Son terrenos con una envidiable
ubicación y en medio de una serie de proyectos que seguramente revitalizarán
esa zona de Rosarito. Aunque hoy decenas de residentes enfrentan un riesgo
legal de despojo de las propiedades que adquirieron y están documentadas, ahora
pretende emerger un “nuevo” dueño.
Apenas traspasando las rejas
de la caseta de seguridad surge un paradisiaco lugar. Calles empedradas, construcciones de uno o dos
niveles con fachadas típicas mexicanas, adornadas con colores llamativos,
bardas de piedra, terrazas y enrejadas;
la mayoría apuntando hacia la playa, que queda a unos cuantos metros.
Se trata del predio rustico
conocido como Baja del Mar, con cerca de 150 impresionantes construcciones en
un pedazo de terreno con magnifica ubicación -casi frente al Centro de
Convenciones Baja California Center-, en una tranquila y apartada zona ubicada
por la entrada a PEMEX en la parte más al norte de Playas de Rosarito. La
Carretera Escénica Tijuana-Ensenada cruza aledaña, pero no tiene acceso en esa
zona, lo que aumenta la privacidad de los residentes.
Uno de ellos, Rafael Fuentes,
de origen mexicano pero jubilado en Estados Unidos, adquirió un espacio en el
residencial, pagó cerca de 140 mil dólares hace 10 años. Pero ahora es uno del
medio centenar de habitantes -la mayoría de origen norteamericano- que ven en
peligro su propiedad, debido a un ilegal intento por despojarlos de su
envidiable terreno.
Fuentes refiere a ZETA que en
el año 2000 vendió su casa -en la ciudad de San Diego, California- y se
dedicaron a buscar un lugar para asentarse en esta frontera. “Me dejé llevar
por la belleza del lugar”, dice en referencia a la inversión de todo su
patrimonio.
Otro testimonio es el de José
Ramón Villegas, quien en 2006 compró el terreno, casi en la orilla del
residencial. Pagó 50 mil dólares, posteriormente, con esfuerzo pudo levantar la
construcción.
Ahora, y junto con el resto
de colonos, enfrenta la incertidumbre por un posible desalojo. Incluso
denuncian que han sido hostigados, que ha habido intento de cambiar chapas y
despojar “a la malagueña” a los legales propietarios.
Se trata de un viejo y
amañado litigio donde pretenden despojarlos de esa zona, de cerca de seis
hectáreas en plena zona costera.
LA HISTORIA
El caso remite a finales de
los años 80, cuando el desarrollador Roberto Vallín de León empezó a vender
terrenos, y a finales de esa década hipotecó dos de las seis hectáreas a nombre
de un personaje: Tomás Castañeda, quien luego le traspasó los derechos de esa hipoteca a Julio Antonio
Ochoa Zepeda.
Pero posteriormente en los
años 90 se creó un fideicomiso maestro en el Banco del Atlántico -ahora HSBC-,
donde se incluyeron esas hectáreas –con el acuerdo de Ochoa y Vallín-. Para
esto, desde 1989 a Ochoa ya le habían cubierto la deuda por el terreno, cerca
de 300 mil dólares. Eso implicó que se formalizara una cesión de derechos a
favor de todos los habitantes de esa zona residencial, donde los nuevos dueños
ya habían empezado a construir.
“Ahí había casas desde los
70s”, indican los entrevistados.
Se trata de construcciones valuadas entre
150 mil y 300 mil dólares, la gran
mayoría –un 60, 70 por ciento- en propiedad de extranjeros.
Pero en 1994, Julio Antonio
Ochoa Zepeda apareció de nuevo -aun cuando ya se le habían pagado los terrenos-
y reclama derechos sobre esas hectáreas.
De acuerdo a los afectados, Ochoa
Zepeda ha interpuesto una serie de demandas civiles contra 40 colonos para
despojarlos de sus terrenos.
Se calcula que tan solo dos
de las hectáreas en puro terreno y a tabulador catastral, tendrían un valor
arriba de 5 millones de dólares. Aparte estaría el precio de las
construcciones, calculado entre 100 mil y 300 mil dólares.
“Hay incertidumbre, la gente
tiene miedo”, comentan en alusión a los propietarios y posesionarios de toda
esa magnífica zona.
DEMANDAS
El 16 de julio de 2015,
Miguel Castillón López interpuso una demanda en contra de Julio Antonio Ochoa
Zepeda en un juicio ejecutivo mercantil, reclamando un adeudo de 5 millones de
dólares contraído a través de dos pagares, cada uno por 2.5 millones de
dólares; el primero supuestamente acordado a pagar el 21 de febrero de 2015, y
el segundo el 21 de mayo de ese mismo año.
En la demanda -número de
expediente 1102/2015- interpuesta en el Juzgado Cuarto Civil del partido
judicial de Tijuana, no se aclara exactamente el motivo del adeudo.
El expediente se centra en el
reclamo del pago por el supuesto adeudo -estampado en los dos pagarés- no
resuelto, pero, ante la falta de esa liquidación, el demandante reclama los
terrenos de Baja del Mar, los cuales consideran, son propiedad del demandado,
Juan Antonio Ochoa Zepeda.
Según la misma demanda, el
acuerdo legal fue firmado a favor de Miguel Castillón López desde el 21 de
febrero de 2005 y reclaman el pago del monto más los intereses, a ello le suman
los costos de los abogados.
En una parte del documento se
solicita al juez para que -además de tener por presentada la demanda- “la parte
demandada sea requerida de pago inmediato, y no haciéndolo en el momento de la
diligencia, embargar bienes de su propiedad ‘suficientes para garantizar
reclamado, ordenando se dejen en depósito de la persona que oportunamente se
designen...’”.
Es decir, se está reclamando
el pago de un documento por un adeudo de 90 millones de pesos sin siquiera
mencionar el motivo de éste, eso sí, reclamando le embarguen propiedades al
demandado.
En el expediente se asienta
que a las 8: 30 am del 12 de agosto del año pasado se presentó en el domicilio
del demandado la secretaria actuaria Martha Gómez y, al presentar el motivo de
la visita a Ochoa Zepeda, quien en el documento asentó que “reconoce el adeudo”
y señala para el embargo el lote con superficie de 16 mil 728 metros cuadrados,
es decir, el espacio de Baja del Mar.
Ochoa fue citado ante el
Juzgado el 1 de octubre de 2015 para el desahogo de la prueba confesional, de
reconocimiento de firma, pero nunca apareció, por lo que el abogado el
demandante solicitó “se sirva declarar confeso al demandado”, debido a la no
comparecencia de quien ni siquiera se presentó en el momento procesal que fue
requerido.
De acuerdo a otros
documentos, existió un juicio sumario hipotecario -el 9667/1980- promovido
originalmente por Tomás Castañeda contra Roberto Vallín, dentro del cual se
presentó una adjudicación de remate a favor de Julio Antonio Ochoa Zepeda,
quien en ese tiempo se convirtió en propietario de la fracción norte de Baja
del Mar. Esa es la parte fundamental de la que se ha agarrado Ochoa para
reclamar como suyos los terrenos.
Aparte hay otros documentos
donde el propio Ochoa cedió sus derechos a un grupo de compradores de los
terrenos -la gran mayoría norteamericanos-, quienes conformaron un fideicomiso
y le pagaron -está fechado el 10 de junio de 1989- 300 mil dólares.
A principios de diciembre
pasado, los colonos de esa zona se empezaron a inquietar ante el rumor de que
pudieran ser desalojados. Por eso entre las estrategias legales han incluido la
posibilidad de promover un amparo indirecto, y a la par, interponer una
denuncia penal por fraude procesal contra Ochoa y sus abogados, quienes
insisten en “promover e intentar recursos notoriamente fraudulentos”, exponen
los abogados de los posesionarios en un intercambio de correos electrónicos.
CASOS Y MÁS CASOS
Se trata de un evidente
intento de despojo en terrenos que por su excelente ubicación han elevado su
valor, sobre todo en dólares. Situación que ha empezado a hacer crisis en
varias partes de los litorales de toda la zona, lo mismo que en el puerto de
San Felipe con norteamericanos fraudados con terrenos sin los servicios
ofrecidos, o el reciente caso documentado por
ZETA -noviembre 2015- en la zona de Puertecitos, donde los posesionarios
legales están en peligro de que por argucias legales pudieran ser objeto de un
desalojo.
Del otro lado del Mar de
Cortés, en la zona cercana de Puerto Peñasco se han documentado situaciones
similares contra pescadores en el Ejido Campodónico, o en Caborca, en zonas de
litorales e impresionante belleza natural.
En la zona cercana a Baja del
Mar se pretende ubicar un parque de
diversiones -Six Flags-, aparte de que en esa misma parte se asienta el Centro
de Convenciones. También hay proyectos comerciales, de hoteles y hasta un campo
de golf.
“Las tierras van a subir
mucho más de valor, por eso anda mucha gente viendo a ver qué agarra”,
sostienen los denunciantes.
“Estas gentes de buena fe
adquirieron esas propiedades y ahora tienen que invertirle a la defensa del
patrimonio, siendo que ellos la tienen una cesión de derechos, tienen títulos,
escrituras, hay prescripciones positivas y este señor quiere venir a invalidar
todo eso”, exponen los colonos.
“Queremos exhibir lo que está
pasando ahí, sacarlo a la luz”, comenta Rafael Fuentes, uno de los residentes
de esa zona.
Otro de los colonos, José
Ramón Villegas, refiere que Ochoa es gente que no cuenta con recursos, por lo
que infieren que detrás de su pretensión pudiera haber otras personas. “Lo
están fondeando, no sabemos ni siquiera quiénes son, pero están el frente nada
más”, dicen en relación a lo complicado de la situación.
“Lo que pedimos es que la
autoridad no dé entrada a esos reclamos de derechos, porque no los tiene. La
gente no se explica cómo están pagando por abogados para defender su
patrimonio, mientras este señor Ochoa reclama derechos que no tiene y la
autoridad lo sabe”.
Y sintetizan con una frase:
“En Rosarito no hay Ley, si no le estarían dando trámite a esos asuntos…” Añaden que hay mucho interés, dado que el
complejo tiene una playa bonita, centro
de convenciones. Se ubican a un lado de la carretera de cuota, torres residenciales
a un lado, el Oasis, el edificio de Mar y Sol, PEMEX. “La ciudad está creciendo
para ese rumbo, toda la plusvalía está cargada ahí ahorita”, concluyen.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro
Cordero / Fotos. Sergio Haro/ 24 de
Enero del 2016 a las 20:33:44)
