Once fosas
clandestinas han sido descubiertas en las inmediaciones de Iguala durante la
búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 38 cuerpos. Ninguno
es de los estudiantes secuestrados por la policía municipal igualteca, pero sí,
en su mayoría, de víctimas de esa corporación. Sus identidades empiezan a
surgir, así como las historias de dolor que han dejado detrás.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Un cura africano asignado a México, un taxista que fue migrante,
una familia (un hombre con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala
a un velorio son los otros desaparecidos que han sido hallado en las fosas de
Iguala, durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. La mayoría
fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y desde entonces no se
sabía de su paradero.
Según el gobierno
federal, 38 cuerpos han sido encontrados en 11 fosas desde octubre que comenzó
la búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Según la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la agrupación de policías
comunitarios que ha realizado una búsqueda paralela, existe un número
indeterminado de fosas -al menos 11- que el gobierno se ha negado a exhumar.
El único cadáver
identificado oficialmente en las fosas clandestinas es el del misionero John Senyondo.
En el caso del señor Gildardo Lagunas, su hijo Luis Alfredo y sus sobrinos
Marlene Hernández y José Luis Cruz -detenidos por la policía de Iguala- ninguno
de los restos ha sido entregado a sus familiares aunque están en el Semefo de
Chilpancingo y salieron positivo en la prueba genética.
el taxista Luis
Felipe Parra aún no ha sido exhumado aunque se sospecha que su cadáver está en
una fosa identificada por los policías comunitarios, no por el gobierno.
Ellos son los cinco
cuerpos identificados de las decenas de fosas encontradas y de entre los 38
cadáveres reconocidos por el gobierno y los agregados por la comunitaria que no
se pueden contabilizar porque permanecen bajo tierra.
En entrevista con
Proceso, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido, sostiene que el gobierno les ha
puesto muchos obstáculos para los rastreos y no ha querido exhumar los cuerpos
que su grupo ha encontrado.
“¿Por qué no se han
podido exhumar esos restos encontrados?”, se le preguntó. “Sería mejor que
ustedes le pregunten al gobierno. Tenemos muchos obstáculos por parte del
gobierno. No sé. Hay muchos intereses de por medio. Ustedes hagan la pregunta
con ellos porque no quieren coordinarse con nosotros”, dijo vía telefónica el
líder que es señalado como aliado del gobernador con licencia Ángel Aguirre
Rivera.
Plácido señaló que
en este momento la organización emprendió una segunda etapa de búsqueda por
diferentes partes del Estado.
Para saltar las
trabas que dice le pone el gobierno, la UPOEG ha invitado a las familias que
tienen a algún integrante desaparecido a que se acerquen para que pongan su
denuncia; además se alió con la recién nacida Ciencia Forense Ciudadana, que
financiará las muestras de ADN, aunque aún no cuenta con permiso para
cotejarlas con los restos hallados.
El 10 de octubre
miembros de la UPOEG se reunieron en Iguala con el sacerdote Óscar Mauricio
Prudenciano González, párroco de San Gerardo María Mayela y con la organización
forense para acordar que ayudarían a las familias que también tienen
desaparecidos en la zona de Iguala, porque el gobierno las ha ignorado al
enfocarse en la búsqueda de los 43.
El 14 de octubre fue
el primer encuentro con familiares. El sacerdote explicó ese día a Proceso que
la convocatoria surgió a partir de que los líderes de la UPOEG denunciaron que
el gobierno no los ha acompañado a destapar todas las fosas que han encontrado,
noticia que angustió a los lugareños que temen que sus familiares puedan estar
en esos hoyos.
El propósito,
explicó la activista Julia Alonso, madre con un hijo desaparecido y
representante de la organización forense, es obligar a las autoridades a
identificar los cuerpos exhumados en las fosas que han localizado en la zona
norte de la entidad a partir de la búsqueda de los 43 normalistas, y cotejar
las muestras recabadas por la asociación con los resultados que emitan las
autoridades sobre los cuerpos no identificados.
“Entendemos que
autoridades no permiten que se realicen las investigaciones. La gente quiere
excavar, sacar restos sin pedir permiso o autorización porque no les dan. Están
preguntando si vamos nosotros mismos a excavar porque son alrededor de 20 fosas
que no les permitieron destapar”, explicó así el sacerdote la intención del
encuentro. Ese martes llegaron unas 70 personas.
La semana pasada más
de 200 personas acudieron a dejar sus muestras genéticas.
BITÁCORA DE HALLAZGOS
Desde la
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que fueron
detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, las búsquedas han
llevado al constante descubrimiento de fosas ocupadas por otros cuerpos que no
son los de los buscados.
El 4 de octubre la
Procuraduría de Guerrero informó del hallazgo de seis fosas (“una vacía”) que
contenían 28 cuerpos en Pueblo Viejo, periferia del municipio de Iguala.
Éstos habían sido
calcinados.
El 10 de octubre la
PGR ubicó en La Parota (también llamado Rancho La Sierpe, Pueblo Viejo) cuatro
fosas con ocho cadáveres, que en un principio se dijo que habían sido
calcinados.
El 14 de octubre los
policías comunitarios informaron del hallazgo de otras cuatro fosas en Barranca
del Tigre a las faldas de Cerro Grande, que otros ubican como Las Parotas. Se
desconoce el número de restos.
El 15 aparentemente
encontraron otras seis, dos abiertas pero sin utilizar, y en las otras restos
óseos y ropa, en el punto conocido como Monte Hored, ubicado en la zona de Las
Parotas. No supieron cuántas personas eran.
El 22 de octubre la
PGR se trasladó a Pueblo Viejo, al mismo punto donde se localizaron las
primeras seis fosas por parte de la Procuraduría de Guerrero, y con el apoyo de
georradares, a menos de un metro de las primeras seis fosas encontró otra de la
que se extrajeron dos cuerpos.
El 25 de octubre,
ante el escándalo por el creciente número de fosas, la PGR difundió un
comunicado en el cual estableció que hasta ese momento había hallado 11 fosas y
que sólo 10 tenían cadáveres. Además señaló que las fosas que había anunciado
la UPOEG como sus descubrimientos eran las mismas que el gobierno había
destapado antes.
Sin embargo el líder
de la UPOEG ha sostenido que son distintas e incluso ha mostrado fotografías en
las que se ven osamentas y prendas de vestir de las personas que podrían estar
enterradas en esos lugares.
Al día siguiente la
PGR llevó a la prensa al último lugar donde fueron hallados restos humanos,
ubicados éstos a la intemperie en el basurero de Cocula, en la zona conocida
como El Papayo. Luego encontró a la orilla del río los restos calcinados y
fragmentados que supuestamente habían sido incinerados en el tiradero y que
podrían ser de los normalistas.
A la orilla del río
esperaban localizar una fosa con cuerpos que habían sido quemados con
anterioridad, según el anuncio del procurador Jesús Murillo Karam con base en
la información de los sicarios detenidos.
El 30 de octubre se
anunció el hallazgo de 14 cuerpos en fosas clandestinas en el ejido San Luis de
la localidad de Ocotitlán, del municipio de Zitlala, y en Eduardo Neri, ambos
cercanos a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero.
En el Servicio
Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, a donde fueron trasladados los restos,
se informó de las identidades de las víctimas rescatadas, todas originarias de
Chilpancingo.
Se trataba de Jaime
Benítez Medina, Miguel Ángel Romero Silvestre, Juan Carlos Martínez Salgado,
Enrique Adame Marín, Vicente Alfonso Gil Mojica, José Sánchez Mejía, Iván
Giovanni Hernández Chávez, Luis Antonio Castro Lucena, Obed Carbajal Vélez y
Antonio Tolentino Miranda.
EL TAXISTA PARRA
Tarjetas de
identificación que no alcanzaron a quemarse y unas pulseras de plástico
colgadas de un árbol ayudaron a la familia de Felipe de Jesús Parra, migrante y
taxista, a dar con su paradero. A través de la página de Facebook “Frente
Igualteco Por la Dignidad”, el pasado 24 de octubre la UPOEG dio a conocer las
fotografías de los hallazgos. Entre los objetos detectados estaban las
identificaciones y pertenencias en las que se alcanzaba a leer un nombre:
Felipe de Jesús.
La familia del
migrante, que reside en Texas según una investigación de Univisión y Excélsior,
llamó a México y una cuñada se presentó para reconocer las pertenencias de
quien desde el 5 de septiembre de 2013 se encontraba en calidad de
desaparecido. Su vehículo apareció abandonado en las calles del centro de
Iguala. Su ausencia fue denunciada el 9 de septiembre.
El activista y líder
de una organización de migrantes mexicanos en Estados Unidos, Taurino
Castrejón, se mantiene en contacto con la familia del taxista, la cual vive en
Houston, para ayudarlos.
“Los familiares no
pretenden enviar los restos a Estados Unidos. Se pretende identificar cuáles
son los restos de los que se han encontrado. El problema es que el hijo que
vive en Houston no tiene documentos para viajar y nosotros ofrecimos realizar
los trámites allá para obtener su ADN y apostillarlo para presentarlo ante las
autoridades mexicanas”, declaró.
EL SACERDOTE
El Padre John, como
lo llamaban los fieles de Chilapa, era un hombre querido por las comunidades
mixtecas. Desapareció el 30 de abril pasado y las iglesias de la diócesis
alzaron oraciones por él. Incluso el obispo Alejo Zavala pidió a quienes fueran
sus captores que lo liberaran.
A partir de la
búsqueda en Iguala de los 43 normalistas, su ausencia dejó de ser un misterio:
John Ssenyondo, oriundo de Uganda, misionero comboniano que había llegado en
2010 a Guerrero para evangelizar, estaba en una fosa clandestina.
Fue interceptado por
un grupo armado cuando regresaba de la comunidad de Santa Cruz, donde ofreció
una misa de matrimonio. Según testigos, sus captores lo sometieron y lo
encajuelaron en su propio auto. Esta misma versión fue divulgada por las
autoridades eclesiásticas de la zona.
Dos años antes, en
el curato de la parroquia de Nejapa, el sacerdote africano había sido amarrado
y despojado de dinero en efectivo y de una camioneta.
LA FAMILIA LAGUNAS
El 12 de agosto el
señor Gildardo Lagunas se comunicó por teléfono con su esposa, pero colgó
porque en un retén lo detuvieron policías municipales en el cruce de Iguala con
Teloloapan.
En el automóvil, con
él, iba su hijo Luis Alfredo, de 21 años, con sus primos Marlene Hernández, de
28, y José Luis Cruz, de 29. Iban al funeral de su abuelo. Durante tres meses
se los tragó la tierra. Hasta que las autoridades comenzaron a buscar a los
normalistas…
La esposa de
Gildardo y madre de Luis Alfredo sigue penando entre dependencias para que le
entreguen los cuerpos.
Varias de las
desapariciones, según se sabe ahora, ocurrieron en los “filtros” instalados por
los policías de Iguala sobre las carreteras federales, donde a su arbitrio
detenían todos los vehículos que cruzaban por las tres entradas a la ciudad,
interrogaban a conductores y ahí decidían su suerte.
El Ejército, aunque
tiene dos instalaciones en la zona, nunca hizo nada. El ejército también está
acusado de la desaparición de seis jóvenes, en mayo de 2010 en Iguala.
(Con
información de Thalía Güido)
(PROCESO/ MARCELA
TURATI/ REPORTAJE ESPECIAL/ 27 DE NOVIEMBRE DE 2014)
