lunes, 26 de junio de 2017

EL CISEN YA RESERVÓ HASTA 2027 LOS CONTRATOS CON EMPRESAS ESPÍAS, Y EL INAI LE EXPLICÓ CÓMO HACERLO


Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar :

[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a ex Presidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | Bajo las llaves de una reserva que caducará en 2027 y con la validación del INAI. Así mantiene el CISEN los primeros contratos que hizo en la Administración de Enrique Peña Nieto para realizar espionaje con la empresa italiana The Hacking Team. Pagó más de un millón de euros por Galileo, un spyware que ha servido para intromisión en la vida de activistas y periodistas en otros países. Pero la del centro de inteligencia mexicana fue una inversión inservible. Información almacenada en la plataforma Wikileaks arroja que Galileo tuvo menos de 2 por ciento de efectividad en manos de funcionarios del CISEN. Dada su inutilidad, el Gobierno optó por Pegasus, la herramienta fabricada por la israelí NSO Group, con la que periodistas y activistas señalan haber sido espiados.


Joel Salas fue el comisionado del INAI que tuvo en sus manos la reserva del CISEN de los contratos de The Hacking Team. La ratificó e instruyó al órgano de inteligencia apegarse a un artículo diferente. Foto: captura de pantalla.

Ciudad de México, 26 de junio (sin embargo).– En México, en los próximos diez años, no podrá conocerse en qué condiciones contractuales el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) compró “Galileo RCS” a la empresa italiana The Hacking Team, un software para realizar espionaje por el que pagó 1 millón 390 mil euros y con el que al final, alcanzó menos del 2 por ciento de efectividad. Mientras este spyware fracasaba, entró Pegasus a México, la herramienta fabricada por NSO Group, con la que periodistas y activistas señalan haber sido espiados.

Los contratos CISEN 128/13 y CISEN /020/15 con The Hacking team fueron reservados por el CISEN hasta 2027 y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) le dio la razón.

Garante del acceso de los ciudadanos a la información, el INAI no sólo avaló la determinación del CISEN de reservar la información del espionaje porque se trataba de información que podría vulnerar la seguridad nacional. En pleno, el instituto instruyó al órgano de inteligencia a modificar la justificación de la reserva. Le pidió que no se basara en el artículo 14 de la antigua Ley Federal de Transparencia –como lo había hecho -, sino en el 13 de la misma ley en aras de dejar claro que la revelación de la información del spyware Galileo podría conllevar riesgos.

Joel Salas Suárez, en ese momento comisionado, ratificó la reserva máxima marcada por el órgano de inteligencia a cargo de Eugenio Ímaz Gispert cuando organizaciones, tanto nacionales como internacionales ya habían advertido que los productos vendidos a los Gobiernos por la firma italiana representaban amenazas a la intimidad de los ciudadanos.

Así, los ciudadanos mexicanos no pueden conocer en qué condiciones se adquirió el malware, al final inútil en la operación del CISEN.



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Bajo escrutinio porque sus productos eran usados para espiar periodistas y activistas, The Hacking team probó “una sopa de su propio chocolate” en 2015 y fue hackeada. Correos electrónicos y documentos fueron a parar a la plataforma Wikileaks. Ahí están almacenados y hoy pueden ser consultados. Entre misivas y negociaciones, puede verse la puja constante entre tres empresas por el mercado mexicano: The Hacking Team, Finfisher y NSO group.

La inutilidad de Galileo en el CISEN es inferida en ese cúmulo de correos electrónicos, revisado por esta Unidad de Datos. Una de las misivas, firmada por Philippe Vinci, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de The Hacking Team, archivada con el número 6761, da cuenta de cómo “Galileo” no fue utilizado a cabalidad en México. “El equipo técnico de CISEN fue capaz de realizar sólo 18 infecciones exitosas durante 2014 … Si Pitágoras no miente, esto es menos del 2 por ciento de eficiencia de Galileo. Hay ciertamente varias razones detrás de esto, pero es un hecho brutal viniendo de un cliente estratégico en un país estratégico en América”.

Según esos mismos correos, México fue el principal cliente de The Hacking team hasta 2014 con compras que llegaron a cinco millones 808 mil 875 euros, unos 105 millones de pesos, pero la baja eficiencia en las operaciones del CISEN los puso en alerta de perder a México como cliente.

