Guillermo Padrés Elías, mandatario de Sonora, ha firmado contratos millonarios con los directores de periódicos, radiodifusoras y comunicadores del estado. Los medios que acaparan el dinero público emiten, sobre todo, boletines que destacan sus acciones gubernamentales
En Sonora, la información le
pertenece a un hombre: a Guillermo Padrés Elías, gobernador del estado,
quien mantiene con dinero público contratos millonarios por adjudicación
directa con directores de periódicos, concesionarios de radiodifusoras,
ex reporteros, ex fotógrafos y “periodistas”, desde Navojoa, en el
sur del estado, hasta el norte, en San Luis Río Colorado. Les paga por
servicios de asesoría y estudios de opinión, así como cuantiosas sumas
por publicidad.
El panista Padrés Elías, sólo
en lo últimos tres años, destinó casi 90 millones de pesos (mdp) para
sus asesores y analistas, así como publicidad en páginas de Internet,
medios impresos, televisoras, radiodifusoras, compañías de promoción y
conductores de noticiarios, de acuerdo con información de la oficina de
Transparencia del gobierno sonorense.
“Hemos
visto una prensa adicta al dinero público. La mayoría de los medios de
comunicación están con una sumisión total, si creíamos que con Eduardo
Bours habíamos llegado a niveles de falta de independencia y compromiso,
durante el gobierno de Padrés estos niveles fueron superados”, dice
Amilcar Peñuñuri, productor del proyecto Política y RocanRoll Radio y
profesor de la Universidad de Sonora (Unison).
Durante
los tres años del gobierno de Guillermo Padrés han proliferado desde
las empresas consultoras que cobran en cientos de miles de pesos, hasta
las páginas de noticias “patito”, escuetas, con mínimo diseño, carentes
de directorio, la mayoría de color azul panista, y que únicamente
publican los boletines de prensa que escribe un grupo de ex reporteros
de los periódicos El Imparcial y Expreso, y que envían desde las
oficinas de la Secretaría de Comunicación Social.
Es
precisamente a través de esta secretaría, a cargo de Jorge Morales
Borbón, quien se autodenomina en su cuenta de Twitter como periodista y
ex director de El Imparcial y actual Secretario de Comunicación Social
del Gobierno del Estado, donde se realiza la compra-venta de servicios
de asesoría a empresas consultoras a nombre de representantes de la
“élite” del periodismo sonorense.
De acuerdo
con una lista publicada en el portal de Transparencia del Gobierno de
Sonora sobre servicios contratados durante el periodo agosto 2011-
Agosto 2012 y con los datos de las relaciones de pagos de publicidad de
septiembre a diciembre de 2009, 2010, 2011 y primer semestre de 2012,
realizados por la Secretaría de Comunicación Social; la mayoría de los
contratos se otorgó a viejos conocidos de Morales Borbón de los medios
de comunicación. Uno de ellos es Javier Villegas Orpinela, también ex
director de El Imparcial y ex jefe del Secretario de Comunicación Social
de Padrés.
A Villegas le pagó contratos a su
nombre, al de su empresa JVO Consultores S.C. y al de su esposa
Francisca Petra Espinoza Garza por un total de cuatro millones 505 mil
628 pesos en un solo año.
Entre febrero de
2011 y abril de 2012 el gobierno de Guillermo Padrés le pagó a Javier
Villegas un total de tres millones 115, 800 pesos por la realización de
estudios de opinión sobre demandas ciudadanas del municipio de Cajeme,
obras públicas de Sonora, demandas ciudadanas en Sonora, evaluaciones
municipales y estatales, estudio y análisis sobre la opinión ciudadana
del presupuesto 2012, perfiles socioeconómicos, así como medición del
desempeño gubernamental.
Además de contratarlo
como asesor y analista de opinión pública, el gobierno también sufragó
gastos de publicidad y banners por 461 mil 828 pesos en el portal
Correo Revista y en el sitio web de JVO Consultores, propiedad de Javier
Villegas.
Por si fuera poco, la Secretaría de
Comunicación Social de Guillermo Padrés le pagó 928 mil pesos a su
esposa, Francisca Petra Espinoza Garza, por concepto de medición y
desempeño gubernamental.
Otro de los
proveedores del gobierno de estado es José Luis Borquez Rivas, director
general del periódico La Voz del Puerto, de Guaymas, Sonora, quien
recibió pagos entre 2011 y 2012 por 348 mil pesos por realizar la
síntesis informativa de ese municipio para Padrés Elías, además de los
592 mil 491 pesos que se pagaron al diario por concepto de publicidad
entre 2009 y 2010.
En el caso de las
radiodifusoras, la empresa Miranda Marketing y Comunicación Integral,
propiedad de José Ignacio Miranda Rodríguez, ex director de Grupo
Uniradio desde 2011, recibió como pago 417 mil 600 pesos en el lapso
2010-2012 por envío de mensajes informativos.
La
Secretaría de Comunicación Social también paga a empresas de
consultoría de viejos reporteros, locutores y ex fotógrafos. Como el
caso de la compañía Infocom Consultores S. C, que recibió como pago tres
millones 201 mil 600 pesos entre 2010 y 2012 por la realización de
análisis de contenidos de prensa mensuales en Ciudad Obregón, Sonora, y
monitoreo de medios electrónicos.
Esta empresa
no sólo aparece como proveedora del estado, sino también de algunas
dependencias del municipio de Hermosillo en 2009, cuyo representante en
las listas de pagos gubernamentales es Juan Ángel Palafox Galindo.
Jorge
Humberto Ángulo Parra, reportero gráfico, cobró 667 mil pesos por
realizar desde la publicidad y diseño de la campaña “Un día sin
zapatos”, hasta el análisis de la imagen corporativa de las
Instituciones del gobierno y la cobertura fotográfica del “Seminario
Jóvenes como agentes de Cambio”, para el Instituto Sonorense de Cultura
en diciembre de 2010.
En Cajeme, José Javier
Saucedo Gómez, locutor del programa La Vitrina de Radio S.A, recibió 580
mil pesos por asesoría en estrategias mediáticas en el manejo
informativo de las actividades de gobierno en Ciudad Obregón, mientras
que en Hermosillo, José Luis Olmos Ozuna, un conocido locutor, obtuvo
290 mil pesos por una asesoría similar a la de Saucedo Gómez.
En
San Luis Río Colorado, el comunicólogo Jorge Alberto Cornejo Manzo y su
esposa Maricarmen Viera Guerrero, cobraron entre los dos, un millón 531
mil 800 pesos por “asesoría, análisis, elaboración, presentación e
implementación de un estudio ejecutivo de comunicación”, en esa
localidad.
La Secretaría de Comunicación
Social del gobierno sonorense también pagó 638 mil pesos por
producciones de reportajes, síntesis informativas, producción de
programas, cápsulas de imagen institucional a Juan Bernardo Díaz Ayou,
realizador de programas para televisión local, así como cinco millones
684 mil 400 pesos a José Manuel Badilla Villa por “Producción de
Programas y reportajes” y “Proyecto de grabación, edición,
musicalización, producción de videos” para el gobierno (Badilla Villa es
proveedor de distintas dependencias del gobierno del estado a través de
Link Producciones).
Además de estos
contratos, Padrés destinó, según las listas de publicidad que entregó a
través de Transparencia, entre 2009 y 2011 poco más de tres millones de
pesos que se pagaron a El Imparcial; dos millones 883 mil 384 a
periódico Expreso y por menores cantidades se anunció en los diarios más
pequeños, pero líderes en sus regiones, como El Informador del Mayo,
Diario del Yaqui, Periódicos Nuevo Día, Diario La Frontera y Tribuna del
Yaqui.
Las televisoras y radiodifusoras
locales Televisora del Yaqui, Tv Corporativo del Valle del Yaqui,
Televisora de Mexicali, Tv Corporativo de Sonora, Grupo Radiofónico de
Hermosillo, Grupo Acir y XEPB de Hermosillo recibieron menos de medio
millón de pesos por publicidad gubernamental.
Para
el profesor de la Unison, Amilcar Peñuñuri, existe una estrategia de
manipulación de la prensa sonorense y de ascenso de nuevos grupos
empresariales y portales de Internet, operados por supuestos
periodistas, favorables para las políticas del gobierno.
LAS PÁGINAS “PATITO”
“El
referente que tengo de los gobiernos anteriores, es que los comunicados
eran un poco más escuetos, rígidos, una estructura corta. Daba pie a
que si el reportero tenía dudas que investigara. Ahora es impresionante,
pues los comunicados que mandan del gobierno del estado además de que
son kilométricos, vienen con tablitas, frases, audios y en ocasiones ese
boletín, aparece en numerosos medios”, subraya Adriana Manjarrez,
fundadora del proyecto radiofónico Libera Radio en línea.
Adriana
es una reportera que cubrió la fuente empresarial para el periódico El
Imparcial por varios años. Incluso le tocó la “desbancada” de reporteros
que sufrió el diario entre 2008-2009, cuando Morales Borbón, quien fue
director editorial, se unió a la campaña de Guillermo Padrés y
posteriormente se convirtió en su secretario de Comunicación Social.
Entonces no sólo El Imparcial perdió a sus reporteros, también su competencia, el diario Expreso.
Los
periodistas de mayor experiencia y trayectoria de ambos periódicos, de
repente se convirtieron en funcionarios públicos a cargo de las oficinas
de Comunicación Social de distintas dependencias de gobierno. Las
redacciones se quedaron vacías y aquellos lugares fueron ocupados por
recién egresados de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y
Periodismo de las universidades locales.
Los
ofrecimientos de trabajo en las dependencias de gobierno llovían para
los reporteros de más trayectoria, recuerda Adriana, incluso ella fue
invitada a formar parte de los enlaces de comunicación del gobierno.
Pocos decidieron quedarse fuera y seguir con el trabajo reporteril en
las calles y ganando un sueldo de reportero (que en Sonora oscila entre
los cuatro mil y ocho mil pesos), como el caso de Adriana, especializada
en coberturas del sector empresarial.
Sin
embargo con el gobierno del “Nuevo Sonora”, también proliferó con fuerza
un “nuevo periodismo”, basado en páginas de Internet y semanarios que
solamente reproducen los boletines de prensa del gobierno de Guillermo
Padrés y que con la venta de un banner de publicidad al mes de 11 mil
pesos en promedio, obtuvieron una forma cómoda de vivir, sin necesidad
de reportear ni editar.
Surgieron nuevos
nombres de “periodistas” y también reaparecieron con fuerza los
“viejos”, aquellos que a través de sus tabloides, locuciones de radio y
comentaristas políticos de televisión, también sacaron provecho.
Ejemplos hay muchos, algunos de los que aparecen en las listas de gastos
en publicidad del gobierno de Sonora entre 2009 y 2012 operan de la
siguiente forma:
En 2009 el gobierno le pagó a
Martín Everardo Camargo Balbastro 60 mil 500 pesos por “servicios
publicitarios” y publicación de banners en la página Proyección Cananea,
mientras que en 2010 pagó 48 mil 720 a Ana Hilda Cedano Ruiz, por
banners en el sitio Sonora Noticias.
Cruz
Edith Rodríguez Corral cobró durante 2010 siete mensualidades de 11 mil
600 pesos, más 46 mil 400 pesos en 2011, divididos en dos mensualidades
por publicidad en el portal Chécatelo.
El
portal de noticias Ehui Digital recibió 198 mil 400 entre 2010 y 2011 y
José Alfredo Ochoa Valenzuela ocho pagos de 11 mil 600 pesos por
publicar banners en la página El Chiltepín durante 2010.
Gerardo
José Ponce de León Moreno, director de Marquesina Política; Martín
Jaime Angulo de Contacto Sur; Jesús Ruiz Gámez de Hoja Sonora y Rodrigo
Sotelo Mendívil de Mas Medio comparten una situación similar. Todas
estas páginas publican boletines de prensa tal cual se envían desde las
oficinas del gobierno del estado y comparten similitudes en el diseño,
logotipos y colores (muchas de ellas son azules).
Como
muestra, el 15 de octubre de este mes Comunicación Social de Padrés
liberó un boletín que iniciaba en su primer párrafo: “Un desarrollo
nunca antes visto experimentará Cajeme y todo el sur del estado con la
llegada del gas natural, informó el gobernador Guillermo Padrés al
rendir su Informe a Sonora 2012” y que fue publicado íntegramente en
diversas páginas de noticias, como en El Portal de la Noticia, Código
Sur y Ola Sonora.
Ese mismo día, periódico
Expreso publicó en su página web la nota “Ofrece GPE crecimiento con
agua, gas natural y educación”, una copia íntegra del boletín
gubernamental, con cambios mínimos como cabezas de descanso en el cuerpo
de la nota.
En la lista de proveedores del
gobierno del estado están conductores de noticiarios como Soledad Durazo
de Azteca Sonora y Sergio Romano de la Fuerza de la Palabra.
Los
semanarios también reciben pago por publicidad y por imprimir el
informe de gobierno de Padrés, como Editorial El Auténtico que edita el
tabloide Primera Plana, dirigido y presidido por Francisco Javier Ruiz
Quirrín y que entre 2009 y 2011, recibió 938 mil 493 pesos de las arcas
del gobierno.
Otro caso es el de Feliciano
Guirado Moreno, director general del semanario político Nuevo
Sonora (que se edita en los talles de Editorial El Auténtico), quien
cobró 323 mil 125 pesos en lo que va de la administración del “Nuevo
Sonora”. Así como Editorial Padilla Hermanos, que imprime el tabloide
Entorno y que en tres años recibió 535 mil 445 pesos por
publicidad. Estas tres publicaciones tienen tradición y trayectoria en
cuanto a cobrarle al gobierno se refiere, pues durante el gobierno del
priista Eduardo Bours Castelo, también figuraban en la lista de pagos a
medios de comunicación, según Transparencia.
Feliciano
Guirado Moreno cobró entre 2004 y 2008 un total de un millón 803 mil
250 pesos, mientras que Editorial el Auténtico recibió tres millones 721
mil 578 pesos de la administración boursista.
REVISTAS Y SEMANARIOS: OPERADORES DEL PAN
El
director del semanario Nuevo Sonora, Feliciano Guirado Moreno, sabe
corresponder a la compra de publicidad del gobierno no sólo con
comentarios positivos para el gobernador y publicación de sus
boletines.
El periodista forma parte de un
procedimiento oficioso que consta en el expediente P-UFRPP 23/12 del
Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del
Partido Acción Nacional (PAN), por la contratación de propaganda
política a favor de Francisco de Paula Burquez Valenzuela, Florencio
Díaz Armenta, Damián Zepeda Vidales y Alejandra López Noriega en periodo
fuera de tiempo del proceso electoral 2011-2012.
El
órgano electoral analizó la aparición de 69 pendones y carteleras a
favor de estos candidatos contratados por el semanario Nuevo Sonora, G.
Negocios, la Revista y Yo Mujer a las empresas Mass Media Digital,
Anuncios TG, Alfil Implementaciones, Vendor Publicidad Exterior e
Impactos, así como Frecuencia y Cobertura en Medios, y encontró pruebas
de que infringieron la Ley al beneficiar a los candidatos panistas con
952 mil 357.70 pesos.
Durante el desahogo de
pruebas el nombre de Guirado Moreno aparece como uno de los que pagaron a
las empresas de publicidad los anuncios propagandísticos a favor de
Florencio Díaz Armenta, mientras que la Revista G. Negocios benefició
con la mayoría de sus pendones a Francisco Burquez Valenzuela y la
publicación Yo Mujer a la candidata Alejandra López Noriega.
El
Consejo del IFE encontró culpable al PAN por la aparición de esta
propaganda en la resolución CG610/2012, debido a que el partido se
benefició de las aportaciones de estas revistas (y que no pudieron
acreditarse a una persona física o moral plenamente identificada).
“Una
interpretación contraria permitiría llegar al absurdo de pasar por alto
ciertas conductas ilícitas, cuando la autoridad electoral, pese haber
agotado todas las diligencias posibles, no obtenga elementos de prueba
para acreditar que una persona cierta y plena identificada ha incurrido
en una conducta contraria a derecho”, detalla la resolución.
La
multa a la que se hizo acreedor el PAN fue de un millón 904 mil 715.40
pesos y al pago de ocho mil 267 días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal en 2012, equivalente a 515 mil 282.11 pesos. Cabe
destacar que de acuerdo con la lista publicada por Transparencia del
Gobierno de Sonora, el gobernador destina millonarias sumas al pago de
propaganda a través de espectaculares y pendones. Sin embargo la empresa
involucrada en el proceso del IFE, Alfil Implementadores, cuyo
representante es José René Sotelo, recibió como pago de junio a agosto
de 2010 la cantidad de 445 mil 558 pesos, pero no por la operación de
pendones publicitarios, sino por el “Análisis de la Imagen Corporativa
de las Instituciones del Gobierno del Estado de Sonora”.
Otra
de las empresas involucradas Mass Media Digital que pertenece a Grupo
IV y cuyo director es Christian Silva Olea, facturó para el gobierno de
Padrés dos millones 262 mil pesos durante 2011, mientras que la firma
Impacto Vinil, también del grupo, un millón 078 mil pesos. Ambas por
operar decenas de carteleras propagandísticas.
Además,
el gobierno de Sonora pagó entre 2009 y 2011 por “renta de carteleras
publicitaras en varios municipios de Sonora” y operación de propaganda
política a Alfredo Laguna Gutiérrez de MMS Multimedios de Sonora, casi
cinco millones y medio de pesos, más un millón de pesos a nombre de
Yolanda Berenice Laguna Gutiérrez.
Y EL QUE NO SE ALINEA…
El
gobierno de Padrés reparte millones, pero para quien no se “alinea” y
se atreve a desafiarlo con alguna crítica a su trabajo como gobernador,
el castigo puede ser la pérdida del trabajo y quedar fuera de los medios
de comunicación sonorenses.
“Mira, Ana Luisa
las cosas están así: tengo órdenes de no contratarte porque eres una voz
que critica al gobernador”, le dijo un concesionario de radio hace tres
años a Ana Luisa Pacheco, una locutora con 30 años de experiencia en la
radiodifusión sonorense.
Ana Luisa, enfocada
en temas de género y política, con trayectoria en estaciones de Grupo
Acir, Grupo Uniradio y Radio Sonora, fue coartada en su libertad de
expresión por el gobierno de Sonora, asegura.
Fue
durante la precampaña electoral de Guillermo Padrés, cuando la
periodista criticó 20 bardas pintadas en Hermosillo con propaganda
electoral que hacía alusión al político y que incomodó a sus intereses.
“Cuando
ganó, tuvimos una reunión con la gente de Comunicación Social. El
mensaje para mí fue que me desdijera públicamente en su precampaña y
campaña, porque si no lo hacía me iba a quedar sin trabajo.
Y así fue, hace tres años que mi voz salió del aire”, recuerda Ana Luisa Pacheco.
La
periodista narra que en un inicio, consideró imposible que todos los
concesionarios radiofónicos se prestaran a la “mordaza” que el gobierno
panista amenazó imponerle, pero su peregrinar en busca de empleo y de
espacio y las negativas de los directivos incluso a recibirla, se lo
confirmaron.
El gobierno de Guillermo Padrés cumplió: la dejó sin trabajo.
“La
relación entre los medios de comunicación y Padrés es muy clara; hay
una ferocidad, los concesionarios no están dispuestos a arriesgar nada
por la carrera de una periodista: así de triste es mi caso”, dice.
Las
represalias no sólo son contra ella. Ana Luisa asegura conocer casos de
medios a los que les fue retirada la publicidad gubernamental por
hablar de algún caso incómodo para el gobierno.
“Nunca
habíamos tenido un gobierno que te quitara el derecho a trabajar en un
medio de comunicación, no así como está ahorita, cuadrado, limitado,
torpe”.
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