ENFRENTAMIENTO JUDICIAL

EU pretende carear a capos sinaloenses en tribunales

La última posibilidad de acuerdo entre Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, y el gobierno de Estados Unidos, se desvaneció por completo el jueves de la semana pasada, al ratificar el capo su deseo de enfrentar al gobierno de ese país, y al ejército de “testigos protegidos”, que la fiscalía asegura tener.

Este grupo de testigos, según trascendió, incluye a gran parte del clan Zambada, entre ellos Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, Jesús Reynaldo Zambada el Rey, Serafín Zambada Ortiz, el Sera, además de Rodrigo Aréchiga Gamboa , el Chino Antrax, y una cuadrilla de colombianos liderados por Juan Carlos Ramírez Abadía, el Chupetas, del Cártel del Norte del Valle de Colombia.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), con todos los testigos protegidos mencionados Beltrán Leyva tuvo interacción, y todos ellos han ratificado su compromiso de carearse con el acusado para demostrar sus modus operandi, y así comprobar su culpabilidad.

“La fecha de inicio de juicio quedó fijada para el 16 de febrero en una corte federal de Washington DC”, confirmó a Ríodoce Peter Carr, vocero del USDOJ.

Este sería el primer juicio contra un narcotraficante sinaloense, toda vez que en casos contra otros capos, como Héctor el Güero Palma, Javier Torres Félix el JT, inclusive los Zambada, se declararon culpables a cambio de cooperar con el gobierno de Estados Unidos para capturar a otros narcotraficantes y carearse con ellos una vez que fueran extraditados.

UN AS BAJO LA MANGA

Todo parece estar en contra del menor de los Beltrán Leyva, según explican los fiscales en documentos presentados ante el Juez Richar León. No obstante, para Eduardo Balarezo, abogado defensor del Mochomo, esas acusaciones deberán ser probadas por los fiscales.

“En esta última audiencia, el juez limitó las pruebas que los fiscales pueden presentar en el caso, es decir, ellos querían pruebas que involucraban al Chapo y todas las actividades que realizaba el Cártel de Sinaloa entre el 2000 y el 2012, pero el juez León dijo que otras pruebas que no tuvieran que ver con narcotráfico no serían tomadas en cuenta”, expuso Balarezo, en entrevista con Ríodoce.

La decisión del Juez León eliminaría cualquier prueba presentada por los fiscales que no sea por tráfico de drogas, incluyendo las acusaciones a ex gobernadores y otros mandos policiacos que aparentemente habrían sido sobornados por líderes del Cártel de Sinaloa.

“Nos hubiera gustado que el juez León hubiera limitado temporalmente la conspiración por tráfico de droga, y que las pruebas no incluyeran los inicios del capo en el crimen organizado, pero nos fue muy bien con la limitación de pruebas”, dijo Balarezo.

Las pruebas de soborno en contra de ex gobernadores y altos mandos policiacos en el estado, sin embargo, quedarán archivadas con sellos en los que se leerá la palabra “clasificados”, y es posible que pasen hasta 30 años para que muchos de esos documentos, todos ellos en poder del USDOJ, se desclasifiquen y se hagan públicos.

LA FRUSTRACIÓN

No sería la primera vez que documentos donde se muestra la corrupción en México, o bien acuerdos secretos realizados a puertas cerradas entre el gobierno de Estados Unidos con capos sinaloenses, se mantienen en secreto.

Ocurrió con el caso del Vicentillo, y más secreto aún resultó la extradición del Rey Zambada, quien aun cuando debía ser presentado ante una corte federal de Brooklyn Nueva York, ni siquiera pisó la corte.

De acuerdo con investigaciones publicadas por Ríodoce, el Rey Zambada habría sido tomado por agentes del US Marshalls y llevado a un sitio desconocido, posiblemente, a una casa de seguridad. Desde entonces y a la fecha, se desconoce su paradero, aunque por fuentes del USDOJ, el Rey sería otro capo integrado al programa de testigos protegidos.

Portavoces de la Procuraduría General de la República (PGR) en México, dijeron que no comentarían al respecto, aunque enfatizaron que las pruebas que mantiene Estados Unidos son únicamente de ellos, pero que mientras no haya una acusación concreta, en México no se puede iniciar una averiguación previa, en el caso de soborno a ex gobernadores.

(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA / 24 ENERO, 2016)