Zacarías Cervantes
El Mesón/Ayutla.- En la instalación de la Primera Asamblea Popular, en esta comunidad,
fueron presentados los 54 detenidos por el movimiento ciudadano en contra de la
delincuencia organizada de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y
Florencio Villarreal (Cruz Grande).
En esta asamblea,
los acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, que fueron detenidos a
partir del 5 de enero en retenes del movimiento de autodefensa, solamente
fueron presentados y se leyeron los delitos que se les imputan, además de que
en las resoluciones del encuentro se explicó el mecanismo que se utilizará al
momento de que sean juzgados.
El encuentro de las
autoridades de los pueblos que participan en la autodefensa contra la
delincuencia organizada duró más de cuatro horas en la cancha techada ubicada
afuera de la comisaría municipal de este pueblo na savi o mixteco, que ayer se
convirtió en uno de los más vigilados de la región, puesto que se concentraron
aquí los policías ciudadanos de los cuatro municipios.
Algunas de las
víctimas de los delincuentes detenidos rindieron sus testimonios, y los
organizadores decretaron un receso y convocaron a la Segunda Asamblea Popular
el 22 de febrero en Buena Vista, municipio de Tecoanapa, en donde se espera que
se instale el jurado popular que escuchará los reclamos, testimonios a favor de
los detenidos, así como las acusaciones que den las víctimas o sus familiares.
A la asamblea de
ayer asistieron 69 autoridades comunitarias, agrarias y Principales (las
personas más prestigiadas, respetadas y reconocidas) de igual número de pueblos
de esos cuatro municipios que están participando en el movimiento civil armado,
mismos que integraron la Primera Asamblea Popular, en tanto que de 800 a mil
pobladores, policías ciudadanos y periodistas atestiguaron el desarrollo de la
asamblea.
El encuentro comenzó
a las 10 y media de la mañana con testimonios que rindieron algunas de las
autoridades municipales de los pueblos y de algunas de las víctimas que
lograron encender los ánimos de los asistentes, mismos que a ratos se notaban
nerviosos o temerosos, lo que hacía percibir un ambiente tenso.
Es primera vez que
los pueblos se levantan en armas contra la delincuencia organizada y buscan
hacer justicia contra un numeroso grupo de detenidos vinculados al poder del
narcotráfico.
Además, el formato
rígido mantuvo alejado al medio centenar de periodistas de diferentes medios de
comunicación local, nacional e internacional que acudieron a cubrir lo que fue
calificado el miércoles por el director del Centro de Derechos Humanos,
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, como un hecho “inédito”.
Detenida toda la familia de El Cholo
Los 54 detenidos
fueron presentados en bloques de cinco en cinco, de cada uno se leía su nombre,
el lugar de donde es originario, su edad y el delito por el que será juzgado.
Los presuntos
delincuentes mostraban un aparente buen estado físico y de salud. Algunos,
incluso, vestían ropa limpia y es que según los organizadores de la asamblea todos
tienen la posibilidad de que sean visitados por sus familiares, aunque no todos
reciben la visita.
Durante su
presentación eran formados frente a una larga mesa ante la cual fueron
colocados a manera de presídium los comisarios municipales, comisariados
comunales o ejidales y los Principales de los pueblos que participan en el
movimiento. A su alrededor, recibían el escrutinio de más de 800 asistentes y
de las decenas de policías ciudadanos que fueron formados alrededor de la
cancha techada, para garantizar la seguridad.
Entre los detenidos
se encuentran los padres, un hermano y colaboradores cercanos de uno de los
presuntos delincuentes más buscados de la región por los los recién creados
policías ciudadanos.
Se trata de un
personaje a quien únicamente mencionaron con el alias de El Cholo. Él es
originario de Ayutla y se le atribuyen los secuestros, levantones, asesinatos,
extorsiones y cobro de piso en estos cuatro municipios de la Costa Chica.
Sus padre es Juan
Enrique Cantú, de 50 años, originario de Potoichán, municipio de Copanatoyac y
su madre es Raquel Álvarez Noyola, originaria de Tecoanapa, quien también fue
acusada por delincuencia organizada y de “colaborar” con su hijo en los
crímenes que ha cometido.
Asimismo, fueron
presentados Ulises Cantú Álvarez, de 24 años, hermano e informante del presunto
delincuente; Wendi Pérez Álvarez, mujer de El Cholo, de 22 años, originaria de
Marquelia y acusada de delincuencia organizada.
También presentaron
a María Olivia Pérez Dimayuga, de 37 años, originaria de Tierra Colorada, a
quien se acusa de ser “halcona” e informante de El Cholo.
Otro de los
presentados fue David Guerrero Castro, de 29 años y originario de Tecoanapa,
acusado de los delitos de homicidio y lesiones. Este fue presentado como
“descuartizador”, pues se dijo que se encargaba de mutilar a sus víctimas y las
mandaba “en pedacitos a sus familiares”.
Aunque con el resto
de los presentados no se estableció una relación con el presunto delincuente
que se encuentra prófugo, fueron acusados de diversos delitos en mayor y menor
medida.
Por ejemplo, Julio
Abel Cipriano Mora fue acusado de los delitos de extorsión y el cobro de cuota
a los comerciantes y ganaderos de la región. Él, se dijo, era el líder del
sitio Emiliano Carranza de Ayutla. Mientras que Miguel Ángel Abrahaján, de 18
años y originario también de Ayutla, fue acusado de participar en delincuencia
organizada, de ser halcón.
Otro de los
detenidos es Filomeno Loaeza Ramírez, originario de la comunidad de El Limón,
municipio de Tecoanapa, de 24 años y también acusado por su presunta
participación en hechos de delincuencia organizada. Rubén Navarrete Sánchez de
25 años de edad originario de Pochotillo, municipio de Tecoanapa, fue acusado
de la violación de dos mujeres y de dedicarse a la venta de droga.
Otro más es Rubén
Rodríguez Contreras, de 28 años, originario de Tonalá, a quien conocen como La
Mula, acusado de homicidio y delincuencia organizada.
Entre los detenidos
están, asimismo, quienes participaron en el secuestro del comisario de Rancho
Nuevo, municipio de Tecoanapa, Eusebio Alberto García. Este hecho detonó el
alzamiento armado de los ciudadanos en contra de la delincuencia en el
municipio de Ayutla el 5 de enero, mismo que posteriormente se amplió a los
municipios de Tecoanapa, San Marcos y Florencio Villarreal.
Ellos son Rafael
Vargas Gijón, de 37 años originario de
Ayutla, Rafael Amador Vargas de 36 años originario de Ayutla y agente de
tránsito y Osiel Vargas Chávez, de 21 años, originario de Ayutla.
El resto de los
detenidos están acusados de delitos menores, incluso hay uno de ellos a quien
sólo se le acusa de “consumo de drogas” y se le encontraron cuatro plantas de
mariguana. Él es José Miguel Rebolledo Gallardo de 25 años, originario de El
Limón, municipio de Tecoanapa.
El rango de edades
de los detenidos va de 16 a 50 años, el mayor de todos es Juan Enrique Cantú,
el padre del Cholo.
De los 54 detenidos
cinco son mujeres: la madre de El Cholo, Raquel Álvarez Noyola, la mujer del
presunto delincuente, Wendy Pérez Álvarez, María Olivia Pérez Dimayuga, acusada
de “halcona”, Lucía García Bernal, originaria de Xalpatláhuac, municipio de
Tecoanapa, acusada de “extorsionadora” y
cobrar cuotas en Cruz Grande, así como Cecilia Matildes Andraca, originaria de
Tecoanapa y acusada de “halcona” y delincuencia organizada.
En el documento de
resoluciones que se leyó al final de la asamblea se establece que las
autoridades de estos pueblos se van a constituir en un Tribunal Popular el 22
de febrero en la comunidad de Buena Vista, municipio de Tecoanapa, “para juzgar
a las personas vinculadas con la delincuencia que hemos detenido desde el 5 de
enero a la fecha”.
Ese Tribunal, igual
que la Asamblea de ayer se conformará con todos los comisarios, comisariados y
Principales o consejeros de los pueblos que pertenecen a los municipios de
Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande.
Se explica que este
tribunal se constituirá con fundamento en los artículos 1, 8, 9 y 11 del
Convenio 169 de la OIT, así como en los artículos 1, 2 y 39 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 35, 36 y 37 de la
Ley 701 que habla del reconocimiento a los derechos y a la cultura de los
pueblos indígenas.
Acordaron que la
actuación de este tribunal “se regirá por los principios de inmediatez,
contradicción, oralidad, imparcialidad, independencia y con pleno respeto a los
derechos humanos”.
Ese día recibirán
las pruebas, los testimonios y las pruebas de cargo que presentarán las
víctimas. Los detenidos rendirán su declaración ante este órgano de justicia
comunitaria y presentarán sus pruebas que demuestren su inocencia.
Se explica que los
familiares de los detenidos podrán fungir como defensores “aportando los
elementos de prueba con que cuenten y haciendo las alegaciones
correspondientes”.
Se explica que al
término de este procedimiento el tribunal sesionará “por un tiempo necesario y
presentará su veredicto, condenando o absolviendo a los detenidos”.
Dice que los
detenidos que resulten culpables serán llevados a “un proceso de reeducación
itinerante, en los pueblos que conforman el movimiento, por el tiempo que
determine el tribunal, dependiendo de las circunstancias que cada caso en
particular y atendiendo a la gravedad del delito, el grado de participación y
la peligrosidad de las personas”.
La asamblea contó con la asesoría jurídica del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y la presencia del abogado
Vidulfo Rosales Sierra y el director
Abel Barrera Hernández.
No asistieron
funcionarios municipales, estatales o federales y solamente se vio al senador del PRD, Sofío
Ramírez, que fue tratado como un ciudadano más.
(EL SUR ACAPULCO/ZACARÍAS CERVANTES/feb 1, 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario