¿Dónde
está el dinero público y de donaciones privadas y extranjeras para la
reconstrucción del país?, ¿Quiénes manejan esas bolsas millonarias? Esto y más
se han cuestionado durante los seis meses los miles de damnificados que dejó el
sismo del 19 de septiembre, y que golpeó fuertemente a cinco estados del país,
incluida la Ciudad de México.
El
CIDE realizó un estudio para detallar que los recursos públicos federales y
estatales son administrados o vigilados por la Secretaría de Hacienda, el
Gobierno federal, Sedesol, Sedatu y Banobras. Pero detectó que, en general,
reportan falta de transparencia por lo que incluso hay riesgo de que queden en
el limbo.
En
la Ciudad de México, donde hubo señalamientos contra legisladores de la ALDF
por el secuestro del presupuesto para los damnificados, ahora la Secretaría de
Finanzas se encarga de asignarlos a las dependencias que lo requieren bajo la
vigilancia de la Comisión de Reconstrucción. La instancia se ha comprometido a
subir en línea a dónde va cada peso tanto del Fondo (5 mil millones de pesos)
como de otras fuentes –como la de contingencia (2 mil 900 millones de pesos)–.
“Como si fuera una auditoría”, dijo Edgar Amador Zamora, Secretario de Finanzas
de la capital del país.
Pero
a seis meses de la tragedia persisten muchas dudas sobre cuánto es el monto
total de la ayuda debido a un problema de comunicación y, por supuesto, a la
falta de transparencia , afirmó el autor del estudio del CIDE, Jaime Hernández.
Ciudad
de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Hace seis meses un temblor con intensidad
de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México
y Guerrero. Murieron 471 personas, otros 12 millones resultaron afectados y más
de 180 mil viviendas están dañadas. Para el proceso de reconstrucción,
surgieron fondos públicos a nivel federal y estatal, así como privados. Sin
embargo, la falta de transparencia en su administración lleva a “un riesgo de
captura” de los recursos, advirtió el estudio “Reconstrucción 19S” del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE).
Las
instancias que administran o vigilan los recursos públicos para asignarlos a
dependencias que requieren ejercerlos son la Secretaría de Hacienda, de
Gobernación, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano,
así como Banobras, Fovissste, Secretaría de Finanzas de la capital del país y
Protección Civil estatales. Respecto a los recursos privados, es la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) la que debe vigilar a las instituciones bancarias, así como el
Consejo Nacional de Protección Civil.
Luego
de analizar la operación de estos tres tipos de recursos, “el diagnóstico
arrojó falta de transparencia, y rendición de cuentas, lo cual lleva a un
riesgo de captura de los recursos y que los principales afectados sean los que
menos reciban el apoyo necesario”, determinó el informe.
Las
fallas son principalmente en el Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de
Puebla, el Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca y el
Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) de Chiapas.
Jaime
Hernández Colorado, uno de los autores del estudio del CIDE, dijo en entrevista
que “si hablamos de peligro se deben englobar a todos los recursos aun cuando
los estatales están todavía a merced de un conjunto de riesgos mayores por la
naturaleza que tienen. No existe sobre ellos control de las instancias de la
Secretaría de Hacienda”.
En
el caso de los fondos de Morelos y Chiapas se utilizan de la misma manera que
los gastos ordinarios de los gobiernos estatales, “lo que abre un espacio para
la discrecionalidad y limitan la transparencia” porque, explicó, la información
llega a los ojos del ciudadano con “un desfase considerable” y ya no es posible
ejercer ningún tipo de dirección.
Respecto
a la Ciudad de México, donde hubo 5 mil 765 casas dañadas, el 22 de febrero el
Pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó el dictamen que reforma la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente para retirar la facultad al órgano legislativo
de autorizar y vigilar el uso de 8 mil millones de pesos presupuestados para la
reconstrucción.
Los
diputados Leonel Luna Estrada, del PRD, y Jorge Romero Herrera, del PAN, ambos
de la Comisión de Gobierno, así como el perredista Mauricio Toledo Gutiérrez,
de la Comisión de Presupuesto, fueron señalados por Morena y la organización
civil Nosotrxs de “secuestrar” esa bolsa de dinero. Luego de la reforma a la
Ley de Presupuesto, la Secretaría de Finanzas, dirigida por Edgar Amador
Zamora, y vigilada por la Comisión para la Reconstrucción, se encarga del
manejo de ese fondo.
En
entrevista con SinEmbargo, Amador Zamora dijo que en total cuentan con un
presupuesto de alrededor de 6 mil 800 millones de pesos considerando las
distintas fuentes. En concreto, el Fondo de Reconstrucción que está en la
fracción primera del artículo 14 de la Ley de Presupuesto reformada son
alrededor de 5 mil millones de pesos.
“La
enmienda al artículo 14 del decreto de Presupuesto establece que lo
administraría la Secretaría de Finanzas y requeriríamos el visto bueno de la
Comisión de Reconstrucción para armar el plan, lo cual tiene todo sentido
porque la Secretaría no es experta en temas técnicos. Preferimos el concurso de
los especialistas de la Comisión para que nos validen que los proyectos que se
proponen sean los adecuados”, afirmó. “La Secretaría de Finanzas no ejerce,
asigna presupuesto y da curso al ejercicio”, reiteró.
El
monto del presupuesto del Fondo de reconstrucción se encuentra en el artículo
14, en la fracción primera que es de 5 mil millones de pesos. En el artículo 2
hay cerca de mil 200 millones de pesos asignado a cuatro dependencias: a la
Agencia de Gestión Urbana, a la Secretaría de Educación, al Invi y a la
Secretaría de Desarrollo Social. Además, en el artículo tercero de esta Ley de
presupuesto están los recursos con normas federales del FAIS para que sean
utilizados para la reconstrucción de la
CdMx.
El
total de los 6 mil 800 millones es un presupuesto que se va asignando este
2018. Las dependencias que lo están ejerciendo son las encargadas de la
reconstrucción: el Sistema de Aguas, la Agencia de Gestión Urbana, la
Secretaría de Obras, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de
Desarrollo Rural, enlistó el Secretario Amador.
Pero
también les han ido repartiendo de otras fuentes.
“Se
cuenta con un Fondo de Contingencia, que el año pasado se activó por 3 mil
millones de pesos, de los cuales comprometieron cerca de dos mil 500 millones.
Para este ejercicio 2018 se han activado 2 mil 900 millones de pesos, los
cuales también han sido comprometidos y han comenzado a ser asignados”, afirmó.
El
Secretario de Finanzas se comprometió a que se subirá en la plataforma digital
de la CDMX todo el trato presupuestal, incluyendo la asignación, la explicación
de cada dependencia de por qué requiere el monto que está solicitando para la
reconstrucción, y en qué actividades lo emplearán. También publicarán el pago
al proveedor del servicio y pondrán incluso los contratos correspondientes.
“Como
si fuera una auditoría, va a ser una revelación absoluta. Cualquier ciudadano
podrá saber los montos pagados y a quién se les dieron”, sostuvo. “En la
plataforma de la CDMX habrá una sección especial para transparencia para el
ejercicio 2017. Para el ejercicio 2018 está en curso y conforme vayamos
teniendo se va ir divulgando en el mismo formato”.
Edgar
Amador Zamora, Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México,
explicó que en el tema de los recursos para la reconstrucción de la capital del
país, los ciudadanos conocerán con transparencia los montos pagados y quién se
le dieron. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
EL CAOS PERSISTE
Respecto
a la iniciativa ciudadana presentada a la ALDF, Mónica Tapia, presidenta de
Ciudadanía 19S, expuso vía telefónica que la Comisión de Gobierno ya la turnó
para dictaminación a la Comisión de Desarrollo Urbano, a la de Administración,
y a la de Presupuesto.
“Estamos
a la espera. El Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) mandó (el jueves) una
iniciativa para reformar también la Ley de Reconstrucción. Pero tiene un punto
mínimo porque la próxima semana se acabará la fecha límite para que la gente se
registre en la plataforma y si no están no son sujetos de apoyo público. Se dio
con muy poquito tiempo”, dijo Tapia.
Destacó
que además de discutir ese punto, también es urgente y necesario la
conformación de la Comisión de Reconstrucción luego de las renuncias, los
censos completos cuyo plazo terminó el 16 de marzo sin cumplirse, y la
fiscalización de los recursos.
“El
Secretario de Finanzas dijo que los 6 mil 800 millones de pesos están intactos.
Pues según yo eran 8 mil 700 millones de pesos. Ahora ya bajaron. Millones van,
millones vienen y no sabemos cuál es el monto real y cómo se está usando”,
afirmó Tapia a nombre de los damnificados.
De
acuerdo con la Secretaría de Finanzas, es porque además de los 5 mil millones
del Fondo, cuentan con otras fuentes como el fondo federal FAIS y el Fondo de
Contingencia que hacen los 8 mil millones de pesos. El investigador del CIDE,
Jaime Hernández coincidió y agregó que la CDMX tambié cuenta con un
fideiscomiso para donativos privado. Aunque hay más información respecto a
otras entidades, aseguró que sigue faltando certeza y “es un problema de
comunicación”.
El
Secretario de Gobierno de la capital del país, José Ramón Amieva, afirmó en
entrevista que en algún momento tanto la ALDF como la Secretaría de Finanzas
pueden sentarse para hacer una “conciliación númerica” porque el dinero “tiene
que ser exacto”. Documentó que la CDMX cuenta con 25 millones de pesos como
donativos recibidos en 2017, de los cuales 20 millones se destinaron a la
Fundación Slim para potenciar el dinero. El resto la Secretaría de Finanzas
tiene pendiente de asignar.
Sin
embargo, “sigue habiendo muchísimo caos, descontrol y son ya seis meses”, acusó
Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S. “El gobierno es muy incapaz de llevar a cabo
una reconstrucción plural, con participación, efectiva y limpia”.
El
investigador del CIDE, Jaime Hernández, agregó que no existe un proceso ni
estrategia de reconstrucción, sino “acciones aisladas que no tienen coherencia
entre sí”.
MEZCLA DE FONDOS
El
estudio del CIDE “Reconstrucción 19S” alertó que tener fondos públicos y
privados operando de manera paralela levanta “una señal de alerta”, pues sin
una adecuada coordinación, se correo el riesgo de duplicidad de esfuerzos,
opacidad en el ejercicio de los recursos y poca efectividad y eficiencia en la
resolución de los problemas ocasionados por el fenómeno geológico.
A
eso se suman los recursos de partidos políticos nacionales que quisieron
“donar” y que se han reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Dado
que han sido reingresados a las arcas públicas federales tendrán el destino que
les asigne la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con los fondos
públicos nacionales existentes.
Los
rubros de atención previstos por estos fondos públicos y privados son para los
damnificados (apoyos productivos, fuentes transitorias de empleo, salud, entre
otros); infraestructura y bienes públicos (caminos, puentes, agua potable,
saneamiento, alumbrado, estructuras gubernamentales, entre otros), infraestructura
y bienes privados (vivienda, menaje, estructuras privadas, entre otros), zonas
naturales y zonas productivas.
Ante
las irregularidades detectadas por los investigadores del CIDE, el estudio pide
que el ejercicio de los recursos públicos y privados se haga de manera eficaz
con planeación sustentada; se apegue a un modelo participativo en labores de
vigilancia y control; se haga de forma transparente; contenga mecanismos de
rendición de cuentas para limitar los espacios de discrecionalidad y el mal uso
de los recursos; e introduzca estrategias de comunicación y buenas prácticas en
el manejo de la información.
