una nueva ficha para el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.
“La cifra que
manejan es irrisoria en comparación con todos los que son. No están muchos
conocidos y seguro tampoco están los que por miedo no han salido a denunciar o
no tienen dinero para tanto papeleo porque constantemente nos piden que
llenemos fichas. Es difícil para nosotros volver a empezar desde el principio”,
dice Margarita a Proceso.
Si uno escribe el
nombre de Yahaira Guadalupe Bahena López en el sistema del Registro Nacional de
Personas Extraviadas y Desaparecidas
(www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED)
aparece una leyenda: “No se encontró ningún dato”.
En cambio,
enlistadas, aparecen 726 personas si se usa Guadalupe como criterio de
búsqueda. También aparecen nueve Yahairas, quienes fueron desaparecidas en
Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Guanajuato, Monterrey y Quintana Roo.
El registro no
arroja nombres y edades, se limita a mencionar el sexo de la persona, los
municipios y entidades donde desapareció, la fecha del suceso y si alguna
procuraduría lleva el caso. La mayoría de los casilleros están vacíos.
De las nueve
Yahairas, por ejemplo, sólo en la de Guanajuato se mencionan señas particulares
escuetas: “lunar cerca de la boca”. En el resto, el vacío.
De ese estilo es el
contenido de la base de datos que presentó el 26 de febrero la subsecretaria de
Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, tras una semana en la que familias,
medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y políticos
exigieron que hiciera públicos los registros oficiales de desaparecidos, luego
de que ella dijo en radio que sabía de la existencia de un registro con “27 mil
523 personas” desaparecidas durante la administración anterior.
La lista que los
primeros meses de gobierno de Peña Nieto dijeron desconocer Osorio Chong y el
titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue
elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate
a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la PGR, con base en reportes de las
procuradurías locales. Incluye, sin distingos, a personas extraviadas (no
relacionadas con hechos criminales) y desaparecidas (ya sea por agentes del
Estado o por delincuencia organizada).
En la conferencia
donde se hizo pública, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo
Sánchez, aventuró que seguramente “muchas” de las personas enlistadas ya
regresaron a sus casas, por lo que en unas semanas la lista estará depurada.
Por esos mismos
días, Gobernación firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja
–con experiencia en conflictos bélicos y desastres naturales– para armar
protocolos de búsqueda. Anunció que se crearía un grupo especial de búsqueda
(conformado por 200 ministerios públicos, peritos y policías federales);
también informó a las familias que está por crearse una dirección (que no será
fiscalía) dedicada a desapariciones, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos de la PGR.
Así, las autoridades
respondieron al duro informe de Human Rights Watch que señalaba: “El presidente
Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones
que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia (…) debe
tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos
horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
El informe documentó
149 casos en los que “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas,
en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.
Con la publicación
de la base de datos, Gobernación respondió también al ex secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR, Óscar Vega Marín, quien
intentó desautorizar la lista de los 27 mil, señalando que el único registro
“validado” –que elaboró su área– contiene 5 mil 319 desaparecidos, el cual se
desconocía.
En entrevista con
Proceso, Vega explica que se basó en información proporcionada por las
procuradurías estatales y admitió que, quizás por “irresponsabilidad” de los
gobiernos estatales, podría haber un subregistro. Políticos calderonistas
salieron en su apoyo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición
1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Marcela Turati/13 de marzo de 2013)
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