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Magistrados de un Tribunal Colegiado
resolvieron confirmar la negativa de ampararle contra las extradiciones a Texas
y California. El ex líder del Cártel de Sinaloa deja diez procesos penales sin
sentencia en México. El capo reclamaba hostigamiento sexual de un custodio en
el CEFERESO de Ciudad Juárez y la prohibición a sus hijas para visitarlo
Unas horas después de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara la solicitud para
conocer de la impugnación de dos amparos denegados a Joaquín “El Chapo” Guzmán
hace tres meses, y unas horas antes de que Donald Trump asumiera la Presidencia
de los Estados Unidos de América, el gobierno mexicano entregó al
narcotraficante para que sea juzgado en ese país.
Al reasumir la competencia
-no aceptada por el máximo órgano de justicia del país-, el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió confirmar la negativa
de amparar y proteger a Guzmán Loera en contra de los acuerdos del 20 de mayo
de 2016, que concedieron su extradición a las Cortes de Distrito de Texas y
California.
Al enterarse de que la SCJN
no ejerció la facultad de atracción de los dos recursos de revisión, los
magistrados del Colegiado sesionaron la mañana del jueves 19 de enero de 2017 y
emitieron el fallo que dio luz verde a la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) para materializar la entrega del ex líder del Cártel de Sinaloa para ser
procesado en la Unión Americana por diversos delitos.
Apenas días antes, el
defensor del “Chapo” manifestaba su optimismo a través de redes sociales en que
si la Corte mexicana atraía el asunto “paralizaría” la extradición por lo menos
durante los siguientes seis meses.
El abogado José Refugio
Rodríguez consiguió pequeños “triunfos” jurídicos en otros juicios de
garantías, que parecían darle un respiro al sinaloense.
Sin embargo, el miércoles 18
de enero último, los ministros adscritos de la Primera Sala determinaron -en
sesión privada- “no hacer suya” la petición de la defensa para atraer los
medios de impugnación interpuestos por el equipo legal de Joaquín Archivaldo y
las esperanzas de prolongar el caso se esfumaron, al grado de que Rodríguez
tuvo que trasladarse a Ciudad Juárez para intentar ver a su cliente la misma
mañana en que se consumó la extradición.
De acuerdo con los
magistrados del Quinto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, que ya
tenían el proyecto de sentencia elaborado desde diciembre de 2016, el Juez
Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la misma capital, tuvo
razón al negar la protección al capo.
En el caso del recurso de
revisión por la extradición a California se asentó:
“Al resultar infundados los
agravios esgrimidos por el recurrente principal, y no existir aspecto que deba
suplirse a su favor, pues la resolución reclamada cumple con los requisitos que
establece el tratado de extradición, así como innecesario el estudio del que
hicieron valer el secretario de gobernación por conducto del director general
de procedimientos constitucionales y secretaria de relaciones exteriores, por
conducto del representante jurídico, en las revisiones adhesivas, lo procedente
es confirmar en sus términos la sentencia recurrida”.
En la revisión del amparo
negado para la extradición a Texas, se resolvió:
“Al resultar uno de los
agravios esgrimidos parcialmente fundado, pero ineficaz para conceder la
protección constitucional solicitada e infundados los restantes esgrimidos por
el recurrente principal, y no existir aspecto que deba suplirse a su favor lo
procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida, por ende,
sobreseer en el juicio respecto de las autoridades citadas en esta ejecutoria,
negar la protección constitucional al quejoso, y finalmente, declarar sin
materia los recursos de revisión adhesiva hechos valer”.
Las autoridades
norteamericanas enjuiciarán a Guzmán Loera por su presunta autoría en la
comisión de los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada,
contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego,
entre otros cargos, los cuales datan desde la década de los noventa.
ÚLTIMAS DEL “CHAPO” EN JUÁREZ
La noticia del desechamiento
de sus recursos en la SCJN, no cayó bien a Joaquín Guzmán Loera desde un día
anterior, quien fue notificado al respecto en el área de locutorios del Centro
Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 Norte, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, donde desde mayo del año pasado había reclamado violaciones
sistemáticas a sus derechos fundamentales y a través de su abogada, Silvia
Rocío Delgado, las ha elevado ante instancias judiciales.
En la más reciente de las
quejas del “Chapo”, su defensora señaló que sufría de hostigamiento sexual por
parte del personal de seguridad y custodia.
Más concretamente, afirmó la
profesionista, se trataba de un elemento de custodia quien tocaba y acosaba a
su defendido al momento de practicarle las revisiones rutinarias durante los
traslados a las diversas áreas.
Como un “masaje incómodo”
definía Guzmán los cacheos, asegura la defensora, aunque no se presentó
denuncia formal al respecto.
Antes, el sinaloense presentó
demandas de amparo en contra del frío extremo de la celda en la que lo
mantuvieron durante los últimos ocho meses, malos tratos, tortura psicológica,
falta de planes para su tratamiento de reinserción social, la afectación a sus
menores hijas al prohibirles visitarlo y su traslado del penal federal de
Altiplano, entre otras cuestiones.
Con respecto al juicio de
garantías en el que se quejó de “la violación al derecho humano a la salud y el
pretender privar de la vida al mantenerlo en su celda con frío extremo y sin
cobija, a pesar de múltiples requerimientos de la misma”, el asunto causó
sobreseimiento el miércoles 18 de enero, pues el reo no pudo probar su dicho
ante el Juez Sexto de Distrito de Chihuahua, y en el caso de una cobija extra,
ésta le fue entregada horas después de promover el amparo.
Por lo que ve a la protección
de la justicia solicitada el 22 de octubre de 2016 al Juzgado Quinto de
Distrito de Chihuahua por los actos de “incomunicación, malos tratos y falta de
planes de reinserción social”, el juicio sigue adelante, ya que “El Chapo”
Guzmán señaló a múltiples autoridades como responsables.
El capo sumó diversos
reclamos a esta demanda, señalándose “la negativa de autorizar y permitir al
quejoso recibir visita familiar o íntima en las instalaciones del Centro
Federal de Readaptación Social Número 9; así como la omisión de diseñarle un
plan de actividades acorde a las necesidades, preferencias y capacidades del
agraviado, a fin de salvaguardar su integridad, salud, actividades deportivas,
laborales, educativas, culturales, de protección a la salud y de justicia
restaurativa, de conformidad con el régimen y organización del centro de
reclusión”.
Así, Guzmán Loera señaló como
autoridades responsables por no permitir la visita de sus hijas gemelas, además
del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social (OADPRS) y el director general del CEFERESO 9, a la titular
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al
titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por no permitirle hacer
ejercicio y no proporcionarle un plan adecuado de reinserción, “El Chapo”
señaló como funcionarios responsables, además de las autoridades
penitenciarias, a los secretarios de Gobernación, Educación Pública, Desarrollo
Social, de Economía, Cultura, Salud y del Trabajo y Previsión Social, entre
otros.
Por otra parte, el recurso de
revisión interpuesto por autoridades federales en contra del amparo que el
recluso ganó para ser devuelto al CEFERESO Número 1 Altiplano, apenas fue
radicado a finales de diciembre en el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo
Circuito, pero ya no será necesaria su confirmación.
GANA PEQUEÑAS “BATALLAS”
Al iniciar el nuevo año, todo
eran buenas noticias para el ex líder del Cártel de Sinaloa, al obtener
sentencias de amparo, que aunque no resolvían el fondo de sus procesos penales,
sí le daban un respiro, que ahora se sabe fue solo un espejismo de que lograría
la hazaña de vencer la mayoría de sus procesos como lo hizo en su primera etapa
en prisión, o tendría tiempo para planear una tercera fuga.
La primera novedad para “El
Chapo” fue que uno de sus expedientes de mayor antigüedad, la causa penal por
su primera fuga de las prisiones de máxima seguridad, hace 16 años, exactamente
el día de su extradición, será remitido a la SCJN para que se realice un
estudio sobre la figura del arraigo aplicada en 2001, cuando no estaba
incorporada a la Constitución mexicana.
El Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la negativa de amparo al capo en
contra del auto de formal prisión dictado por su probable responsabilidad en
los delitos de cohecho y delincuencia organizada, pero dejó a salvo la jurisdicción al máximo tribunal de
justicia del país para el análisis de la presunta inconstitucionalidad
planteada.
Los señalamientos que pesan
en contra de Guzmán tras su fuga del CEFERESO Número 2 Occidente, el 19 de
enero de 2001, fueron obtenidos por el Ministerio Público Federal de las
declaraciones de más de 80 personas que fueron arraigadas en la Ciudad de
México.
De ahí se desprendió la
versión de que el procesado corrompió al personal de la prisión y había
ejercido un autogobierno penitenciario.
