EL PUEBLO TERMINÓ CON LA CARRERA POLÍTICA DE KIKO VEGA”: GILBERTO LOZANO

FOTOS: Agustín Reyes

El hartazgo hacia la clase gobernante que atraviesa Baja California, puede ser el inicio de una agenda más amplia de exigencias ciudadanas. El líder del Congreso Nacional Ciudadano, opina que la voz del pueblo debe continuar alzada “porque todos los problemas, inequidades, injusticias, el pisoteo a la dignidad de la gente de Baja California, es permanente”. También, los partidos políticos comienzan a tejer estrategias ante las protestas ciudadanas, el PAN intentó desviar la manifestación contra Peña Nieto y así proteger al gobernador

Entre Tijuana y Rosarito, casi 20 mil personas tomaron las calles para protestar contra los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Francisco Vega de Lamadrid, el domingo 15 de enero.

En ambas ciudades, de acuerdo con registros históricos, se trató de las movilizaciones más numerosas.

También de las que convocaron a sectores más diversos, no solo políticos ni activistas, marcharon juntos médicos, abogados, familias, estudiantes y más.

“El perro que trae hueso en el Hocico, no lo suelta mas que a patadas o con la unión del pueblo” 

“Baja California tiene muy claro que tiene un mandatario que no se merece, pero ahora lo que nació es un mandante que levanta la voz y exige. El pueblo terminó con la carrera política de ‘Kiko’ Vega, no creo que termine su mandato”, manifestó Gilberto Lozano, líder del Congreso Nacional Ciudadano.  

Desde hace cinco años, Lozano fundó el movimiento que hoy reúne a un millón 700 mil personas organizadas en 3 mil 127 células, grupos de entre siete y 20 personas en cada ciudad.

“No estamos organizados para ser sindicatos de la servidumbre pública, estamos organizando a todos los pagadores de impuestos en México como mandantes constitucionales. El reclamo es generar una estructura en el pueblo actuante, informado y organizado”, detalla.

El objetivo de las células, agrega el empresario y catedrático regiomontano en entrevista con ZETA, es actuar como jefes para “vigilar, fiscalizar, auditar, revisar, reconocer y en su caso, castigar, al empleado público por corrupto, inepto o traidor”.

Aliados del PAN se unieron a la marcha para acallar los reclamos contra “Kiko”

En Baja California, Célula 686 de Mexicali cobró notoriedad por colocar ratoneras gigantes frente a los domicilios de los diputados que aprobaron la Ley del Agua, y sus líderes han demostrado un gran poder de convocatoria a marchas en los últimos días.

Gilberto Lozano habla de su experiencia en Baja California.

Empieza por referir la injusticia para los pobladores y jornaleros de San Quintín, pero insiste en que el problema de fondo es el gobernador: “Vega está ausente completamente como mandatario, nadie lo ve ni lo encuentra, está más dedicado a sus negocios”.

Para Lozano, la popularidad del Congreso Nacional Ciudadano radica en que “no aspiramos a ser presidentes ni alcaldes, a ellos los vemos como empleados, nosotros lo que buscamos es ser patrones. Un león vale más que mil bueyes”.  

LA AGENDA PENDIENTE

Con la Ley del Agua ya abrogada, Lozano considera importante que la ciudadanía no deje de reclamar la corrupción, ineficacia e insensibilidad de los gobiernos locales, estatales y Federal.

“El arma más poderosa que tiene el político para hacer lo que se le pega la gana, es basarse en que el pueblo no dice nada. Para un amo, en una sociedad de esclavos, es precioso que el pueblo no demande ni diga nada”, dice.

FOTO: cortesía.- Tijuanenses también tomaron el Centro de Gobierno del estado

De ahí que insista en “convertir la voz del pueblo en un mandato real, debe ser permanente porque todos los problemas, las inequidades, las injusticias, el pisoteo a la dignidad de la gente de Baja California, es permanente. Si ‘Kiko’ no se pone a hacer su trabajo, lo va a terminar sacando la gente”.  

De entrada, opina que la gente debe pedir el cero financiamiento público a los partidos políticos.

“Un político es un parásito, depredador y zángano del sistema que forma ejércitos para mantener un sistema podrido, obsoleto y rebasado”.

Lozano concluye que, para cambiar a la clase gobernante, es necesario que la ciudadanía tome acciones: “El perro que trae hueso en el hocico, no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo”.

