"Ante la mano inepta surge el
clamor de la mano dura", señala Denise Dresser en Aristegui en vivo.
El historiador Lorenzo Meyer
aseguró que “ya se les desgajó todo” el Estado mexicano, pero no lo han querido
reconocer.
En la Mesa Política de
Aristegui en vivo, refirió que “esta idea de que hay una estructura política
que lucha por un bienestar social, es falsa”.
“Lo que ha habido desde
siempre es una coalición de poderes que más o menos mantenía el orden”,
mencionó sobre lo que se veía a inicios del siglo pasado.
Se trata de una “compleja red
de intereses y relaciones que mantiene una estructura de poder”.
“En el México de ahora son ya
muy obvios los que pierden. Son también muy obvios los que ganan”, comentó.
En este acuerdo siempre
frágil, hay algo de esquizofrenia, pues por un lado aparece el presidente en el
estado, hablando, como si el Estado existiera; y se ven instituciones que “mal
funcionan” como las policías, las procuraduría, el Ejército.
Pero el hecho de que “se
disparó enormemente la extracción de recursos de la sociedad”, ofreciendo muy
poco a cambio a la sociedad, provocó que se llegara a un límite, en el que el
acuerdo político para extraer recursos ya no funcionó.
La corrupción “se fue hasta
el tope y el centro político que mantenía esta red de complicidades, apoyos y
equilibrios ya se rompió, se desapareció, no sé lo que está ahora pero es algo
muy disfuncional, muy anárquico”. Ante ello han surgido grupos de autodefensas,
como los de Guerrero o el que encabezara José Manuel Mireles, anotó.
Y es que “¿cuál Estado?”, se
preguntó.
Por su parte, el académico
Sergio Aguayo habló sobre lo ocurrido en Palmarito -donde murieron 4 militares
y 6 civiles. Ante las evidencias sobre el asesinato de un militar y la
ejecución de un civil, indicó que se “confirma que la disputa entre la legalidad
y la ilegalidad se libra en los espacios públicos”.
La causa de lo ocurrido es
que las autoridades “dejaron a su suerte el espacio público y es donde se
disputa el estado de derecho”.
El abandono llevó al Estado a
retraerse de los territorios, donde los conflictos van creciendo en intensidad,
fundamentalmente porque “actores privados que ocupan un espacio público sienten
que es propiedad suya y no están dispuestos a regresársela al titular, el
Estado”.
“Tiene que llegarse a una
situación extrema, como este caso Palmarito, para que el estado mande a la
última reserva de institucionalidad, en este caso el Ejército”, señaló.
Ahí entra el tema de la ley
de seguridad interior, sobre “¿cuáles son los límites en los que deben operar
las fuerzas armadas?”.
La pregunta es si la
ejecución a sangre fría que se vio en Palmarito “es una excepción o forma parte
de un preocupante patrón”.
Al respecto, la politóloga
Denise Dresser aseguró que “no es solo un asunto del gobierno o de las
autoridades, es un asunto del comportamiento de las fuerzas armadas”, pues a
pesar de sus buenas intenciones “pueden violar derechos humanos” como el 3 de
mayo en Puebla.
“Lo que hizo el Ejército esa
noche es un asesinato”, apuntó, aunque dijo que entiende que las opiniones se
vuelquen a favor del Ejército.
“Vemos juzgados corruptos,
jueces corrompidos, Ministerios Públicos incompetentes, investigaciones mal
olientes, culpables encarcelados que después salen libres, militares que
arriesgan la vida sí y soldados que la pierden. Pero ante la mano inepta surge
el clamor de la mano dura. Ante el Estado que no logra hacer valer la ley
entonces el argumento es: ignorémosla. A exigir sangre siempre y cuando sean
huachicoleros. A justificar ejecuciones sumarias siempre y cuando se traten de
criminales. En eso hemos caído, a eso nos han orillado, tantos años de
violencia sin fin, de impunidad que no cesa, pero la responsabilidad real recae
sobre el Estado, sobre la incapacidad de formar policías, de crear un sistema
penal judicial y penal que funcione, de acabar con una guerra contra el
narcotráfico que no se podrá ganar nunca y que está llevando a índices de
letalidad y de violencia que no habíamos visto. Nos estamos transformando en un
país de sanguinarios, de aquellos que aplauden y justifican el asesinato y la
ejecución a criminales, que en realidad no sabemos si son criminales o no”,
expuso.
“El aplauso a una ejecución
implica que renunciamos como país al estado de derecho“, concluyó.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ MAYO
15, 2017 10:53 AM)
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