MÉXICO,
D.F., (apro).- La organización Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y el Centro Diocesano Fray Juan de
Larios repudiaron la liberación del empresario coahuilense Carlos
Enrique Haro Villarreal, a quien señalan como el “principal involucrado
en el secuestro y la desaparición” del ingeniero José Antonio Robledo
Fernández, ocurrida en enero de 2009, en Monclava, Coahuila.
Las
organizaciones calificaron como “aberrante e indignante” la decisión del
magistrado Carlos Nicéforo Adolfo Olea Peñaflores de liberar al
presunto culpable a quien se le encontró en su domicilio “al menos siete
armas de fuego y un expediente” con recortes periodísticos sobre José
Antonio y otros tres desaparecidos, y a quien otras personas señalaron
como implicado. Exigieron que el magistrado sea investigado “por
colusión con la delincuencia organizada”.
“Hacemos un llamado al
Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para que inicie la investigación correspondiente, a la par pedimos a la
PGR para que actúe en consecuencia y requiera a quien es capaz de
liberar a personas como Haro Villarreal, contra toda evidencia”,
indicaron las organizaciones coahuilenses.
El magistrado segundo
del Tribunal Unitario, con sede en Matamoros, Tamaulipas, dejó sin
efecto el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las
fuerzas armadas del presunto culpable, aunque confirmó el auto de formal
prisión a otros cuatro involucrados en el caso. El magistrado también
invalidó la sentencia dictada al presunto delincuente, este mismo año
por otra juez del Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.
De
acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/025/2009— Haro
Villarreal era investigado por los delitos de portación de armas de
fuego sin licencia, delincuencia organizada y privación ilegal de la
libertad. Había sido absuelto de los dos últimos delitos pero con la
intervención del magistrado Olea Peñaflores se le exculpó del tercero.
Fuundec
y el Centro Fray Juan de Larios exhortaron a las familias con personas
desaparecidas a oponerse a esta resolución, pues consideran que
decisiones como las del magistrado pueden replicarse y convertirse en
“la antesala de sus propios casos, donde la justicia obedece a los
intereses más oscuros y mezquinos, tanto de quienes detentan los poderes
formales como los de facto”.
“José Antonio Robledo Fernández es
buscado desde enero de 2009 por su madre y su padre, Guadalupe y José
Antonio, quienes son miembros de Fuundec; ellos han tenido que suplir
la deficiencia del Ministerio Público, la inoperancia de las policías y
la de todo el Estado mexicano, que ahora ha dado un nuevo motivo de
vergüenza, tras el fallo del magistrado Carlos Nicéforo Adolfo Olea
Peñaflores, quien retiró el cargo de posesión ilícita de armas de fuego,
contra toda evidencia en el sumario a Carlos Enrique Haro Villarreal,
quien era encargado de seguridad de ICA en Monclova, Coahuila, de donde
desapareció José Antonio Robledo (…) En el proceso fue señalado por
varios de sus cómplices como responsable de los delitos que les ordenaba
ejecutar, entre ellos la desaparición de José Antonio”, indicaron.
En
su comunicado, hacen responsable al Poder Judicial de la Federación y
al empresario Haro Villarreal por cualquier acto contra la integridad y
vida de las familias de José Antonio Robledo Fernández, de quienes
integran Fuundec y del personal del Centro Fray Juan de Larios.
En una entrevista anterior con Apro,
el señor José Antonio Robledo Chavarría, padre del ingeniero
desaparecido, señaló: “El magistrado invalidó la condena de posesión de
armas porque de cuatro testigos uno firmó mal; borró todo el proceso.
Sólo porque este señor es empresario, tiene amistades en el gobierno y
se ostenta como amigo de (Humberto y Rubén) Moreira”.
La pareja
forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
en Coahuila y en México (Fuundec-M), y del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad; es apoyada por el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal.
El ingeniero Robledo
trabajaba en el departamento técnico de subcontratos de ICA Fluor en
Monclava. Según la familia, los testimonios contenidos en el expediente
señalan que Haro Villarreal proporcionaba seguridad a ICA y era el
intermediario que “cobraba derecho de piso” para Los Zetas, lo que
significa que extorsionaba a ICA Fluor.
La pareja señaló que Haro
Villareal fue quien ordenó a “dos zetas” que los amenazaran y les
prohibieron acudir a la policía cuando llegaron a Coahuila a indagar la
desaparición de su hijo. También lo acusan de haber usado su poder para
que funcionarios de la empresa obstaculizaran su búsqueda.
En el
comunicado, Fuundec y el Centro Fray Juan de Larios señalaron que
ninguna de las desapariciones ha sido esclarecida y que la impunidad
sólo provoca que las familias dejen de creer en la justicia.
“Es
tal la colusión entre la delincuencia organizada y el Estado mexicano,
que las agencias del Ministerio Público y las policías, juegan un papel
de poderoso filtro para evitar que los casos suban al conocimiento de un
juez, para el deslinde de las responsabilidades penales por una
desaparición.
“Pero cuando por el esfuerzo supremo de la familia
de la persona desaparecida, logran llevar ante la justicia a los
perpetradores de una desaparición, nos encontramos con otra barrera ésta
también insuperable: el sistema judicial mexicano no conoce casos de
esclarecimiento de una desaparición, de dar con el desaparecido, ni de
reparar el daño a las víctimas, ni a los familiares.
“O el
Ministerio Público no acusa correctamente, o el Juez no haya suficiencia
probatoria, o ambas cosas, pero el Estado mexicano falla
sistemáticamente en su obligación de dar justicia, en términos del
artículo 17 constitucional”, señalaron las organizaciones.
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