Torturas y violaciones, detenciones ilegales, centros
clandestinos de reclusión… nada nuevo en el sistema mexicano. Y a eso se redujo
la parte judicial de la lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico, que
lejos de capturar a delincuentes de “alta peligrosidad” no pasó de aprehender y
recluir a consumidores o traficantes menores, según una encuesta del Centro de
Investigación y Docencia Económicas levantada entre reos de algunos penales
federales mexicanos.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Los delincuentes de “alta peligrosidad” recluidos en los penales
federales en el sexenio de Felipe Calderón resultaron ser en su mayoría
traficantes menores o consumidores detenidos en flagrancia y sus capturas no
resultaron de la investigación policial, de la que alardeó su secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Escasearon las
órdenes de aprehensión; se abusó del arraigo; fue común el traslado de los
detenidos a cuarteles militares, separos y hasta sitios clandestinos antes de
ser presentados ante el Ministerio Público federal; los sentenciados carecieron
de una defensa adecuada y ya internados fueron amenazados y maltratados. La
tortura no faltó.
En su mayoría los
recluidos son jóvenes con escasa educación, provenientes de un contexto
violento, y en el caso de las mujeres, muchas están sentenciadas por delitos
contra la salud, incluso en una proporción mayor que la de los hombres.
Tal es la realidad
que deja ver la primera encuesta aplicada en los centros federales de
readaptación social y que evalúa la política penitenciaria del gobierno de
Calderón, quien no escatimó recursos para los penales federales como parte de
su llamada estrategia contra la delincuencia organizada.
De acuerdo con el
libro blanco de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el
sexenio pasado se gastaron 35 mil millones de pesos en ese rubro.
La encuesta estuvo a
cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y se realizó
entre junio y julio del año pasado sólo entre la población sentenciada, que
representa la mitad de los internos de los penales federales. De ellos, seis de
cada 10 purgan penas por delitos contra la salud.
Mientras que 57.6%
de los hombres dijo estar pagando condena por esa causa, la cifra se eleva a
80% en el caso de las mujeres: Ocho de cada 10 reclusas en los penales
federales fueron sentenciadas por delitos contra la salud.
Pero a diferencia de
lo que machacó la propaganda calderonista, la mayoría de los detenidos y
sentenciados no eran grandes capos ni parte del liderazgo intermedio de los
cárteles de la droga. Más aún, ni siquiera fueron condenados por pertenecer a
algún cártel.
De los condenados
por delitos contra la salud, cuatro de cada 10 (33.5%) fueron condenados por
posesión, narcomenudeo y consumo, mientras que sólo 14.6% fue condenado por
delincuencia organizada.
“El alto porcentaje
de personas sentenciadas por posesión, venta al menudeo y consumo resulta
preocupante pues sugiere una política de drogas enfocada en detener a
traficantes de pequeña escala y/o consumidores”, dicen las coordinadoras de la
encuesta y autoras del reporte Elena Azaola, investigadora del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y Catalina Pérez
Correa, investigadora del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM.
Aseguran que ese
alto porcentaje implica una enorme carga para el sistema penitenciario federal
y significa el uso de recursos que no son utilizados para perseguir y sancionar
conductas delictivas de mayor importancia y gravedad social.
Estrategia
fallida
La encuesta
–aplicada a una muestra representativa de 831 sentenciados en ocho centros
federales de readaptación social y fechada en diciembre pasado– indica que
mientras 60.2% cumple condena por delitos contra la salud, sólo 14.6% lo hace
por delincuencia organizada, lo que demuestra el escaso impacto de la
estrategia de Calderón en la estructura de los cárteles de la droga.
Esa cifra está
incluso por debajo de los sentenciados por delitos relacionados con armas
(24.5%); es igual a los vinculados con robo, fraude y peculado (14.60%);
cercana a los que tienen que ver con homicidio doloso y homicidio culposo
(12.2%) y sólo supera a quienes purgan penas por secuestro y privación ilegal
de la libertad (6.2%).
Incluso de aquel
14.6% condenado por delincuencia organizada sólo una mínima parte dijo ser jefe
de organización. El 27.5% aseguró que no tenía funciones de jefe o
administración; 14.2% tenía funciones de administración; 13.3% de ayudante,
cómplice o colaborador; 10.8% de jefe; 3.3% de dar protección e información;
3.3% de sicario y 1.7% de labores de vigilancia, mientras que 21.5% aseguró que
no participaba en la organización delictiva.
También revelador
del fracaso de la estrategia calderonista es que los condenados por
delincuencia organizada dijeron tener como principales protectores a la Policía
Federal (PF), que estuvo a cargo de García Luna.
Del total de
sentenciados en los penales federales a cargo del propio García Luna, 10.4%
asegura haber tenido la protección de “alguna autoridad”. De éstos, 47.6%
señaló a la PF, la corporación que con la desaparición de la SSP propuesta por
el gobierno de Enrique Peña Nieto pasa a depender de la Secretaría de
Gobernación.
Después de la PF, la
autoridad más señalada como cómplice fue la policía local, con 22%, seguida por
soldados o militares (17.1%), Ministerio Público (12.2%), algún funcionario de
Gobernación (11%), alguna persona de seguridad del aeropuerto (2.4%), algún
custodio (2.4%) o policía bancario industrial, juez y marino (1.2% cada uno).
De acuerdo con los
sentenciados en los penales federales, sólo en 31.7% de esos casos de
protección la autoridad fue detenida, lo que indica que siete de cada 10
funcionarios implicados quedaron en la impunidad.
Las sentencias por
tipo de droga también indican que el tráfico de mariguana fue la principal
actividad afectada y no el negocio de la cocaína y mucho menos el de las drogas
sintéticas: 58.7% fue condenado por delitos relacionados con la mariguana,
27.3% con la cocaína, 11.1% con metanfetaminas, 8.3% con heroína, 3.4% con
piedra o crack y 2% con pastas o chochos.
La encuesta revela
también que la mitad de los sentenciados (51%) fue detenida en flagrancia, sin
que mediara alguna investigación policial. “Un elevado número de detenidos en
flagrancia suele indicar la ausencia de investigación del delito y la
consecuente captura de delincuentes menores”, explican las investigadoras.
El 37.1% de los
encuestados dijo que fue detenido por la PF o la Agencia Federal de
Investigación (ahora Policía Federal Ministerial), 25.9% por el Ejército, 12.5%
por la policía municipal, 11.6% por la policía estatal, 1.6% por la Marina y
18.4% por otra autoridad, como la Policía Judicial, algún agente del Ministerio
Público, aduanal o de migración.
Sobre la falta de
investigación y los abusos de autoridad están los altos porcentajes relativos a
las violaciones de los derechos al momento de la detención. El 91.7% de los
sentenciados asegura que nunca le mostraron la orden de aprehensión, en 85% de
los casos, los captores no se identificaron y en 70% no informaron a qué
corporación pertenecían.
En 49% de los casos
los amenazaron con levantar cargos falsos, en 54% hubo otro tipo de amenazas,
en 64% humillaciones, en 57% los golpearon y en 77% no escucharon lo que los
detenidos tenían que decir.
Los métodos de siempre
Sobre los golpes y
agresiones, 68.1% dijo haber sido agredido con objetos, 83.2% a puñetazos, a
64.9% les vendaron los ojos, 61.7% sufrió lesiones por aplastamiento y 55.7%
mencionó sofocación o asfixia.
En el caso de
violencia sexual, casi una tercer parte de las sentenciadas que recibió golpes
al momento de ser detenidas, 27.8% afirma que fue víctima de violencia sexual.
Más de la mitad de
quienes purgan condena en los centros federales (53.7%) fueron llevados a un
lugar distinto del Ministerio Público después de su detención, en clara
violación al artículo 20 de la Constitución.
En 47.6% de esos
casos fueron llevados a un cuartel militar o policiaco, una agencia estatal,
separos municipales o a la PF. El 12.2% aseguró que fue llevado a una casa
clandestina, a un lugar para golpearlo, a un corralón, una casa abandonada, una
bodega, un lote baldío o sótano. El 5.4% dijo que lo “anduvieron paseando” o lo
llevaron a una carretera o camino; en 4.5% de los casos los llevaron al doctor
a un hospital y en 3.9% a una casa de seguridad o alguna oficina secreta.
Incluso en 2.5% de
los casos los llevaron directamente a un centro federal de readaptación social
o un penal y sólo uno de cada 10 fue presentado ante el Ministerio Público
federal o estatal.
También sólo la
mitad de los sentenciados fue interrogada por el Ministerio Público; la otra
mitad por militares, policías federales o alguna otra autoridad diferente a la
encargada de investigar los delitos. La mayoría fue interrogada más de una vez;
incluso una cuarta parte aseguró haber sido interrogada más de cinco veces.
Ya en el Ministerio
Público a 64.4% no le permitieron hacer una llamada telefónica, a 42% no le
dijeron que tenía derecho a un abogado y en 66% de los casos no les dijeron que
tenía derecho a no declarar. Más aun, a una tercera parte no se le explicó por
qué estaba ahí.
Otra tercera parte
asegura que recibió amenazas o fue víctima de uso de la fuerza para obligarla a
cambiar su primera declaración ministerial. El 30.5% dijo haberse declarado
culpable porque lo torturaron o golpearon, 24.5% porque lo amenazaron, 4.7%
porque el agente del Ministerio Público le dijo que era lo mejor y 4.4% porque
amenazaron a su familia.
Las investigadoras
también encontraron que el arraigo fue una práctica extendida en el gobierno de
Calderón.
“Los datos de la
encuesta apuntan a que el arraigo no es actualmente usado como una figura
extraordinaria. Si tomamos en cuenta que el 14.6% de los sentenciados lo está
por delincuencia organizada, poco más de la mitad de las personas sentenciadas
que fueron arraigadas corresponden a la delincuencia organizada”, señalan.
Eso significa que
sólo con el arraigo el anterior gobierno pudo lograr la mitad de las condenas
por delincuencia organizada, pero en 16% de los casos el arraigo duró más de
los 80 días establecidos por la Constitución.
(PROCESO/ Jorge Carrasco Araizaga/ 08 DE FEBRERO 2013)
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