Ignacio Alzaga
“En su obsesión por acreditar el presunto vínculo de los agentes
con el crimen organizado, las diligencias de la representación social
perdieron sentido y dirección”, revela un informe interno enviado a la
“superioridad”.
La agresión contra el vehículo diplomático ocurrió el 24 de agosto en la México-Cuernavaca.
México • La investigación oficial sobre la
balacera en Tres Marías durante un operativo antisecuestro, que encabezó
la subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
de la PGR, Victoria Pacheco Jiménez, derivó en una “cacería de brujas”
contra la Policía Federal para “congraciarse” con el gobierno de Estados
Unidos.
En un informe de la Unidad de Asuntos Internos dirigido a la
“superioridad” (al parecer Maribel Cervantes, comisionada de la
corporación), la Policía Federal añade que el marino Fabián Molino Yera,
quien conducía la camioneta diplomática que fue blanco del ataque,
nunca fue citado a declarar ante el Ministerio Público, pese a que
testigos lo señalan como “la persona que inicio los disparos contra
elementos policiales”.
En el expediente de la PGR tampoco se cuenta con el testimonio
ministerial de los estadunidenses Stan Dove Boss y Jess Hoods Gardner,
víctimas de los delitos que se imputan a los elementos de la Policía
Federal que dispararon contra el vehículo de la embajada de Estados
Unidos el 24 de agosto pasado en Huitzilac, Morelos.
Sin embargo, la Subprocuraduría de Control Regional sí permitió que
personal de la embajada de Estados Unidos participara en la indagatoria e
interrogara a testigos sin tener la personalidad jurídica de
“coadyuvante”.
El reporte enviado a la “superioridad” señala que fue hasta que la
Unidad de Asuntos Internos aportó los resultados de su investigación,
durante la cual detuvo a los federales implicados y entregó las
camionetas utilizadas en el incidente, que se llegó a la “verdad
histórica de los hechos” y se descartó la participación de la
delincuencia organizada.
“En su obsesión por acreditar el presunto vínculo entre integrantes
de la institución con el crimen organizado, las diligencias ordenadas
por la representación social perdieron sentido y dirección, toda vez que
se encontraban orientadas a obtener elementos de prueba que soportaran
ese extremo, descartando cualquier otra posibilidad.
“Es necesario precisar que la PGR no fue capaz de sustentar tal
aseveración, al no existir elementos objetivos que la corroboraran, lo
que finalmente condujo a que no se alcanzara un avance real en la
investigación de los hechos”, agrega el informe.
Se supo que ante la falta de resultados en la indagatoria se conminó a
la subprocuradora Pacheco Jiménez a que informara si podía o no con el
caso. Sobre todo por la resistencia que tenía para incorporar a la
averiguación previa nuevos elementos, como el secuestro de Salvador
Vidal Flores Pérez, director de Protocolo del INAH, que originó el
operativo en Tres Marías, que en su momento dio a conocer Carlos Marín
en El asalto a la razón.
La subprocuradora conoció el testimonio de Vidal Flores el 30 de
agosto (seis días después del tiroteo), pero le restó importancia y no
lo integró al expediente como declaración ministerial.
Fue hasta la primera semana de septiembre cuando Pacheco Jiménez
decidió tomar el testimonio de manera oficial para incorporarlo al
expediente. En un par de sesiones de seis y cuatro horas la PGR conoció
por fin el testimonio del servidor público sobreviviente del secuestro
investigado por elementos de la Policía Federal cuando ocurrió el
incidente contra la camioneta diplomática.
En esa subprocuraduría se mostró a la víctima un video del momento en
que sus plagiarios utilizaron su tarjeta de crédito. Las imágenes
fueron requeridas por la Policía Federal (que a través de la Unidad de
Asuntos Internos ya había abierto el expediente UAI/DGII/6267/2012) y la
PGR no se les proporcionó.
***
En contraparte, la PF señala en su informe sobre el caso que comenzó
su investigación a través de la Unidad de Asuntos Internos, que cuenta
con autonomía de gestión y cuyo titular es nombrado por el Presidente de
la República, para determinar las irregularidades del personal policial
y llegar a la verdad histórica de los hechos.
En el informe se indica que en la PGR se ha intentado señalar que la
Policía Federal tiene interés de encubrir la verdad con la finalidad de
proteger a los policías involucrados, argumento que calificó de
“infundado y tendencioso”, pues nunca ha intentado obstaculizar la
impartición y procuración de justicia.
“La Procuraduría General de la República, en su afán de congraciarse
con el gobierno de Estados Unidos, comenzó una cacería de brujas contra
la Policía Federal, en la que no le importó esclarecer la verdad, más
bien alimentó las especulaciones tendientes a desprestigiar a la misma.
“En este contexto cabe señalar que la PGR desarrolló de manera
viciada y tendenciosa su investigación, al permitir que personal ajeno a
la institución participara en diversas diligencias o incluso las
condujera.”