Al interponer el amparo en
contra de la causa penal iniciada en contra de Guzmán Loera, los abogados
alegaron que “el arraigo no era una forma de privación de libertad prevista en
la Constitución” en aquella época y debió inaplicarse el Artículo 12 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) que establece dicha medida
cautelar.
Tras ser negado el amparo, la
defensa impugnó el fallo y en sus agravios refirió que el magistrado del Tercer
Tribunal Unitario del Primer Circuito no realizó un “ejercicio de
convencionalidad ex officio mediante una interpretación entre el referido
artículo de la LFDO, con el Artículo 16 Constitucional y los numerales 7 y 8 de
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.
El control de
convencionalidad ex officio es un deber internacional y constitucional de todos
los jueces y autoridades mexicanas de realizar una confrontación entre la norma
general que se debe aplicar a un caso concreto y el bloque de derechos humanos,
buscando una interpretación conforme, o, en caso extremo, desaplicarla de la
resolución correspondiente.
Sin embargo, al resolver el
recurso de revisión, el Quinto Tribunal Colegiado Penal estima que sobre el
tema no existe jurisprudencia definida ni tres precedentes en el mismo sentido,
por lo que al tratarse de un asunto que reviste interés excepcional -inédito-,
“se requiere fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden
jurídico nacional, que en todo caso, solo la Suprema Corte de Justicia de la
Nación puede decidir”.
La otra “buena nueva” para
“El Chapo” se conoció el 16 de enero último, cuando el Segundo Tribunal
Unitario en el Estado de Sinaloa, le concedió un amparo para anular el auto de
formal prisión que le fue dictado por los delitos derivados de su detención en
Mazatlán y se reponga el procedimiento por tercera ocasión.
La primera vez que Joaquín
obtuvo un amparo para reponer la causa 10/2014 del Juzgado Décimo de Distrito
en Mazatlán fue para que se ordenara un análisis de la legalidad del
allanamiento de la suite 401 del Condominio Miramar, donde se encontraba la
madrugada del 22 de febrero de 2014.
Después, se repuso el
procedimiento por la falta de ratificación de los peritajes de balística de las
armas aseguradas.
Y ahora, la pifia a corregir
es “determinar el grado de participación” del procesado en los delitos de
posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército por los
que se le señala.
De esa forma se ordenó que el
auto de formal prisión dictado en primera instancia, y confirmado en apelación,
quede insubsistente y en su lugar se dicte otra resolución, que probablemente
será en el mismo sentido, pero realizando el estudio ordenado por el tribunal
amparista.
LOS DIEZ PROCESOS PENDIENTES
Joaquín Archivaldo Guzmán
Loera enfrentaba en México diez causas penales, que quedaron sin sentencia
debido a su extradición. Desde por los delitos de cohecho, contra la salud y
portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, hasta por
delincuencia organizada o aterrizaje clandestino de aeronaves, éstos son los
expedientes que esperarían al “Chapo” si algún día volviera a suelo nacional:
* Juzgado Sexto de Distrito en materia
de Procesos Penales en el Estado de México. Causa Penal 84/2010.
* Juzgado Quinto de Distrito de Procesos
Penales en el Estado de México. Causa Penal 50/2009.
*
Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado
de México. Causa Penal 135/2001-II.
* Juzgado Primero de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Causa Penal 206/2010-IV.
* Juzgado Tercero de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. Causa Penal 364/2012.
* Juzgado Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. Causa Penal 50/2011-I.
* Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos
Penales Federales en el Distrito Federal. Causa Penal 16/2001-V.
* Juzgado Décimo de Distrito en el
Estado de Sinaloa. Causa Penal 10/2014.
* Juzgado Primero de Distrito en materia
de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas. Causa Penal
175/2011-V.
*
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia
en La Paz. Causa Penal 29/2014.
CAPTURAS, FUGAS Y DEPORTACIÓN
10 DE JUNIO DE 1993
Joaquín Archivaldo Guzmán
Loera es capturado en Guatemala. La Procuraduría General de la
República (PGR) informa que militares de ese país lo entregaron a autoridades
mexicanas, después de trasladarlo amarrado y en la caja de una camioneta.
22 DE NOVIEMBRE DE 1995
Trasladan al narcotraficante
del penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, al de Puente Grande,
Jalisco. Lo sentencian a dos décadas de cárcel.
19 DE ENERO DE 2001
“El Chapo” se fuga del penal
de Puente Grande, escondido en un carrito de lavandería. Faltaban 12 años para
completar su sentencia; el ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada, tenía
50 días en el cargo.
12, 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014
La PGR, la Secretaría de Marina
y elementos de la Policía Federal detienen a Daniel Fernández Domínguez “El
Pelacas” en Aguascalientes, así como a Enrique Sandoval Romero “El 19”,
Apolonio Sandoval Romero “El 30” y Jesús Peña González “El 20”. Al primero se
le incautaron armas, automóviles y una veintena de teléfonos celulares que
serían vitales en la búsqueda de Guzmán Loera. Los otros tres eran vigilantes
de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa junto a “El
Chapo”.
17 Y 21 DE FEBRERO DE 2014
Sintiéndose perseguido por la
autoridad, “El Chapo” hace una llamada de auxilio desde un número registrado en
uno de los dispositivos decomisados a “El Pelacas”, lo que sería vital para
ubicarlo físicamente.
22 DE FEBRERO DE 2014
La Marina reaprehende a
Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa. Veinte
minutos antes de las siete de la mañana ingresaron a la habitación 401
de los condominios Miramar, a pocos metros de la playa. Al momento de su
detención, el criminal descansaba junto a sus hijas, esposa y colaboradores. A
las tres de la tarde es ingresado al penal de máxima seguridad Altiplano.
Habían pasado 13 años, un mes y tres días desde su primer escape.
25 DE FEBRERO DE 2014
Se le dicta auto de formal
prisión en el Juzgado Tercero de Distrito por delincuencia organizada y delitos
contra la salud. Se confirma su identidad ante la incredulidad de la sociedad
mexicana. El ex procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, señala que
la extradición solicitada por las autoridades de Estados Unidos no se dará
pronto.
11 DE JULIO DE 2015
Joaquín Guzmán escapa de
nuevo, esta vez del penal Altiplano.
Pocos minutos antes de las nueve de la noche, “El Chapo” ingresa por un agujero
bajo la regadera de la celda 20 del pasillo 2, posteriormente se traslada a
través de un túnel que lo aleja de prisión.
12 DE JULIO DE 2015
Los primeros minutos de ese
día, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido,
informó de la fuga del “Chapo”, la cual fue confirmada después por el
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien en un mensaje de cinco minutos,
se refiere al acontecimiento como un “hecho muy lamentable” y como “una afrenta
al Estado mexicano”.
29 DE JULIO DE 2015
Se recibe una solicitud de
extradición de un tribunal en California, Estados Unidos, en contra del
capo. 3 de septiembre de 2015 La PGR
acoge la petición de extraditar a Guzmán por parte de la Corte de Texas,
Estados Unidos.
2 DE OCTUBRE DE
2015
El actor y director de cine
estadounidense Sean Penn, apoyado por la actriz mexicana Kate del Castillo, se
entrevistan con Guzmán Loera en un rancho en las montañas de Tamazula, en la
sierra de Durango. Entre octubre y noviembre tiene varias conversaciones que
suman siete horas y un video. La información obtenida se dio a conocer de
manera parcial el sábado 9 de enero de 2016 en la revista norteamericana
Rolling Stone.
16 DE OCTUBRE DE 2015
La persecución de la PGR y
Marina contra Joaquín Guzmán se intensifica. Mientras huía de un operativo del
Gobierno Federal en Cosalá, al Sur de Sinaloa, el criminal resulta herido en la
cara y en una pierna, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión
Nacional de Seguridad.
8 DE ENERO DE 2016
Se registra una balacera en
una vivienda del fraccionamiento Las Palmas en Los Mochis, Sinaloa. Mueren
cinco presuntos delincuentes y otros seis son detenidos. “El Chapo” escapa del
domicilio a través del drenaje junto a Iván Gastélum “El Cholo”, uno de sus
principales colaboradores.
Cubiertos de desperdicios,
roban un vehículo y se trasladan al motel Doux, al Norte de la ciudad. Ahí son
detenidos y esposados por elementos del Ejército; es trasladado a la Ciudad de
México poco después de la 1:30 pm.
19 DE ENERO DE 2017
A un año y once días de su
más reciente captura, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera es extraditado a Estados
Unidos.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores informó que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la
Ciudad de México le negó el amparo, lo que derivó en su entrega a las
autoridades norteamericanas.
Fue trasladado desde Ciudad
Juárez, Chihuahua, a Nueva York, Estados Unidos.
El hecho se da en el último
día de Barack Obama como Presidente de la Unión Americana y a pocas horas de la
toma de protesta de Donald Trump.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Luis Carlos Sáinz / Lunes, 23 enero, 2017
12:00 PM)
