viernes, 26 de febrero de 2016

CARLOS SANTAMARÍA, DE NUEVE AÑOS, CONCLUYE DIPLOMADO EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Santamaría Díaz concluyó con éxito, a sus nueve años, los tres módulos de su primer Diplomado en Bioquímica y Biología Molecular para la Industria Farmacéutica y Biotecnológica, tutelado por la Secretaría de Extensión Académica de la Facultad de Química (FQ), con excelentes calificaciones.

El pequeño que a cada clase acudió acompañado de sus padres y quien cursa el cuarto año de primaria a distancia en un programa avalado por la Comunidad Económica Europea, obtuvo 10 en el módulo 1, Estructura de Proteínas; ocho en el módulo 2, Métodos de purificación y análisis de proteínas, y nueve en el tercero, Principios de Biología Molecular y expresión de proteínas.

Apenas concluida esa meta, ya tiene otra: asistir en calidad de concurrente a la materia de Algebra Superior tres veces a la semana.

Fabián Santamaría, su padre, comentó que el Departamento de Matemáticas de la FQ le hizo una invitación para incorporarse a esa clase.


(PROCESO /REPORTAJE ESPECIAL/ LA REDACCIÓN ,   25 FEBRERO, 2016)

IGUALA: SIN VUELTA A LA HOJA


Jesús Murillo Karam lleva semanas indignado con el presidente Enrique Peña Nieto. Comenta con resentimiento con amigos comunes que lo ha traicionado y que rompió el compromiso de enviarlo como embajador a Portugal al salir de la Procuraduría General de la República. El Presidente, dice, ni siquiera le toma llamadas telefónicas. Su amigo, sugiere, lo abandonó, pero se equivoca. El Presidente está demostrando que es más amigo de sus amigos que sus amigos de él, y el exprocurador debería agradecerle que no esté sometido a ningún proceso por la controvertida investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa hace dos años, llena de evidencias cuestionadas y desmanteladas por débiles o falsas, y que está protegido por un blindaje presidencial que le permite seguir caminando por las calles, amargo, pero libre.

Murillo Karam es la contradicción del discurso que el Presidente pronunció este miércoles en Iguala, donde conmemoró el 195 aniversario de la Bandera, a unos centenares de metros de donde se secuestró a los normalistas. “Durante un año y cinco meses –dijo Peña Nieto–, el Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta”. El esfuerzo ha incluido, agregó, la colaboración con organismos de expertos internacionales, que condujo a la reapertura de líneas de investigación o abrir otras. Sin embargo, la persona clave para poder explicar todas las inconsistencias de la investigación que han derivado en confrontaciones públicas, el exprocurador, sigue en calidad de intocable.

Sus responsabilidades son amplias, como se documentó en la columna Las mentiras de Murillo, publicada el 20 de noviembre en este espacio. En ese texto se argumentó cómo el hombre de confianza del Presidente lo desinformó y llevó a tomar decisiones equivocadas, muy probablemente por su incompetencia para la tarea de la que lo hizo responsable. Con base en sus propias palabras, en esa colaboración se describieron algunas de sus pifias. Por ejemplo:

1.- Sobre la polémica “verdad histórica”, desarrollada durante una conferencia de prensa el 27 de enero de 2015, admitió: “Me equivoqué en usar esa expresión, pero es falso que alguien me haya advertido que no debía hacerlo”. Es falso. Cuando preparaba el documento que presentaría a la prensa y mencionó con su equipo de abogados que daría a conocer la “verdad histórica”, le alertaron que ese concepto era equivocado y que tenía que cambiarlo por el de la verdad legal que se tenía hasta ese momento. Murillo Karam, ojos de lumbre y voz de trueno, espetó: “No me va a venir usted a enseñar derecho”.

En ese momento dictó la famosa frase sobre el basurero de Cocula: “(Muchos) elementos aportados durante la investigación, permitieron… llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

2.- El basurero de Cocula se ha convertido en el emblema de una fallida investigación, donde al mostrar los expertos sus deficiencias han generado la sospecha de que hubo encubrimientos. Murillo Karam ni siquiera tiene claro qué es lo que sucedió, como lo muestran sus declaraciones públicas. En la última, a finales del año pasado, aseguró que fue uno de los padres de los normalistas quien llevó la PGR a Cocula. El nombre de Cocula no surgió en los primeros días de la desaparición, y de acuerdo con la investigación, llegaron ahí no por un padre, sino por Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes, miembros de Guerreros Unidos. Quien hizo esta revelación, paradójicamente, fue el propio Murillo Karam en su conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2014. Es decir, un año después, había cambiado los hechos de su investigación.

3.- Murillo Karam dijo en noviembre pasado que varias pistas que siguió la PGR en los primeros meses de la investigación habían resultado falsas, como “la del ataque contra el autolavado Los Peques de Iguala”. Lo increíble es que esa pista surgió de una declaración tomada por él mismo al entonces jefe de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, a quien se lo había confiado Víctor Hugo Palacios Benítez, uno de los cinco hermanos propietarios de Los Peques. Palacios Benítez fue el que afirmó que entre los normalistas había una célula de la pandilla de Los Rojos. El exprocurador validó esa versión pese a que otros Guerreros Unidos decían que no era cierta. De ella Murillo Karam tejió la hipótesis de la vinculación del narcotráfico con los normalistas.

Murillo Karam se casó con la versión del narcotráfico como el móvil central del crimen antes incluso de empezar a investigar. Desde los primeros días del secuestro de los normalistas, le dijo al Presidente que lo que había sucedido en Iguala era una “depuración” de narcotraficantes. En Los Pinos le creyeron y no hicieron nada. La inacción del Gobierno federal durante más de dos semanas convirtió un crimen del ámbito municipal, en un asesinato de Peña Nieto y el Estado mexicano.

El Presidente carga con ello como si fuera propio, pero aún así, Murillo Karam sigue impune. La palabra presidencial seguirá trunca en el caso Ayotzinapa hasta que el exprocurador no sea llamado a cuentas y explique qué hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo.


(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26 DE FEBRERO 2016)

LA CAMPAÑA CONTRA BERISTÁIN (Y III)


Carlos Beristáin fue el experto sobre cuya evaluación de impacto en la salud de decenas de habitantes en la parte amazónica de Ecuador, llegó a que la Corte de Lago Agrio determinara que Chevron debía pagar más de 20 mil millones de dólares. Mucho dinero, en efecto, para que esta multinacional se quedara con los brazos cruzados. A partir de una versión en Netflix del filme Crude, donde los abogados de los indígenas afectados hablaban con Beristáin, Chevron llevó el litigio a una Corte de Distrito de Nueva York, que determinó en 2014 que el juicio en contra de la petrolera había sido producto de fraude y actividades mafiosas. Esa breve escena donde estaba Beristáin, que los abogados de los indígenas lograron censurar del resto de las versiones del filme, fue el elemento central del fallo que, sin embargo, no ha sido revertido en los tribunales ecuatorianos.

El caso de Beristáin, nacido en el País Vasco, doctor en sicología que desde 1989 trabaja en la atención a las víctimas, la salud mental y los derechos humanos en América Latina y algunos países de África, ha sido referido en este espacio por ser uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que coadyuva en la investigación del caso Ayotzinapa. Lo que sucedió en la corte neoyorquina fue resultado de un trabajo de más de 2 mil abogados de 60 firmas que buscaron encontrar la forma de desmontar el caso que esconde la historia negra de Chevron en su intento por desacreditar el trabajo de Beristáin.

“Yo soy responsable de ese estudio hecho con otros dos profesores, uno el mayor experto en análisis cuantitativo y encuestas en el trabajo psicosocial en España, Darío Páez”, dijo el doctor Beristáin en una conversación telefónica desde Bilbao, donde se encuentra. “No sé nada de lo que luego pasó con el señor Cabrera y el juicio. Yo hice un estudio según los más altos estándares sobre el impacto de la contaminación, y ahí está el estudio, que es una referencia en ese tipo de estudios todavía incipientes”. Richard Cabrera es el experto independiente nombrado por la Corte de Lago Agrio durante el litigio, quien contrató a Beristáin para realizar el impacto sobre salud.

Beristáin, Páez y otros expertos de la Universidad del País Vasco –que financió el estudio–, elaboraron un reporte sobre impacto ambiental de 132 páginas, que concluyó que había afectado negativamente a 83.6% de las comunidades mestizas e indígenas. El 72.4% sufrió las consecuencias de accidentes petroleros que contaminaron sus cursos de agua y tierra, que provocaron la muerte de decenas de animales y un incremento significativo de casos de cáncer. Chevron se inconformó con Beristáin, quien le respondió cada uno de sus argumentos contenidos en una carta que entregaron a Cabrera en noviembre de 2008. Chevron no sólo buscó las instancias legales, sino las clandestinas, a fin de descalificar el trabajo de Beristáin, cuya metodología fue un estudio cuantitativo mediante una encuesta a un mil 64 personas, de donde se obtuvieron los resultados planteados en el impacto ambiental y sobre la salud en esa región del oriente ecuatoriano.

La empresa contrató los servicios de la empresa de seguridad Kroll, para que reclutaran periodistas y que hicieran un trabajo de investigación y espionaje, bajo su cobertura de comunicadores. Lo que no contaban es que una de las periodistas estadunidenses que buscaron, Mary Cuddehe, los denunció. En un artículo que publicó en la revista The Atlantic en agosto de 2010, lo reveló. Cuddehe escribió que fue contactada en México para hacer una “investigación” en la jungla amazonia. “¿Estás interesada?”, le preguntaron. “Seguro te haría bien el dinero”.

Cuddehe recordó que quien la contactó admitió que el caso en Lago Agrio se le estaba escurriendo a Chevron de las manos desde el momento que nombraron al experto independiente, y que cuando vieron que perdería la batalla de las relaciones públicas –y estimaban, el juicio en 2011–, contrató a Kroll. “No estaba segura que podría hacer esto y vivir con ello a cuestas”, apuntó. Le había dicho que “no había otra Mary Cuddahe”, y que “si no quería hacer el trabajo, encontrarían cómo hacerlo”. El trabajo sería por sólo seis semanas, por el cual le pagarían 20 mil dólares más todos los gastos. Al final, como quedó claro con su publicación, optó por su conciencia y dormir bien. No haría el trabajo sucio para Chevron buscando debajo de las piedras todo lo posible por de-sacreditar a Beristáin.

No se tiene confirmado si otros periodistas sí hicieron lo que Cuddahe prefirió no hacer. La información que ha salido sobre el caso responde a otro tipo de descripciones y crónicas donde surgió el nombre de Beristáin como parte del fraude que realizó el abogado principal de los demandantes, un experiodista educado como abogado en Harvard, Steven Donzinger, a quien el juez Lewis Kaplan encontró en la Corte de Distrito de Nueva York, culpable de un fraude contra Chevron y de haber redactado el informe de Cabrera que llevó el fallo contra la multinacional. “Los problemas que se refieren después en el litigio no son de mi incumbencia y no he participado en la redacción de nada más que este estudio”, aseguró Beristáin en la conversación desde Bilbao. “Todo lo que se muestra en el estudio está hecho con el más alto estándar de investigación”, ratificó.


(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26 DE FEBRERO 2016)

AYOTZINAPA, ¿IGUAL QUE LAGO AGRIO? (II)


Documentar cada paso del proceso judicial que mostrara la lucha titánica contra una poderosa multinacional que había contaminado una región del amazonia ecuatoriano y provocado cáncer entre la población indígena, que construyera en el imaginario colectivo la batalla donde el débil derrotaba al poderoso, era demasiado atractivo para que Steven Donzinger, un experiodista graduado como abogado en Harvard, decidiera en 2005 que su litigio en Ecuador debía tener la propaganda como una herramienta adicional. Donzinger reclutó a un cineasta a quien le dio acceso prácticamente ilimitado para que lo siguiera todo el día y filmara todas sus reuniones de estrategia. La película se llamaría “Crudo”, un eufemismo de petróleo en la industria de hidrocarburos.

Donzinger nunca se imaginó que un error le costaría tan caro. Por descuido o soberbia, la victoria en la corte ecuatoriana, que ordenó pagar 9 mil millones de dólares al gigante Chevron por la contaminación en una región del noreste de Ecuador, fue revertido por un tribunal en Estados Unidos. Un pasaje en “Crudo”, donde el cineasta Joe Berlinger filmó a Donzinger y a otro abogado de su equipo, Pablo Fajardo, mostró a Carlos Beristáin, que había sido contratado por el experto independiente nombrado por la Corte, Javier Cabrera, para que hiciera la evaluación ambiental en que se basó la sentencia contra Chevron, los iba a poner en entredicho.

Nadie reparó en lo que significaba que aparecieran Donzinger, Fajardo y Beristáin en la película hasta que fue demasiado tarde. Beristáin, uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuva en la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, apareció unos cuantos segundos en el filme, suficientes para cambiar el rumbo del juicio. En diciembre de 2008, un mes antes de que se empezara a exhibir en Nueva York la película, Donzinger recibió la versión del filme.

Cuando al abogado vio a Beristáin que aparecía en una escena donde hablaba el equipo legal de estrategia, se prendieron sus alertas. ¿Cómo explicar que el asesor independiente cuyo trabajo sería fundamental en el fallo ecuatoriano contra Chevron aparecía en un filme propagandístico? Donzinger le pidió a Berlinger que cortara la escena. Igualmente hizo con Michael Bonfiglio, productor de Crudo, a quien le dijo que si se dejaba en el filme, “todo el caso se desmoronaría”. Pensaban que eso cuestionaría la independencia de Beristáin, y sería tomado como un acto de colusión con los abogados para fabricar el dictamen contra Chevron. “Por favor, remuévelos”, insistió Donzinger. “Realmente no es mucho, pero puede complicar todo el caso”.

En un correo electrónico mostrado en el juicio contra Dozinger en Estados Unidos del 22 de enero de 2009, Fajardo dejó sentado que la colusión entre ellos, Stratus, la consultora de relaciones públicas de Boulder, Colorado, donde se escribió el reporte de Cabrera y el propio “experto independiente” cuyo nombramiento fue manipulado por ellos, que además le pagaron por su informe, era impropio. “Le imploró a Bonfiglio y Berlinger que removiera (las imágenes de Beristáin) porque su presencia podría llevar a descubrir lo que realmente había pasado”, se lee en el expediente del caso. “Son tan serias, que podríamos perder todo”.

A regañadientes, Berlinger editó la versión en el DVD y ocultó el involucramiento de Beristáin con los abogados. La verdad no se hubiera descubierto de no haber sido por el tráiler de un documental que narraba el llamado Caso del Lago Agrio, que fue visto por Paul Dans, uno de los abogados de Chevron. De acuerdo con Michael Goldhaber, quien hizo la crónica del descubrimiento fortuito en un largo texto titulado Detective Story publicado en 2010 por la revista The American Lawyer, Dans no pudo verla en el cine –donde se proyectaba la edición censurada–, pero sí en la versión entregada a Netflix, que habían olvidado editar. Dans recomendó a Chevron pedirle al juez todos los materiales filmados por Berlinger para estudiarlos, de donde empezaron a extraer más pruebas que Donzinger había cometido un fraude contra la empresa.

Una de las abogadas de Chevron, Sara McMillen, escribió Goldhaber, se enfocó en el reporte de impacto a la salud elaborado por Beristáin, luego que uno de los abogados ecuatorianos de los demandantes envió un correo electrónico por error a Chevron con un estudio de salud. McMillen analizó los dos reportes y concluyó que eran el mismo. El reporte de Beristáin fue la parte central del llamado Informe Cabrera, que de acuerdo con las conclusiones del juicio contra Donzinger y sus asociados en una corte federal en Nueva York, no fue elaborado por el experto independiente, sino por Stratus.

Según el fallo del juez Lewis Kaplan, referido en la anterior columna sobre este caso, Donzinger y su equipo “escribieron el dictamen de la corte y le prometieron 500 mil dólares a un juez ecuatoriano para que fallara a su favor”. Fueron los redactores fantasmas de un veredicto judicial para cometer un fraude contra Chevron, en el cual participó directa y fundamentalmente Beristáin, de acuerdo con el fallo en Estados Unidos, que está litigándose aún. Según el fallo del juez Kaplan, haber recibido instrucciones de los abogados demandantes, fue “una actividad cuestionable”. Beristáin está convencido que ésta es parte de una campaña de descrédito en su contra, y da pruebas de ello. Su versión, y la lucha de Chevron en su contra, se detallará en la siguiente columna.


(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26 DE FEBRERO 2016)


EL EXPERTO… ¿EN FRAUDES? (I)


Hace semanas se viene arrastrando un enfrentamiento entre el Gobierno, varios medios de comunicación y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuva con la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014. Comenzó después de la divulgación de su último informe que cuestionó la esencia de la versión oficial del Gobierno –la maltrecha “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam–, que produjo reportes periodísticos que cuestionaban a algunos de sus integrantes. El énfasis se ha colocado en Ángela Buitrago, la exfiscal de hierro colombiana, a partir de las afirmaciones de un polémico activista mexicano y un exgeneral de ese país sentenciado por desapariciones.

La abogada Buitrago ha tenido el respaldo de abogados internacionales, pero muy importante ha sido, porque establece un diálogo entre pares, el de la colombiana María Jiménez Duzán, que por años estuvo en la mira del Cártel de Medellín y su jefe Pablo Escobar, tras mandar asesinar al director de El Espectador, Guillermo Cano, y a todo su equipo de periodistas que investigaban el narcotráfico, incluida ella. Duzán ha expuesto el riesgo en el que se ha colocado a la abogada con estas descalificaciones, que ella y activistas extranjeros consideran que fueron inspiradas por el Gobierno. Funcionarios federales confiaron mucho antes de que aparecieran las descalificaciones a Buitrago en la prensa, que le tienen un gran respeto, aunque creían que a diferencia de casos anteriores donde trabajaron juntos en México, su equipo actual no tenía la misma calidad que otrora.

Los antecedentes de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido cuestionados sólo en las últimas semanas. No parecen existir pruebas reales en contra de la abogada Buitrago, de acuerdo con periodistas colombianos que conocen de su trabajo a lo largo de los años en ese país, lo que sin embargo no exime a otros integrantes del GIEI de tener un pasado cuestionable. El experto que se encuentra más en entredicho, y por cierto menos observado en México, es Carlos Martín Beristáin. Beristáin, doctor en Sicología, es un vasco que desde 1989 trabaja en la atención a las víctimas, la salud mental y los derechos humanos en América Latina y algunos países de África. Entre los trabajos que ha desarrollado en la región se encuentra el trabajo que hizo en Ecuador hace una década, para un experto independiente nombrado por las autoridades de ese país para hacer una evaluación de daños en la región Oriente de aquella nación que apoyara a los tribunales en el caso de una demanda contra la multinacional estadunidense Chevron, por más de 20 mil millones de dólares originalmente.

Ese experto independiente designado por la Corte, Richard Cabrera, subcontrató a Beristáin para que realizara una evaluación sobre el impacto causado por la exploración en esa rica región de la amazonia ecuatoriana. Sobre la conclusión de Beristáin, que se habían registrado “excesivas” muertes de cáncer como resultado de la contaminación, Cabrera recomendó una compensación de 9 mil millones de dólares por daños y perjuicios cometidos por Chevron. El caso se ventiló en la corte de Lago Agrio, donde se radicó el juicio emprendido por 30 indígenas de la zona en 1993. Pero el foco del pleito en tribunales de Estados Unidos –en Ecuador se mantiene el fallo contra Chevron a partir del informe Cabrera–, se debe a un fraude. 

El 4 de marzo de 2014, la Corte de Distrito en Nueva York encontró que un juicio por daños ambientales contra Chevron, había sido producto de fraude y actividades mafiosas. El fallo encontró que Steven Donzinger, un experiodista educado como abogado en Harvard, quien encabezó el equipo legal que defendió a los demandantes en Lago Agrio, había incurrido en extorsiones, lavado de dinero, prácticas corruptas, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia para lograr encubrirse él y sus asociados de todos los crímenes. El caso se centró en el Informe Cabrera, donde los abogados de Chevron –utilizó a más de 2 mil en todo el proceso de más de 60 firmas– encontraron que el documento había sido redactado por Donzinger y una consultora de relaciones públicas de Boulder, Colorado, y no por el experto internacional nombrado por la Corte.

De acuerdo con el fallo del juez Lewis Kaplan, Donzinger y su equipo “escribieron el dictamen de la corte y le prometieron 500 mil dólares a un juez ecuatoriano para que fallara a su favor”. Es decir, fueron los redactores fantasma de un veredicto judicial para cometer un fraude contra Chevron, en el cual participó directa y fundamentalmente Beristáin, de acuerdo con el fallo en Estados Unidos, que está litigándose aún. “Este caso es extraordinario”, escribió el juez Kaplan en su dictamen. “Incluye cosas que normalmente sólo se ven en Hollywood, como correos electrónicos codificados entre Donzinger y sus colegas donde describen sus interacciones privadas con los jueces y sus maquinaciones contra ellos y un experto designado por la Corte, a quien le pagan a través de una cuenta secreta, y un abogado que invitó a un equipo filmar innumerables reuniones privadas donde se planearon estrategias”. Un descuido de esta película, transmitida por Netflix, reveló la participación ilegal de Beristáin con Donzinger que ha puesto el caso contra Chevron en el umbral de ser perdido, lo que será desmenuzado en la siguiente columna.

(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26 DE FEBRERO 2016)


LA LOCURA DE DUARTE


No había necesidad, pero Javier Duarte tiene un problema de incontinencia. Carece de autocontrol.

Ahora se volvió loco porque la Auditoría Superior de la Federación reportó la semana pasada que el Gobierno de Veracruz simuló la devolución de cuando menos 4 mil 770 millones de pesos a fondos federales para evitar que se le fincaran responsabilidades.

La consecuencia fue que le interpusieron una denuncia penal.

El auditor Juan Manuel Portal fue mucho más allá y expresó insólitamente en una entrevista en televisión nacional su esperanza de que Duarte fuera a la cárcel.

Está harto. Veracruz está a la cabeza de los simuladores de devoluciones, supera tres a uno a los 10 estados que le siguen en delitos federales, y el Gobernador lo llena de promesas incumplidas.

En respuesta a Portal, el Gobernador movilizó a la bancada veracruzana en el Congreso –de quien depende el auditor–, para que le hicieran un extrañamiento por haber declarado que era deseable que el Gobernador terminara en la cárcel, sin atender los tiempos de que dispone Duarte para responder las observaciones.

La carta fue enviada el viernes 19 de febrero, pero no atemperó el ánimo del Gobernador.

De la nada escribió en su cuenta de Twitter un mensaje al diario Reforma –que desapareció después– donde, en clara molestia por su línea editorial, increpó: “¿Y también van a urgir a la @PGR_mx a proceder contra su candidato en Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero?”.

Como nadie de los interlocutores a los que quería llamar la atención le hizo caso, escaló con otro mensaje, con el cual dejaba claro a quién se refería: “Miguel Ángel Yunes está como el ratero que sale corriendo gritando ¡agarren al ladrón!”.

Al final de todo, el hígado se enfocó en su enemigo, que ya ha dejado de ser un adversario político y se ha convertido en una obsesión personal.

Durante largos meses Duarte ha pagado a un equipo cuyo trabajo tiene tufo escatológico para que distribuya a través de correos electrónicos y redes sociales fotografías de propiedades de Yunes en México y Estados Unidos.

Ya no se sabe qué es cierto y qué no, pero lo que nunca hay es documentación que pruebe que esas adquisiciones sean resultado de lavado de dinero o de enriquecimiento ilícito, como lo acusan.

Duarte ha dejado de oír o escuchar a quienes en su entorno son los más beligerantes o los más incompetentes para aconsejarlo.

Más grave aún, por lo que deja traslucir, es que también ha perdido la estabilidad emocional.

Este sábado, el Gobernador ya no se limitó a pagar para golpear a Yunes, sino lo acusó abiertamente de delitos federales, sin pruebas detrás de su dicho.

Lo que provocó fue un incendio en las redes sociales, donde la palabra suelta e impune encontró en el Gobernador un objetivo fácil al estar imposibilitado para esgrimir una defensa racional.

Su disparatado comportamiento político se equiparó a la furiosa metralla que recibió, preámbulo de la exigencia del PAN a la PGR para actuar ante la denuncia penal que presentó la ASF en contra de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno veracruzano por el desvío de más de 35 mil millones de pesos.

Duarte sigue profundizando la crisis política en Veracruz, rompiendo con todos los sectores.

Afirmar que se volvió loco no es un exceso retórico o un calificativo, es una descripción. Según el diccionario de la Real Academia Española, entre las primeras cuatro acepciones de “loco” figuran: de poco juicio, disparatado e imprudente; que excede en mucho a lo ordinario o presumible. Duarte se ha convertido en un sujeto impredecible y un riesgo para la gobernabilidad. Pero para el PRI, que necesita mantener la gubernatura del estado en las elecciones de verano para tener una mejor correlación electoral en 2018, es una bala perdida que impacta directamente en el cuerpo tricolor, por lo corrosivo de su odio hacia Yunes.

El problema del PRI es profundo. A finales del año pasado se habló en los más altos niveles del Gobierno la posibilidad de que fuera llamado a una comisión federal para sacarlo de Veracruz.

El presidente Enrique Peña Nieto nunca lo autorizó. Se desconocen cuáles fueron los considerandos de ello, pero se sabe que Peña Nieto tiene una enorme aversión a los cambios.

De cualquier forma, Duarte vive en el ostracismo dentro del Gobierno federal. Una anécdota que revela cómo lo ven es cuando hace unas semanas fue a buscar al Presidente sin tener cita, y lo dejó esperando horas sin atenderlo. Sus propios colegas priistas, no encuentran explicaciones que iluminen el porqué actúa de esta manera.

Duarte se ha vuelto un hombre en llamas, y Veracruz se perfila para ser el nuevo dolor de cabeza presidencial y del PRI, acicalado por un gobernador, cuya única explicación a sus reacciones podría ser el temor de ir a la cárcel con la nueva administración. Yunes, el priista, anunció que perseguirá a los corruptos del gobierno de Duarte, y ha dicho públicamente que nunca entendió por qué lo impusieron como candidato y como gobernador. Yunes, el panista, dice a quien lo quiere oír que requiere únicamente de seis meses para ponerlo tras las rejas. La atomización de la oposición en el estado le da respiros al PRI en la elección, pero las condiciones favorables no se trasladan a Duarte, que quizás termine, efectivamente, en la cárcel.


(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 26 DE FEBRERO 2016)

ASALTAN A COMERCIANTE A BALAZOS EN SU DOMICILIO


Saltillo, Coah.- Un comerciante enfrentó a sujetos armados que pretendían asaltarlo al llegar a su casa en la colonia Chapultepec, sin embargo, los delincuentes lo balearon y lograron despojarlo de una fuerte suma de dinero en efectivo.

El afectado es Gustavo Ramos Rodríguez, propietario de un negocio de frutas, quien fue llevado al Hospital General para ser atendido de dos impactos de un arma calibre .9 milímetros en la pierna derecha.

El video captado por cámaras de circuito cerrado de su domicilio son analizadas en la Procuraduría de Justicia para identificar a los asaltantes, quienes despojaron a la víctima de 30 mil pesos.


(ZOCALO/ Daniel Revilla/ 26/02/2016 - 05:01 AM)