Martín Orquiz
La lucha por el
control interno en el penal de Aquiles Serdán (al sur de la ciudad de
Chihuahua), o Centro de Reinserción Social número 1 (Cereso 1), se libró tanto
en el interior como en el exterior, lo cual provocó el homicidio de ocho
elementos de Seguridad y Custodia, así como el desmantelamiento de bandas
internas que les cobraban a los internos hasta por trabajar.
Incluso, la
vigilancia a través de cámaras tuvo que ser retirada a los custodios para
entregar el sistema a personal calificado que no tiene comunicación ni acceso
con los presos o sus parientes y así evitar cualquier tipo de posibles arreglos
ilegales.
Aunque familiares de
reclusos han denunciado el cobro de distintas cantidades por ejercer derechos
que son gratuitos, portavoces de la Fiscalía de Ejecución de Penas afirman que
no existe ninguna denuncia sobre la situación.
En cambio, tienen la
hipótesis de que las acusaciones surgieron debido a la molestia que causó el
que les hayan quitado el poder intramuros a los prisioneros.
Agregan que
situaciones irregulares, tales como la alimentación diferenciada entre los
reos, tuvieron que ser erradicadas para obtener una certificación que convirtió
a ese centro penal en un modelo que será implementado en otros estados de la
República Mexicana.
Sin embargo, para
lograrlo hubo que pagar una cuota de sangre.
Reportes
periodísticos indican que el 14 de octubre de 2010, sicarios a bordo de una
camioneta Nitro blanca, una pick up Durango y una Expedition roja emboscaron al
supervisor de Seguridad y Custodia del penal de Aquiles Serdán, al coordinador,
así como a cuatro celadores, en las calles Revolución Cubana y Fecam de la
colonia Juan Güereca.
Tras el atentado,
ocurrido a las 7:20 de la mañana, custodios del segundo turno en el penal se
negaron a laborar hasta que les garantizaran medidas de seguridad apropiadas a
su labor.
Los agresores se
llevaron dos armas cortas calibre 9 milímetros y un fusil G-36 que portaban los
elementos del penal.
Los asesinados
fueron Jesús Miguel García, de 39 años, coordinador de Seguridad y Custodia;
Jorge Luis Chávez Moreno, de 35, supervisor; así como los agentes de custodia
Marco Antonio Chávez Adame, de 25; Mario Alberto González Medina, de 32;
Nicolás Ontiveros Muñoz, de 52; y Félix
Suárez Lara, de 41.
En otro evento el 3
de marzo de 2012, presuntamente relacionado con la guerra por el control del
penal, escoltas de la dirección fueron acusados de atacar a balazos al
instructor de la Escuela Estatal de Policía, Aarón Ramos Pérez, quien repelió
la agresión y quedó herido.
La versión que
dieron los presuntos atacantes a la Policía fue que dispararon en contra del
instructor porque lo vieron armado y desconocían de quién se trataba. Testigos
indicaron que al parecer hubo otros tiradores.
Policías
persiguieron a los agresores del instructor y lograron saber que se trataba de
escoltas porque se refugiaron en el penal de Aquiles Serdán.
El instructor ya
había sufrido un atentado a balazos el 22 de enero de 2011, el comandante de
Asuntos Internos de la Fiscalía General Zona Norte, Sergio Manuel Torres
Gallegos y el agente Elías Méndez Lozano que lo acompañaban, murieron durante
la agresión.
Diez días después,
el 13 de marzo de 2012, un comando armado ejecutó a dos custodios del penal,
cuando esperaban el transporte del reclusorio en el estacionamiento del centro
comercial del bulevar Fuentes Mares y avenida Independencia.
Los custodios
privados de la vida eran Saúl Vázquez Medina, de 45 años, y Cutberto Chávez Rodelo.
Las autoridades de
la penitenciaría de Aquiles Serdán instrumentaron un sistema de rotación entre
el personal de seguridad y custodia, incluso entre los mandos, explicó el
portavoz de la Fiscalía Especializada en ejecución de Penas, Jorge Cháirez Daniel.
Cada mes, o incluso
en semanas, se hace el movimiento del personal. Incluso, si los encargados de
la vigilancia de los custodios notan “situaciones raras”, enseguida se realiza
la permuta, señaló.
El funcionario
mencionó que una de las estrategias que ayudó a tener el control en el penal es
la creación de un grupo de inteligencia, cuyos integrantes están al pendiente
de lo que ocurre intramuros de la cárcel.
“Algo muy útil en
las tareas de vigilancia interna fue la creación del Centro de Control y
Comando Penitenciario, instancia que tiene el control de todas las cámaras del
circuito cerrado que existe en los penales del estado”.
Dominaban todo
Las autoridades,
afirman, retomaron por completo el control del penal donde antes se cobraba
hasta porque los internos trabajaran.
Este tipo de
incidentes surgieron ante la opinión pública, tal como ocurrió el 16 de marzo
de 2011, cuando internos del penal se inconformaron por los malos alimentos que
les servían y tomaron como rehén al encargado de la cocina, a quien mantuvieron
privado de la libertad hasta que fue liberado por custodios del reclusorio.
El hecho generó una
intensa movilización de policías de todas las corporaciones, al pensar que se
trataba de un motín.
Luego, el 15 de
febrero de 2012, una mujer fue asesinada durante la visita conyugal por un
recluso que intentó suicidarse posteriormente.
Tras el hecho se
descubrió una red de prostitución, ya que la fallecida visitaba a varios reos
como si fuera su pareja sentimental.
La mujer asesinada
fue identificada como Ana Heli Murillo Bañuelos, a quien la autoridad le
encontró varios permisos para entrar a la visita conyugal con diferentes
internos, trascendió.
Junto al cadáver de
la mujer, se encontró gravemente herido el reo Alberto Guadalupe Reyes García,
quien luego de privar de la vida a cuchilladas a su visitante trató de
suicidarse.
El 18 de marzo de
ese mismo año, familiares de internos denunciaron la supuesta corrupción por
parte de directivos y custodios, ya que tenían que pagar por obtener
privilegios y servicios que son gratuitos.
Dijeron que pagaban
mil 800 pesos por el código de acceso que todo familiar debe tener, mil 500
pesos para tener un horno de microondas, mil pesos por contratar servicios sexuales
de fuera del penal, 600 pesos por la noche conyugal, 350 pesos por tres horas
de visita conyugal, 100 pesos por ingresar al penal sin dificultades, 100 pesos
por “un pase” de droga, y 15 pesos por un cigarro de tabaco.
El 16 de octubre de
2012, un custodio del penal fue detenido por agentes de la Policía Única
acusado del delito de extorsión, luego de que familiares de un reo que fue
extraditado de Estados Unidos lo denunciaron.
El presunto
extorsionador fue identificado como Pedro Villanueva Lucero. Había al menos
otro custodio involucrado en el caso.
La detención de
Villanueva Lucero ocurrió en el exterior de la tienda Walmart sucursal Fuentes
Mares, a donde acudió a recoger 5 mil pesos.
Los afectados
denunciaron que estaban siendo extorsionados por personal de custodia del
reclusorio de Aquiles Serdán, quienes amenazaron con matar a su familiar que se
encuentra preso en dicho penal en caso de no recibir el dinero que les pedían.
Días después, el 28
de octubre del año pasado, más familiares de internos denunciaron ser víctimas
de actos de extorsión ejercidos por custodios para permitir el ingreso o
prolongar el tiempo de visita en el interior del reclusorio.
De acuerdo con sus
declaraciones, los visitantes afirmaron que algunos de los custodios les piden
200 pesos para ingresar de manera rápida a visitar a sus familiares presos, e
incluso en ocasiones al estar adentro les piden 100 pesos para durar más
tiempo.
El portavoz de la
Fiscalía da a conocer que en meses anteriores se descubrió que había dos bandas
que extorsionaban en el interior, tanto a los internos como a sus familiares.
“Les cobraban por
trabajar, por hacer muebles o cuadros les quitaban 50 ó 100 pesos, dependiendo
de lo que hacían les exigían cobro”, menciona.
Esos grupos, explica, fueron desarticulados.
Algunos de sus
miembros fueron enviados a otros penales federales del país, mientras que otros
a cárceles de diferentes partes del estado.
Pero sobre nuevas
situaciones irregulares, asegura que no hay denuncias oficiales y vislumbra la
posibilidad de que los reos inconformes utilicen a sus parientes para simular
situaciones en venganza, porque se les ha quitado el control interior.
Ahora, dice Cháirez
Daniel, las entradas son controladas.
“Han expresado inconformidad
porque se controlan las visitas, antes entraba el tío, el sobrino, el amigo,
hubo casos en los que entraban hasta 20 personas a visitar a un interno”,
recuerda.
Además, los
constantes operativos que se realizan en el interior de los penales han funcionando
muy bien para realizar la búsqueda de artículos prohibidos, de los que se han
asegurados muchos, indicó Cháirez.
“Se cambiaron muchos
parámetros, muchos protocolos y se aplicaron nuevos y más efectivos”, dijo.
El funcionario
asegura que, debido al éxito obtenido, la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario, el penal de Aquiles Serdán será modelo para aplicarse en otras
penitenciarias y se pretende que al menos en cada estado de la República
Mexicana haya una prisión con las mismas características.
Los primeros en
visitar el Cereso 1, esta semana, serán los representantes de Baja California,
Chiapas y Oaxaca.
Acerca de las quejas
expresadas por los familiares de los internos, afirma que no tienen ninguna, ni
siquiera por Derechos Humanos.
“No existe ningún
registro, sólo lo que nos dicen, ningún documento que diga que hay problema,
porque aquí no se les cobra a nadie. Se cobra cuando se extravía, cuando se
pierde o se daña su credencial, pero es un costo mínimo para su reposición, las
credenciales son parte del protocolo”, dijo.
“Vamos a hablar
claro, si vienen y nos da una queja, la investigan, pero hasta ahora no hay
ninguna queja a ese respecto”, declaró.
(El Diario /Martín Orquiz/05 de febrero 2013)
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