Francisco Alarcón/ Lorena Figueroa/ El Diario de El Paso
Dolores Briones, ex juez del Condado quien ocupara el
cargo entre 1999 y 2006, fue acusada formalmente de un cargo por conspiración
para cometer robo o malversación de fondos provenientes de un programa
federal.
El documento fue dado a conocer ayer por la oficina en Nuevo
Mexico del fiscal de los Estados Unidos, días después de que en otra acusación
formal en contra de dos empresarios se señalara que Briones aceptó sobornos de
dichos individuos durante su gestión como juez del Condado.
La mujer es
hermana del juez federal David Briones.
La acusación en contra de
Briones, de 60 años, está fechada el 9 de diciembre y asegura que la mujer
aceptó “una cosa” por un valor de cinco mil dólares o más con la intención de
influenciar la toma de decisiones del Condado en transacciones que utilizaron
fondos recibidos del Gobierno Federal. Dichos fondos excedieron los 10 mil
dólares.
Además la acusación busca multar a Briones por una cantidad de
36 mil dólares que “representarían las ganancias resultadas de la ofensa
cometida, de las cuales la acusada es responsable”.
Aunque en el
documento que detalla los cargos en contra de Briones no se explica a fondo lo
que realmente hizo la ex juez, en la acusación levantada la semana pasada en
contra de Cirilo “Chilo” Madrid, presidente del centro de recuperación para
adictos Aliviane, y Rubén “Sonny” García, dueño de la empresa LKG Enterprises,
Inc
Ambos fueron arrestados el día 16 de este mes bajo 11 cargos de
conspiración, malversación de fondos y fraude.
En dicha acusación se
explica que Briones aceptó sobornos de 2 mil dólares mensuales de la compañía
LKG Enterprises, Inc. La empresa presuntamente defraudó por 55 mil dólares al
Border Children’s Mental Health Collaborative (BCMHC), un programa federal que
proveía servicios a niños de El Paso con discapacidades mentales y problemas
emocionales.
La acusación formal en contra de ambos indica que, entre
junio del 2005 y marzo del 2007, los imputados conspiraron para defraudar a
BCMHC, que era financiado por dinero federal de la Administración de Servicios
de Salud Mental y de Abusos de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés),
que por su parte dependía del Departamento de Salud y Servicios Humanos
estadounidense.
Los fondos de SAMHSA requerían que una organización
diferente evaluara a BCMHC y reuniera datos para asegurar tanto su efectividad
como la protección de los menores. Aunque una compañía ya había sido
seleccionada para dar el servicio, el ex juez de la Corte Distrital 65, Alfredo
Chávez, solicitó que el contrato de evaluación fuera otra vez puesto a
licitación en agosto del 2005.
La Acusación formal también señala que,
entre agosto y diciembre del 2005, “García y Madrid acordaron pagar a una juez
del Condado de El Paso, identificada como D.B. (Dolores Briones), 2 mil dólares
al mes si apoyaba a LKG Enterprises, Inc. para que fuera la compañía evaluadora
del fondo de SAMHSA”.
LKG participó y ganó la licitación, asegurando el
contrato de 550 mil dólares en 50 mil dólares en incrementos
mensuales.
En ese tiempo “D. B.” servía como investigadora principal para
el fondo federal.
Según la Acusación Formal, la Corte de Comisionados y
“D. B.” otorgaron el contrato a LKG Enterprises, Inc. el 10 de octubre del
2005.
De esa fecha en adelante, García y Madrid realizaron 12 pagos
mensuales de 3 mil dólares a una intermediaria, que daría 2 mil dólares a “D.B.”
como parte del acuerdo con ellos.
“Bajo los términos del acuerdo, el
imputado LKG pagaría a una persona llamada J.Z (una intermediaria). 3 mil
dólares al mes aunque J.Z. no realizara ningún trabajo para LKG. J.Z. luego
daría a D.B. 2 mil dólares de esos fondos cada mes”, precisa el documento
oficial.
Según archivos periodísticos, oficiales de SAMHSA comenzaron a
notar en el 2006 que LKG Enterprises, Inc., cobraba facturas, pese a no
presentar ningún reporte mensual como estaba establecido en el
contrato.
Para finales de ese años, funcionarios federales realizaron una
auditoría a la empresa, la cual confirmó que lo anterior.
Pese a ello,
Briones extendió el contrato de LKG Enterprises, Inc, por dos años más a un
costo de 30 mil dólares mensuales, dicen los archivos
periodísticos.
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