lunes, 10 de febrero de 2014

POLICÍAS O DELINCUENTES

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Placas borradas, vidrios con polarizado prohibido, patrullas sin logotipo

Agentes que transitan en patrullas de las corporaciones policíacas Ministerial, Estatal Preventiva y Municipal violan la ley al realizar sus operativos de vigilancia sin placas de circulación o con los números de éstas borrados, al parecer deliberadamente. Con esta irregularidad, los agentes violan la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y ameritan castigo, de acuerdo con las disposiciones de esta legislación y del Código Penal.

Otros vehículos oficiales de las corporaciones traen polarizado prohibido —así que no es posible ver cuántos agentes o qué tipo de personas van en sus cabinas—, o con los cristales de las ventanas arriba, de tal manera que si alguien les grita pidiendo auxilio no habrá manera de que los policías escuchen.

Los mismos agentes de la Policía Municipal señalaron que a pesar de estar prohibido el uso de capucha, los uniformados buscan la manera de cubrirse el rostro en algunos operativos, aunque éstos sean simples actos de vigilancia y rutina.

“Son unos güevones. Por ejemplo esos que andan en patrullas nuevas, esas de automóviles Charger, con los vidrios arriba y con el aire acondicionado prendido. Esos güeyes no quieren ni bajarse de la patrulla ¿es así como andan en vigilancia, realizando operativos?”, cuestionó uno de los agentes asignados a la seguridad bancaria, cuya identidad, por razones obvias, no fue revelada.

Pintura “corriente” 

Los agentes se incomodan. No quieren bajar de la patrulla. No caben en la banqueta: van y vienen, esquivos, sordos y ciegos, bajan, suben de la camioneta, se acercan queriendo no saber, y se alejan velozmente.

“Es que es muy mala la pintura, con cualquier tallada se cae”, dice uno de ellos que parece ser el jefe y que fue el último en salir del confort de la patrulla amurallada por los polarizados.

Otro de los entrevistados negó rápidamente que le hayan borrado intencionalmente los números 2291, seguido de la leyenda POL, que debe traer la placa metálica del vehículo, que es también el número asignado a la patrulla. Atribuyó el hecho al fuerte uso que se le da todos los días al automóvil.

Un agente de tránsito que pidió mantener el anonimato dijo que muchas veces los agentes son flojos y no tienen en la corporación quién los ponga en orden y los castigue si cometen alguna irregularidad. Criticó que patrullen con el aire acondicionado encendido y las ventanas de cristal cerradas, lo que los aleja de la ciudadanía, en caso de que ésta requiera sus servicios.

“Es cuestión de flojera, oiga. Esos que andan patrullando así, con el aire acondicionado, no quieren siquiera bajarse de la patrulla porque van a gusto,  paseándose, moneándose, viendo a las muchachas, pero no hacen su trabajo ¿cómo van a escuchar cuando la gente en la calle pida ayuda?”, manifestó.

Los policías municipales, de la Estatal Preventiva y Ministeriales, agregó, hacen lo que quieren, porque a los jefes tampoco les importa, y todos ellos “se han olvidado de que nosotros estamos para respetar la ley, para hacerla cumplir, y la estamos violando con esto de las placas, de los vidrios polarizados y todo esto”.

tresLo mismo pasa con las capuchas. Recientemente fueron prohibidas por las autoridades de la Policía Municipal, pero los agentes las mantienen en las patrullas y se las ponen cuando quieren, de manera caprichosa y discrecional, de tal manera que si hay denuncias por abusos, corrupción u otra arbitrariedad, no hay a quién señalar o identificar.

Tres lavadas 

Un oficial de tránsito se apura a aclarar al reportero que se debe a tantas lavadas que se le dan a la patrulla, la cual, por cierto, luce limpia, pero con los números de las placas borrados.

Están en un operativo por el bulevar Madero, a pocos metros de la avenida Obregón. A los automovilistas les llaman la atención, sin infracción de por medio, dicen, porque no traen puesto el cinturón o vienen hablando por teléfono celular.

“Solo estamos amonestando”, explicó uno de ellos. Tres o cuatro agentes están sobre el camellón del bulevar, a la caza. Detienen a los conductores, les llaman la atención verbalmente y luego los dejan ir. A ellos, por esto de las placas borradas, nadie les reclama o infracciona. Por eso las mantienen como están.

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“Mire, la verdad es que estas patrullas las lavamos tres veces: cada turno, una lavada, y son tres turnos, por eso se despintan, no por otra cosa”, manifestó, con insistencia, uno de los policías de Tránsito.

Entre jefes 

Una de estas patrullas con la placa metálica borrada está asignada a jefes policiacos. Fuentes de la corporación indican que la patrulla con placas POL-2450, sin logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, número de patrulla y con la placa ilegible estaba el mediodía de este martes 4 de febrero mal estacionada, escoltada por al menos otro vehículo de la policía, por la avenida Obregón, afuera de Canaco. El vehículo está pintado con un azul fuerte y opaco, y al parecer está asignado al secretario de Seguridad Pública, Héctor Raúl Benítez.

Francisco Javier Martínez, director de Tránsito Municipal, se mostró sorprendido por el tema de las placas borradas y dijo que efectivamente las patrullas deben estar identificadas, lo mismo que los agentes.

“Eso me queda muy claro, que deben estar plenamente identificadas, y es uno de los proyectos, igual el uniforme porque ahora deben estar con corbata los agentes y las educadoras viales”, manifestó.

Dijo que tomará medidas para que esto se resuelva y de ser necesario pintará por su cuenta las placas, para que esto no vuelva a suceder. Reconoció que esta deficiencia se presta a arbitrariedades y que habrá sanciones si no se corrige o reinciden los policías.

“Créeme que lo voy a tener en cuanta. Me voy a dedicar a que cada quien haga su labor y si están así, las voy a volver a pintar. No debe, no deben, pero esto se debe corregir, se va  terminar”.

—Si reinciden o hay un acto deliberado, ¿van a sancionar?

—Debe de haber sanciones, porque son propiedad del municipio.

 Eso también está dentro de lo que es andar identificado no solo los oficiales, que traen su gafete con su nombre, su moscova, y también las unidades deben estar identificadas y nosotros lo vamos a poner en cintura.

Qué dice la ley 

El artículo 170 de la Ley de Seguridad Pública del Estado señala que las instituciones policiales del estado y municipios deberán portar distintivos visibles y que hagan notar su identidad:

“Las instituciones policiales preventivas del Estado y de los municipios deberán actuar en condiciones que hagan visible y notoria su identidad y presencia en los lugares públicos, portando el uniforme e insignias que correspondan y con vehículos debidamente identificados con los emblemas oficiales, salvo autorización por escrito del titular de cada Institución”.

Además, en otros apartados de esta ley, se refiere específicamente al caso de las corporaciones policiacas, en materia de uniforme, insignias, equipo y otros bienes otorgados por la autoridad para el desempeño de sus funciones.

XXII. Usar los uniformes e insignias de manera visible y notoria con las características y especificaciones que para el efecto se determinen.

XXIX. Usar y mantener en buen estado el equipo móvil, radiotransmisor, arma de cargo, municiones, uniforme, insignias, identificaciones, chaleco, tolete y demás instrumento táctico-policial que le sea proporcionado por la corporación a la que pertenezcan, destinándolo exclusivamente al cumplimiento de sus funciones, evitando un uso indebido del mismo.

cuatroXXX. Respetar las reglas de tránsito y usar las sirenas, luces y altavoz del vehículo a su cargo sólo en casos de emergencia.

Sanciones 
En el artículo, esta ley advierte que habrá sanciones y medidas disciplinarias a quienes contravengan estas disposiciones y a las normas internas de cada corporación, en función de la gravedad y reiteración de la falta.

El artículo 218 explica que las sanciones van desde una amonestación o apercibimiento, que puede ser pública o privada y por escrito, el cambio de adscripción cuando se afecte la disciplina o sea necesario mejorar la imagen y servicios de la corporación, y la suspensión temporal, que puede alcanzar un plazo de 15 días como mínimo y un máximo de dos meses.

“La sanción a que se refiere esta fracción será sin la percepción de su retribución; pero en el supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad por la instancia competente, se le pagarán las percepciones retenidas y se le reincorporará inmediatamente a su puesto, recuperando sus derechos de antigüedad”, se advierte.

Además, agrega, entre las sanciones se incluye la inhabilitación, suspensión cautelar –que permite retirar al agente mientras se realiza la investigación y sin goce de sueldo y prestaciones-, y destitución del cargo.

“(La inhabilitación) consiste en el impedimento para desempeñar cualquier cargo público que será de un lapso de cinco a diez años (…) y la destitución del cargo: Que consiste en la separación y baja definitiva del elemento policial, por causa grave en el desempeño de sus funciones; lo anterior, sin que proceda ningún medio de defensa legal ordinario para su reinstalación, quedando impedido para desempeñar el servicio policial”.

“Ellos son la autoridad” 

Don José tiene mucho tiempo manejando vehículos de su propiedad y en más de una ocasión ha perdido, sin darse cuenta, la placa delantera o trasera, y por esta razón ha sido detenido por policías de diferentes corporaciones e infraccionado por agentes de tránsito.

“En dos ocasiones se me han perdido las placas. Nada más me ve un agente y me quiere infraccionar, y yo les digo que la tengo perdida o que no me había dado cuenta, porque eso pasa, que uno no se da cuenta. Igual te infraccionan y te dicen que tienes que reportarla, porque si alguien más la encuentra puede cometer fechorías”, sostuvo.

El reporte ante las autoridades estatales, agregó, tiene vigencia de 15 días, pero además debe adquirir de nuevo las placas y entregar las anteriores, y “es como si fuera a sacar las placas nuevamente”.

En esa ocasión, hace alrededor de tres años, pagó alrededor de mil 200 pesos por el trámite de las placas y la infracción, cuando fue sorprendido por los tránsitos circulando por la Calzada Heroico Colegio Militar, frente a la colonia Las Huertas.

“El agente de Tránsito no se puso grosero, solo me infraccionó y ya, pero otras veces hasta borrachos me han tocado los agentes y yo les digo ´infraccióneme y ya, y déjese de chingaderas porque si no lo voy a reportar, y ya me dejan en paz”.

Dijo que muchos de los vehículos que no portan placas son de las diferentes corporaciones policíacas, pero a ellos no hay quien los multe.

“Pero ellos son la autoridad y deben poner el ejemplo, porque entonces puede prestarse a fechorías, a que cometan delitos, abusos. Se les olvida eso, que son la ley”, afirmó.


LA EJECUCIÓN DE SÁMANO BAZÚA



“Preocupa el silencio y la falta de información”, opinaba el finado exjuez civil.

Es un crimen muy grave y sí preocupa el silencio y la falta de información a la ciudadanía”, dijo el exjuez civil Javier Sámano Bazúa a Ríodoce, al ser entrevistado el 23 de junio de 2013, sobre el extinto exjuez civil Isidro Hernández Ramírez, masacrado junto con su familia en la zona serrana del municipio de Concordia.

A ocho meses de aquellos asesinatos, Sámano Bazúa nunca imaginó que también él sería una víctima mortal, cuando el miércoles pasado fue muerto a tiros cerca de su despacho particular. Y que a raíz de la falta de información, una de las primeras conjeturas que circularían sobre el móvil de su asesinato sería en torno a un presunto fraude contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Una semana antes, en los corrillos de abogados, se comentaba que Sámano Bazúa y Ofelia Pardo Lizárraga, su exsecretaria de Acuerdos, se ampararon porque desde el 21 de enero tenían una orden de aprehensión en su contra, sin especificar de qué los acusaban, pero asumían que se trataba de la CFE.

“Están matando a los exjueces que estuvieron involucrados en los fraudes contra la CFE”, aventuraban versiones extraoficiales, el día del homicidio. En cuanto al “silencio” que tanto preocupaba al finado, se dijo que las autoridades municipales y estatales intentaron silenciar el impacto de aquel crimen familiar para no dañar la supuesta buena imagen de Mazatlán.

Desde el momento que los jefes policíacos se enteraron del atentado contra Javier Sámano Bazúa, se comunicaron por la frecuencia selectiva (sin acceso a la tropa); sabían que se trataba de un crimen de alto impacto, porque el exjuez civil era un litigante que gozaba de poder y fama en los tribunales civiles y penales.

Javier Sámano Bazúa, de 60 años, hizo cosas “que fueron interesantes”, dicen tanto defensores como detractores: fue juez Primero y Segundo de lo Civil, doctor en Derecho, catedrático de la UAS y conoció a fondo los laberintos legales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Dicho conocimiento, sostienen quienes lo trataron de cerca, le permitió al exjuez  tener el poder para colocar al menos a ocho, de cada diez funcionarios públicos que actualmente operan en los juzgados civiles de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado.

Por ello, enfatizan, cuando Sámano Bazúa, jubilado y convertido en abogado litigante llegaba a los tribunales civiles, no había funcionario público que le cerrara las puertas y le ocultara el tejemaneje de los asuntos legales que el finado defendía y ganaba a favor de sus clientes que lo contrataban.

El crimen fue cometido aproximadamente a las 10:50 horas, cerca de  las oficinas del abogado, marcadas con el número 207 de la calle Río Bravo, entre las calles Papagayo y Jesús García, en la colonia Ferrocarrilera, a ciento cuarenta metros del portón por donde entra y sale el personal de la Subdelegación de la Procuraduría General de la República.

Luego de ocurrido el crimen, no todo fueron lágrimas ni pésames, sino que también hubo filias y fobias: “Y murió el cinco de febrero, el Día de la Constitución… que tanto violó”, dijo una abogada.

Otro abogado añadió: “El doctor Sámano Bazúa era una persona muy humanitaria, si tú tenías una urgencia económica y les pedías cinco mil pesos prestados, él te los prestaba, pero te decía “sé que no me los vas a pagar”.

El 16 de diciembre de 2011, Ríodoce entrevistó en su lecho de muerte, derrumbado por la diabetes, al fallecido abogado penalista, Nicanor Bautista Ramírez, quien acusaba de corruptos a los entonces jueces civiles Javier Sámano Bazúa y Juan Camacho Mérida.

 —¿Es cierto que usted denunció penalmente al juez Sámano Bazúa?— se le preguntó a Bautista Ramírez. 

—Hay una denuncia penal en contra de Sámano Bazúa, que es la averiguación previa 221/2004, en la agencia tercera y en el archivo causó prescripción.

—¿De qué acusaba al (entonces) juez Sámano Bazúa?

—El señor cometió delitos contra la administración de justicia— dijo el penalista.

El 23 de junio de 2013, este semanario le preguntó a Sámano Bazúa sobre las acusaciones del abogado penalista, a lo que respondió:

“Es algo subjetivo, es algo personal, él pudo decir lo que quiso; decir es fácil, hay que comprobarlo, y él como abogado debió saber que lo que un abogado dice debe ser comprobado”.

En esa ocasión, Sámano Bazúa dijo respecto al fuerte silencio que imperaba en los círculos del Poder Judicial y de los abogados en torno a la masacre del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, que “la verdad es que yo no le encuentro explicación, porque es un crimen bastante terrible, bastante serio…” 

Febrero cinco 

—A las 10:50 horas, el abogado Sámano Bazúa es atacado a balazos por un sicario cerca de sus oficinas ubicadas en la colonia Ferrocarrilera.

—El vehículo utilizado fue una camioneta Ford Lobo, doble cabina, color negro, sin placas.

—Peritos de la Procuraduría General de Justicia recogieron tres casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

El rector Juan Eulogio Guerra. Indignación.—A las 13:02 horas, Sámano Bazúa muere en la clínica del Issste debido a la gravedad de las lesiones.

Sin derecho a la vida: Juan Eulogio Guerra Liera

“Estamos indignados por la violencia que estamos teniendo en Sinaloa”

“Desde aquí exigimos para el maestro Sámano, así como para todos aquellos ciudadanos que han sido víctimas de la violencia, exigimos respuesta rápida, pero sobre todo condiciones para que se garantice la paz social en Sinaloa”,  dijo en Mazatlán, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, durante una gira de trabajo por el sur de Sinaloa.

Todavía estaba tendido el cuerpo. Igual reclamo hacía Diana Margarita Garzón, directora de la Facultad de Derecho de la UAS, en Mazatlán.

“Todavía no podemos concebir que el maestro Sámano Bazúa haya perdido la vida en manos de delincuentes, ¿cómo es posible que no tengamos ese derecho a la vida que está en nuestra Constitución?”
“Nuestra postura como sinaloenses —sostiene—, es que se encuentre a los delincuentes, que los gobernantes preserven los derechos humanos no solamente de los mazatlecos sino de todos los ciudadanos; estamos indignados por la violencia que tenemos en Sinaloa”.

La directora de Derecho reconoce que la UAS debe tener una postura de exigencia para el esclarecimiento del crimen, debido a que la institución es formadora de abogados, y añade que “muchos alumnos y maestros de la escuela han venido a despedirse de su maestro, conmocionados por lo que está sucediendo, pues junto con el respeto que se tiene por el dolor de la familia, también conscientes de exigir que se cumpla con la legalidad y el derecho a la vida”.

—El doctor Sámano Bazúa era de la opinión que ante los crímenes no podían guardar silencio, como en el caso de la masacre, en Concordia, del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, ocurrido el año pasado.

Javier Sámano. Final trágico.—Así es, no podemos quedarnos callados. La facultad de Derecho de la UAS ya ha tenido cinco muertes violentas: la de los maestros Carlos Leyva, Pablo Rendón, Rubén Bórquez, Miramontes, y ahora la del maestro Sámano Bazúa, quien era consejero universitario suplente de la facultad de Derecho e impartía la materia de Derecho Civil.

—¿Qué acciones va a realizar la Facultad de Derecho para exigir justicia?

—Los universitarios no olvidamos, pero sí confiamos en la legalidad. Hablamos ya con el subprocurador Regional de Justicia, Jesús Antonio Sánchez, Solís, quien es maestro también de la facultad, y vamos a esperar que ellos resuelvan. Confío en que él no solamente va a tener la obligación como subprocurador, sino la obligación moral por ser maestro de la facultad, por ser universitario, porque así como daña a la ciudadanía este delito, nos daña a nosotros aún más. Es realmente, como le digo,  indignante. Ayer hablé con el subprocurador, como amigos, como compañeros de trabajo, pidiéndole que cumpliera su deber como universitario y como amigo.

—¿Y qué le respondió el subprocurador?

—Que ellos están realizando todo lo necesario, que están buscando móviles, y confío en que nos dará una respuesta pronta. 

—¿No hay todavía posibles móviles del crimen?

—Todavía no pero vamos a estar muy pendientes de la revisión de todo el expediente.

Margarita Garzón relató que el día del homicidio (5 de febrero) “expresé en las redes sociales lo paradójico que resulta que el día en que se conmemora la Constitución Política del país, en donde se preservaban los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, ejecuten a un maestro universitario ¿qué pasa entonces con ese derecho a la vida? Dije que todavía tengo fe y espero que los gobernantes apliquen la ley”.

febrero 9, 2014  )

DEMERUTIS: ACRIBILLAN EL ORGULLO GRIEGO

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Asesinato de Gerardo Martín Demerutis

Los homicidas apuntaron hacia arriba y dispararon, dando en el blanco: Gerardo Martín Demerutis Chaul, empresario del sector agrícola y miembro de una connotada familia que a la vez forma parte importante de la comunidad griega asentada en Culiacán, todos ellos dedicados a la siembra de hortalizas y con gran presencia en la economía local.

Hijo de Ángel Demeritus, uno de los más prominentes horticultores del estado, el hoy occiso encabezaba una empresa que venía a menos y se había limitado a sembrar pepino en invernadero —n menores extensiones de tierra pero con más rendimiento— por resultar más barato que el tomate.

Pero la bonanza que vivió la familia Demerutis durante los setenta y ochenta, como propietarios de campo Pénjamo —ubicado por la carretera Culiacán-Eldorado—, se vino abajo, y versiones extraoficiales señalan que Gerardo Martín, de alrededor de 48 años, tenía problemas financieros.

“Él andaba corto de dinero, pero puede garantizarse que no tenía problemas de otro tipo, de que anduviera en negocios chuecos, sucios”, manifestó una persona allegada a sus actividades empresariales.

El asesinato 

Demerutis Chaul circulaba en un automóvil Acord blanco, de modelo reciente y placas VNF-7030, por la calle Cerro de los Pilares, en el fraccionamiento Montebello, y luego de cruzar la avenida Monte Olimpo fue alcanzado por hombres armados, quienes les dispararon desde un vehículo en movimiento.

Los homicidas efectuaron un ataque directo en contra de los ocupantes, tres en total, y siguieron disparando sus armas AK-47, conocidos como Cuerno de chivo, y 5.7, llamadas matapolicías por su capacidad para atravesar los chalecos antibalas que usan los agentes de las corporaciones policiacas.

Al parecer, ya detenido el vehículo de las víctimas tras chocar contra un árbol, subirse a la banqueta y estrellarse contra la pared de una vivienda, los gatilleros siguieron disparando. En total, en el lugar fueron contabilizados al menos 100 casquillos de los dos calibres mencionados.

La pared de la vivienda en que se estampó el automóvil tenía alrededor de 40 impactos. Cristales, llantas y carrocería del Acord quedaron destrozados.

Versiones de vecinos del lugar señalaron que era cotidiano ver a Gerardo Martín, pues al parecer familiares suyos viven en el sector y en Colinas de San Miguel; y que en el día del homicidio fueron vistas en vehículos diferentes, personas que no viven en el sector. Al parecer, vigilaban los movimientos de la víctima.

Las muertos fueron identificadas como Gerardo Martín Demerutis; José Cruz Morán Escobar, de 33 años, y Uvaldo Hernández Sarmiento, de 42, ambos empleados del agricultor. También fue herido, pero aparentemente está fuera de peligro, Fernando Infante Ramírez, de 68 años, quien se desempeña como velador en una de las viviendas del sector.

Al lugar llegaron agentes de las diferentes corporaciones, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y elementos del Ejército Mexicano.

De la cumbre a la tumba 

Ángel Demeritus encabezó durante muchos años un próspero negocio en el terreno de la horticultura de exportación. Durante décadas —en los años setenta y ochenta, sobre todo—, alcanzó a sembrar entre 500 y 600 hectáreas de tomate y otros cultivos, y contó con la mano de obra de cerca de 6 mil trabajadores en el valle de Culiacán.

“Era una empresa muy sólida y fuerte, una de las más destacadas, además de que Ángel Demerutis era un hombre apreciado por la comunidad, con buenas relaciones, gente de trabajo, a pesar de que renegó de las organizaciones de productores agrícolas, como Caades y AARC, porque decía que no servían, que no funcionaban”, manifestó una persona cercana a la familia y al sector agropecuario.

Así, los Demerutis, junto con los Papatheodorou, Canelos, Petrulias y Crisantes, entre otros, formaban esta casta de griegos asentados en Culiacán e impulsores de la nueva era en la horticultora regional y nacional.

Papatheodorou, por ejemplo, fue un importante vínculo de la comunidad griega con la Presidencia de la República, cuando ésta fue encabezada por Lázaro Cárdenas, y participó en Michoacán en programas de reforestación, antes de migrar a Culiacán.

“Es un golpe al orgullo de los griegos, a esta comunidad, pero también al agro sinaloense, este asesinato, sobre todo porque a ninguno de ellos se le ha vinculado con el narcotráfico”, señaló un agricultor.

En la actividad agrícola estatal, advirtió, las grandes empresas que están teniendo un crecimiento acelerado y que siembran hortalizas y granos, tienen “dinero raro”, y cerca del 50 por ciento se alimentan con recursos de procedencia ilícita.

En este gremio, nadie afirma que Gerardo Martín haya estado vinculado con el narcotráfico, pero sí reconocen que esta actividad delictiva ha penetrado en todos los ámbitos de la vida estatal y el agro no es la excepción.

  (RIODOCE /  Javier Valdez/ )

RIQUEZA REPENTINA DE ELISA PÉREZ

Elisa Pérez. Propiedades en cuestión.

Los nuevos ricos empezaron a cobrar relevancia en el insaciable sexenio de Juan Sigfrido Millán Lizárraga y continuaron bajo la administración de Jesús Aguilar Padilla, muchos de ellos herencia nefasta del millanato. Joaquín Vega Acuña, Abraham Velázquez, Rosa del Carmen Lizárraga, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, son algunos de los servidores públicos que surgieron de la noche a la mañana con fortunas tan ilícitas como impunes. Casas en zonas residenciales, terrenos, cuentas bancarias, maletas en los closets, vehículos de lujo y empresas fueron adquiridos exhibiendo un afán compulsivo por amasar una fortuna que solo habían tenido en sus sueños de “grandeza”. El “Gobierno del cambio” vino a confirmar que el vicio de la corrupción es consustancial a la impunidad que lo cobija, y ahora es Elisa Margarita Pérez Garmendia, directora de Comunicación Social de Mario López Valdez, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. 

Elisa Pérez Garmendia, coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, fue acusada por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal o peculado, ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC). La queja fue interpuesta por Miguel Ángel Murillo Sánchez, en calidad de ciudadano.

En el documento, recibido en la UTRC el 28 de enero pasado, Murillo Sánchez afirma que “la hoy denunciada y servidora pública ha obtenido e incrementado su patrimonio familiar… de forma inexplicable y que son varios los bienes que desde que entró a trabajar en el cargo de directora de Comunicación del Gobierno del Estado, ha obtenido…”.

Afirma que la funcionaria trata de engañar al presente Gobierno del Estado ya que en su declaración patrimonial omite bienes de su propiedad. Dice que el sueldo que percibe y la situación económica de su familia no son suficientemente solventes para acreditar la adquisición lícita de los bienes inmuebles.

De acuerdo con los documentos que acompañan a la queja y cuya autenticidad fue confirmada por Ríodoce, Pérez Garmendia adquirió un terreno urbano ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos (DUTR) , el 7 de marzo de 2012, por la cantidad de 1 millón 222 mil 250 pesos. La escritura de la transacción fue protocolizada por el Notario Público Marco Antonio Zazueta Félix e inscrita en el Registro Público de la propiedad el 30 del mismo mes bajo la escritura pública 2511.

El terreno fue vendido por la señora Alma Rosa Terrazas Martínez y se encuentra ubicado en la esquina de las calles Diego Rivera y privada cerrada Diego Rivera, frente a la privada Los Cisnes.

Otra de las compras de la funcionaria malovista, dice la denuncia, ocurrió el 8 de julio de 2013, cuando una casa en la colonia Las Quintas fue adquirida por la señora Sonia Beatriz Pérez Garmendia, de la que el denunciante afirma es una “prestanombre” de su hermana Elisa. Como parte vendedora aparece el Banco Santander.

La transacción, protocolizada también por el notario Zazueta Félix, fue por 1 millón 500 mil 050 pesos. La casa está ubicada en el 990 de la calle Presa Adolfo López Mateos, en el sector poniente de la colonia.

Según la denuncia de Murillo Sánchez, la hermana de Elisa, a la que dice conocer, no tenía capacidad para comprar una casa de un millón y medio de pesos.

En las declaraciones patrimoniales de Elisa Pérez en los años 2011 y 2012, aparecen dos casas habitación con un valor total de 615 mil pesos. También registra dos terrenos que suman un valor de 1 millón 262 mil 250 pesos.

Entrevistada sobre esta denuncia, explica que ella no ha omitido ninguna propiedad en sus declaraciones patrimoniales. Los dos terrenos que aparecen, dice, son el del DUTR, que adquirió en diciembre de 2011 y otro que es ejidal y que recibió en donación de su familia hace muchos años. Es un terreno que no vale más de 40 mil pesos.

Sobre las dos casas que declara, dice que una está ubicada en Lomas del Sol y la otra en Valle Alto y que si bien en total suman 615 mil pesos, es que a los funcionarios se les pide que registren el valor de compra. Obviamente, indica, ahora valen más, pero ese es el criterio que se aplica.

En 2012, Elisa Pérez declaró un patrimonio de 3 millones 344 mil pesos en números cerrados, cuando un año antes había declarado la cantidad de 3 millones 164 mil pesos. Es decir, que en un año su riqueza aumentó, se supone, en la cantidad de solo 180 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia de Murillo Sánchez, en diciembre de 2011 Elisa Pérez adquirió una casa en Mazatlán que le costó 2 millones 400 mil pesos. La casa, explica, se encuentra ubicada en el fraccionamiento Coto Diamante de Villa Marina Mazatlán y se la compró a la constructora Consorcio Inmobiliario GIG. La casa, reza la denuncia, tiene por domicilio el 8033 de la calle Ágata. El documento oficial de la compraventa no se presenta, afirma, por retrasos en el Registro Público de la Propiedad, pero asegura haber estado en esa casa en compañía de la denunciada y su familia en varias ocasiones.

Nuevo Altata. “Regalo materno”.Pero esta propiedad de la jefa de Comunicación del Gobierno del cambio no aparece en su declaración patrimonial. En la entrevista con Ríodoce explica que no aparece porque la casa fue adquirida a crédito, bajo reserva de dominio y que paga por ella alrededor de 10 mil pesos mensuales para saldar el crédito.

Tampoco aparece en sus declaraciones un bungalow que a decir de la denuncia interpuesta, la misma funcionaria compró en el Nuevo Altata, concretamente en el edificio llamado “Pez Mojarra”. De acuerdo con la queja, se trata del departamento 5 de dicho edificio, ubicado en paseo de las dunas 936.

Miguel Ángel Murillo. La denuncia.Según la queja, la propiedad la adquirió en 2012 por la cantidad de 750 mil pesos. No presenta la escritura pública como prueba, pero sí copia de un recibo de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de la funcionaria.
Elisa Pérez dijo a Ríodoce que ese bungalow se lo regaló su madre, doña María Garmendia, quien lo compró en preventa mucho antes de que ella fuera funcionaria de Gobierno.


La otra denuncia 

Otra denuncia fue presentada por Murillo Sánchez, pero esta vez contra la hermana de Elisa, quien, afirma, se prestó a simular una adquisición que no era suya, sino de la jefa de prensa de Mario López Valdez. Y no lo hizo ante la UTRC, sino ante el Ministerio Público del Fuero Común, por los delitos considerados contra la administración pública y ocultación indebida de recursos públicos, previsto y sancionado por los artículos 310 y 313 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

La denuncia fue recibida en la Unidad Receptora de Denuncias de la Procuraduría de Justicia el 28 de enero pasado. En ella, Murillo Sánchez da cuenta de la compra del inmueble de la colonia Las Quintas, por la calle Presa Adolfo López Mateos.

El denunciante sostiene que Sonia Beatriz Pérez Garmendia no tenía ni tiene capacidad económica para adquirir una propiedad por un millón y medio de pesos y que por lo tanto ha incurrido en ilícitos plenamente tipificados por las leyes y códigos de la entidad.

Coto Diamante, Mazatlán. Vida cara.Entrevistada telefónicamente, pues se encontraba en la Ciudad de México, Pérez Garmendia afirmó que la casa de Las Quintas realmente la compró su hermana con un cheque de caja en una subasta del banco Santander.
Mar de fondo 

Para Elisa Pérez Garmendia, la denuncia hecha por Miguel Ángel Murillo Sánchez tiene como fondo el juicio de divorcio que sostienen ella y su esposo, Jesús Héctor López Beltrán.

“Es muy sencillo, Miguel es el abogado defensor de mi ex pareja y está utilizando todos los medios para atacarme; simplemente te digo que para adquirir la casa de Mazatlán mi pareja me dio los 600 mil pesos que yo di de enganche, pero eso nunca lo va a aceptar porque de lo que se trata es de echarme lodo”.

Miguel Murillo, dijo, está incurriendo un fraude procesal al representar legalmente a una persona y a la vez atacar a la contraparte de esta manera. Todo eso quedará claro al final del juicio, advirtió.

Dice el Código Penal de Sinaloa:  

Promoción de conductas ilícitas 

Artículo 310. Al particular que por sí o por interpósita persona promueva una conducta ilícita de un servidor público o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrá prisión de tres meses a dos años y de diez a cien días de multa.

Adquisición u ocultación indebida de recursos públicos

Artículo 313. Al que a sabiendas adquiera indebidamente o haga figurar como suyos, bienes que un servidor público haya adquirido en contravención a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le aplicará prisión de seis meses a cinco años y de treinta a trescientos días de multa.

Imputación de hechos falsos y simulación de pruebas 

ARTICULO 335.- Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito, le impute ante la autoridad un hecho falso o simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y de veinte a cien días multa.

No se procederá contra el agente, sino después de que se dicte resolución irrevocable que ponga fin al proceso que se instruya por el delito imputado.

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AGENTES POLICIACOS ESCLARECEN HOMICIDIO

c20Sicarios detenidos frente al Hospital, confesaron autoría de crimen en Goal de Náinari y Tácale

Dos de los tres gatilleros capturados por policías de los tres niveles de Gobierno la tarde del sábado, confesaron haber dado muerte a un hombre fuera del gimnasio “Goal gym”, hecho que fue reconstruido, ayer al mediodía, al igual que la agresión cometida contra un residente del fraccionamiento Prados del Tepeyac.

De inicio, José Roberto Ramírez Álvarez y Mario Ubaldo Razcón Gómez, de 32 y 26 años, admitieron que el pasado martes en la mañana dieron muerte a Raúl Gutiérrez Orduño, en el estacionamiento del referido establecimiento.

Argumentaron que el crimen lo perpetraron por tener “cuentas pendientes” con un grupo delictivo al que ellos pertenecen.

Durante una reconstrucción de hechos realizada en medio de fuerte dispositivo de seguridad, poco después de las 12:00 horas, en calles Náinari y Tácale, inicialmente Razcón Gómez, fue bajado de la patrulla y llevado al vehículo tipo vagoneta, marca Dodge, línea Durango, modelo 1998, sin placas de circulación.

La unidad motriz fue estacionada sobre la calle Náinari al poniente de la Tácale y puesto al volante, en señal de que ese día él conducía el vehículo en el que llegaron al lugar para dar muerte a Gutiérrez Orduño, de 45 años y con domicilio en la colonia Villa California.

Luego apareció en escena, Ramírez Álvarez, como presunto ejecutor y de igual forma relató pormenorizadamente la forma en que actuó antes, durante y después de dar muerte a su víctima que se hallaba a bordo de un Nissan Altima, color guinda, modelo reciente, tras haber salido del gimnasio al terminar sus ejercicios matinales.

Las diligencias se realizaron ante la presencia del Ministerio Público del Fuero Común del sector uno, el defensor de oficio, así como comandantes de las policías Estatal Investigadora, Estatal de Seguridad Pública y Preventiva Municipal.

Momentos antes, en calles 200 y Mar Mediterráneo, igualmente revivieron el ataque armado que cometieron junto con Francisco Rafael Arvizu García, contra un automovilista, de 29 años, el sábado alrededor de las 16:30 horas.

De ahí se trasladaron a la 200 y París, donde fueron copados y detenidos por representantes de la ley de los tres órdenes de Gobierno, diligencia que fue dirigida por el Ministerio Público del sector dos.

Se informó que el fiscal en cuestión los consignaría por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el ahora lesionado y otro representante social lo haría por homicidio calificado en agravio de Raúl Gutiérrez Orduño.

Los tres detenidos continuaban ayer en la tarde sujetos a estrechos interrogatorios en relación a otros homicidios cometidos en esta ciudad y el Municipio de Bácum.

RECONSTRUYEN ATAQUE Y CRIMEN FRENTE A SEMESON Y GIMNASIO EN CAJEME

c20c20c20c20Sicarios confiesan muerte de hombre fuera del “Goal gym”; serán consignados por  homicidio calificado

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, ayer, poco antes del mediodía, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hicieron la reconstrucción del ataque armado ocurrido la tarde del sábado frente al Hospital General y el asesinato de un hombre, suscitado el pasado martes fuera del gimnasio “Goal gym”.

Las diligencias indagatorias fueron encabezadas por el Ministerio Público del Fuero Común del sector dos, José Luis Espinoza Soto, con apoyo de elementos de las Policías Estatal Investigadora, Estatal de Seguridad Pública y Municipal.

Alrededor de las 11:30 de la mañana, inició la reconstrucción en calle 200 entre Mar Mediterráneo y Michoacán, frente al Hospital de la Secretaría de Salud, donde el sábado a las 16:30 horas, fue agredido gravemente a balazos un hombre de 29 años, que vive en Flavio Bórquez, colonia Prados del Tepeyac.

Para recrear los hechos movilizaron el vehículo, tipo vagoneta, marca Dodge, línea Durango, color gris y con placas de circulación WBU 5337, así como a los presuntos gatilleros, Mario Ubaldo Razcón Gómez, José Roberto Ramírez Álvarez y Francisco Rafael Arvizu García, de 26, 32 y 28 años de edad.

Al menos uno de ellos esposado de pies y manos, fue cuestionado para que relatara con detalles la ataque contra el lesionado que tripulaba un sedán Honda, Civic, color negro, dos puertas y sin placas de circulación.

Después de permanecer alrededor de veinte minutos, el convoy se dirigió a calles 200 y París y de igual forma revivieron los pormenores donde se produjo su detención, cuando iban en franca huida hacia el poniente y donde les aseguraron dos armas de fuego calibre 45 y 38 Súper.

ESCLARECEN HOMICIDIO

Minutos más tarde, personal ministerial y detenidos, resguardados por decenas de policías se trasladaron a calles Náinari y Tácale, donde el pasado martes 4 de febrero, fue victimado a balazos, Raúl Gutiérrez Orduño, de 45 años y con domicilio en calles Pótam y California, colonia Villa California.

El ahora occiso fue acribillado cuando a bordo de un Nissan Altima, color vino, modelo reciente y sin placas de circulación, en el que estaba a punto de retirarse, luego de haber cumplido con su rutina de ejercicios matinales.

El hombre fue victimado de cinco balazos del cuello a la cabeza a través del cristal delantero del lado del conductor.

ADMITEN EJECUCIÓN

Como presuntos responsables de este crimen aparece el ejecutor José Roberto Ramírez Álvarez, con domicilio en Bácum y como coparticipe Mario Ubaldo Razcón Gómez, que vive en Juan de la Barrera # 249 colonia Cortinas.

Inicialmente fue bajado de la unidad con número oficial 10 de la Policía Estatal de Seguridad Pública, el segundo de ellos, quien narró con detalles la forma en que llegaron y donde estuvieron esperando a su víctima.

Más adelante, el supuesto ejecutor, José Roberto, igualmente fue descendido de la misma patrulla, mientras que Francisco Rafael Arvizu García, permaneció acostado y esposado en la caja posterior del vehículo radiopatrulla.

Ramírez Álvarez, fue llevado hasta el estacionamiento donde relató la forma en que dio muerte a Gutiérrez Orduño, cuyo automóvil Nissan Altima, también fue llevado al lugar de la ejecución para dar cumplimiento a esa diligencia dirigida por el fiscal Gilberto Ramírez Vázquez, titular de la Agencia del Ministerio Público del sector uno.

Seguidamente y asistido por el defensor de oficio el ahora inculpado, se encaminó por la Tácale al norte hasta llegar a la Morelos, donde abordó el vehículo donde lo esperaba Razcón Gómez, para ambos darse a la fuga.

Trascendió que según los sujetos en cuestión, acabaron con la vida de Gutiérrez Orduño porque tenía “cuentas pendientes” con el grupo delictivo al que ellos pertenecen.

SERÁN CONSIGNADOS

Se conoció que los tres tipos serán consignados en el transcurso de hoy por el delito de homicidio calificado con todas las agravantes en grado de tentativa en agravio del hombre de 29 años baleado frente al Hospital General y cuyo estado de salud era considerado como grave, pero estable.

De la misma forma, se dijo que el Ministerio Público, Ramírez Vázquez, solicitará el ejercicio de acción penal contra los dos primeros sujetos, por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Raúl Gutiérrez Orduño.

(DIARIO DEL YAQUI/   Martín Alberto Mendoza / Domingo, 09 Febrero 2014 23:53)

PRIVAN DE LA LIBERTAD A TRAILEROS Y ROBAN 120 TONELADAS DE FRIJOL EN GUAYMAS

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El robo de más de tres millones de pesos en cargamento de frijol, involucrando el robo de cuatro cajas de trailer y el “levantón” de dos choferes, movilizó a todas las fuerzas de seguridad, quienes este domingo recuperaron dos tractocamiones, que se hallaban en estado de abandono.

Al filo de las 12:00 horas de ayer, la base de la Policía Federal y la Policía Municipal, recibieron el reporte de dos unidades que desde el viernes habían sido abandonadas, sobre el bulevar Mar Caribe, sin que alguna persona hiciera movimientos en las mismas, lo que despertó la sospecha de los vecinos del lugar.

Las cabinas de los trailers fueron dejadas en una zona habitacional, altamente poblada, y de hecho, a unos cuantos metros de un centro comercial.

Miguel Ángel Zambaron Urquiza, propietario de la carga, originario de Guasave, Sinaloa, interpuso la demanda correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de este Puerto, la cual señala que presuntamente, en el estacionamiento de la gasolinera “El Valiente”, sus choferes habían llegado a descansar, a eso de las 17:40 horas del pasado viernes.

Información obtenida de manera extraoficial, establece que al lugar llegaron cuatro encapuchados fuertemente armados a bordo de una camioneta Lobo blanca, quienes amagaron a los dos operadores y los bajaron a punta de pistola, hasta meterlos a la camioneta, en donde los llevaron por caminos de terracería de entre San José, Santa Clara y el ejido Buenos Aires de la Comisaría de San Carlos.

Según la versión obtenida, los conductores afirman que después del “levantón”, los dejaron tirados en el puente de San Carlos, lugar desde donde caminaron hasta que llegaron metros antes del puente de San Carlos, donde elementos federales les prestaron el auxilio.

Momentos después se activó un operativo para dar con los trailers robados, sin embargo, no se supo de ellos hasta el mediodía de este domingo.

Un impresionante operativo de federales y municipales se vivió este domingo en Guaymas Norte, donde grúas de alto poder, removieron las cabinas de los trailers hasta el Servicio Morales, donde quedaron a disposición del representante social que investiga el caso. Hasta el cierre de la edición, no se tenía conocimiento del paradero de las cajas de los trailers ni de su millonaria carga.

(DIARIO DEL YAQUI/  Miguel Leyva Guerrero/ Lunes, 10 Febrero 2014 00:31)

VAN 6,800 MDP POR EXPROPIACIÓN DE FOX

México, D.F.- La expropiación de los ingenios azucareros durante la Administración de Vicente Fox le ha costado a los contribuyentes 6 mil 810 millones de pesos.

Ello se desprende de información proporcionada por la Secretaría de Agricultura (Sagarpa).

Pese a esto, hasta la fecha no se sabe cuál es la situación financiera de los ingenios, es decir, si operan con pérdidas o ya se recuperaron.

La cifra contiene el gasto erogado entre 2001 y 2013 para apoyar la operación de los ingenios, pagar indemnizaciones a los dueños y dotar de recursos a las fábricas para su gasto corriente.

El costo de este salvamento equivale a tres años de presupuesto del Hospital General de México, uno de los más grandes de la Secretaría de Salud, o bien, a cuatro años de operación del DIF.

De acuerdo con la información proporcionada, en 12 años se destinaron 5 mil 500 millones de pesos bajo el rubro de "Apoyo para la operación".

Otros mil 187 millones fueron para indemnizar a Grupo Caze, uno de los propietarios.

El resto se asignó a gasto corriente de las fábricas, es decir, sueldos, mantenimiento y materias primas, entre otros rubros.

A esto hay que sumar los recursos que se destinan al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, fideicomiso encargado de vigilar que sigan operando los ingenios.

A pesar de que sólo tiene tres plazas de funcionarios públicos, dicho fideicomiso ha costado 785 millones de pesos entre 2001 y los recursos aprobados para este año.

Actualmente, sólo vigila la operación de nueve fábricas, ya que las otras 18 fueron vendidas o regresadas a sus dueños.


(ZOCALO/  Reforma / 10/02/2014 - 07:45 AM)