martes, 19 de septiembre de 2017

EL GENERAL GALLARDO DICE QUE LOS 43 PODRÍAN ESTAR EN MELÉNDEZ, UN POZO USADO EN LA GUERRA SUCIA



En 1993, al General Brigadier, José Francisco Gallardo, la propuesta de un ombudsman militar le valió nueve años de prisión. La defensa que emprendió para superar los barrotes militares lo convirtió en emblema de la lucha por los derechos humanos en México y el mundo.

Han pasado 23 años y al General en retiro no se le ha olvidado esa causa. En esta entrevista ratifica la conveniencia de una oficina de asuntos militares para “desmilitarizar” a los poderes públicos de México y entablar una relación más sana. Sostiene que la mexicana es una sociedad militarizada, un factor que permitió los crímenes de Estado escritos en Tlatlaya y Ayotzinapa en los que -dice- está involucrado el Ejército. El General se guarda una hipótesis de la desaparición de los 43. Una que no ha sido parte de ninguna investigación. “Los estudiantes fueron arrojados al pozo Meléndez, un socavón entre Iguala y Taxco que no tiene fondo”.

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Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- En el pueblo de Puente Campuzano, entre Iguala y Taxco, se encuentra un socavón de diez metros de diámetro, pero cuyo fondo es indeterminado. Es el pozo Meléndez, un punto del estado de Guerrero que por reunir terroríficas historias durante la Guerra Sucia, también es conocido como “la trompa del diablo”. A esa oquedad se le piensa como destino de muchos perseguidos, de cientos y cientos de desaparecidos.

Este siniestro punto del planeta está muy cerca de donde, la maldita noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron.

El ex General brigadier Francisco Gallardo tiene una hipótesis: los 43 fueron arrojados al pozo Meléndez. “… Creo que estos jóvenes fueron tirados ahí. Con todo y vehículos. Y desaparecieron. Es más, ahí cabe lo que quieras. Si hacen un peritaje en las paredes puede haber cabellos, pedazos de tela, piel … Pero no lo han hecho”, sostiene el hombre emblema de la defensa de los derechos humanos después de permanecer nueve años en prisión, la negra historia que se inició cuando en 1993 -el penúltimo de Carlos Salinas de Gortari- propuso la creación de un ombudsman militar.

Con un americano en la mano, en las oficinas de esta casa editorial, el ex General Brigadier describe en entrevista a la legendaria oquedad. “Ese pozo ha sido utilizado desde la Revolución. Ahí tiraban carretas, caballos, vehículos completos, lo que tú quieras. No tiene fondo. No le han llegado al fondo. Hay una excursión que hicieron médicos militares y bajaron 60 metros, pero no pueden llegar a más porque no tienen equipo”.


– ¿Le mencionó usted su hipótesis a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes?

– Les dije, pero no me tocaron ese punto.

-¿Le ha dicho a la PGR?

– No. Al socavón lo tapan y lo destapan. Pero ahí está. La gente que vive por ahí sabe de eso. Dicen que en la noche se ven cosas raras.

– ¿Puede decirse que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, manipuló también la información para que las investigaciones no llegaran al socavón?

– Yo no tengo conocimiento que haya ido ahí ni que haya investigación. El socavón está libre. La gente de la región sabe perfectamente qué hay ahí. Esa región está muy socorrida por esos socavones. Si en mí estuviera, se hacía una investigación y ahí se iban a aclarar muchas cosas.


– Usted sostiene que el Ejército tiene crematorios clandestinos y si ello es así, ¿algún día habrá luces sobre la verdad de los 43?




– El Ejército tiene crematorios. Yo los conozco. A mí me amenazaron que me iban a meter ahí. Son clandestinos. Es una cosa inaudita que estos jóvenes hayan desparecido de la nada. Así, absolutamente. Hay prisiones clandestinas. Hay hornos en el Ejército. Los barcos de la Armada se utilizan como cárceles clandestinas. En Ayotzinapa lo que vemos es la actuación militar, el poder público en poder de los militares. A mí me llamó mucho la atención cuando le piden al Secretario de la Defensa que abra los cuarteles, y él dice, no voy a permitir por ningún motivo que investiguen a mis militares. Sus militares. Qué cosas, ¿no? Si es una investigación criminal, pero la Ley Militar así lo conviene. Porque es un asunto de carácter público no militar. Si esos temas no se aclaran, los vamos a seguir cargando.


Ejército, responsable en el caso Ayotzinapa y Tlatlaya. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

EL GENERAL EN SUS CAUSAS

El martes 9 de noviembre de 1993, el General Gallardo ingresó al campo militar número uno. Iba preso. Las acusaciones en su contra eran un bufete de delitos. Enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y destrucción de archivos del Ejército. Un mes antes, el General había publicado el texto “La necesidad de un Ombudsman Militar en México” en la revista Fórum. El tema era el corazón de su tesis y sugería la creación de esta figura con el propósito de que regulara los abusos dentro de la vida castrense.

En 1998, fue sentenciado por un consejo de guerra a catorce años de prisión. Le cargaban haber vendido las 300 toneladas de avena en paca y las ocho mil pacas de avena en greña que estaban destinadas a 228 caballos que tenía bajo su custodia, así como la quema de documentos que demostraban el hecho. Después, otro consejo de guerra lo condenó por enriquecimiento ilícito y le dio otra pena de catorce años que no fueron acumulables a la primera sentencia debido a un amparo.

– Si la desgracia se inició así, ¿usted cree que aún es conveniente la figura del ombudsman militar?

– La idea de uno, como el que yo propuse hace 21 años, tiene que ver directamente con el tema de la defensa de los derechos de los soldados. Pero la idea yo la quiero actualizar. En México no existen relaciones civiles de carácter democrático; entonces, lo que yo quiero hacer es una oficina de asuntos militares.

Quiero hacer una oficina de asuntos militares que va a establecer una relación de la Defensa Nacional con los poderes públicos. Es decir, el Poder Ejecutivo en su rama militar será a través de una oficina. Esta oficina haría un vínculo con el Congreso, con las otras instituciones del Estado. Dependería de la Cámara de Diputados. Aquí hay algunas peculiaridades. Esta institución tendría la facultad, entre otras cosas, de proponer reformas a la legislación militar para que el Ejército Mexicano se convierta en una institución de Estado al servicio de la Nación. (El Ejército quedaría) apartado de los vaivenes políticos en el tema, por ejemplo, de las elecciones. En cada elección presidencial al Ejército Mexicano se le encomienda la transportación del paquete electoral, la logística de la distribución de esa paquetería y luego la intromisión en la supervisión y la seguridad. Lo más grave del asunto es que después de las elecciones se le encomienda cuidar la paquetería electoral. Ya vimos que eso tiene muchas decisiones graves. Lo vimos en la elección de Calderón-AMLO en donde el Ejército permitió que esa paquetería electoral fuera manipulada por los partidos políticos.

Llega la paquetería electoral a instalaciones que maneja directamente el INE. El Ejército está resguardando la paquetería electoral y por detrás están entrando los partidos políticos y los manipulan. El Ejército ha permitido esas condiciones. Lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones es que el Ejército no se entrometa en esos asuntos.

– ¿Ha ocurrido así históricamente?

– Históricamente ha sido siempre. Yo era Capitán del Ejército, en la elección donde por primera ocasión, el PAN gana una elección local en Chihuahua. A mí me mandan a cuidar la paquetería electoral y entonces trata de entrar la gente del PRI a manipular esa paquetería porque en esa ocasión sí ganó el senador Barrio (Francisco Barrio) pero se la dieron a otra persona. Por lo menos en el tiempo en que yo estuve de servicio, que dura 12 horas, no se pudieron meter. Pero se metieron después.

– ¿Cómo funcionaría la oficina del ombudsman?

– El Ejército debe estar apartado totalmente de eso. No debe entrometerse. Esta oficina del ombudsman militar iba a impedir estas situaciones. Así, el Ejército Mexicano no se metería en asuntos de carácter político. Si esa institución estuviera como en aquella ocasión que yo la propuse ahorita el Ejército no estaría señalado por violaciones graves a los derechos humanos. En aquella ocasión yo puse como ejemplo la matanza que hizo el Ejército en 1990 en la que se ejecutan a 10 jóvenes egresados de las escuelas judiciales y que estaban trabajando en la PGR. Se pierden dos toneladas de droga se extravían dos millones de dólares y se fugan los narcotraficantes. Son encarcelados los militares, pero no hay ningún responsable.

Incluso manifesté el asunto de aguas Blancas, en donde hubo un asesinato de 17 campesinos que lo único que querían era hacer una manifestación en el Gobierno de Guerrero. Pero a  mí me acusan de difamación. Y yo no estaba difamando nada. Yo estaba poniendo el ejemplo de una institución que debe funcionar para evitar esas situaciones. A partir de ese asunto que ocurrió en 1990 cuántas cosas hemos visto. El Charco, El Bosque, Acteal, las ejecuciones de Ocosingo cuando el levantamiento zapatista, Tanhuato, Tlatlaya, la desaparición de los 43. Si hacemos una revisión, el Ejército tiene metida la mano ahí. El asunto de Tlatlaya y Ayotzinapa son crímenes de Estado que están apoyados por El Ejército.

Vivimos una sociedad militarizada. ¿Por qué se da esto? Después de la Revolución sucede un hecho que se conoce como la lucha de facciones en donde hay una disputa entre el poder civil y el poder militar porque los comandantes militares tienen cotos de poder, no hay un control, y entonces los caudillos revolucionarios invocan a hacer un partido político que no tienen que ver con los partidos políticos tradicionales europeos.

La creación de un partido político de Estado tiene por objeto confrontar al poder militar no la participación social, no la participación ciudadana. Ha habido coyunturas que nos han permitido hacer esos cambios, pero el mismo poder político no lo ha permitido.

– ¿Una figura de ombdusman militar sería la clave?

– Esa institución que yo propongo debe ser de Estado, que trascienda a cualquier periodo electoral o cualquier figura o nombre de ciudadano político. Yo juré como militar tutelar de la institución presidencial. No a Peña Nieto, no a Calderón, no a Salinas. Un sistema presidencialista se ha desbordado en contra de la sociedad. Vivimos una crisis gravísima. Estamos ante un colapso del Estado. (El ombudsman) sí abonaría a ello. Ahora, ¿quién sería el obdusman? ¿Quién tendría esa calidad moral para ser esa institución y ser el mediador entre el poder civil del Estado y el poder de los ciudadanos? Sí hay hombres que pueden serlo.

Tuvo que ser un Juez, y no la PGR, el que ordenara indagar a fondo el caso Tlatlaya, dicen abogados



LA POLÍTICA Y UN GENERAL

Cuando tomó la vida castrense, tenía 15 años de edad. Era 1963 y cuenta que empeñó la honra y el honor al Ejército como institución. LLegó a ser General Brigadier. En 2015, su nombre volvió a la escena pública. Fue el candidato a la Gubernatura de Colima por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la única plataforma en la que, dice, puede confiar.

– ¿Usted cree en la democracia, pero no en los partidos políticos?

– Los partidos políticos mexicanos son instituciones de Estado que están apoyados en la Constitución. En lo que yo no creo es en las personas que están en los partidos políticos. Cuando estuvimos con el debate con el asunto de las resoluciones que emitió la Suprema Corte 37 a mi favor, nos fuimos a las Naciones Unidas y a mi favor. Entonces yo tengo una reunión con un General del Ejército. (Me dijo): tú debes proteger al Ejército porque eres General. Tú debes defender el honor porque el Ejército te hizo hombre.

A ver, espérenme tantito, respondí. Yo no estoy increpando al Ejército como institución los estoy increpando a ustedes que están violando la Ley, que están violando la Constitución, que están violando la Ley de Disciplina militar y el Código de Justicia militar. Lo que tenemos que hacer es sacar a todas estas personas simuladoras, mentirosas traidoras que lo que han hecho durante toda esta carrera es lucrar con los puestos políticos. “La política es sucia. Por decir lo menos es corrupción”, me decían. Espérenme, la política es una ciencia que nos permite a los ciudadanos una partida social, una convivencia social para ponernos de acuerdo y desarrollarnos.

– Entonces, ¿qué le está pasando a este país? ¿Se entrampó en una inercia de traumas irresueltos y se enfermó de corrupción?

– Tenemos un problema muy grave y yo daré mi opinión. Lo que hemos vivido en México es que no hemos sabido procesar las situaciones coyunturales. Un ejemplo: el año que entra cumplimos 50 años de la tragedia de 1968.

No hemos sabido procesar esos puntos de quiebre. Uno de ellos es por qué no hay ningún militar procesado por el movimiento del 68. Seguimos avanzando. Y viene la coyuntura de 1988.

Yo he platicado con el senador Bartlett. (Le he dicho que) yo entiendo esa parte de la historia, que yo entiendo la situación, de por qué se cayó el sistema. Aquí lo que no entiendo y yo se lo dije al Ingeniero Cárdenas es por qué el Ingeniero Cárdenas cedió.

– ¿Y qué quería que hiciera, General?

– (Que dijera): No acepto la negociación. No acepto la negociación y punto. Él negoció con el poder. El día que me fue a visitar a mi celda en 2001 o 2002, que me llevó discos y libros, le hice dos preguntas. Le dije: Ingeniero, ¿por qué usted no defendió su elección en 1988 si tenía el apoyo del Ejército además?¿Por qué usted se va como candidato a la Presidencia siendo Jefe de Gobierno? La gente votó por usted para que fuera Jefe de Gobierno no para que fuera candidato a la Presidencia. Usted debe terminar su gestión.

– ¿Qué le contestó?

– Nada. Se quedó mudo. No me dijo nada.

Y así seguimos.

– ¿Le aceptó que había negociado?

– Lógico. Y así nos podemos ir viendo las coyunturas y no las hemos sabido aprovechar. Las firmas que hizo Salinas, del TLCAN; la de Fox  del ASPA; luego la de Calderón con la iniciativa Mérida y Peña Nieto con el TPP nos han ido quebrando. Y ahí seguimos. Hasta llegar a Ayotzinapa.

– ¿Por qué se incrementó la violencia en este país?

– Porque hay un rompimiento del tejido social y del orden constitucional del Estado. En México no existe un sistema de inteligencia. Tenemos que hacer un sistema de inteligencia de Estado, no de Gobierno de Estado, sea civil no militar, los militares tienen una función importante, pero no civil, ellos tienen encomendada la defensa nacional del estado. La política la debe emitir el Congreso. Pero son traidores todos. Una vez que se haga esto se debe restituir la Constitución en donde los poderes públicos respeten la ley.

Peña Nieto llega por un fraude electoral. La Auditoría Superior de la Federación detecta que rebasó los topes de campaña con 13 millones de pesos y ahí estuvieron metidos Cervantes y Lozoya. ¿Cómo es posible que quieran tener autoridad cuando la autoridad es ilegítima?

LA DEFENSA DEL GENERAL


En Ayotzinapa lo que vemos es la actuación militar, el poder público en poder de los militares: Gallardo Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Tiene el premio “Preso de Conciencia” que le dio Amnistía Internacional y el de “El Ombudsman Militar en Prisión” brindado por el Consejo Nacional de Ong`s en el 52 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 2001. Los galardones los recibió en prisión. Estaba en el camino de esa defensa cuyo proceso lo convirtió en ejemplo de la defensa de los derechos humanos en México y el mundo. Fue un preso. Hoy, para todos, es el General Gallardo.

– Usted, ¿cómo logró defenderse?

– Lo que no pudo hacer el Ejército aunque hubiera querido es violar la Constitución. Ellos lo pueden juzgar en lo interno. Si se agota el recurso interno militar yo me puedo ir a amparo ante las autoridades civiles, y tuve 37 amparos a favor.

– ¿Sintió miedo?

– ¿Miedo? (exclama y se estremece). Pues sí. Afuera de mi celda  se pusieron a hacer una revoltura con cemento y con tambos. ¿Qué piensa usted que van a hacer? Me matan, me meten a los tambos y me tiran al mar. Y rumm se desertó, se suicidó.

Cuando yo tenía las amenazas que me iban a detener yo hice varias cartas y le dije a mi familia, si un día no me reporto a tal hora, esas cartas las ponen en el correo, sin decir nada. Nomás van al buzón. Entonces a mí me encarcelan y a los tres días sale a la luz pública (el caso) en la revista Proceso.

Primero hicimos una estrategia de defensa, de logística. Primero, ¿con quién me estoy enfrentando? Con el Ejército y con el Estado Mexicano. Y con Salinas. Empezamos a hacer una estrategia. Empezamos a meternos a los medios. Hubo una cosa que a mí me benefició. Yo tengo muchos amigos de la Universidad, me conoce mucha gente. Y dijeron, ¿el profesor dónde está? Lo metieron al bote. ¿Pues qué hizo? En ese entonces estaban apenas en pañales las ONG. El que primero toma mi caso fue don Emilio Krieguer que hizo un libro en defensa de la Constitución. Le dijo a Marie Claire (Acosta), ve el caso de ese militar de qué se trata. Y todas las ONG creían que era una maniobra para infiltrar al Ejército en las ONG. Conforme fuimos avanzando se dieron cuenta que no era eso. Y dijeron, ¿oye, en dónde está soportada tu tesis? En una tesis de maestría y aquí está.

– Se dice que usted era muy ordenado …

– Guardé todo. Mi abogado me decía oye, necesito este papelito. … Y me decía, no puede ser que tengas eso. Tengo la credencial de cuando fui a hacer el examen de ingreso. Todos los trámites de la Universidad. Tengo todo.

–¿Por qué contra usted?

– ¿Por qué hay ese encono conmigo? Primero porque yo traía pleitos con el secretario de la Defensa (Rivielo Bazán) desde que era cadete. Él nos robó nuestros anuarios, nuestros años de graduación, nos cobró por los exámenes. Seguimos caminando y tuvimos confrontaciones cuando él era general y yo era teniente coronel. Una vez me llamó a su oficina y me leyó la cartilla. Me dijo (al referirse a su tesis) no es tuyo. Y le dije: no mi General. Esa tesis es un trabajo de muchos años. Yo tengo años buscando cómo podemos reformar al Ejército. Me dijo: ¿Entonces no la retira? Respondí: No la retiro. De ahí me fui a la cárcel.

Y dije, se le va a pasar el coraje. Fue un berrinche que luego se hizo grande. Me decían, no te pelees con el Secretario, dile que te perdone y ahorita te deja ir. Mira, mándale una carta. No. No firmo nada. A mí no me tiene que perdonar de nada.

En 2018 quieren dar más a Semar, Sedena, SRE, Segob, INE, diputados, senadores… y para la salud, 0.09%



(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ SEPTIEMBRE 18, 2017, 12:05 AM)

TRANSMISIÓN ESPECIAL: SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017

(AR

(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCION AN/ 19 DE SEPTIEMBRE 2017)

ASÍ FUE LA INTOXICACIÓN POR NARCORREFRESCOS EN BAJA CALIFORNIA (VIDEO)


El reportero Víctor Hugo Arteaga informa sobre las investigaciones que se están llevando a cabo por la intoxicación que tuvieron algunos consumidores del refresco 7UP.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ Redacción AN/ 19 DE SEPTIEMBRE 2017)

domingo, 17 de septiembre de 2017

POR LA VIOLENCIA, GUANAJUATO IMPONE MANDO MILITAR


En el tramo final de su sexenio y a unos meses de las elecciones, el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez implantó en la entidad el Mando Único Militar. Lo obligaron el implacable avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación y la violencia por el negocio del robo y trasiego de hidrocarburos, que ha cobrado cientos de vidas en lo que va del año. Sin embargo, el ex procurador guanajuatense Juan Manuel Alcántara también responsabiliza del auge del crimen organizado a las omisiones del gobierno federal y los inoperantes encargados de las corporaciones locales.

IRAPUATO, Gto. (proceso.com.mx).- El gobierno estatal abrió la puerta a la militarización de la seguridad: por primera vez, operará en la entidad un mando único coordinado por el Ejército. El jueves 14, dos días después de la más reciente ejecución múltiple en un bar de Irapuato y luego de consecutivos ataques contra policías en varios municipios, el gobierno del estado presentó el esquema al que se supeditarán por lo pronto cuatro municipios de las regiones Sur y Laja Bajío, asolados por el robo y trasiego de hidrocarburos.

Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Salamanca (este último, sede de la Refinería de Pemex Ing. Antonio M. Amor) acordaron formalizar la entrega del mando de policía a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al Ejército.

Al frente del Mando Único estará el general Juan Manuel Díaz Organitos, quien el 8 de agosto asumió la comandancia de la XVI Zona Militar procedente de la Comarca Lagunera, donde estuvo al frente del Mando Especial durante poco más de año y medio.

Los cuatro municipios fueron visitados por una comitiva en la que se incluyó al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera (antes titular de la procuraduría estatal de derechos humanos), al propio general Díaz Organitos y al secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, quien explicó que en el Grupo de Coordinación Guanajuato se determinó que las acciones operativas de los diferentes cuerpos de seguridad sean lideradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, además de dictar las políticas públicas que seguirán las autoridades federales, estatales y municipales en la materia.

“El mando lo tendrá, como corporación, la Secretaría de Seguridad”, dijo Cabeza de Vaca, quien luego explicó que el modelo de Mando Único tendrá una variante: “En los acuerdos del gobernador con el Grupo de Coordinación se determinó que estarán efectivos de la fuerza estatal y municipal, comandados en una estrategia o liderazgo por mi general Juan Manuel Díaz Organitos o por el Ejército a través de él”.

El secretario aprovechó estas presentaciones para ofrecer como resultado del nuevo esquema “mejores condiciones de tranquilidad, de paz, que fomenten la libre convivencia”. Pero también hizo una invitación a utilizar el número 089 de denuncia anónima en estos términos: “Sabemos en Seguridad Pública que la población es nuestra guía, nuestro faro, nuestra luz; es la que nos puede estar indicando de situaciones relacionadas a delincuencia, a faltas administrativas, actividades sospechosas, para poderlas verificar”.

Con el séptimo lugar en la estadística nacional en homicidios dolosos en los primeros siete meses del año, Guanajuato escaló todos los lugares posibles y en el último reporte mensual quedó en la cima en cuanto a ejecuciones.

La percepción ciudadana sobre la violencia y la inseguridad tampoco ha dejado de incrementarse. En la encuesta de seguridad pública urbana más reciente, presentada en junio pasado, 78% de los habitantes de León (la ciudad más poblada del estado) dijo sentirse inseguro; es un porcentaje cuatro puntos mayor que la media nacional.

“La situación actual del estado es crítica y tenderá a ser aún más dolorosa para la población en las próximas semanas o meses… porque la federación no tiene entre sus prioridades que Guanajuato sea seguro, y por la incapacidad de las policías preventivas municipales y las fuerzas reactivas estatales y ministeriales”, dice en entrevista el exprocurador estatal y exsecretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, quien horas antes había exigido públicamente la renuncia del procurador guanajuatense, Carlos Zamarripa Aguirre.

Frente a la decisión de dejar en manos de los militares la estrategia y la coordinación operativa en la región Sur de Guanajuato, Alcántara Soria habla de ineficiencia, falta de profesionalización y corrupción en la Secretaría de Seguridad y la procuraduría estatales:

“En este momento los alcaldes y el estado no tienen con qué. Hay que partir de un sano realismo, no del cinismo, y decir que de manera subsidiaria y con la debilidad legal de que el Ejército entre a realizar las tareas de civiles, hay un bien mayor a cuidar: la integridad de los guanajuatenses ante el riesgo creciente. Eso es lo que justifica, aun en el derecho internacional, que el Ejército asuma el mando de la seguridad”.

Pero esta intervención tendrá que ser excepcional y limitada en tiempo, aclara, bajo un plan que determine plazos y zonas para la actuación de los militares, dadas las experiencias ya vividas en otras regiones del país:

“No es posible jurídica ni políticamente que se queden por tiempo indefinido y eso lo tendrán que saber bien el gobierno estatal y los municipios para trabajar hasta tener una policía acreditable, lo que podría lograrse en no menos de tres años. Y el Ejército se irá cuando tenga que irse.

“Esto debería de venir acompañado de una sanción política a quienes no supieron cumplir con una atribución legal y social que tienen”, dice el ex procurador, quien apunta a los tres niveles de gobierno.

HUACHICOL DESBORDADO

El robo de combustible “es un problema que nos ha generado cada vez más violencia y es el tema número uno que tenemos en varios municipios, principalmente de la Región Laja-Bajío: el delito no es combatido a la misma velocidad con la que crece; tendríamos que hacerlo de una forma más eficaz y a una mayor velocidad”, reconoce a su vez Zamarripa.

Los denominados “chupaductos” para la extracción ilegal de combustible se han encontrado disimulados en casas vecinas a gasolineras, bajo bodegas, en lechos de ríos, a unos metros de la refinería de Salamanca e incluso en planteles escolares.

“Tenemos un problema grave allí con este tema –comenta el procurador–, ha sido muy complicado a nivel de campo, tendríamos que actuar con una mayor velocidad para estar bloqueando esta tomas que se han detectado y se han reabierto ‘ene’ número de veces. Si tuviéramos una actuación más rápida y eficaz de Petróleos Mexicanos” la situación sería distinta.

Zamarripa se refiere a la falta de cooperación de los directivos de Pemex para actuar en el interior del sindicato y de las instalaciones a fin de investigar y proceder penalmente contra los trabajadores cómplices de este delito (Proceso 2115).

E insiste: “Tendríamos que tener muchos policías a lo largo de todos los ductos para impedir cualquier sustracción ilegal, cuando podríamos tener a alguien confiable vigilando la baja de presión de los ductos (dentro de la paraestatal) para actuar”.

A principios de julio, el gobernador Miguel Márquez Márquez tronó contra la empresa productiva del Estado después de que su director general, José Antonio González Anaya, dejó esperando al mandatario y al Grupo de Coordinación Guanajuato en una reunión en la que ellos le presentarían una campaña dirigida a disuadir el robo de combustible. “El principal responsable es Pemex, es el que debería de estar aquí”, reclamó. González Anaya visitó la entidad semanas después.

Para Alcántara Soria, “el huachicoleo siempre ha existido en Guanajuato y particularmente en Salamanca. Todo mundo sabe que desde adentro del sindicato y de la refinería todo mundo ha lucrado con el combustible.

“Pero el problema se agravó cuando la delincuencia organizada constató las omisiones de vigilancia en los ductos del país y buscó aliarse con grupos locales que han vivido del huachicoleo. Donde no han podido aliarse, hay una disputa abierta por el control de esta actividad muy lucrativa, una de las explicaciones de por qué la violencia en Guanajuato se ha elevado exponencialmente y se constata el incremento de los homicidios dolosos”.

El exsecretario ejecutivo del SNSP afirma que “la autoridad federal ha sido omisa ante la presencia de los dos grupos delictivos importantes en la entidad: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con un dominio pleno por la vecindad con Jalisco, está presente en León, San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado, Cuerámaro y Comonfort; mientras que Los Zetas asentados en Zacatecas tienen su ruta a Lázaro Cárdenas: San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Celaya, los Apaseos y el sur hasta Acámbaro.

“Esta omisión federal es la primera condición que favorece el crecimiento de la inseguridad en el estado”.

Después de la presentación del informe de acciones del gobierno federal en la entidad, a cargo del delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuet, Alcántara Soria reclamó la total omisión del tema de seguridad en el evento, al que asistieron una veintena de empresarios y políticos irapuatenses, incluidos varios ex alcaldes.

Aguirre Vizzuet argumentó “instrucciones superiores” de pasar por alto el tema “mientras el gobernador no asuma públicamente que es el responsable de la seguridad en el estado”.

La respuesta de Alcántara Soria fue: “Como si el presidente Peña Nieto hubiera salido públicamente a asumirse como el responsable de la seguridad del país”.

En la entrevista agrega que esa no es la única omisión, pues falta “un verdadero plan de prevención de la violencia en el estado. No hay una referencia científica seria para conocer cómo se está previniendo el delito en Guanajuato. Tenemos la estadística de incidencia delictiva del SNSP, que nos arroja que Guanajuato en los últimos meses viene incrementando su nivel de violencia y delincuencia, y dejó totalmente reprobados, desfasados e inútiles los temas de prevención”.

Y aunque celebra el arranque de operaciones del cuartel de la Policía Militar, anunciada para diciembre próximo en la Zona Militar de Irapuato, pone bajo sospecha el modelo de prevención vigente:

“En el estado, la prevención que escogió Álvar Cabeza de Vaca es la situacional, a través del sistema de videovigilancia con el multimillonario Programa Escudo, que no ha evidenciado el costo-beneficio para Guanajuato y que, dicen las malas lenguas, le dejó una muy buena comisión al compadre del gobernador”.

El ex procurador alude así al empresario Rafael Gallo Barba, promotor financiero de la campaña de Márquez para la gubernatura, a quien en los círculos políticos locales se le atribuyen negocios al amparo de su cercanía con el mandatario.

POLICÍAS Y CIUDADANOS INERMES

Los miles de millones de pesos asignados a las dependencias estatales de seguridad para implantar programas como el mencionado Escudo, han servido de muy poco para hacer de Guanajuato una entidad segura. Al menos 30 policías municipales y ministeriales han resultado heridos o asesinados en ataques directos desde el pasado enero.

Los jefes de policía de Apaseo el Grande y Celaya, así como el jefe de turno en Valle de Santiago figuran entre las víctimas.

Uniformados de varias corporaciones municipales comenzaron a renunciar en masa, incluyendo los de Salamanca, donde tres policías fueron levantados y obligados a declarar en un video la supuesta complicidad de comandantes y colegas que trabajan para el crimen organizado.

Este es otro motivo para que las corporaciones municipales se integraran en el esquema del Mando Único. En el sur de la entidad se ven en anuncios espectaculares y mantas en los semáforos las convocatorias para ingresar a las policías, que no llenan sus vacantes. Son demasiados peligros por poco sueldo.

Es el caso de Irapuato, donde los uniformados ganan 13 mil pesos mensuales, o de Apaseo el Alto, recién incorporado al Mando Único Militar y cuyo alcalde, Miguel Ángel Sánchez Escutia, confiesa a la reportera que no tiene capacidad económica para pagar más de 7 mil 500 pesos a un patrullero.

El funcionario agrega que hace poco se convocó a compañías aseguradoras a concursar por un contrato de seguro de vida para los policías preventivos, pero el proceso se declaró desierto. “Eso lo vimos en otros municipios; ninguna empresa le quiso entrar. Y eso que un seguro para policías municipales no rebasa los 50 mil pesos”.

En Apaseo el Alto el crimen organizado ha cometido decenas de asesinatos pese a que, en enero de 2016, meses después de iniciar su trienio, el alcalde Sánchez Escutia solicitó su integración al Mando Único estatal, por lo que un comisionado de las Fuerzas de Seguridad Pública se quedó al frente de la policía municipal.

No obstante, admite: “Definitivamente no ha sido suficiente, no podemos tapar el sol con un dedo”. Para él, la incidencia delictiva en su municipio “es parte de un problema nacional”.

El gobernador también ha adjudicado el complicado entorno de seguridad del estado a “una emergencia nacional” y a otro factor, en el que ha insistido sistemáticamente: “Hay una puerta giratoria por la que entran los delincuentes y salen de los juzgados”, ha señalado.

Sobre esa problemática, el gobernador atribuye la impunidad a la laxitud de los jueces, particularmente en el nuevo sistema penal acusatorio, y a la posibilidad de que los detenidos por el uso o posesión de armas de uso exclusivo del Ejército enfrenten sus procesos en libertad. De hecho, Márquez ha impulsado una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de eliminar esa flexibilidad y los detenidos se queden en prisión preventiva.

Al respecto, Alcántara Soria sostiene: “Si se detiene a los autores intelectuales de los delitos, para ellos no hay libertad provisional, pero nadie toca a los líderes, a las cabecillas; las unidades de medidas cautelares no sirven para revisar la reincidencia; los jueces llegan sin elementos suficientes para actuar, todo en perjuicio de las víctimas de los delitos”.

Así, concluye Alcántara, en Guanajuato “vamos sin carta de navegación en aguas turbulentas, con una tripulación comprobadamente incompetente para que nos lleven a puerto seguro en el tema de seguridad”.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ VERÓNICA ESPINOSA/ 16 SEPTIEMBRE, 2017)

ATAQUE ARMADO DEJA TRES LESIONADOS EN LA COLONIA REFORMA


FOTOS: CORTESÍA

Tres personas resultaron lesionadas cuando a su domicilio arribaron hombres armados y les dispararon, la tarde de este sábado 16 de septiembre.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando se reportó que al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Díaz Mirón en la colonia Reforma, de la Delegación Sánchez Tabaoda, tres sujetos había sido heridos de bala.

Agentes municipales, socorristas de Cruz Roja y elementos de Bomberos arribaron a dicho domicilio y atendieron a dos lesionados de gravedad, uno más salió por su propio pie.

Los heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios de la localidad. Se desconoce su estado de salud.

De los presuntos responsables nada se sabe.



(SEMANARIO ZETA/DESTACADOS  ZETA /SÁBADO, 16 SEPTIEMBRE, 2017 07:27 PM)

DECAPITAN A MUJER EN ENSENADA


Foto: cortesía

Una mujer al parecer de la tercera edad fue localizada decapitada dentro de su vivienda ubicada en el Ex Ejido Ruíz Cortínez la tarde del sábado en la zona urbana de Ensenada.

Aunque aún no hay información oficial, los vecinos del lugar fueron los que reportaron el hallazgo ya que desde la calle Geranios se podía ver el cadáver de la víctima. La humilde casa tiene un cerco de alambre y tablones.

La zona fue acordonada por agentes municipales, mientras que la Policía Ministerial se hace cargo de la investigación. Al sitio arribó personal de servicios periciales para proceder a recopilar evidencias mientras que el Servicio Médico Forense (Semefo) levantó el cuerpo.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  LORENA LAMAS/ DOMINGO, 17 SEPTIEMBRE, 2017, 08:18 AM)

OTRA MATANZA, AHORA EN GUERRERO: AL MENOS 9 MUERTOS EN COMBATE ENTRE CIVILES Y MILITARES


El municipio de Teloloapan colinda con la región de Tierra Caliente de Guerrero, una de las regiones más violentas de este estado.

Sobre la vía a esta localidad permanece instalada la Policía Comunitaria Tecampanera, formada por habitantes de la región para impedir el acceso del grupo delictivo La Familia Michoacana.

La FOTO de jóvenes asesinados en Guerrero se vuelve botón de la tragedia que vive México



México, 17 sep (EFE).- Un choque entre militares y civiles armados dejó nueve muertos, entre ellos un soldado, en el municipio de Teloloapan, en el sureño estado mexicano de Guerrero, informaron hoy a Efe las autoridades estatales.

El portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, indicó que los militares llevaban a cabo un recorrido de reconocimiento en la comunidad de Pachivia la noche del sábado, cuando fueron atacados por un grupo armado.

De acuerdo con la información oficial, los civiles armados portaban uniformes y vehículos falsos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El portavoz de Seguridad dijo que los soldados lograron repeler la agresión y en el enfrentamiento murieron ocho atacantes.

Además, un militar resultó herido y falleció posteriormente por la gravedad de las lesiones.

“En el lugar fueron aseguradas (decomisadas) dos camionetas con camuflaje, armamento y uniformes que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”, señaló.

Por la noche, el lugar del suceso quedó acordonado por militares y este domingo la Fiscalía General del Estado (FGE) integró una carpeta de investigación y realizó las diligencias correspondientes.

El municipio de Teloloapan colinda con la región de Tierra Caliente de Guerrero, una de las regiones más violentas de este estado.

Sobre la vía a esta localidad permanece instalada la Policía Comunitaria Tecampanera, formada por habitantes de la región para impedir el acceso del grupo delictivo La Familia Michoacana.

Este grupo de autodefensas se formó en enero de 2016 ante el incremento en los secuestros, extorsiones y asesinatos.

Sin embargo la Tecampanera ha sido señalada por el Gobierno de Guerrero de operar al margen de la ley y de estar bajo las ordenes de grupos delictivos.

Alcalde perredista de Teloloapan, Guerrero, huye junto a su familia tras recibir amenazas de muerte




(SIN EMBARGO/ EFE/ SEPTIEMBRE 17, 2017, 6:22 PM)