De igual forma, el historiador Luis Carlos López cree que la agenda ciudadana debe enfocarse ahora en la fiscalización de recursos públicos. “Debe ser una exigencia permanente, revisar sueldos, prestaciones, gastos sociales, decirle a la clase gobernante que tiene las prioridades volteadas”.

Siguen los reclamos a gobierno 

Como profesor en la Facultad de Humanidades, cree que el momento que atraviesa Baja California es consecuencia del hartazgo de 27 años de hegemonía panista en el Gobierno del Estado y que la ciudadanía debe canalizar su enojo hacia acciones concretas.

“Parecen tener una actitud de ‘ya me elegiste en las urnas, puedo hacer lo que quiera’, pero la ciudadanía debe ser escuchada y tomada en cuenta, explicar decisiones, mantener las puertas abiertas”.

Tanto en el gobierno estatal como en el Federal, el catedrático observa “una política de oídos sordos”, en la que ningún gobernante muestra voluntad política para escuchar a la ciudadanía. 

CÓMO EL PAN INTENTÓ MANIPULAR LA PROTESTA EN TIJUANA

Desde las once de la mañana del domingo 15 de enero, junto con los primeros manifestantes que llegaron al Monumento al Libro sobre Paseo de los Héroes en Tijuana, se hicieron presentes varios grupos asociados al Partido Acción Nacional (PAN).

Ninguno con logos del partido, pero sí con un fin acordado. Como lo confirmaron fuentes del Gobierno del Estado, desde que el jueves 12 hizo eco en Mexicali el grito de “¡Fuera Kiko!”, se giraron instrucciones a trabajadores del Estado para que acudieran a la marcha a sumar voces contra Peña Nieto y con ello, minimizar las de reprobación hacia el mandatario estatal.

Así ocurrió el domingo. Varios autobuses de la empresa transportista Azul y Blanco, cuyo secretario general, David Mondaca, fue nombrado director del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT) como pago del alcalde Juan Manuel Gastélum por unirse a su campaña electoral, salieron de sus rutas para trasladar a los manifestantes. 

A lo lejos, un soldado en la Aduana toma fotos de los manifestantes 

Un hecho inusual, tan solo que se tratase de un bloqueo organizado por transportistas, este sector se había mantenido, hasta ese día, al margen de cualquier protesta en la ciudad.

Una vez en la Glorieta Cuauhtémoc, punto de concentración, lideresas instruían a algunos de los asistentes qué unidades abordar para ser trasladados a la garita de Otay, mientras el grupo más numeroso caminó hacia la garita “El Chaparral”.

Desde un camión de sonido, ajeno al de las organizaciones que han convocado a estas protestas, un animador grita “¡La culpa la tiene el Gobierno Federal… que no se les olvide!”, es precisamente la empresa animadora de los eventos de Antorcha Campesina.

Aunque a nivel nacional esta asociación se relaciona más al PRI, encontró un aliado en el PAN de Tijuana. El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Ignacio Acosta, fue nombrado delegado de La Presa Este, al inicio de la administración de Gastélum Buenrostro.

Ese día, familias asociadas a esta organización civil también llegaron a la protesta, la mayoría procedentes de la Zona Este de la ciudad, la más lejana al punto de reunión, todos con letreros en contra del Presidente de la República.

Lo mismo hicieron algunos internos de centros de rehabilitación, asociados a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, quienes cargaban montones de cartulinas blancas con plumones y daban instrucciones a quienes se acercaban de escribir frases en contra del gasolinazo.

Aunque fueron menos, las expresiones contra “Kiko” Vega se mantuvieron presentes durante las horas en que la gente protestó. 

LA TOMA DE LA GARITA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO

Ya pasada la tarde, algunos manifestantes mantuvieron tomada la garita “El Chaparral”. Si bien, grupos organizados habían levantado las plumas para permitir el libre acceso a los vehículos desde una semana atrás, en esta ocasión miles de personas se unieron.

Históricas movilizaciones en la Aduana Semanas antes de dejar la Presidencia de la República, en octubre de 2012, Felipe Calderón inauguró “El Chaparral”, nombre con el que rebautizó al cruce fronterizo de Tijuana-San Ysidro, el más transitado, con un aproximado de 60 mil vehículos al día.

La remodelación costó 265 millones de pesos a los mexicanos.

