Decenas de importantes
organizaciones, activistas, representantes de medios y periodistas, le pidieron
este miércoles al Gobierno de México, que rinda cuentas sobre el uso de malware
para realizar espionaje y de la información que recabaron con dicho método
ilegal, tal como fue documentado y publicado por el diario estadounidense The
New York Times, el pasado lunes.
“Las autoridades están
obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para
atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados
contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como
sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como
respuesta”, señalaron.
Además de sumarse al rechazo
de la sociedad civil ante este nuevo ataque en contra de los periodistas y
defensores de derechos humanos, los firmantes exigieron al Gobierno encabezado
por Enrique Peña Nieto, que aperture “investigaciones independientes,
exhaustivas y transparentes”, y que sancione los responsables que, “mediante el
abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos
actores sociales”.
“Asimismo”, dijeron los
firmantes a través de un comunicado publicado en el portal de la organización
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “exigimos las reformas
legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de
conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición
de cuentas.”
Los firmantes también se
quejaron del “escueto mensaje en [la red social] Twitter”, de Eduardo Sánchez
Hernández, coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de
la República, quien publicó la respuesta del gobierno federal al reportaje del
NYT.
En el comunicado de la
Presidencia de la República se asegura “que no hay prueba alguna de que
agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, para
luego llamar a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante
la Procuraduría General de la República (PGR).
“Esta respuesta es deficiente
ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la
cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar
espiar a los objetivos, es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que
la PGR y la [Secretaría de la Defensa Nacional] SEDENA cuentan con estas
herramientas de espionaje.”, se lee en el comunicado firmado por las
organizaciones, activistas, representantes de medios y periodistas.
“Corresponde al gobierno
mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles
son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y
defensores de derechos humanos en México.”, señalaron los firmantes, que han
difundido el comunicado a través de las diversas redes sociales con el hashtag
#GobiernoEspía.
En el comunicado dejaron en
claro que “El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de
intimidación” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas,
mismo que “constituye una forma de control de los flujos de información y de
abuso de poder”.
El lunes 19 de junio fue
publicada nueva investigación, recogida por el NYT que demuestra el uso de
malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con
el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos,
periodistas y activistas anticorrupción.
El principal método de
infección -documentado tanto por Citizen Lab como por R3D: Red en Defensa de
los Derechos Digitales y SocialTIC-, consiste en el envío de mensajes SMS con
enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software
malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la
empresa israelí NSO Group.
Según el NYT, cada licencia
de infección tendría un costo alrededor de 77 mil dólares, es decir, casi un
millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público. En
total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos.
Las personas que recibieron
los mensajes SMS con enlaces maliciosos fueron: Mario Patrón, Stephanie Brewer
y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín
Pro Juárez, (Centro Prodh); así como Carmen Aristegui Flores, Rafael Cabrera y
Sebastián Barragán del portal Aristegui Noticias, así como el adolescente
Emilio Aristegui, hijo de la periodista.
También fueron espiados el
periodista Carlos Loret de Mola Álvarez; Juan E. Pardinas Carpizo y Alexandra
Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga
y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI).
Antes había sido documentado
el espionaje contra activistas por el derecho a la salud, entre ellos, el investigador
Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, de
la organización el Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, de la coalición
ContraPESO.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CARLOS
ÁLVAREZ/ MIÉRCOLES, 21 JUNIO, 2017 01:41 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario