VILLAHERMOSA, Tab.
(apro).- En 2010, el gobierno de Tabasco pagó más de 17 millones 300 mil pesos
por la renta de 19 camionetas blindas para uso del entonces gobernador Andrés Rafael
Granier Melo y sus principales colaboradores.
De acuerdo con el
contrato CAK6AL1-001/10 y la partida 53303 “Alquiler de Vehículos”, obtenido a
través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
Secretaría de Administración y Finanzas adjudicó directamente a la empresa
“Automóviles Monterrey, S.A. de C.V.”, la renta de 18 camionetas blindadas por
un monto de 16 millones 236 mil 432.54 pesos, a razón de dos mil 130 pesos con
43 centavos diarios por unidad por más IVA, alrededor de 75 mil pesos
mensuales.
Por las 18
camionetas blindadas, el gobierno del estado pagaba cerca de un millón 350 mil
pesos mensuales. La vigencia del contrato tiene fecha del 6 de enero al 31 de
diciembre de 2010.
Una unidad más se
rentó por un mes –del 21 de abril al 21 de mayo de ese año– a la empresa
“Chevrolet del Caribe S.A. de C.V.”, por un millón 99 mil 040 pesos.
La cláusula
decimonovena del contrato establece que, a partir del 31 de diciembre de 2010,
será obligación del arrendador, “dejar a opción de compra los vehículos a favor
del arrendatario”, siempre y cuando “el arrendatario cuente con la suficiencia
presupuestal correspondiente, para lo cual el arrendador le asigna un valor
comercial a cada vehículo de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.”.
Sin embargo, en vez
de adquirir los 18 vehículos blindados, por lo cual hubiese pagado tres
millones 600 mil pesos, el gobierno granierista siguió rentándolas en más de 16
millones de pesos anuales, hasta diciembre de 2012, fin del sexenio.
Lo anterior, se
deduce por lo declarado por la secretaria de Administración, Eloísa Ocampo
González. La funcionaria dijo ayer que se revisa todo lo relacionado con la
renta de vehículos blindados y transporte aéreo que usaba el ex gobernador
Andrés Granier y ex funcionarios, a fin de decidir “si se renuevan o no los
contratos”.
El contrato entre
“Automóviles Monterrey, S.A. de C.V.” y el gobierno del estado fue firmado por
el entonces subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración
y Finanzas, Carlos Alberto Vega Celorio, ahora alcalde priista del municipio de
Tenosique.
Este mismo
funcionario apareció con dos recibos de pagos en la casa de gobierno Quinta
Grijalva, fechados en mayo de 2011 por casi un millón y medio de pesos, cuando
se hizo público el despilfarro en la residencia oficial durante el periodo que
la habitó Granier Melo.
El primero por
concepto de “ajustes complementarios” por 897 mil 571 pesos; y el segundo por
“compensación por desempeño” por 592 mil 995 pesos.
Según el abogado
Héctor Aceves Fernández, “Automóviles Monterrey. S.A de C.V.,” es propiedad del
empresario Antonio Espinosa de los Monteros, implicado con funcionarios
granieristas en una millonaria operación de tráfico de tierras para viviendas
de damnificados por las inundaciones de 2007.
En febrero de 2009,
la revista Proceso denunció este caso a partir de denuncias que diputados
federales del PRD presentaron ese año ante la Procuraduría General de la
República (PGR), por tratarse de dinero federal enviado a Tabasco.
Según el expediente,
Espinosa de los Monteros, a través de la empresa Suministros del Carmen, S.A.
de C.V., compró 169 hectáreas de terrenos no inundables en 110 millones de
pesos y, en menos de un mes, los vendió al Instituto de Vivienda de Tabasco
(Invitab) en 246 millones, operación que le redituó ganancias de 136 millones
de pesos.
Los 246 millones
pagados por el gobierno del estado fueron parte de los 350 millones que el
presidente Felipe Calderón ordenó transferir a Tabasco para adquisición de
tierras y construcción de viviendas para quienes perdieron todo su patrimonio
en la inundación de 2007.
Los funcionarios
implicados fueron los entonces titulares de las secretarías de Administración y
Finanzas, y de Obras Públicas, así como el director del Invitab, José Manuel
Sáinz Pineda, Héctor López Peralta y Ariel Cetina Bertruy, respectivamente.
También el empresario Amílcar Salas Villanueva, compadre del ex gobernador
Andrés Granier, sin cargo oficial en el gobierno pero “poder” tras las finanzas
estatales y presunto socio de Espinosa de los Monteros.
Propietarios de gasolineras
y de la empresa “Performance Transportación”, dedicada a la renta de jets
ejecutivos, Espinosa de los Monteros es dueño también del lujoso gimnasio Sport
City de esta capital, en litigio judicial desde hace más de tres años para
impedir su demolición.
María de Pilar
Pizaña, esposa del abogado Héctor Aceves, demandó al Sport City debido a que
fue construido en suelo de uso habitacional no apto para negocios, y cuya
edificación dañó varias casas contiguas que la señora construyó para vender.
El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Tabasco ordenó, desde hace más de dos años, la
demolición del Sport City y pagos de daños a la señora Pizaña Aceves, pero el
empresario Espinosa de los Monteros ha alargado el juicio mediante “todo tipo
de chicanadas”, asegura el abogado Aceves Fernández.
(PROCESO/ Armando Guzmán/ 7 de febrero de 2013 )
No hay comentarios:
Publicar un comentario