El
actual secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, Televisión
Azteca y un grupo de empresarios influyentes en el gobierno de Felipe
Calderón fueron los beneficiarios de las casas de interés social
adquiridas en los últimos años mediante el Fondo de Vivienda del
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
(Fovissste).
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Y aun cuando las
constructoras, sindicatos de burócratas y las Sociedades de Financieras
de Objeto Limitado (Sofoles) fueron las que promovieron las viviendas,
tramitaron los créditos y cobraron por ello, cuando se descubrió el
fraude millonario nunca fueron implicados en los procesos penales y
administrativos emprendidos por el Fovissste y la Procuraduría General
de la República (PGR).
Para el gobierno de Felipe Calderón, los
cerca de 5 mil trabajadores de diferentes áreas de gobierno –quienes
viven en lugares distantes y lo único que los identifica es haber ganado
un sorteo para obtener créditos de vivienda– son los que cometieron un
fraude que asciende a 570 millones de pesos.
Aduce incluso que los
trabajadores falsificaron recibos de nómina y constancias de
percepciones, y que accedieron (hackearon) el sistema electrónico para
manipular su información con el propósito de obtener créditos mayores de
los que por ley les correspondían.
Con base en ese supuesto, la
Secretaría de la Función Pública (SFP), la PGR y el ISSSTE emprendieron
una pesquisa contra los burócratas señalados y comenzaron a intimidarlos
en su trabajo y en su domicilio para que aceptaran su delito y se
comprometieran a pagar cantidades que con sus salarios son imposibles de
solventar. Muchos decidieron ampararse.
El pasado 31 de octubre,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la
Recomendación 60/2012, en la que hace notar que el Fovissste violó los
derechos humanos de los trabajadores al inculparlos por las fallas y
omisiones de los funcionarios del propio organismo.
Nombres del calderonismo
Las
escrituras y contratos de compraventa, cuyas copias tiene Proceso,
revelan que entre los constructores implicados en el fraude, que comenzó
a ser investigado por la SFP desde finales de 2008, figura Salomón
Chertorivsky Woldenberg, así como sus socios Gerardo Ruiz Maza Jove y
Juan Pablo del Valle Perochena, propietarios de la empresa Grupo Módulo
Progresivo.
Cuando las viviendas fueron vendidas, Chertorivsky se
desempeñaba como director general de Diconsa. Ruiz Maza es consejero de
Consorcio Hogar, dedicado a la construcción de viviendas de interés
social, dirigido por Paul Davis Carstens, pariente de Agustín Carstens,
gobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda.
Del
Valle Perochena es hijo de Antonio del Valle Ruiz, a quien relevó al
frente del corporativo Kaluz, controlador de Mexichem (contratista
petrolero), Mexvi (casas de interés social) y banco BX+, entre otras
empresas.
Otro desarrollador beneficiado es Constructora Syser,
filial de TV Azteca, dedicada también a la edificación de viviendas de
interés social. Entre sus desarrollos en el oriente del Estado de México
destaca Lomas de Ixtapaluca, donde residen cientos de los trabajadores
acusados del desfalco al Fovissste.
Una constructora más,
Desarrolladora Ke –dirigida por Alfredo Sefami Mizraje, quien dirigió
también Casas La Lupita–, tiene por socios a Carlos Romano Misha y
Naftoli Mashkin Antokolsky. Romano es consejero propietario en la
Asamblea General de Infonavit, en tanto que Mashkin es accionista de
Casas Beta del Centro.
La compañía de Sefami ha enfrentado
acusaciones de despojo de ejidatarios en el Estado de México, protestas
de sus clientes en Nuevo León, así como señalamientos de haber obtenido
fallos favorables del gobierno mexiquense durante la gestión de Enrique
Peña Nieto.
La lista sigue: Construcciones Toluca, Pro K, Grupo
Metaro, Inmobiliaria y Construcciones. En la comercialización de las
casas también participó Class Bienes Raíces.
Las constructoras,
que ya cobraron por las viviendas, inflaron los precios, como en el caso
de Lomas de Ixtapaluca. De acuerdo con los expedientes, los
trabajadores adquirieron las viviendas a 524 mil pesos, pero un avalúo
reciente muestra que su valor real es de 380 mil pesos.
Sofoles de sexenio
Los
créditos fueron tramitados a través de siete Sofoles: Condesa
Financiera, ING Hipotecaria, Corporación Hipotecaria, Crédito y Casa,
Hipotecaria Bajío, Hipotecaria Su Casita e Hipotecaria Patrimonio.
Las
tres últimas fueron favorecidas mediante operaciones irregulares por el
gobierno de Calderón entre 2006 y 2008, con recursos del otro sistema
de seguridad social, el IMSS, de acuerdo con una investigación de la
reportera Jesusa Cervantes.
Mediante la compra ilícita de
certificados bursátiles, durante la dirección de Juan Molinar Horcasitas
en el IMSS (2006-marzo de 2009), el instituto destinó miles de millones
de pesos a capitalizar de manera ilegal a las mencionadas Sofoles. La
información se confirmó con el Informe de Resultados de la Cuenta
Pública de 2010 que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la
Cámara de Diputados el pasado 15 de enero (Proceso 1759, 1763 y 1842).
