En el tramo final de su sexenio y a unos meses de las
elecciones, el gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez implantó en la
entidad el Mando Único Militar. Lo obligaron el implacable avance del Cártel de
Jalisco Nueva Generación y la violencia por el negocio del robo y trasiego de
hidrocarburos, que ha cobrado cientos de vidas en lo que va del año. Sin
embargo, el ex procurador guanajuatense Juan Manuel Alcántara también
responsabiliza del auge del crimen organizado a las omisiones del gobierno federal
y los inoperantes encargados de las corporaciones locales.
IRAPUATO, Gto.
(proceso.com.mx).- El gobierno estatal abrió la puerta a la militarización de
la seguridad: por primera vez, operará en la entidad un mando único coordinado
por el Ejército. El jueves 14, dos días después de la más reciente ejecución
múltiple en un bar de Irapuato y luego de consecutivos ataques contra policías
en varios municipios, el gobierno del estado presentó el esquema al que se
supeditarán por lo pronto cuatro municipios de las regiones Sur y Laja Bajío,
asolados por el robo y trasiego de hidrocarburos.
Apaseo el Alto, Coroneo,
Jerécuaro y Salamanca (este último, sede de la Refinería de Pemex Ing. Antonio
M. Amor) acordaron formalizar la entrega del mando de policía a la Secretaría
de Seguridad Pública estatal y al Ejército.
Al frente del Mando Único
estará el general Juan Manuel Díaz Organitos, quien el 8 de agosto asumió la
comandancia de la XVI Zona Militar procedente de la Comarca Lagunera, donde
estuvo al frente del Mando Especial durante poco más de año y medio.
Los cuatro municipios fueron
visitados por una comitiva en la que se incluyó al secretario de Gobierno,
Gustavo Rodríguez Junquera (antes titular de la procuraduría estatal de
derechos humanos), al propio general Díaz Organitos y al secretario de
Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, quien explicó que en
el Grupo de Coordinación Guanajuato se determinó que las acciones operativas de
los diferentes cuerpos de seguridad sean lideradas por la Secretaría de la Defensa
Nacional, además de dictar las políticas públicas que seguirán las autoridades
federales, estatales y municipales en la materia.
“El mando lo tendrá, como
corporación, la Secretaría de Seguridad”, dijo Cabeza de Vaca, quien luego
explicó que el modelo de Mando Único tendrá una variante: “En los acuerdos del
gobernador con el Grupo de Coordinación se determinó que estarán efectivos de
la fuerza estatal y municipal, comandados en una estrategia o liderazgo por mi
general Juan Manuel Díaz Organitos o por el Ejército a través de él”.
El secretario aprovechó estas
presentaciones para ofrecer como resultado del nuevo esquema “mejores
condiciones de tranquilidad, de paz, que fomenten la libre convivencia”. Pero
también hizo una invitación a utilizar el número 089 de denuncia anónima en
estos términos: “Sabemos en Seguridad Pública que la población es nuestra guía,
nuestro faro, nuestra luz; es la que nos puede estar indicando de situaciones
relacionadas a delincuencia, a faltas administrativas, actividades sospechosas,
para poderlas verificar”.
Con el séptimo lugar en la
estadística nacional en homicidios dolosos en los primeros siete meses del año,
Guanajuato escaló todos los lugares posibles y en el último reporte mensual
quedó en la cima en cuanto a ejecuciones.
La percepción ciudadana sobre
la violencia y la inseguridad tampoco ha dejado de incrementarse. En la
encuesta de seguridad pública urbana más reciente, presentada en junio pasado,
78% de los habitantes de León (la ciudad más poblada del estado) dijo sentirse
inseguro; es un porcentaje cuatro puntos mayor que la media nacional.
“La situación actual del
estado es crítica y tenderá a ser aún más dolorosa para la población en las
próximas semanas o meses… porque la federación no tiene entre sus prioridades
que Guanajuato sea seguro, y por la incapacidad de las policías preventivas
municipales y las fuerzas reactivas estatales y ministeriales”, dice en
entrevista el exprocurador estatal y exsecretario del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, quien horas antes había exigido
públicamente la renuncia del procurador guanajuatense, Carlos Zamarripa
Aguirre.
Frente a la decisión de dejar
en manos de los militares la estrategia y la coordinación operativa en la
región Sur de Guanajuato, Alcántara Soria habla de ineficiencia, falta de
profesionalización y corrupción en la Secretaría de Seguridad y la procuraduría
estatales:
“En este momento los alcaldes
y el estado no tienen con qué. Hay que partir de un sano realismo, no del
cinismo, y decir que de manera subsidiaria y con la debilidad legal de que el
Ejército entre a realizar las tareas de civiles, hay un bien mayor a cuidar: la
integridad de los guanajuatenses ante el riesgo creciente. Eso es lo que
justifica, aun en el derecho internacional, que el Ejército asuma el mando de
la seguridad”.
Pero esta intervención tendrá
que ser excepcional y limitada en tiempo, aclara, bajo un plan que determine
plazos y zonas para la actuación de los militares, dadas las experiencias ya
vividas en otras regiones del país:
“No es posible jurídica ni
políticamente que se queden por tiempo indefinido y eso lo tendrán que saber bien
el gobierno estatal y los municipios para trabajar hasta tener una policía
acreditable, lo que podría lograrse en no menos de tres años. Y el Ejército se
irá cuando tenga que irse.
“Esto debería de venir
acompañado de una sanción política a quienes no supieron cumplir con una
atribución legal y social que tienen”, dice el ex procurador, quien apunta a
los tres niveles de gobierno.
HUACHICOL DESBORDADO
El robo de combustible “es un
problema que nos ha generado cada vez más violencia y es el tema número uno que
tenemos en varios municipios, principalmente de la Región Laja-Bajío: el delito
no es combatido a la misma velocidad con la que crece; tendríamos que hacerlo
de una forma más eficaz y a una mayor velocidad”, reconoce a su vez Zamarripa.
Los denominados “chupaductos”
para la extracción ilegal de combustible se han encontrado disimulados en casas
vecinas a gasolineras, bajo bodegas, en lechos de ríos, a unos metros de la
refinería de Salamanca e incluso en planteles escolares.
“Tenemos un problema grave
allí con este tema –comenta el procurador–, ha sido muy complicado a nivel de
campo, tendríamos que actuar con una mayor velocidad para estar bloqueando esta
tomas que se han detectado y se han reabierto ‘ene’ número de veces. Si
tuviéramos una actuación más rápida y eficaz de Petróleos Mexicanos” la
situación sería distinta.
Zamarripa se refiere a la
falta de cooperación de los directivos de Pemex para actuar en el interior del
sindicato y de las instalaciones a fin de investigar y proceder penalmente
contra los trabajadores cómplices de este delito (Proceso 2115).
E insiste: “Tendríamos que
tener muchos policías a lo largo de todos los ductos para impedir cualquier
sustracción ilegal, cuando podríamos tener a alguien confiable vigilando la
baja de presión de los ductos (dentro de la paraestatal) para actuar”.
A principios de julio, el
gobernador Miguel Márquez Márquez tronó contra la empresa productiva del Estado
después de que su director general, José Antonio González Anaya, dejó esperando
al mandatario y al Grupo de Coordinación Guanajuato en una reunión en la que
ellos le presentarían una campaña dirigida a disuadir el robo de combustible.
“El principal responsable es Pemex, es el que debería de estar aquí”, reclamó.
González Anaya visitó la entidad semanas después.
Para Alcántara Soria, “el
huachicoleo siempre ha existido en Guanajuato y particularmente en Salamanca.
Todo mundo sabe que desde adentro del sindicato y de la refinería todo mundo ha
lucrado con el combustible.
“Pero el problema se agravó
cuando la delincuencia organizada constató las omisiones de vigilancia en los
ductos del país y buscó aliarse con grupos locales que han vivido del
huachicoleo. Donde no han podido aliarse, hay una disputa abierta por el
control de esta actividad muy lucrativa, una de las explicaciones de por qué la
violencia en Guanajuato se ha elevado exponencialmente y se constata el
incremento de los homicidios dolosos”.
El exsecretario ejecutivo del
SNSP afirma que “la autoridad federal ha sido omisa ante la presencia de los
dos grupos delictivos importantes en la entidad: el Cártel de Jalisco Nueva
Generación, con un dominio pleno por la vecindad con Jalisco, está presente en
León, San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado, Cuerámaro y
Comonfort; mientras que Los Zetas asentados en Zacatecas tienen su ruta a
Lázaro Cárdenas: San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Celaya, los Apaseos
y el sur hasta Acámbaro.
“Esta omisión federal es la
primera condición que favorece el crecimiento de la inseguridad en el estado”.
Después de la presentación
del informe de acciones del gobierno federal en la entidad, a cargo del
delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuet, Alcántara
Soria reclamó la total omisión del tema de seguridad en el evento, al que
asistieron una veintena de empresarios y políticos irapuatenses, incluidos
varios ex alcaldes.
Aguirre Vizzuet argumentó
“instrucciones superiores” de pasar por alto el tema “mientras el gobernador no
asuma públicamente que es el responsable de la seguridad en el estado”.
La respuesta de Alcántara
Soria fue: “Como si el presidente Peña Nieto hubiera salido públicamente a
asumirse como el responsable de la seguridad del país”.
En la entrevista agrega que
esa no es la única omisión, pues falta “un verdadero plan de prevención de la
violencia en el estado. No hay una referencia científica seria para conocer
cómo se está previniendo el delito en Guanajuato. Tenemos la estadística de
incidencia delictiva del SNSP, que nos arroja que Guanajuato en los últimos
meses viene incrementando su nivel de violencia y delincuencia, y dejó
totalmente reprobados, desfasados e inútiles los temas de prevención”.
Y aunque celebra el arranque
de operaciones del cuartel de la Policía Militar, anunciada para diciembre
próximo en la Zona Militar de Irapuato, pone bajo sospecha el modelo de
prevención vigente:
“En el estado, la prevención
que escogió Álvar Cabeza de Vaca es la situacional, a través del sistema de
videovigilancia con el multimillonario Programa Escudo, que no ha evidenciado
el costo-beneficio para Guanajuato y que, dicen las malas lenguas, le dejó una
muy buena comisión al compadre del gobernador”.
El ex procurador alude así al
empresario Rafael Gallo Barba, promotor financiero de la campaña de Márquez
para la gubernatura, a quien en los círculos políticos locales se le atribuyen
negocios al amparo de su cercanía con el mandatario.
POLICÍAS Y CIUDADANOS INERMES
Los miles de millones de
pesos asignados a las dependencias estatales de seguridad para implantar
programas como el mencionado Escudo, han servido de muy poco para hacer de
Guanajuato una entidad segura. Al menos 30 policías municipales y ministeriales
han resultado heridos o asesinados en ataques directos desde el pasado enero.
Los jefes de policía de
Apaseo el Grande y Celaya, así como el jefe de turno en Valle de Santiago
figuran entre las víctimas.
Uniformados de varias
corporaciones municipales comenzaron a renunciar en masa, incluyendo los de
Salamanca, donde tres policías fueron levantados y obligados a declarar en un
video la supuesta complicidad de comandantes y colegas que trabajan para el
crimen organizado.
Este es otro motivo para que
las corporaciones municipales se integraran en el esquema del Mando Único. En
el sur de la entidad se ven en anuncios espectaculares y mantas en los
semáforos las convocatorias para ingresar a las policías, que no llenan sus
vacantes. Son demasiados peligros por poco sueldo.
Es el caso de Irapuato, donde
los uniformados ganan 13 mil pesos mensuales, o de Apaseo el Alto, recién
incorporado al Mando Único Militar y cuyo alcalde, Miguel Ángel Sánchez
Escutia, confiesa a la reportera que no tiene capacidad económica para pagar
más de 7 mil 500 pesos a un patrullero.
El funcionario agrega que
hace poco se convocó a compañías aseguradoras a concursar por un contrato de
seguro de vida para los policías preventivos, pero el proceso se declaró
desierto. “Eso lo vimos en otros municipios; ninguna empresa le quiso entrar. Y
eso que un seguro para policías municipales no rebasa los 50 mil pesos”.
En Apaseo el Alto el crimen
organizado ha cometido decenas de asesinatos pese a que, en enero de 2016,
meses después de iniciar su trienio, el alcalde Sánchez Escutia solicitó su
integración al Mando Único estatal, por lo que un comisionado de las Fuerzas de
Seguridad Pública se quedó al frente de la policía municipal.
No obstante, admite:
“Definitivamente no ha sido suficiente, no podemos tapar el sol con un dedo”.
Para él, la incidencia delictiva en su municipio “es parte de un problema
nacional”.
El gobernador también ha
adjudicado el complicado entorno de seguridad del estado a “una emergencia
nacional” y a otro factor, en el que ha insistido sistemáticamente: “Hay una
puerta giratoria por la que entran los delincuentes y salen de los juzgados”,
ha señalado.
Sobre esa problemática, el
gobernador atribuye la impunidad a la laxitud de los jueces, particularmente en
el nuevo sistema penal acusatorio, y a la posibilidad de que los detenidos por
el uso o posesión de armas de uso exclusivo del Ejército enfrenten sus procesos
en libertad. De hecho, Márquez ha impulsado una reforma al Código Nacional de
Procedimientos Penales a fin de eliminar esa flexibilidad y los detenidos se
queden en prisión preventiva.
Al respecto, Alcántara Soria
sostiene: “Si se detiene a los autores intelectuales de los delitos, para ellos
no hay libertad provisional, pero nadie toca a los líderes, a las cabecillas;
las unidades de medidas cautelares no sirven para revisar la reincidencia; los
jueces llegan sin elementos suficientes para actuar, todo en perjuicio de las
víctimas de los delitos”.
Así, concluye Alcántara, en
Guanajuato “vamos sin carta de navegación en aguas turbulentas, con una
tripulación comprobadamente incompetente para que nos lleven a puerto seguro en
el tema de seguridad”.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ VERÓNICA ESPINOSA/ 16
SEPTIEMBRE, 2017)
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