La
minera canadiense en San Dimas, Durango, vertió 200 litros de solución
cianurada en el río Piaxtla a causa de un descuido en el cierre de la válvula
de una pipa que transportaba el remanente. Organizaciones exigieron una
valoración real de los impactos ambientales que la minera ocasionó en
territorio sinaloense y urgieron a tomar medidas, ya que, señalan, la Profepa
se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.
En
octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con
dióxido de carbono. Pero la minera es acusada de más. Por ejemplo, de haber
despojado de sus tierras a ancianos de Coahuila.
–Con
información de Sibely Cañedo
Sinaloa/Ciudad
de México, 19 de marzo (Noroeste/SinEmbargo).- El derrame de cianuro al río
Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del
agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada
por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en
territorio sinaloense.
Luego
de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V. vertió 200
litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, Conselva y Voces Unidas por
el Agua exigieron una valoración real de los impactos ambientales, ya que la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar
de la “muerte de un número indeterminado de peces”.
“Se
tiene que evaluar el daño al ecosistema; y si hubo filtraciones al subsuelo,
también del manto freático, del que se abastecen comunidades. No son sólo unos
pececitos”, reclamó Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva.
Explicó
que el río Piaxtla nace en la sierra de Durango, pero en su recorrido hacia el Océano
Pacífico atraviesa el municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde abastece de agua
a tierras de riego para la agricultura; desemboca a la altura del campo
pesquero Barras de Piaxtla, además de colindar con el área natural protegida de
la Meseta de Cacaxtla.
“Son
hechos que nos preocupan debido a que la mayoría de nuestros ríos tienen su
origen en la zona serrana de Durango y Chihuahua, estados con alta actividad
minera y donde los accidentes son frecuentes y difíciles de monitorear”,
advirtió.
Sandra
Guido urgió a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios a intervenir debido a que el cianuro, así
sea en pequeñas cantidades, es altamente tóxico y no es degradable.
CRITICAN LEYES “LAXAS”
Para
Esperanza Kazuga, representante del colectivo Voces Unidas por el Agua, gran
parte del problema radica en que las leyes son muy “laxas” con estas empresas.
Esto se agrava con la dificultad de vigilar sus operaciones, que normalmente se
llevan a cabo en áreas montañosas.
“Reporta
la Profepa que no tiene personal suficiente para cubrir todo el territorio, y
generalmente las minas están en la sierra, entonces también por la violencia
vemos difícil que puedan subir a inspeccionar”, consideró.
La
activista y empresaria insistió en que las mineras hacen ganar “a unos
cuantos”, mientras los impactos negativos son para pueblos enteros. Además,
dijo, los costos de reparación son muy altos en caso de un derrame, cuando no,
los perjuicios son irreversibles.
“Hay
que revisar cómo se están otorgando las concesiones, ¿por qué resulta atractivo
para las compañías, sobre todo extranjeras, instalarse en México? Porque en sus
países las leyes son estrictas”, cuestionó.
Señaló
que es necesario revisar la legislación para obligar a estas empresas a reparar
los daños que provocan o inclusive limitar su autorización.
¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ?
La
compañía Primero Empresa Minera S.A. de C.V. derramó 200 litros de una solución
con cianuro al río Piaxtla en el municipio de San Dimas, Durango, colindante
con el municipio de San Ignacio, ocasionando la mortandad de peces.
El
accidente ocurrió el 11 de marzo a causa de un descuido en el cierre de la
válvula de una pipa que transportaba el remanente de una solución cianurada. Al
quedarse sin combustible en una pendiente, la solución fue vertida hacia el
río, informó el boletín 298-18 de la Profepa. Hasta el momento, no se ha
informado de ninguna sanción.
FIRST MAJESTIC: DE ABUSO EN ABUSO
En
octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con
dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Heriberto
Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión
de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las
causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.
El
delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo
de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron
observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre
de ese año.
En
el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en
Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el
uso de sus tierras explotadas por First Majestic.
La
sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor
de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma
más de 13 años.
Sin
embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el
caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los
campesinos.
Los
ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en
1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300
son ocupadas por la minera canadiense.
First
Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas
diarias, un proceso que contamina el ambiente.
MINAS: ABUSO TRAS ABUSO
El
21 de febrero pasado se dio a conocer que First Majestic, la minera canadiense
acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México,
iba a San Dimas, en el estado de Durango.
Keith
Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo entonces que
planeaba trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas “para devolverle
su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining”.
La
noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores, titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a
finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una
nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio
de Tayoltita.
First
Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo
que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir
impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.
Las
minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de
acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin
embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este
esquema poco fiable.
La
Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2
mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que
no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras,
han señalado activistas en diversas ocasiones.
De
acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su
libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de
México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los
españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.
La
operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado
particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación
ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.
(SIN EMBARGO/ REDACCION/ 19 DE MARZO 2018)
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