Sobre
la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, luego de la renuncia de
tres de sus miembros por señalamientos de opacidad en el uso de los recursos,
sigue sin reunirse.
Tras
el terremoto del 19 de septiembre pasado, un grupo de rescatistas japoneses
ayudan en las labores de rescate en los edificios del Multifamiliar Tlalpan, en
la Ciudad de México. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro
Mónica
Tapia, de Ciudadanía 19S, llamó a reconformarla con nombramientos de
convocatoria abierta; que no “sean cuates” de la Secretaría de Finanzas o del
Jefe de obras o “premios de consolación” con fines políticos. También urgió a
que se haga cargo de la asignación de recursos con prioridades, las cuales no
están claras porque no hay un censo terminado ni un Atlas de riesgo
actualizados.
Sobre
el censo retardado, el Secretario de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que
la Ley habla de una plataforma que debe referir un censo de inmuebles, de
mercados públicos y empresas, de infraestructura urbana (escuelas y
hospitales), actividades agrícolas y cultural, los cuales “están en proceso de
integración”.
El
censo que ya se concluyó es el socioeconómico levantado por la Sedesol, el cual
arrojó a 27 mil personas en situación de vulnerabilidad, dijo Amieva.
“Lo
que nos han dicho las áreas es que se tuvieron que realizar los censos con el
personal que ya se contaba porque no hubo contrataciones adicionales. (Se hizo)
de acuerdo a la capacidad operativa que cada Secretaría tenía y fue retrasando
un poco”, aseguró. Aunque destacó que el gobierno capitalino envió otra
iniciativa a la ALDF para que el límite para tener el censo se amplíe y con
ello ningún afectado se quede sin apoyo.
FONDOS PÚBLICOS FEDERALES
Estos
fondos se han diseñado como una herramienta de apoyo monetario directo o en
especie (materiales, alimento, recursos humanos, entre otros) y se clasifican
como un subsidio o como crédito. Actualmente se mantienen en operación cinco
fondos:
1 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
– SHCP Y SEGOB
Marcha
de damnificados. Foto: Cuartoscuro.
El
Fonden es financiado por medio del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF). Primero se genera un comité de evaluación de daños para su
correcta implementación y al autorizarse los recursos, la Segob y la SHCP
firman un convenio de coordinación con los gobiernos estatales o dependencias.
Finalmente, Banobras se responsabiliza de transferir los recursos autorizados
directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y
servicios, y proveedores contratados por los gobiernos estatales o
dependencias.
Las
acciones de control, vigilancia y evaluación de los recursos del Fonden
corresponden a la SHCP, a la Segob, a la Secretaría de la Función Pública (SFP)
y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este
órgano fiscalizador ha señalado problemas en la ejecución del Fonden por falta
de mecanismos de control y evaluación de la ejecución de los recursos, además
de acciones incompletas o nulas, y falta de evidencia sobre la información
recopilada.
2 FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO
BANCARIO A LA VIVIENDA – SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (SHF)
A
través del Programa emergente de reconstrucción y rehabilitación de vivienda
operado por las Agencias Productoras de Vivienda (APVs) de la banca del
gobierno SHF, los damnificados pueden acceder a un crédito hipotecario de hasta
100 mil pesos, recursos que pueden ser un complemento al Fonden. Para ello, la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe generar el
padrón de viviendas afectadas.
Dependiendo
de los daños de las casas podrán acceder a facilidades para adquisición y
reconstrucción con tasas de interés y plazos preferenciales del 7 por ciento y
hasta 120 meses, respectivamente. Uno de los requisitos es contar con el
documento que acredite la posición de la tierra.
No
obstante, las evaluaciones oficiales sobre su implementación y resultados han
señalado fallas importantes. La Auditoría Superior ha detectado en diversas
auditorías un inadecuado control y casi nula transparencia y rendición de
cuentas de las relaciones entre la SHF, dirigida por Jesús Alberto Cano Vélez,
y los responsables directos de atender las necesidades de vivienda de los
afectados.
3 FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO – FOVISSSTE
Los
trabajadores activos del Estado tienen acceso a créditos preferenciales
mediante préstamos con garantía hipotecaria, ente ellos el tradicional que
puede ser utilizado para la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción
en terreno propio, acciones de ampliación, reparación o mejoramiento de
vivienda o para la redención de pasivos.
El
monto máximo del crédito por otorgar está en función del salario básico mensual
del derechohabiente; el plazo máximo para el pago es de 30 años; el pago es
mensual vía nómina y la tasa de interés se calcula con base en el sueldo básico
de cotización. En el caso del sismo, se creó el Programa inmediato de reconstrucción
de vivienda (Pire) que cuenta con 15 mil millones de pesos. De acuerdo con las
convocatorias 2017 y 2018 se dieron 3 mil y 5 mil créditos, respectivamente.
Se
estableció que el monto total de los créditos para los afectados se entregaría
en tres pagos: del 50, 40 y 10 por ciento; se otorgarían 35 mil pesos para
quienes su inmueble esté inhabitable; se concederían pagos de hasta un millón
de pesos por pérdida total del bien raíz y se mantendrán sin cambio las tasas
de interés vigentes otorgadas por el Fovissste. En caso de daño parcial de la
propiedad, se planteó el otorgar una mensualidad de 5 mil pesos por seis meses
para pago de renta.
Pero
respecto a transparencia, el estudio del CIDE observó que la información
necesaria para ser sujeta a revisión se acumula, se registra y se publica en
términos cuantitativos, lo que obstaculiza el rastreo específico de las
actividades, de los beneficiarios y de los logros obtenidos.
Damnificado
en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.
4 FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) – SEDATU
El
Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) de este fideicomiso apoya a los hogares
en situación de pobreza patrimonial, mediante la entrega de subsidios para su
aplicación en materia de vivienda. El requisito es que no deben tener acceso a
ningún tipo de crédito bancario o laboral y para activarlo se debe emitir la
Declaratoria de Desastre y poner primero en marcha el Fonden.
No
obstante, el PAV no ha sido identificado por el Gobierno Federal como un medio
de ayuda para la reconstrucción actual, expuso el estudio. Asimismo, las fallas
detectadas por la ASF en su uso previo señalan que no se cumplieron sus objetivos
y, como en el resto de la operación de los fondos públicos federales, una vez
que son entregados a los ejecutores de gasto se disuelve la línea del
seguimiento y la evaluación. Los administradores se convierten en meros
dispersores del recurso y ante la corresponsabilidad se ganan espacios para
evitar la responsabilidad.
5 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) – SEDESOL
Se
responsabilizó a la Sedesol como coordinadora del fondo y fue clasificado en
dos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal (FISMDF). Mediante el FISE pueden ejecutarse obras y acciones
orientadas a beneficiar a las poblaciones con mayor rezago social.
La
Sedesol propone el monto por repartir y la Cámara de Diputados analiza y en su
caso, aprueba para su publicación oficial en el PEF. Una vez publicado el
monto, la SHCP lo distribuye entre los estados conforme lo señala la Ley de
Coordinación Fiscal. Los gobiernos estatales por su parte deben enviar el 50
por ciento de los recursos a las denominadas zonas de atención prioritaria y el
resto a los municipios con los dos mayores grados de rezago social o en pobreza
extrema.
Sin
embargo, “se han detectado casos en los que los recursos del fondo se traspasan
a otras cuentas para cubrir otros gastos, se ejecutan acciones y obras fuera de
los rubros establecidos por su normativa o bien que no benefician a la
población objetivo, no se cuenta con la documentación comprobatoria de los
gastos, se efectúan pagos en exceso, conceptos de mala calidad, e identifican
obras pagadas no ejecutada”, enfatizó el informe del CIDE.
FONDOS PÚBLICOS ESTATALES
También
son bolsas de dinero público, que en su mayoría operan con los fondos que se
transfieren de la federación, pero que suman también recursos de la entidad.
Son seis en total:
1 FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES
FEDERATIVAS (FOREF) – BANOBRAS
La
Segob, en conjunto con la SHCP, integró el Foref como un fideicomiso con
Banobras por medio del cual ofrecieron a los estados afectados un esquema
crediticio a largo plazo por 20 años.
A
diferencia del Fonden y dada su naturaleza financiera, el Foref no plantea
tiempos específicos para su contrato debido a que para ello previamente los
estados deben solicitar permiso al Congreso estatal. Banobras, dirigido por
Alfredo Vara Alonso, es el responsable de realizar las inspecciones que
considere pertinentes para verificar el cumplimiento de las acciones asociadas
al crédito.
Pero
la información que se publica es la que por obligación incluyen los gobiernos
estatales en sus cuentas públicas como deuda, lo que afecta a la rendición de
cuentas de este fondo, determinó el CIDE. Asimismo, el fondo representa riesgos
tanto financieros como de desempeño por parte de los acreedores que se molestan
ante la falta de mecanismos claros y oportunos de supervisión, evaluación,
transparencia y rendición de cuentas.
2 FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES
NATURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN) – SECRETARÍA DE FINANZAS
Damnificados
en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro.
Para
poder acceder a los recursos de este fondo la Secretaría de Salud o de
Protección Civil debe solicitar al Comité de Evaluación de Daños la propuesta
del monto necesario, acompañado de la documentación que la instancia en
cuestión considere suficiente, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera.
Como
mecanismo de seguimiento para la estrategia de recuperación se creó la Comisión
para la Reconstrucción, cuyo primer director, Ricardo Becerra, decidió
renunciar al señalar que la ALDF los puso al margen de las decisiones sobre el
uso de los recursos. Actualmente Raúl Esquivel, el Jefe Vulcano, es el
subcomisionado para la Reconstrucción. “Tiene una trayectoria impecable al
servicio de la comunidad, pero no sé si sepa de censos y de fiscalización de
recursos”, aseguró Mónica Tapia, de Ciudadanía 19S.
La
rendición de cuentas del Fonaden CDMX recae en la Secretaría de Finanzas,
dirigida por Edgar Amador, la cual está encargada de informar sobre aspectos
relevantes de su ejercicio y las obligaciones deben cumplirse por medio de la
ventana de transparencia del gobierno de la CDMX.
Adicionalmente,
se creó la plataforma Reconstrucción CDMX, en donde se encuentran los
documentos de declaratoria e informes de afectación. Estos mecanismos, si bien
son una base mínima para la transparencia y rendición de cuentas de los
recursos que se ejerzan en la estrategia de reconstrucción, requieren de mayor
puntualidad y actualización permanente, urgió el CIDE.
3 FONDO DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA
CIUDAD DE PUEBLA
Este
fondo se creó en el marco de los sismos de septiembre de 2017. Su objetivo es
la atención inmediata con una bolsa de hasta 50 millones de pesos, alimentada
de recursos estatales y del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
La
Contraloría Municipal, donde el panista Luis Banck es Alcalde, es la instancia
encargada de la vigilancia en el ejercicio de los recursos. Sin embargo, eso no
permite afirmar que las reglas del fondo establecen mecanismos de
transparencia, rendición de cuentas o participación ciudadana, observó el CIDE.
4 ÓRGANO DESCONCENTRADO UNIDOS POR
MORELOS – INFONAVIT Y FOVISSSTE
Creado
luego del 19 de septiembre, este órgano desconcentrado de Morelos ha planteado
como mecanismos de identificación de estrategias y planeación la instalación de
mesas de trabajo con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Pero carece de
mecanismos de seguimiento.
El
Comité Técnico del órgano desconcentrado debe garantizar la transparencia y
rendición de cuentas de las acciones y recursos ejercidos. El manejo y
disposición de los recursos económicos serán transparentados y publicados en
Internet con el formato de datos abiertos y la Comisión Estatal de Evaluación
del Desarrollo Social es la encargada de llevar a cabo el monitoreo y la
evaluación de la estrategia estatal y las acciones de órgano.
5
Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca – Protección
civil estatal
Este
Seguro de crédito cuenta con una bolsa de 60 millones de pesos, pero solo se
activan sólo una vez que se han aprobado los recursos del Fonden para la
atención de desastres en Oaxaca, que a su vez se tarda. Este seguro tiene
vigencia a julio de 2018 y está respaldado por Agroasemex.
El
seguimiento de los recursos es responsabilidad de la Coordinación Estatal de
Protección Civil (CEPCO), dependencia que también asegura su vigencia. No
obstante, el estudio no encontró evidencia acerca de los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas a los que están sujetos los recursos del
seguro.
6
Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) – Protección
civil de Chiapas
El
Fogird es un fideicomiso constituido a partir del Presupuesto de Egresos de
Chiapas de 2017, basado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. La Secretaría de Protección Civil será la
encargada de llevar el control de los recursos asignados y tiene la obligación
de informar sobre el avance en el ejercicio de éstos. Sin embargo, no se
encontró evidencia de que existan mecanismos específicos de transparencia y
rendición de cuentas del fideicomiso.
FONDOS PRIVADOS
La
Fundación Carlos Slim entregó una bolsa económica de 2 mil 467 millones de
pesos para la reconstrucción de los estados afectados. Foto: Cuartoscuro.
Empresas
nacionales e internacionales, gobiernos extranjeros, celebridades y personas
físicas donaron a través de instituciones bancarias, fideicomisos privados,
organizaciones de la sociedad civil y plataformas de financiamiento colectivo
(crowdfunding).
La
transparencia en estos fondos se complica, dijo el investigador del CIDE, Jaime
Hernández Colorado. “Existe un volumen de recursos sobre el que no hay
información de ningún tipo”, aseguró.
Se
han identificado dos fideicomisos privados relacionados con la reconstrucción
con registro de donatarias autorizadas, que han reportado información al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) al 31 de octubre de 2017: el
Fideicomiso Fuerza México que constituyó el Consejo Coordinador Empresarial y
el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México.
De
acuerdo con datos reportados por Transparencia Presupuestaria de la SHCP y por
el reporte de transparencia de donatarias autorizadas al 31 de octubre del SAT,
el Fideicomiso Fuerza México recibió en total 51 millones de pesos de gobiernos
extranjeros y 64.7 millones de pesos de donantes mexicanos.
Además
están los fondos para la reconstrucción de aseguradoras y empresas; de
organizaciones de la sociedad civil con un total de 942 millones de pesos; y de
instituciones bancarias. Al menos se concentraron 2 mil 864 millones de pesos
en instituciones bancarias. Además hay otros 2 mil 25 millones que recibieron
organizaciones registradas ante el SAT, de acuerdo con el estudio “Reconstrucción 19s” del Programa
Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (Pirc) del CIDE.
La
opacidad fue por parte de Scotiabank, Ayuda Santander, Intercam Banco, Multiva
y HSBC. En contraste, Banorte, Bancomer, Banamex, Banco Azteca e Inbursa
ofrecen la información.
La
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) es la instancia responsable de vigilar y se asegurar de
la correcta ejecución de todos los servicios y esquemas de apoyo que ofrecen
las instituciones bancarias a los damnificados.
Por
parte de dos de los hombres más ricos de México, Fundación Azteca –de Ricardo
Salinas Pliego– recaudó 63.5 millones de pesos, y Fundación Slim –de Carlos
Slim Helú– reportó una recaudación de 2 mil 467 millones de pesos, los cuales
administrará directamente y ejecutará en proyectos de ayuda humanitaria para
los damnificados.
(SIN EMBARGO/ Dulce Olvera/19 DE MARZO
2018)
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