GOBIERNO LOS CUENTA PERO NO LOS BUSCA: 30 MIL 499 DESPARECIDOS

Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro

El Sistema Nacional de Seguridad Pública que depende de la Secretaría de Gobernación, entregó por estos días el informe 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. El gran total fue de 30 mil 499 mexicanos desaparecidos. Mil 014 reportados directamente a la Procuraduría General de la República, y 29 mil 485 consignados en las entidades federativas.

¿Quién busca a los desaparecidos? Ciertamente ni la PGR ni las Procuradurías o Fiscalías Estatales hacen ya no digamos un compromiso, sino un esfuerzo por esclarecer estos casos, por dar certeza y justicia a las familias mexicanas que tienen uno o más miembros desaparecidos. El trabajo de ambas instancias es deplorable por decir lo menos.

La cifra por demás alarmante de 30 mil 499 desaparecidos en México, se logra cuando agentes del Ministerio Público del fuero común y del fuero federal introducen la información de averiguaciones previas sobre desaparecidos en una base de datos, es decir es oficial. La cifra real estaría por encima de ésa considerando la cantidad de personas que desconfían de las autoridades, sean estatales o locales, o aquellos que creen que su familia mudó de residencia, escapó del hogar o salió del País.

Si bien es cierto que ese Registro Nacional de Desaparecidos se inició en 2011 en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, un reporte de la revista Proceso indica -con información de 19 entidades además de un informe elaborado por la Universidad Iberoamericana sobre violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México- que de 2007 a 2016 fueron localizadas en México mil 075 fosas clandestinas.

Mayormente esas fosas se adjudican al crimen organizado y el narcotráfico; el mismo reporte de Proceso relata que se han exhumado 2 mil 14 cuerpos de esas fosas, ¿dónde están los desaparecidos? La autoridad no lo sabe. Quienes han debido ser investigadores, excavadores e interrogadores han sido los familiares de esos desaparecidos, que ante la incapacidad de las procuradurías y la insensibilidad de los gobiernos, no tienen otra salida más que buscarlos ellos, con todos los riesgos y consecuencias. Como en este caso:

Hace dos años la señora Carmen Judith Arcadia llegó a Tijuana, Baja California, procedente de Sinaloa. Unos días antes de su arribo, le habían dicho que en la fronteriza ciudad su hijo estaba desaparecido. Ella le había insistido al chamaco que no viajara a la frontera, pero recién había cumplido los 18 años y pensó que no podía impedirlo. Adulto ya, no iría contra su voluntad por más que le doliera en el alma.

Su hijo, Fernando, quería viajar a Tijuana porque ahí se encontraba su padre Juan Ruperto Beltrán. Llevaba muy buena relación con quien ya era ex marido de su madre. Incluso estando el padre en prisión lo visitó como pudo para hacerle saber el cariño que le profesaba. El señor Beltrán hacía vida en la Zona Norte del primer cuadro de la ciudad de Tijuana, ahí donde abundan los bares desnudistas, los congales y las áreas de tolerancia para el ejercicio de la prostitución en cualquier esquina.

Por muchos años, como todo Tijuana, la Zona Norte era controlada de manera criminal por el Cártel Arellano Félix (CAF). Con una estructura corporativa, en el CAF habían dividido la ciudad por delegaciones y conformado territorios controlados por lugartenientes. Así lo hicieron en su momento Benjamín y Ramón Arellano Félix, posteriormente su hermano menor Francisco Javier Arellano Félix, y hasta el 2014 el sobrino de éstos, Fernando Sánchez Arellano. Pero luego a la ciudad llegaron huestes criminales del cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy día esas tres estructuras criminales pelean las calles y esquinas. Nada más en lo que va del año, los ejecutados por esa guerra en la ciudad suman los mil 149 casos. En 12 días que corren del mes de septiembre de 2017, en Tijuana han asesinado a 84 personas. 7 diarias en promedio, aunque el lunes 11 de septiembre fueron 13 los cuerpos localizados.

Actualmente, en la Zona Norte de Tijuana el Cártel Arellano Félix se enfrenta al Cártel de Sinaloa por el control del territorio. En ese contexto desapareció Fernando, el hijo de Carmen Judith. Ella dejó todo en su natal Sinaloa por venir a buscar al joven. Acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado pero no recibió atención debida. Su caso fue desestimado de manera sistemática. No le quedó de otra que hacer lo que muchas familias mexicanas hacen: buscar a su hijo por su cuenta y bajo su riesgo. Publicó fotografías del joven, pegó su imagen en postes y paredes, preguntó por todas las calles de la Zona Centro, y en algún momento, una joven mujer se le acercó para ofrecer su ayuda. A ella le habían desaparecido a un hermano. Juntas buscarían a los suyos.

Encontraron a un joven que les proporcionaría información. Como no queriendo le dijo a un tercero que los restos de Fernando estaban enterrados bajo unas escaleras en una cuadra de la Zona Norte. El informante desapareció pero la madre acudió nuevamente a las autoridades para decirles dónde estaba su hijo enterrado. Otra vez la ignoraron. Convenció a su esposo de ayudarla y unos deportados de la zona, entre todos, excavaron la tierra hasta dar con dos cuerpos. Uno era el de su hijo, el otro del hermano de la joven que ofreció ayudarla, eso fue el 25 de agosto de 2017.

Inmediatamente al descubrimiento, entonces sí, de la Procuraduría del Estado acudieron a apoyar en el rescate de los restos. Por esos días desapareció también el ex esposo de Carmen, y la joven que le ayudaba. Cuando días después le notificaron que habían encontrado a su ex marido asesinado y su cuerpo dentro de una maleta, Carmen ya no pudo más. Habló con una organización de familiares de desaparecidos y la sacaron de Tijuana. Se la llevaron a la capital donde lograron que de la Policía Federal le pusieran una escolta para protegerla.

La impunidad con que la Procuraduría del Estado abordó el caso, dejó tres personas desaparecidas y posteriormente asesinadas, y una mujer desaparecida. El caso ahí sigue aunque sin mucho movimiento, en la PGJE dicen que “seguro andaban metidos en algo”, y ella, escondida, entendió el mensaje: no moverle más al tema si no quería ser la próxima víctima.

Así terminan los familiares de desaparecidos en muchos de los casos, muertos, hostigados por los criminales que protegidos por policías y funcionarios viven en la impunidad para seguir secuestrando, desapareciendo, privando de la libertad a cientos de personas cada año. Otros familiares han optado por crear o ser parte de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a buscar a los desaparecidos porque saben que la autoridad federal no lo hará como tampoco la estatal.

Una página electrónica concentra a algunas de las organizaciones. En www.sinlasfamiliasno.com claman: “Cientos de familias de todo el país exigimos que nuestras voces sean verdaderamente escuchadas. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene la responsabilidad de esta situación, el Estado. Una legislación sobre desaparición forzada debe darnos más y mejores herramientas para encontrar a nuestros desaparecidos”.

Y explican: “La búsqueda de personas desaparecidas es dirigida por nosotros, las familias, quienes hemos asumido roles de investigador y quienes somos criminalizadas por las propias autoridades porque los resultados que obtenemos señalan la responsabilidad directa del Estado, y su colusión con el crimen organizado, la indolencia y la inacción ante la problemática”.

Ante la incapacidad o la ofensiva falta de voluntad del Gobierno Federal, y los Gobiernos en los Estados, para buscar a los desaparecidos, y no solamente limitarse a contarlos en un Registro Nacional, muchos ciudadanos se han transformado en activistas del tema ante la desesperación de encontrar a los suyos.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo hizo el de Felipe Calderón, no dimensiona el problema de las desapariciones forzadas en México, una situación de gravedad que requiere acciones de emergencia, de acuerdo a los números oficiales. No basta con contarlos, también hay que buscarlos y averiguar por qué un día en este País de tantos absurdos, tantas personas salen de casa y ya no vuelven más.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ADELA NAVARRO BELLO/  MIÉRCOLES, 13 SEPTIEMBRE, 2017 03:00 PM)