Si Galileo tuvo una eficiencia muy baja en las operaciones del CISEN se debió, según The Hacking Team, a la falta de conocimiento y capacitación en el uso y aprovechamiento de estas tecnologías.


(SIN EMBARGO.MX/ LINALOE R. FLORES/ JUNIO 26, 2017, 12:05 AM)

AYUNTAMIENTO PRESENTA DENUNCIA PENAL POR CONSPIRACIÓN Y CONMINACIÓN A DELINQUIR


Por el delito de sedición, sabotaje, conspiración, conminación a delinquir y/o lo que resulte en perjuicio del Ayuntamiento de Tijuana, el jueves 22 de junio las autoridades municipales presentaron una denuncia penal por el activismo cibernético en el que se conmina a la población a hackear la información del Ayuntamiento, hecho en el que se “señalan como sospechosos a Rafael Mauricio Cruzmanjarrez, Ramón Antonio Aboytes Hernández, Carlos Atilano Peña, e Ignacio Anaya Barriguet”.

Los implicados en la querella son los abogados que “el 19 de junio presentaron una denuncia contra funcionarios el actual Ayuntamiento, señalamientos que coinciden con el contenido del video de los supuestos activistas cibernéticos, además de aparecer sus imágenes en dicha publicación”, acusa la administración de El Patas en un comunicado enviado a las redacciones de los diferentes medios de comunicación hasta la tarde de este domingo 25 de junio, tres días después de haber presentado la denuncia.

Ramón Antonio Aboytes, implicado como “sospechoso” en la denuncia, expuso a ZETA que con esta querella “el gobierno nos hace cancha” y explicó, “de esta manera los ciudadanos se dan cuenta lo mal que están nuestras autoridades”.

El lunes de las semana pasada un grupo de ciudadanos, encabezados por los abogados señalados, presentaron una denuncia penal en contra de la administración del Juan Manuel Gastélum por la opacidad con la que se efectuó el contrato de renta de patrullas y camiones recolectores con Grupo Turbofin, en la que los denunciantes acusan peculado, coalición de servidores públicos, enriquecimiento ilícito y lo que resulte.

El jueves 22 de junio circuló un vídeo supuestamente de Anonymous Tijuana, en el que se amenaza a la administración de El Patas de revelar información relacionada con el contrato con Turbofin, conminándose a la población a sumarse a un hackeo masivo en contra de la administración municipal.

El hecho dio pie a que el gobierno municipal a interponer la denuncia dada a conocer este domingo, sin responder aún a la demanda del grupo de ciudadanos y regidores de oposición para que esclarezca el contrato de arrendamiento de 52 camiones recolectores de basura y 27 patrullas, el cual se adjudicó en forma directa por 88 millones de pesos.

Raúl Felipe Luévano Ruiz “apuntó que el pasado 22 de junio se publicó una nota y un vídeo de supuestos activistas cibernéticos Anonymous, en el que se difunden falsedades sobre el Ayuntamiento de Tijuana, y se incita a la población a hackear la información que tiene el Gobierno Municipal, y a causar un daño al patrimonio de los tijuanenses, con lo cual evidentemente se hace apología del delito.

Por ello se ha pedido oficialmente a la fiscalía estatal que lleve a cabo una investigación eficiente, exhaustiva y profesional con el fin de que ejercite acción penal contra los responsables, que quedó registrada con el número 0204-2017-29005”, se lee en el boletín de prensa.

Y continúa: “La demanda presentada por la administración municipal incluye pruebas de la probable comisión de los referidos delitos, con base al material audio-visual difundido en redes sociales, y los señalamientos hechos por el grupo de ciudadanos que la semana pasada presentaron una demanda, todo ello sustentado en tesis de la Corte para vincular a delitos a señalados como sospechosos, para que el Ministerio Público realice las investigaciones que correspondan.

Luévano Ruiz sostuvo que lo expresado en el video que se difundió en redes sociales, es aberrante y tiene el rechazo categórico del XXII Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el alcalde Juan Manuel Gastélum.

Con esas posturas los responsables se convierten en personas non gratas para la ciudad, pues están atentando con el bienestar de los tijuanenses, al pretender causar un daño al patrimonio municipal y al buscar confundir con engaños a la ciudadanía”.

“Evidentemente son personas que no están comprometidas con el bien de la ciudad como ellos pretende hacerlo creer, incitar a la violencia, incitar a causar daños y prejuicios, te aleja de toda persona con raciocinio, pues atenta contra nuestras propias familias, en contra de nuestros amigos y vecinos, enfatizó el Secretario General de Gobierno.

Manifestó que invita a la cordura los involucrados en ese tipo de publicaciones falsas y negativas, por el bien de la ciudad y que de ser necesario los convoca a un debate, para dialogar sobre los temas en los que se sientan ofendidos.

No se vale, dijo Luévano Ruiz, los revanchismos políticos, o tener pretensiones de candidaturas futuras, a costa de engañar a la comunidad, y a costa de incitar a causar un daño a Tijuana, ya que eso no abona en nada al bienestar de todos sus habitantes.

“Se escudan en la cobardía del anonimato, si realmente quieren a Tijuana los invito a un debate de frente, pero no a escondidas o con máscaras, como lo hacen los cobardes”, enfatizó el secretario del XXII Ayuntamiento de Tijuana.

Alertó a la comunidad a no caer en las provocaciones que atenten contra la paz y seguridad de todos los tijuanenses.

Afirmó que mientras hay quienes con intereses contrarios a la ciudadanía pretenden dañar y confundir, nosotros invitamos a la gente a que se sumen al llamado del alcalde Juan Manuel Gastélum, para seguir trabajando en hacer de Tijuana la Mejor Ciudad de México”, concluye el comunicado.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / ISABEL MERCADO/ DOMINGO, 25 JUNIO, 2017 07:17 PM)

domingo, 25 de junio de 2017

ASÍ ABANDONÓ EL GOBIERNO FEDERAL UNA MEGAOBRA EN NAYARIT


El presidente lo prometió; Videgaray lo defendió en el Congreso, y el gobernador siempre lo presume, pero en realidad está abandonado. Un reportaje de Méxicoleaks.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ ESPECIALES AN/ 29 DE MAYO 2017)

¿FRAUDE EN IXE? EMPLEADO DESAPARECIÓ CON MILLONES: GALVÁN OCHOA (VIDEO)


El economista Enrique Galván Ochoa habla sobre los niveles de ingreso de acuerdo a la escolaridad y comenta el supuesto fraude en IXE banco.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ Redacción AN/ Junio 21, 2017 10:36 am)

MESA POLÍTICA: LAS AMENAZAS E INTENCIONES DE EPN SOBRE #GOBIERNOESPÍA

(ARISTEGUI NOTICIAS/25 DE JUNIO 2017)

PIDE WAN-IFRA Y FORO MUNDIAL DE EDITORES QUE ORGANISMO INDEPENDIENTE INVESTIGUE ESPIONAJE A PERIODISTAS


Periodistas denuncian en foro espionaje gubernamental.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores (WEF) pidió que la investigación sobre el espionaje gubernamental en México. no lo realice la Procuraduría General de la República (PGR), sino un organismo independiente.

A través de un comunicado expresó que ven con suma preocupación las denuncias por parte de la sociedad civil y diversos medios por el supuesto espionaje oficial a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Esta semana fue publicada una investigación por el periódico estadounidense The New York Times, el centro de investigación Citizenlab y tres ONGs locales que revela el espionaje a través de un software por parte de autoridades mexicanas a diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

La investigación documentó más de 75 mensajes de texto envidados a 15 personas (periodistas, defensores de derechos humanos y sus familiares) entre 2015 y 2016, enlazados a Pegasus, un software espía, propiedad del NSO Group. Esta compañía israelí vende este servicio de espionaje exclusivamente a gobiernos y con la condición de que se use solamente para fines antiterroristas y/o de lucha contra el crimen organizado. Los mensajes iban disimulados como mensajes personales, alertas anti-secuestro, o parecían ser originarios de instancias gubernamentales y del gobierno de los EEUU. Contenían un enlace que infectaba el dispositivo de la victima permitiendo así usarlo como una herramienta de espionaje.

Varios de los periodistas y organizaciones espiados han destapado importantes casos de abuso de poder o corrupción. Entre ellos se encuentran: Carmen Aristegui, su hijo –menor de edad- y diversos miembros del equipo de Aristegui Noticias. Las investigaciones de Aristegui revelaron el escándalo de la “Casa Blanca” del Presidente Enrique Peña Nieto, una residencia ocupada por su familia y pagada por un contratista; Carlos Loret de Mola, periodista del canal de televisión Televisa y del diario El Universal, cuyo trabajo reveló la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán, por parte del ejercito mexicano; el Centro PRODH que representa a familias de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y otras organizaciones y periodistas.

“Resulta extremadamente inquietante que el gobierno de México este posiblemente llevando a cabo prácticas dignas de los más viles estados autoritarios contra periodistas y miembros de la sociedad civil”, dijo WAN-IFRA.

“Es fundamental que se inicie una investigación para hacer la luz sobre estas revelaciones y se tomen las medidas necesarias para que cesen de inmediato en caso de confirmarse su existencia”.

Los afectados realizaron una denuncia que fue asignada a a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó rotundamente las acusaciones y amenazó con tomar medidas contra quienes la publicaron, antes de retractarse y llamar a que la PGR lleve a cabo una investigación.

Sin embargo, las revelaciones publicadas indican que la PGR es una de las instancias que usa el software Pegasus, junto a al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que haría de la instancia investigadora una de las presuntas responsables del espionaje.

“Es importante que sea un actor independiente, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o alguna instancia especial como una comisión multipartidista del Congreso, quien lleve la investigación de los delitos que emanen de este espionaje ilegal”, dijo.

“La experiencia de una investigación extranjera como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI)  del caso Ayotzinapa está a la mano” declaró a WAN-IFRA Salvador Camarena, respetado periodista de investigación y una de las víctimas del supuesto espionaje.

“Vivimos en una muy mala época para el periodismo en México. Hace poco padecimos la pérdida de grandes periodistas como Javier Valdez y Miroslava Breach y en los últimos diez años a más de cien colegas. Esto no es bueno para la prensa en México. Necesitamos la atención de las instancias internacionales en México”, concluyó.

En efecto, estas graves acusaciones se suman a una profunda crisis de seguridad que atraviesa la comunidad periodística mexicana y que WAN-IFRA ha denunciado en reiteradas ocasiones en los últimos meses.

El sábado pasado, se confirmó la invitación por parte del gobierno mexicano de los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud que WAN-IFRA había expresado hace unas semanas.


(RIODOCE/ REDACCION/ 25 junio, 2017)

LLUVIA Y COMPOSICIÓN DEL SUELO CAUSAN COLAPSO EN VALLE SUR; SE DESLINDA DE RESPONSABILIDAD CONSTRUCTORA IDU


Fotos: José Agustín Reyes Díaz de León

La composición del suelo, así como el atípico temporal de lluvias presentado durante los primeros meses de 2017, fueron las causas del colapso de 17 viviendas en el Fraccionamiento Valle Sur II, dictaminó el estudio de suelo que promovió el gobierno municipal, riesgo que desconocía la constructora al momento de realizar las obras, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

El pasado 9 de junio, los residentes afectados mantuvieron una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera; la directora de Administración Urbana, Haydee Martínez; el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana y la representación regional de la constructora IDU, en la que, después de cuatro meses de espera, se presentó a los vecinos los resultados del análisis.

La presencia de elementos expansivos en el suelo sobre el que se asentó el desarrollo, detonado por la humedad, provocó la fractura del terreno, el desplazamiento del mismo y la afectación de las viviendas, explicó Lomelín Clapera.

Las viviendas sobre el talud son inhabitables en su condición actual y se recomendó su demolición para que el peso de las mismas no cause que el deslizamiento continúe hacia la empresa BBS Baja y el resto del fraccionamiento. La demolición debe practicarse antes de las próximas lluvias.

De acuerdo al estudio, cuatro de las casas pudieran salvarse del colapso, realizando trabajos de ingeniería.

El siguiente paso para los afectados será solicitar, individualmente, copia del estudio, para basar, en dicho documento, los juicios contra sus aseguradoras para obtener la indemnización que les corresponde, ya que, por haber contratado con instituciones distintas y bajo diferentes esquemas de financiamiento, una demanda colectiva no prosperaría.

A la fecha, dicha indemnización les había sido negada debido a que no se contaba con el resultado de un estudio que dictaminara las causas del colapso.

Las autoridades municipales presentes en la reunión, manifestaron que en 2006, los requisitos y estudios que se exigían a los responsables de una construcción, eran menos severos a los actuales; por lo que este riesgo no fue detectado en su momento, expuso el Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, al referirse a esta problemática.


(SEMANARIO ZETA/Ezenario/  Héctor Ortiz Ramírez /Lunes, 19 Junio, 2017 12:00 PM)