Fotos: Archivo
El expediente Félix Miranda a
la P.G.R.
Desde hace por lo menos tres
semanas, el expediente sobre el crimen del codirector de ZETA, Héctor Félix
Miranda, fue solicitado al Gobierno del Estado por la Procuraduría General de
la República (PGR).
El periodista fue asesinado
en abril de 1988 por Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, guardaespaldas
del Ing. Jorge Hank Rhon, director del hipódromo Agua Caliente e hijo del ex
Secretario de Agricultura y Ganadería en el gobierno del Lic. Carlos Salinas de
Gortari.
Victoriano primero en Baja
California y Vera Palestina después en Estados Unidos, fueron capturados.
Procesados, sentenciados y recluidos a una pena de 27 años, están en la
penitenciaría de La Mesa.
Según las investigaciones de
ZETA también participó en la trampa asesina para el periodista, otro vigilante
de Hank Rhon: Emigdio Nevárez.
Huyó a Estados Unidos después
del crimen. Regresó a Tijuana cuando fue capturado y encarcelado Vera
Palestina. Bajo las órdenes del Lic. Juan Francisco Franco, la Procuraduría
general de Justicia del Estado lo detuvo e interrogó, pero inexplicablemente
fue puesto en libertad.
Héctor “El Gato Félix”
Pero Nevárez fue encontrado
muerto el 24 de julio del 92 en un camino abandonado de la Colonia Álamos de
Tijuana. Hasta el tiro de gracia le dieron. Jamás se supo quién le disparó ni
tampoco quién ordenó su muerte. La policía no investigó nada, a pesar de la
virtualmente innegable conexión con Hank Rhon, Vera Palestina y Victoriano
Medina.
A raíz de ese crimen, el
entonces procurador de Justicia en el Estado, Lic. Juan Francisco Franco,
recibió información sobre el posible matador.
La misma información anotó la
coincidencia que un empleado del hipódromo Agua Caliente, inmediatamente
después del asesinato de Emigdio Nevárez, al parecer recibió una importante
cantidad de dinero y fue comisionado por sus patrones, o abandonó Tijuana por
voluntad propia.
Entonces, el Procurador de
Justicia del Estado, Lic. Juan Francisco Franco tuvo dos actitudes hasta hoy
inexplicables:
1.- No le siguió la huella al
Crimen de Nevárez y…
No atendió la solicitud del
Dr. Jorge Carpizo McGregor, entonces titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para reabrir la investigación sobre quiénes ordenaron el
asesinato del periodista Héctor Félix Miranda.
Cuando trascendió a lo
público esa solicitud, el profesor Carlos Hank González dio instrucciones a sus
abogados para tramitar un amparo federal y proteger contra una posible
detención a Jorge Hank Rhon y a su amigo Jorge Alberto Murguía.
Esto, en el lenguaje judicial
se conoce como “a confesión de parte, relevo de pruebas”, pues en todo caso
reabrir la investigación sobre los autores intelectuales, no señalaba
oficialmente ni a Hank Rhon ni tampoco a Murguía… pero solicitaron amparo.
Cuando tal sucedió, el
entonces Secretario de Turismo en el gabinete salinista, Prof. Carlos Hank
González, llamó telefónicamente al Gobernador del Estado, Lic. Ernesto Ruffo
Appel. Enojado, le dio sarcásticamente las gracias por esa acción que ponía en
peligro a su hijo.
En realidad, Ruffo no tuvo
nada que ver. Todo se debió a una promoción de varios periodistas, entre
quienes destacó Eduardo Valle. Organizaciones internacionales, también de
periodistas y derechos humanos, enviaron simultáneamente reclamos de justicia
en el caso Félix al Presidente de la República.
Pero cuando el juez ante
quien solicitó amparo se dirigió al Procurador Juan Francisco Franco para
solicitarle información, éste simplemente le contestó que no estaba ejerciendo
ninguna acción contra Hank Rhon.
Así, desapareció el peligro
para Jorge y Jorge Alberto Murguía. El Procurador no podía, después de esa
repuesta, perseguir al director del hipódromo, porque se hubiera considerado un
engaño al juez.
* * *
Juan Francisco Franco no fue
el único Procurador de Justicia del Estado en hacerse desentendido en el caso
Héctor Félix Miranda.
Don Roberto Morales Grajales
(1988-89) logró la detención de Victorianos Medina, pero no fue a fondo.
Ángel Saad (1989) ni por
casualidad. Al contrario, se trató de desviar la atención de ZETA.
Y el actualmente en
funciones, Pedro Raúl Vidal Rosas.
Juan Francisco Franco Ríos,
ex procurador
Es evidente que ninguno de
ellos tiene etiqueta de incapaz. Pero si como en el caso de Colosio se quiere
investigar a los fiscales por supuestas desviaciones u obstáculos en aclarar el
crimen, en el asunto de Héctor Félix hay razones suficientes para que se les
llame a declarar formalmente para que expliquen por qué su desentendimiento.
La honrosa excepción, fue el
licenciado Eduardo Krauss Coronel (1989-92), a quien solamente le faltó un poco
de tiempo para resolver totalmente el asunto.
Aparte:
También los gobernadores Lic.
Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-88); Ing. Óscar Baylón Chacón (1989) y Lic.
Ernesto Ruffo Appel (1989-95) tienen culpa.
Priistas los dos primeros,
panista el tercero, cuando aquéllos estuvieron en el poder prometieron pero no
cumplieron aclarar el caso. Ruffo cuando hace casi seis años pidió el voto de
los bajacalifornianos aseguró “ir hasta las últimas consecuencias, pero las
suyas solo han sido palabras hasta el momento.
Todos ellos, evidentemente
tienen responsabilidad. Se les debería llamar a cuentas.
***
Así, el caso Félix Miranda
entra a un terreno anteriormente insospechado:
1.- Será importante y clave ver por qué razón de
carácter federal lo toma la Procuraduría General de la República.
2.- Si lo hace, quedará obligada a ir a fondo y
significará un compromiso para el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Una
oportunidad más para que nos demuestre que no hay impunidad en este país.
3.- El gobierno de Ernesto Ruffo Appel quedará en
entredicho porque la administración priista federal sí actúa y la panista no.
4.- Frente a todo ese panorama, bajo el supuesto de
que se vaya a fondo en el crimen, será importante observar si en este gobierno
de Zedillo y lo que resta de Ruffo, sigue manteniendo su influencia y poder el
profesor Carlos Hank González y su hijo Jorge Hank Rhon.
No pasará mucho tiempo, si se
toma como base que desde hace por lo menos tres semanas, la Procuraduría
General de la República solicitó el famoso expediente del caso Félix Miranda.
Lo singular de este caso,
será observar cómo un caso del fuero común pasaría al federal.
Esperemos.
Tomado de la colección “Dobleplana” de
Jesús Blancornelas, publicado el 31 de marzo de 1995.
(SEMANARIO ZETA/ DOBLEPLANA/ JESÚS BLANCORNELA/ LUNES, 24 ABRIL, 2017
12:00 PM)