Grupo
Ixe emitió los bonos bursátiles que adquirió el IMSS con Molinar, por
lo cual cobró una comisión. En Ixe, su hermano Javier Molinar es
director general. La familia Carstens también tiene participación en ese
consorcio: dos parientes ocupan puestos de alta dirección y cuatro más
son miembros del consejo de administración, entre ellos Davis Carstens,
director de Consorcio Hogar, donde es consejero Ruiz Maza, el socio de
Chertorivsky.
De las Sofoles implicadas en el caso del Fovissste,
ya desaparecieron, por quiebra, Crédito y Casa, GMAC Hipotecaria y
Condesa Financiera. En octubre pasado se anunció que Su Casita entró en
liquidación.
Por lo que concierne a los sindicatos, el dirigente
del DIF, Armando Luna, también se llevó su tajada, pues además de
tramitar los créditos, organizaba excursiones a fraccionamientos para
promoverlos.
A mediados de 2009, ya con el problema encima, el
dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE), Joel Ayala, firmó sin consultar a sus agremiados un
convenio con el Fovissste para que se les descontara ilegalmente 50% de
sus salarios. La mayoría de los afectados se mantienen ajenos a la
federación.
Sin fundamento legal, Ayala acuñó el concepto de
“crédito en demasía”. En 2011 empezó a llamar a los trabajadores para
que pagaran el excedente, amagándolos con denunciarlos penalmente. Y
cumplió, al capturar a 41 de ellos en una redada.
En enero pasado,
el Fovissste hizo una oferta a los deudores: si liquidaban sus
pendientes antes del día 30 de ese mes, se retirarían los procesos
penales. La mayoría la rechazó, por lo que se intensificaron los acosos.
El
pasado 11 de septiembre un grupo de trabajadores acudió a la PGR para
entrevistarse con Gilberto Zárate, director de Atención a Acreditados de
Fovissste. El funcionario les propuso signar el convenio para que
obtuvieran “el perdón”. No hubo acuerdo.
“No estamos dispuestos a
que nos criminalicen por algo que no cometimos. El gobierno de Calderón
está criminalizando a los trabajadores, cuando se trata de un fraude que
no cometimos. No hemos dejado de pagar, cada quincena nos aparece la
deducción”, dijo una empleada de la PGR que pidió el anonimato, pues ya
han tenido represalias por inconformarse.
Varios de los
trabajadores promovieron amparos y ganaron. Los expedientes, cuyas
copias tiene Proceso, revelan que, además de la improcedencia de las
denuncias, en muchos casos los juzgados ni siquiera entraron al fondo,
pues los hechos que la PGR presumía que eran delito estaban prescritos.
Es
el caso del los trabajadores del Conaculta, Francisca Torres Ponce,
José Juan Méndez Velasco, Alejandro Paz Vázquez, Sandra Rodríguez Pérez y
Manuel Tirado. El pasado 13 de julio, el Juzgado Cuarto de Procesos
Penales Federales resolvió el amparo relativo a la causa penal 39/2012,
exculpando a los trabajadores por lo “infundado e inoperante” de la
consignación.
En los expedientes que sí revisaron consignaciones,
no se acreditó el delito. En junio, por ejemplo, el Tribunal Unitario en
Materia Penal del Primer Circuito resolvió el expediente 15/2012 que
ampara al trabajador de la PGR, Jorge Céspedes Ángeles, encarcelado en
febrero pasado.
El análisis del caso demostró que no existía
lucro. Es decir, no se probó la forma en que el trabajador –cuyo sueldo
es de 4 mil 400 pesos mensuales– obtuvo un lucro indebido cuando tiene
un préstamo que aún no paga.
De acuerdo con ese y otros
expedientes, destaca que la falsificación de documentos tuvo que ocurrir
entre la constructora, la Sofol y el propio Fovissste, pues tenían
acceso al sistema informático y estaban obligados a cotejar los
documentos.
Fovissste anticonstitucional
En
su recomendación 60/2012, emitida el pasado 31 de octubre, la CNDH
expone que los derechos de los trabajadores fueron vulnerados por varios
motivos, mientras que el Fovissste incurrió en actos ilegales.
Entre
sus observaciones, la comisión destaca que los trabajadores se apegaron
al procedimiento para obtener sus créditos y que, ya detectado el
excedente, el Fovissste empezó a descontar 50% del salario, cuando la
ley indica que no debe excederse el 30%.
Observa también que aun
cuando se regularizó el descuento a 30%, nunca se reintegró el dinero
rebajado a los trabajadores. Además, lo que el Fovissste denomina
“demasía”, no tiene sustento jurídico, ya que al aplicar el descuento de
50% no realizó un procedimiento, por lo que vulneró las garantías de
debido proceso y las de audiencia.
El ómbudsman también hizo notar
que los trabajadores no se niegan a pagar sus adeudos, pero el
Fovissste no les ofrece alternativas viables, pues por lo exiguo de sus
salarios les resulta imposible pagar en una sola exhibición o con
semestralidades elevadas, como pretende el organismo.
El 13 de
marzo último, al comparecer ante la Cámara de Diputados, el director del
ISSSTE, Sergio Hidalgo Monroy, admitió: “Pienso que no es una
responsabilidad de los derechohabientes. A mí me cuesta mucho trabajo
entender que alguien que estaba aspirando a un crédito hipotecario
tuviera los conocimientos técnicos (hackear el sistema) del alcance de
sus créditos hipotecarios”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario