PROCESO.- A las 23:19 horas del 26 de
septiembre de 2014, 13 vehículos pasaron velozmente por la avenida Benito
Juárez Poniente de Iguala, también conocida como Periférico Poniente, a la
altura de la colonia Esmeralda y en dirección a la carretera 51, que va a
Ciudad Altamirano, Teloloapan y Cocula. A unas cuadras de ahí, en la calle Juan
N. Álvarez, acababa de ocurrir uno de los ataques contra los estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos
al menos 20 de los 43 normalistas.
Pero el video completo, donde
se ve el paso del convoy, ha sido ocultado por la Fiscalía General del Estado
de Guerrero (FGEG) y por la Procuraduría General de la República (PGR),
instituciones que lo tienen en su poder desde hace más de 14 meses.
Las imágenes obtenidas para
este trabajo –realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de
Investigación de la Universidad de California en Berkeley– muestran que en al
menos una de las acciones del 26 de septiembre de 2014, en las cuales
desaparecieron 43 normalistas, no sólo participaron vehículos con
características similares a las de las patrullas de la Policía Municipal de
Iguala, sino que se trató de un amplio operativo donde intervinieron otros
vehículos; algunos de ellos podrían ser oficiales o llevar funcionarios
públicos a bordo.
Vehículos parecidos a los que
figuran en el video tomaron parte en las agresiones a los estudiantes, de
acuerdo con entrevistas hechas por la reportera a sobrevivientes del ataque y
según los testimonios contenidos en el informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos presentado en septiembre de 2015.
Hasta ahora la “verdad
histórica” de la PGR dice que sólo fueron los policías municipales de Iguala y
Cocula quienes sometieron a los estudiantes, los transportaron en sus patrullas
y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Pero dicha versión ha sido
desmantelada por investigaciones periodísticas publicadas en este semanario,
por el GIEI y por estudios científicos.
Y el video ha sido ignorado
en las líneas de investigación de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pese a que evidencia la
manipulación de las cámaras de seguridad del C-4, que esa noche estaban bajo
control del Ejército.
ALTERACIÓN
Hasta el 6 de octubre de
2014, cuando la Gendarmería Nacional tomó el control de las instalaciones del
C-4 de Iguala, éste era el órgano de coordinación policiaca, militar y de
Protección Civil mediante el cual se organizaban todos los operativos de
seguridad pública en el Municipio y estaba vinculado al número de emergencia
066.
Ahí había radio operadores
del Ejército, de las policías Estatal y Municipal y de Protección Civil, que
tenían acceso a los reportes de las llamadas de emergencia y a la información
de las cámaras de seguridad; el destacamento de la Policía Federal en Iguala
recibía los reportes vía remota en tiempo real.
El video obtenido –rotulado
de origen como “26-09-2014 11-19-32 p.m. personal de la policía trasladando a
algunos detenidos”– es uno de los cinco que registraron las cámaras del C-4 de
Iguala relacionados con el ataque a los estudiantes.
Llama la atención que los
otros cuatro videos duran, cada uno, de 30 a 50 minutos, pero el que captó uno
de los operativos de desaparición apenas dura un minuto.
La mañana del 27 de
septiembre de 2014 los videos fueron extraídos directamente del C-4 de Iguala
por órdenes del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez
Vázquez, y entregados al coordinador de la Policía Ministerial del Estado.
Según el acta de la cadena de custodia –de la cual se obtuvo versión pública–,
los videos fueron integrados a la averiguación previa HID/SC/993/2014.
La grabación “26-09-2014
11-19-32 p.m. personal de la policía trasladando a algunos detenidos” captó el
paso del convoy sobre la avenida Benito Juárez Poniente mientras cruzaba por
las colonias Emiliano Zapata, Esmeralda, Bugambilias y Villa de Guadalupe.
Los vehículos venían de la
dirección donde se encuentran la calle Juan N. Álvarez y las instalaciones del
C-4, ubicadas en la calle Industria Petrolera, e iban hacia la carretera que
lleva a Ciudad Altamirano, Teloloapan y Cocula.
El primero y el último
vehículos del convoy eran camionetas SUV oscuras. La que encabezaba el grupo
llevaba al menos dos tripulantes con ropa similar, como si estuvieran
uniformados. No se distingue si había más personas en su interior.
A lo largo de la
investigación periodística se obtuvieron testimonios de personas que
presenciaron las agresiones y quienes refieren que hubo camionetas oscuras, con
hombres de “apariencia militar”, en los primeros disparos contra los
estudiantes en el centro de Iguala, así como en la persecución después de la
medianoche, luego del segundo ataque en la calle Juan N. Álvarez.
Luego de la primera SUV, el
video muestra el paso de tres vehículos similares a las patrullas pick up que
usaba la Policía igualteca. La primera llevaba personas uniformadas en la parte
trasera; la segunda, seis civiles sometidos y vigilados por dos o tres
uniformados; la tercera también llevaba uniformados en la parte trasera.
En la revisión del video
llama la atención que el primero y el tercer vehículos están rotulados y
pintados de igual manera, pero el segundo, donde van los civiles, tiene el
techo pintado de modo diferente, por lo que podría tratarse de una patrulla
clonada.
En el video también se
distingue el paso de un sedán oscuro con torreta y un escudo en el cofre, que
escoltaba una grúa blanca, sin distintivos visibles, la cual remolcaba otro sedán
oscuro. Pasa después un sedán negro. Se ve otra motocicleta que va muy cerca de
otra SUV oscura. Después del paso del convoy, la calle se ve desierta unos
segundos y termina el video.
En sus declaraciones
ministeriales ante la SEIDO en diciembre de 2014, el coronel José Rodríguez
Pérez reconoció que hubo militares de los Órganos de Búsqueda de Información
vestidos de civil, quienes a bordo de motocicletas estuvieron presentes cuando
los estudiantes llegaron a las inmediaciones de Iguala y durante al menos uno
de los ataques.
De acuerdo con las
declaraciones ministeriales rendidas por militares del 27 Batallón de
Infantería ante la PGR, publicadas el 6 de septiembre de 2015 por Proceso
(edición 2027), esa noche los militares estuvieron a cargo de las cámaras
seguridad, aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero era la
responsable del C-4.
Hasta ahora ninguno de los
militares responsables de las cámaras esa noche ha declarado ante la PGR y el
GIEI insiste en hablar directamente con los soldados que participaron entonces
en distintos operativos; el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el secretario de
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se han negado a ello.
(DIARIO DEL YAQUI/ ANABEL HERNÁNDEZ/ 25
DE ENERO 2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario