BC Y LAS ADICCIONES

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Las adicciones son la razón de que el delito de robo en todas sus modalidades vaya a la alza en Baja California, pese a que la economía mejora y en la entidad  hay trabajo, aseguran en esta edición empresarios del Estado. “Roban para comprar droga”, “Dejamos de ser una zona de paso” y  “La droga se convirtió en negocio” resumieron.

De hecho, la entidad  empieza a ser productora de droga, prueba de ello los cientos de plantíos de marihuana y amapola que han sido destruidos por soldados desde aquellas 120 hectáreas de hierba en Ensenada descubiertas en julio de 2011, hasta las tres hectáreas y media destruidas apenas el 12 de mayo de 2017 en el sur de Tecate.

Un negocio muy lucrativo, de cuyas finanzas poco se sabe. El último dato oficial al respecto lo ofreció hace cinco años, en julio de 2012, el entonces procurador Rommel Moreno Manjarrez, en un análisis que hizo previo a que la responsabilidad de combatir el narcomenudeo le fuera heredada por la Federación -sin otorgarle presupuesto- a partir de agosto de ese año.

En diversas conferencias, Moreno aseguró que el narcomenudeo en Baja California registraba ganancias diarias de  22 millones de pesos -más de 290 mil ventas diarias a un precio promedio de 75 pesos por dosis-, y que existían más de 11 mil personas dedicadas  a la venta de droga al menudeo en la entidad. También habló de un aumento del 15 por ciento de consumo entre jóvenes de 16 a 18 años. Las cifras oficiales dadas por el Sector Salud en aquel tiempo mencionaban 200 centros de rehabilitación con un promedio de 7 mil 500 internos en todo Baja California.

En agosto de 2013 -cuando la atención estatal al tema de narcomenudeo cumplía un  año- el entonces procurador Moreno retomó el tema que había estado promoviendo desde septiembre de 2011: la creación de un Tribunal contra las Adicciones. Recordó que la Ley General de Salud reformada para ordenar la inclusión de las policías Ministerial y Estatal Preventiva en el combate al narcomenudeo, no incluía ningún apartado para auxiliar en alguna forma jurídica a los adictos.

La propuesta era que, en lugar de quedar presos, los primo-delincuentes con adicciones fueran atendidos de manera formal y legal en centros de rehabilitación acreditados, bajo supervisión del aparato judicial y serían enviados por el Ministerio Público a cargo de la “mesa contra narcomenudeo”.

Incluso, de acuerdo al informe Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en México y su Prospectiva, de la Comisión Nacional contra las Adicciones -presentado en septiembre de 2014-, Baja California era una de los estados en los que este proyecto estaba en proceso de implementación. Pero dos años y medio después, sabemos que no es cierto.

De hecho, no tiene posibilidades de concretarse en este momento, porque el diagnóstico de viabilidad incluye algunos datos que no están a disposición, como el panorama epidemiológico, tamizaje (encuestas y estudio descriptivo) y programas de reinserción.

Localmente, el Observatorio Estatal de las Adicciones publicó en 2016 los resultados de una encuesta realizada entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015, a mil 299 residentes de Baja California, cuyos resultados indicaron que 72% había probado alguna droga- incluido alcohol y tabaco-, 37% en el Estado había probado alguna droga dura; 13% en Mexicali, 10.5% en Ensenada, 6.6% en Tecate y 5.1% en Rosarito. El texto no contiene la cifra de Tijuana. La droga más consumida era la marihuana, con 3.8%, seguida de la metanfetamina, con 2.2%.

Las estadísticas federales son más viejas, provienen de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y de la Encuesta Nacional de Consumo de Droga en Estudiantes 2014, las cuales indican que Baja California es uno de las entidades que reportó más casos de personas solicitando tratamientos contra adicciones. Que tenemos “como principal droga a la mariguana, además, el cristal ha aumentado su porcentaje desde el año 2000 manteniéndose como la cuarta droga. La heroína ocupa el segundo lugar y el alcohol el tercero, y que presentó una de las prevalencias más altas (drogas ilegales 2.6%)”, especialmente en comparación con la región sur. En la de estudiantes resultó que el 20.9% había probado determinada droga alguna vez.

Más allá de esta información todo es “ojo de buen cubero”, y las adicciones implican un problema que irresponsablemente las autoridades no están combatiendo de manera efectiva.

Esto a pesar que en el eje de salud del Plan Estatal de Desarrollo, contemplan la “atención integral de adicciones”, de hecho se comprometieron a “disminuir al 35.46% el consumo de sustancias psicoactivas”, aunque se ignora de qué estadísticas partieron.

Mientras el problema sigue creciendo como bola de nieve, así que a dos años de concluir, es urgente que el gobernador Francisco Vega, el secretario general, el secretario de Salud, el de Educación, la procuradora, el secretario de Seguridad,  el coordinador de Gabinete, el de Planeación y Finanzas, el de Desarrollo Social, el de DIF, de Desarrollo Económico,  Infraestructura,  todos se pongan a trabajar.

Para empezar, urge que analicen el problema para que estén en posibilidad de ofrecer alternativas reales de solución a corto, mediano y largo plazo.

(SEMANARIO ZETA/ Para Empezar / Rosario Mosso Castro/ Lunes, 12 Junio, 2017 12:00 PM)