Foto: cortesía
Hace 35 años se descubrió en
México el hasta entonces más sonado, grave y delicado caso de corrupción por
parte de un funcionario, además amigo del Presidente de la República.
Efectivamente fue en 1982
cuando en la campaña por “la renovación moral” de México que emprendió Miguel
de la Madrid Hurtado, se inició la investigación para detener a Arturo Durazo
Moreno “El Negro”.
Amigo personal y cercanísimo
a José López Portillo, cuyo gobierno recién había concluido, “El Negro” Durazo
fue durante la presidencia de éste, de 1976-1982, el Jefe de la Policía del
Distrito Federal, desde ahí no sólo robó, se coaligó con criminales y
delincuentes, y amasó una enorme fortuna, también fue señalado de otros
excesos, incluso de encabezar bandas de ladrones y grupos de sicarios.
Hace 35 años se conoció que
“El Negro” Durazo había tenido una fortuna por los 700 millones de pesos, que
poseía decenas de propiedades pero dos que resaltaban por sus dimensiones y
derroche, una en el Estado de México y “El Partenón” como se le conoció a la
mansión que en un predio de 20 mil metros cuadrados se construyó en una bahía
de Zihuatanejo, Guerrero.
Sin un sistema nacional
anticorrupción, pero empeñado en dar resultados y ejemplos de combate a la
misma con la campaña “por la renovación moral de México”, la justicia de Miguel
de la Madrid alcanzó al “Negro”, no así a su amigo López Portillo, quien
también erigió lo que se conoció como “La Colina del Perro”, otra mansión de
épicas dimensiones, y lujos.
“El Negro” Durazo huyó de
México, al tiempo que sus tropelías, excesos, abusos y horrores fueron dados a
conocer por autoridades y medios independientes de investigación.
Dos años después sería capturado
en Puerto Rico, y en 1986 trasladado a la República Mexicana donde fue juzgado
por acopio de armas, fraude y evasión fiscal.
Se fue libre por peculado,
enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita,
lavado de dinero y otros.
La renovación moral de México
acabó con el gobierno de Miguel de la Madrid, y otros serían aprehendidos para
legitimar una presidencia como la de Carlos Salinas de Gortari.
De ahí a la fecha, sin
considerar el fiasco que resultó la detención del hermano incómodo, Raúl
Salinas de Gortari, durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, y
acaso contando la detención de la maestra Elba Esther Gordillo, cuando ésta ya
se había convertido en un enemigo político del actual sexenio, no han caído
peces gordos de la corrupción en México.
35 años después el sistema
político y de gobierno mexicano han establecido los elementos y los niveles de
impunidad y corrupción en el País para crear otro “Negro” Durazo.
Javier Duarte de Ochoa,
sabemos ahora, se dedicó a robar el erario, a defraudar al Estado de Veracruz,
y a acumular riqueza, los seis años que fue Gobernador de aquella entidad.
De acuerdo a la narración
oficial de sus excesos y abusos, sabemos de la adquisición de más de 40
propiedades, el descubrimiento de una bodega de los tesoros, el desvío de más
de 3 mil millones de pesos acusado por el actual mandatario veracruzano, y el
hurto de unos 675 millones de pesos, acciones ilícitas realizadas de manera
sistemática, siendo un gobernador amigo del Presidente de la República, en este
caso, Enrique Peña Nieto, quien no hizo su “Colina del Perro”, pero a cuya
esposa se le descubrió en una investigación periodística independiente, “La
Casa Blanca” en las Lomas de Ciudad de México, y valorada de acuerdo a independientes
profesionales, en unos siete millones de dólares.
Las similitudes entre lo que
sucede ahora y lo que aconteció hace 35 años son hartas, también comparten la
devaluación del peso, y la negociación con los partidos de la oposición para
ocultar corrupción y mala administración.
La realidad ante esas
semejanzas, es que si Javier Duarte de Ochoa no es capturado, es porque el
Gobierno de la República no lo desea.
Porque no lo buscan, porque
no hay interés de juzgarlo, nada menos se puede concluir de una administración
que sí ha tenido la capacidad de aprehender ¡Y en dos ocasiones! A Joaquín
Guzmán Loera “El Chapo”.
Las Fuerzas Armadas han
demostrado en el pasado que si quieren, aprehenden. Lo hicieron con el capo
sinaloense, y lo hicieron también hace ya algunos años con Benjamín Arellano
Félix, el líder mafioso del cártel que lleva sus apellidos y se asienta en
Tijuana, Baja California.
Por eso resulta increíble que
ni en la Procuraduría General de la República, ni en la Comisión Nacional de
Seguridad que depende de Gobernación, ni en la Marina ni en el Ejército, hayan
tenido la capacidad para aprehender al gobernador acusado de corrupción, que a
diferencia de los capos de la droga no cuenta con una estructura criminal y
corruptora para emprender la huida y sobrevivir en el intento.
Javier Duarte de Ochoa tiene
esposa y tiene hijos, una familia no puede desaparecer sin ser percibida por
completo. Una familia que tiene necesidades educativas, alimenticias, de
vestido y techo, económicas.
Cuando el Ejército Mexicano
aprehendió a Benjamín Arellano, lo hizo después de seguir el dinero que el capo
mandaba de manera regular a su esposa para la manutención de las hijas.
Es decir, si el Gobierno de
Enrique Peña Nieto quisiera, ya había detenido a Javier Duarte, si no lo hace,
quizá no se deba a la habilidad del regordete ex mandatario para burlar a la
justicia, sino a los compromisos que éste estableció con quienes encabezan el
gobierno federal en el primer círculo del Presidente.
La otra teoría para
justificar la no captura del ex Gobernador de Veracruz, es que quizá, solo
quizá, haya sido convertido en el nuevo Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado
federal acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco
Ruíz Massieu en septiembre de 1994, y que fue desaparecido de la faz de la
tierra.
La hipótesis que guste,
política, criminal, pero Javier Duarte de Ochoa debe ser detenido por el
Gobierno de Enrique Peña Nieto; no hacerlo es confirmar que en este gobierno
como en el de López Portillo, lo que prevaleció fue la corrupción institucional
en extremo y la impunidad política propia de un País sin Estado de Derecho.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /ADELA
NAVARRO BELLO /JUEVES, 23 MARZO, 2017 05:30 AM)