La tecnología fue uno de los aspectos más presumidos por el Gobierno Federal, los carros serían inspeccionados con Rayos X y no a discreción de los oficiales de Aduana, sino seleccionados mediante un estricto sistema de programación.

Ese domingo, la primera garita moderna de México se convirtió en territorio de 10 mil tijuanenses que tomaron las instalaciones federales.

Las sillas de centinela desde donde los empleados vigilan a los vehículos que entran al país, eran ocupadas por niños que ondeaban la bandera mexicana.

Aquello se volvió un festejo. En uno de los cajones de inspección, entre pantallas, cámaras de vigilancia y computadoras, un grupo de mariachi cantó a José Alfredo Jiménez, mientras la gente cantaba, bailaba y saltaba.

Los mexicanos de la frontera Norte, donde empieza la patria, tomaron la entrada al país para gritar su descontento con el Presidente de la República: “¡Fuera Peña Nieto!”, para gritar su hartazgo hacia el gobierno y desahogar los años de malos gobiernos.  

EN ROSARITO. TAMBIÉN CONTRA MIRNA RINCÓN

En Playas de Rosarito casi el 2 por ciento de la población, poco más de 2 mil personas, se unieron a la protesta en contra del alza al precio de la gasolina, que acompaña a los mexicanos desde el primer día de 2017.

Sin embargo, ese día no solo se repitió el grito de “¡Fuera Peña!”, también los de “Fuera Kiko” y “Fuera Mirna”, en alusión al gobernador Francisco Vega de Lamadrid y a la alcaldesa Mirna Rincón Vargas.

El recorrido arrancó en el  hotel Rosarito Beach, al sur del municipio, con un grupo de jinetes al frente.

El contingente siguió por el Bulevar Benito Juárez, la principal arteria de la ciudad y dobló en la calle Artículo 27 para dirigirse a un mitin en Palacio Municipal.

No obstante, un grupo de unas 30 personas, en su mayoría mujeres y niños, continuaron hasta la planta de Petróleos Mexicanos, actualmente custodiada por elementos de la Policía Federal, luego del violento desalojo del sábado 7 de enero.

El acto no tuvo mayores consecuencias, pero causó intranquilidad entre los manifestantes, quienes insistían en mantener la protesta pacífica.

Instalaciones de gobierno se convirtieron en un campo de protesta

Una vez bajo el balcón de una ausente Mirna Rincón, los manifestantes entonaron el Himno Nacional y el canto a Baja California, para después dar voz a representantes de varios sectores de la población rosaritense, quienes dieron mensajes de unidad y anunciaron nuevas movilizaciones. 

SEGUIRÁ VIOLENCIA CIVIL CONTRA GASOLINAZOS 

Entre los diferentes eventos que surgieron a raíz de las manifestaciones, la organización Fuerza Ciudadana, presidida por Carlos Atilano, convocó a un foro de abogados para acordar las acciones después de la abrogación de la Ley Estatal de Agua, la tarde del martes 17 de enero.

De entrada, el abogado habló de la “subordinación manifiesta” por parte del Congreso del Estado, cuya mayoría panista y sus aliados, aprueban leyes a voluntad del gobernador.

No obstante, este grupo de abogados anunció que solicitará a los legisladores locales que aprueben el regreso de la jurisdicción municipal en el servicio de agua potable, tal y como dispone el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Según Atilano, también miembro del Colegio de Abogados, lo que sigue es la “desobediencia civil”, no solo mediante el llamado a no pagar impuestos; también en la toma de instalaciones oficiales, principalmente en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado y del Servicio Administración Tributaria (SAT).

“Vamos a cerrarle la llave al gobierno”, manifestó.

Horas después, un grupo de ciudadanos tomó las instalaciones del Centro del Gobierno del Estado en Tijuana.

Aunque elementos de corporaciones policiales acudieron a intentar un desalojo, los manifestantes optaron por retirarse.

Por su parte, Juan Ramírez, uno de los principales líderes de las manifestaciones, informó que continúa la invitación a una megamarcha nacional el domingo 22 de enero en la glorieta conocida como “Las Tijeras” – junto al Centro Cultural Tijuana-.

El objetivo es mantener la presión a los tres niveles del gobierno por las medidas perjudiciales a la ciudadanía, principalmente por el gasolinazo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ DANIEL GASTÉLUM Y INÉS GARCÍA RAMOS/  LUNES, 23 ENERO, 2017 12:00 PM)