Según el
legislador, los narcotraficantes se han dado a la tarea instalar retenes
en Guachochi, con el propósito de cobrar cuotas a los estudiantes.
Quien se niega a pagar, dijo, es amenazado de muerte.
El pasado
sábado 24 el legislador se entrevistó con un grupo de 16 profesores,
quienes denunciaron la situación ante las autoridades locales, pero no
fueron atendidos porque argumentaron que se trata de un asunto de
competencia federal.
“Nada más se echan la pelotita unos a otros, como siempre”, recriminó Díaz Palma.
La
situación de violencia en la Sierra Tarahumara está sin control desde
hace rato. Los habitantes se han acostumbrado a convivir con el crimen
organizado, pero hay momentos que dicha relación representa mayor riesgo
para la población. Sobre todo, cuando se atreven a denunciar.
Los
maestros han denunciado una y otra vez que son amenazados de manera
constante, pero las autoridades nunca han tomado medidas ni les han
garantizado su seguridad.
“Todos sabemos quiénes son, son de la
misma región, pero si las autoridades no hacen nada, nada podemos hacer.
Matan y matan y nadie hace nada. Hace unos días, secuestraron a las
esposas de dos comisariados ejidales de comunidades de Guachochi;
pagaron el rescate y nadie hizo nada”, informó.
El diputado indicó
que la inseguridad es constante y más desde hace dos años. Los niños
deben caminar dos o tres horas para ir a la escuela, los caminos siempre
son riesgosos y eso dificulta la asistencia de los alumnos.
A
ello, denunció, se agrega la situación de enfermedades que las
autoridades aseguran que ya están erradicadas y no se mencionan ni se
registran, como la tuberculosis, incluso hay varios casos de
desnutrición; los apoyos no llegan a las comunidades más alejadas,
porque por comodidad, los dejan en las de más fácil acceso, agregó.
El
4 de mayo de 2011, el diputado Díaz Palma informó que se desató el
pánico colectivo en el magisterio de la zona serrana, por el asesinato
de dos profesores a manos del crimen organizado, en el municipio de
Guachochi.
Mario García Fontes y Olga Ramírez Palma fueron
“levantados” en su domicilio por hombres encapuchados, y los encontraron
muertos al siguiente día. Esa situación provocó que los profesores de
esa zona solicitaran su cambio de plaza a la capital del estado.
Mencionó
que los docentes incluso querían desertar de municipios como Guadalupe y
Calvo, Morelos, Batopilas, Moris y Uruachi, donde son acosados por
grupos delictivos.
Casi un mes después, el 13 de junio, la
profesora Susana Muriel Acosta, exlíder sindical de la Sección 8 del
SNTE y excandidata al Senado por el Panal, denunció que los maestros de
la zona serrana eran víctimas de robos, amenazas, asaltos y extorsión.
Los
delincuentes saben cuándo los maestros reciben recursos como salario,
aguinaldo u otras prestaciones, para robarles y quitarles, a algunos,
sus vehículos. Señaló al municipio de Guachohi como el que tiene mayor
índice de atracos.
Explicó que los robos en la sierra no son
denunciados ante la autoridad porque los criminales regresan para matar a
quien lo hace, por lo que los profesores dan aviso de robos de escuelas
al sindicato y éste, a su vez, evalúa la procedencia de la denuncia
para no exponer a maestros y alumnos de las comunidades.
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