Refiere que en diversas ocasiones, después de que se tomó la
declaración de testigos, éstas fueron presentadas al personal de la
embajada de Estados Unidos para que las revisara y, en su caso,
interrogara a los involucrados.
“Lo anterior adquiere vital importancia, ya que, al permitir la
participación de terceros ajenos a la investigación, sin siquiera tener
la personalidad reconocida para intervenir como coadyuvantes de la
autoridad ministerial, implica forzosamente que se vulneren los
principios de legalidad y objetividad que debe haber en una
investigación del orden penal, máxime si los terceros consideran que su
nación ha sido agraviada recordando que no se puede ser juez y parte al
mismo tiempo”.
La PF sostiene que “por el impacto mediático del tema, la PGR no
llevó a cabo todas las diligencias que eran necesarias para el
esclarecimiento de los hechos”.
Entre las diligencias omitidas señala que no haya citado a comparecer
a Fabián Molino Yera, elemento de la Secretaría de Marina y conductor
del vehículo diplomático en que iban dos estadunidenses.
Refiere que nunca se le cuestionó acerca de lo sucedido, “siendo uno
de los actores principales, ya que fue señalado por varios testigos como
la persona que inició los disparos contra los elementos policiales”.
La Policía Federal añade que en caso de que se le tomara declaración
al marino, dicho testimonio no tendría el mismo valor probatorio, porque
al haber transcurrido tiempo “es posible que su dicho pudiera estar
contaminado por hechos ya vertidos en la averiguación previa”.
Destaca la disposición que ha tenido para esclarecer el caso y
muestra de ello es que la Unidad de Asuntos Internos presentó una
denuncia ante la PGR cuando obtuvo pruebas de hechos presuntamente
constitutivos de delito por parte de policías federales.
En este caso se adjuntó copia certificada del expediente de
investigación (UAI/DGII/6267/2012), además de que puso a su disposición a
Ivonne Romero Moreno y José Cruz Ortega Ortega, elementos de la Policía
Federal, cuyo testimonio era indispensable para la adecuada integración
de la averiguación previa.
También entregó al Ministerio Público de la Federación la camioneta
Chrysler Voyager verde y la camioneta Nissan Terra amarillo. Mientras
que en cumplimiento a la solicitud del MP, oficio DGCAP/DG/2385/2012,
cumplió la orden de aprehensión del juzgado cuarto de distrito de
Morelos contra Juan Manuel Pacheco Salgado, encargado de presentar ante
la PGR a 14 agentes vinculados con el balaceo.
“El papel que jugó la Unidad de Asuntos Internos adquiere especial
relevancia, toda vez que gracias a la información que fue obtenida
mediante su labor, así como las personas que fueron presentadas ante el
Ministerio Público, permitieron desentrañar lo que hasta el momento la
PGR no había podido acreditar, que es la forma en que se suscitaron los
hechos investigados”, establece el reporte dirigido a la “superioridad”.
SSP REUBICA A 1,849 REOS FEDERALES
La SSP trasladó a mil 849 reos al Centro Federal de Readaptación
Social Número 11, ubicado en Sonora, que fue inaugurado recientemente
por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En un comunicado, la SSP informó que el nuevo Cefereso cuenta con
capacidad para 2 mil 500 internos hombres que están sujetos a proceso
penal y está equipado con tecnología de vanguardia para la
clasificación, control y vigilancia de los internos.
Asimismo, cuenta con personal capacitado para la operación y custodia
que vigilará a los internos que se encontraban recluidos en los centros
federales números Uno, Altiplano; Dos, Occidente; Tres, Noreste;
Cuatro, Noroeste; Cinco, Oriente; Nueve Norte, y 10 Nornoroeste.
En cumplimiento del Convenio para Reclusión de Procesados y
Sentenciados celebrado entre la SSP y Zacatecas, fueron trasladados a
distintos Ceferesos 75 internos procesados y siete sentenciados.
Todos los movimientos, efectuados entre miércoles y el domingo de la
semana pasada, se realizaron con pleno respeto a los derechos humanos de
los internos, sin que se registrara incidencia alguna que afectara la
operatividad de los traslados.
La SSP señaló que la estrategia penitenciaria en esta administración
está orientada a la atención de los problemas de sobrepoblación,
reforzamiento de la seguridad en instalaciones de reclusión, combate a
la corrupción e impulso un nuevo modelo penitenciario.
(Redacción/México)
(Redacción/México)
Claves
Marina y Coahuila revisan acciones de seguridad
- El titular de Marina, Francisco Saynez, y el gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira, se reunieron ayer para analizar las acciones de
la dependencia en la entidad.
- De mayo de 2011 a la fecha la Marina ha realizado importantes
aseguramientos de personas, armas, droga y propiedades de integrantes de
la delincuencia organizada.
- Autoridades federales y locales coordinan las acciones que realiza
personal de la Armada en coadyuvancia con la lucha por la seguridad
pública en la entidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario