El gobierno de Estados Unidos tardó más
de 20 años en armar el expediente delictivo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo,
y fue en 2009 cuando el Departamento de Justicia presentó por primera vez
cargos contra el narcotraficante mexicano. En esa investigación, cuyas partes
medulares fueron consultadas por Proceso, se consigna de manera explícita una
constante: la protección que las autoridades de todos los niveles en México le
dispensaron al capo, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera
de un penal de máxima seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Joaquín Guzmán Loera llegó a ser el narcotraficante más importante en tiempos
recientes gracias a la protección de las autoridades mexicanas de todos
niveles, sobre todo después de su fuga del penal de máxima seguridad de Puente
Grande, Jalisco, en enero de 2001.
Pagó millones de dólares por
su protección, armó un ejército particular y confrontó con violencia extrema a
sus enemigos para hacer del Cártel de Sinaloa una de las organizaciones
delictivas más grandes y prolíficas del mundo.
Movilizó por lo menos 200 mil
kilos de cocaína y obtuvo ganancias por 14 mil millones de dólares porque llegó
a tener el control de la mayoría de la cocaína que se transportaba y distribuía
en el Continente Americano, desde los países del sur hasta Canadá. Su operación
se extendió hacia África y Asia, incluidas China e India, como proveedores de
precursores químicos para las drogas de diseño.
En un cuarto de siglo, pasó
de ser un eficiente operador para mover droga desde Colombia a Estados Unidos a
liderar “una empresa de continua actividad delictiva” responsable de fabricar y
distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana destinadas
principalmente a ese país.
Considerado por algunos en
Sinaloa como un moderno Robin Hood, Joaquín El Chapo Guzmán, de 59 años, además
de sus guardias armadas acostumbraba cargar un fusil AK-47 o cuerno de chivo de
plata y una pistola calibre .45 milímetros de oro con incrustaciones de
diamantes. Sus dos escapatorias de penales de máxima seguridad en México –la
primera en enero de 2001; la segunda en julio de 2015–, su capacidad económica
de corrupción y los grupos de fuerza que desarrolló lo convierten en uno de los
narcotraficantes más peligrosos.
Tal es el perfil delictivo
del Chapo Guzmán que el gobierno estadunidense presentó ante la Corte federal
del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el viernes 20, un día después de
que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo extraditara, a unas horas de la
llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
EL TRASLADO A NUEVA YORK
Joaquín Guzmán Loera fue
entregado la tarde del jueves 19 después de un rápido movimiento de los
tribunales en México. En menos de 24 horas, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de
México negaron y dieron por concluidos los dos amparos que tenían detenida su
extradición, autorizada por el gobierno de Peña Nieto desde mayo del año
pasado.
El Chapo fue sacado del
Centro Federal de Readaptación Social número 9, una cárcel de alta seguridad en
el desierto de Ciudad Juárez, y entregado a la Procuraduría General de la
República (PGR). Los agentes de la procuraduría de inmediato lo pusieron en
manos de sus pares estadunidenses, quienes lo trasladaron a la prisión de
supermáxima seguridad en Nueva York.
Cuando fue presentado ante la
Corte federal de Brooklyn, el Departamento de Justicia le hizo saber los 17
cargos que hay en su contra, entre ellos tráfico de cocaína, heroína,
metanfetaminas y mariguana, conspiración, uso ilegal de armas, homicidio y
lavado de dinero.
Por todos esos ilícitos, la
fiscalía pide cadena perpetua, luego de que el Departamento de Estado, en su
solicitud de extradición, se comprometió con el gobierno de México a no
aplicarle la pena de muerte, aun cuando fuera condenado a ella.
La pretensión de la justicia
estadunidense, que refiere casi 40 años de actividad delictiva, contrastan con
lo ocurrido en México, donde Guzmán no ha podido ser sentenciado por
narcotráfico, a pesar de las acusaciones que le ha hecho desde los años
noventa.
En más de 20 procesos que se
le han abierto desde entonces por homicidio, producción y tráfico de mariguana
y cocaína, y otros delitos contra la salud, ha salido absuelto, sin contar los
10 que actualmente se siguen en su contra. De acuerdo con su historial
judicial, la justicia mexicana no ha podido declarar a Guzmán Loera como
narcotraficante (Proceso 2052).
El capo enfrenta seis
procesos en Estados Unidos en cortes federales de Nueva York, Nueva Jersey,
Illinois, Texas y California. Sólo estas dos últimas pidieron a México su
extradición. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la concedió y tuvo el
aval del Poder Judicial de la Federación.
Su defensa se concentró en
esas dos peticiones, pero la SRE acordó con Estados Unidos extraditarlo por
nuevos cargos en otras jurisdicciones a condición de no ser condenado a muerte
o, en su caso, a que esa pena no se ejecute.
En su sesión privada del
miércoles 18, ninguno de los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN hizo
suya la petición del abogado del Chapo, José Refugio Rodríguez, para que
revisaran la negativa de amparo decidida por un juez de primera instancia.
Los ministros consideraron
que no había ninguna violación constitucional en la extradición y decidieron
que los expedientes pasaran al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la
Ciudad de México para que éste resolviera en definitiva. La determinación de
los ministros no fue comunicada oficialmente por la Suprema Corte, pero se
conoció en el máximo tribunal y la noticia se difundió.
Más tardaron los ministros en
resolver que los tres magistrados del Colegiado en confirmar por unanimidad la
extradición el jueves 19 y dar por cerrado el caso. De inmediato, El Chapo fue
sacado de la prisión de Ciudad Juárez y enviado a Nueva York.
DECLARACIÓN DE INOCENCIA
En su primera comparecencia
ante la Corte federal de Nueva York, el pasado viernes 20, El Chapo se declaró
inocente de todos los cargos. Su primera audiencia quedó programada para el
próximo 3 de febrero.
El Departamento de Justicia
presentó ante esa Corte federal los cargos desde septiembre de 2014, mientras
Guzmán estaba recluido en el penal de Almoloya, en el Estado de México, de
donde se fugó en julio de 2015.
Estados Unidos se llevó más
de 20 años para armar su expediente. Intervinieron la agencia antidrogas (DEA,
por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), el Servicio
Marshal, del Departamento de Justicia, así como el Departamento del Tesoro y la
Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), del propio
Departamento del Tesoro, y el Departamento de Seguridad Interior.
La investigación comprende de
1989 a 2014, periodo en el que, de acuerdo con los documentados presentados
ante la Corte federal, hay una constante: la protección de la autoridad en
México, en particular desde 2001, cuando se fugó por vez primera de un penal de
máxima seguridad y se encaminó a convertirse en “el narcotraficante más notorio
del mundo”.
En un memorándum que el
Departamento de Justicia presentó el viernes 20 ante la Corte para reforzar su
acusación, se asegura que Guzmán logró controlar “a funcionarios
gubernamentales corruptos de todos los niveles de México y gobiernos de otros
países a través de sobornos”.
Esos pagos le permitieron
proteger sus embarques de droga de México hacia ciudades de la frontera norte,
así como asegurar el paso de éstos cuando cruzaban a territorio de Estados
Unidos.
Para las autoridades
estadunidenses, la corrupción fue clave para solidificar su poder en México:
“Una piedra angular de su estrategia fue la corrupción en cada nivel de
gobierno: local, municipal, estatal y nacional, además de extranjeros, a quienes
les pagó para asegurar que él y el Cártel de Sinaloa tuvieran libertad de traer
toneladas de cocaína desde América del Sur y moverlas libremente a Estados
Unidos”.
Precisan que los pagos le
garantizaron, además de ese libre paso, que los miembros de su organización no
fueran detenidos y que las disputas territoriales se resolvieran a favor de la
organización que lideraba el capo sinaloense.
Dan un ejemplo: el soborno
por alrededor de 1 millón de dólares en efectivo a funcionarios encargados de
perseguirlo y, con ello, asegurar el paso libre de un cargamento a través de
México. El documento omite la fecha y los nombres de los funcionarios
involucrados, y asegura que hay testigos dispuestos a declarar sobre los pagos
de Guzmán Loera a políticos y funcionarios encargados del cumplimiento de la
ley en México para asegurar que ésta no se aplicara.
El memorándum menciona que un
ex funcionario de Ciudad Juárez podría testificar sobre el pago de “cientos de
dólares por mes” para dejar en libertad a los miembros del cártel que fueran
detenidos, liberar las rutas por donde pasaban los cargamentos de droga y dar
protección armada a los camiones cargados con droga que pasaran por esa área.
EN 2009, LOS PRIMEROS CARGOS
En el historial delictivo de
su acusado, el gobierno estadunidense le dice al juez que Guzmán comenzó desde
adolescente cultivando mariguana y amapola para la producción de heroína. “Con
el paso de los años dedicó sus esfuerzos a crecer su organización e incrementar
y mejorar el poder del Cártel de Sinaloa, a menudo a través de la tortura y el
asesinato”.
Abunda: “Como líder del
Cártel de Sinaloa, operó con impunidad en los más altos niveles del mundo del
narcotráfico mexicano, mientras aseguraba su éxito continuo y que no fuera
detenido, a través de pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales y oficiales
encargados del cumplimiento de la ley”.
Señala que aun durante sus
encarcelamientos, continuó manejando sus operaciones de narcotráfico y
exitosamente complotó para escaparse de la cárcel. Una vez libre, continuó
supervisando las actividades de su “imperio de tráfico de drogas”.
Desde 2009, cuando el
Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos contra él en Nueva
York, aseguró que junto con los otros jefes del Cártel de Sinaloa
“históricamente… aseguraron su protección política y judicial en común”.
En esa acusación, el gobierno
estadunidense se lanzó en contra del liderazgo de lo que se dio en llamar La
Federación, como se conoció a la organización sinaloense entre finales de los
años ochenta y la década pasada. Además del Chapo, incluyó a los hermanos
Arturo y Héctor Beltrán Leyva, a Ignacio Coronel Villarreal y a los hermanos
Ismael y Jesús Reynaldo Zambada García. Con excepción de Ismael, el resto están
muertos, detenidos o extraditados.
Arturo Beltrán Leyva fue
ejecutado por la Marina en 2009; Héctor está combatiendo su extradición,
autorizada en diciembre pasado; Nacho Coronel fue abatido por el Ejército en
2010, y Jesús Zambada fue extraditado a Estados Unidos en 2012.
De acuerdo con ese
expediente, La Federación operó a través de arreglos de cooperación y cercana
coordinación con los proveedores de cocaína en América del Sur. “A través de
una cadena de policías corruptos y contactos políticos, La Federación dirigió
el transporte a gran escala de narcóticos que involucraba el uso de activos de
transporte por tierra, aire y mar, embarcando múltiples toneladas de cocaína
desde América del Sur, a través de América Central y México, para finalmente
meterlas a Estados Unidos”.
Aunque a veces tenían
diferencias y los líderes peleaban entre sí, “históricamente coordinaron sus
actividades delictivas, compartieron y controlaron las rutas del narcotráfico
en México, resolvieron conflictos territoriales, minimizaron su violencia
interna y se aseguraron una protección política y judicial en común”.
Además, se valieron de
sicarios que cometieron cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos,
secuestros, torturas y cobros violentos de deudas por droga.
Esa acusación incluyó no sólo
la droga que entró a Nueva York o que fue asegurada. También abarcó los
cargamentos que fueron asegurados fuera de la jurisdicción estadunidense.
Este reportaje se publicó en la edición
2099 de la revista Proceso, del 22 de enero de 2017
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JORGE
CARRASCO ARAIZAGA/ 25 ENERO, 2017)
