Diputada Lucero Sánchez López.
Por considerar que la vida de
sus hijos corría peligro en México, la ex diputada local Lucero Sánchez López
tomó la determinación de buscarles refugio político en Estados Unidos por
motivos de humanidad y seguridad.
Tras haber sido separada de
su cargo de diputada en junio de 2016, Sánchez López dejó de recibir sus
ingresos y empezó a desprenderse de sus bienes para poder solventar sus gastos
de defensa, y la manutención de ella y sus hijos.
El más afectado ha sido su
hijo mayor de 12 años, quien tuvo que dejar la escuela, donde cursaba la
primaria, para estar lejos de ella, bajo la protección de los abuelos paternos.
Solamente el hijo menor, a punto de cumplir los 3 años, ha sido quien ha estado
a su lado.
Ambos menores de nacionalidad
mexicana viajaron con ella de Culiacán a Tijuana, aunque en el momento de ser
detenida en la garita de San Diego, no estaban con ella, sino que se habían
quedado en un restaurante cercano, en territorio mexicano, con un asistente de
la ex legisladora.
Tanto la ex diputada como su
equipo de abogados desconocían que estaba boletinada por el gobierno de Estados
Unidos por el delito de conspiración.
La noche del miércoles 21,
los dos hijos de Sánchez López fueron trasladados por el asistente que la
acompañaba a Culiacán, en donde ya los esperaban los abuelos maternos para
hacerse cargo de sus cuidados.
La ex diputada traspasó la
casa en la que vivía en en el fraccionamiento San Isidro, ubicado al sur de la
ciudad de Culiacán, para enfrentar sus gastos, y se había refugiado en su natal
Cosalá, pero ahí también se había sentido insegura.
Sin bienes que vender, y con
gastos que ha tenido que enfrentar como una fianza de 300 mil pesos para
mantenerse en libertad, mientras enfrenta el seguimiento de su caso ante el
Juzgado Tercero, con sede en Toluca, por el delito de uso de documento falso
promovido en su contra la Procuraduría General de la República.
Rosalba Alarcón Ramírez,
abogada defensora en México de Sánchez López, comentó que la falta de recursos
ha dificultado los traslados a Toluca en los últimos meses, por lo que incluso
han recurrido a la audiencia mediante videoconferencias para seguir el proceso.
De acuerdo con la versión de
la litigante, a raíz del homicidio del periodista Javier Valdez, la ex
legisladora se empezó a sentir muy nerviosa y vulnerable, y temió sobre todo
por la vida de sus hijos, dado el clima de inseguridad que se vive en Sinaloa.
Tras la detención de su
defendida en territorio norteamericano, en donde sus abogados mexicanos no
pueden participar, sino solamente dar un apoyo moral, Rosalba Alarcón adelantó
que gestionarán en México la suspensión del juicio, dado a que será imposible presentarse
a las audiencias programadas.
(RIODOCE/ ANABEL IBAÑEZ/ 22 junio, 2017)
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