Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez se
convirtió en activista tras el secuestro y asesinato de su hija en 2012. Ella
la buscó, halló su cadáver en una fosa clandestina y dio la información a las
autoridades para detener a los responsables. Su apoyo a las familias de
desaparecidos continuó. Pero el pasado miércoles fue asesinada.
El coordinador del “Colectivo de
Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad Victoria” Guillermo Gutiérrez
Riestra, dijo que la agrupación de Miriam logró contabilizar 400 casos de
desaparecidos sólo en San Fernando, y alertó que más padres convertidos en
activistas están bajo amenaza en Tamaulipas.
Miriam. Siempre sonriente, pero dura
ante las autoridades, Foto: Facebook
Ciudad de México, 12 de mayo
(SinEmbargo).– “A ver si no me matan”, decía la activista Miriam Elizabeth
Rodríguez Martínez luego de reclamar a los funcionarios del Gobierno de
Tamaulipas por los casos de desapariciones en el estado.
La frase, dicha en distintos
momentos en un tono de sarcasmo, se convirtió en augurio y luego en una penosa
realidad.
La noche del pasado 10 de
mayo, un comando atacó a tiros su domicilio en San Fernando, Tamaulipas,
dejándola herida. Murió camino al hospital.
Su asesinato generó una ola
de indignación no sólo en México sino en el extranjero y de parte de organismos
internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía
Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
decenas de ONGs condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades locales y
federales investigarlo con perspectiva de género y evitar que quede en la
impunidad.
Ese miércoles, Día de las
Madres, Miriam se vio imposibilitada para marchar junto a otros padres que
buscan a sus hijos debido a una lesión en una pierna. No pudo unirse a las
madres, padres y hermanos de los desaparecidos en esa entidad que, además,
tomaron las calles de varios estados del país para, como ella hizo con toda su
energía, reclamar a las autoridades el paradero de sus familiares.
Guillermo Gutiérrez Riestra,
coordinador del “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en
Tamaulipas”, conoció a Miriam en el año 2014. La tragedia los unió.
Él aún busca su hija Raquel
Gutiérrez Ruiz, secuestrada en agosto de 2010 en el Barrio Pajaritos, de Ciudad
Victoria, capital de esa entidad. Ella, buscaba entonces a su hija Karen Alejandra
Salinas Rodríguez, también plagiada, pero en 2012; ahí, en San Fernando
Tamaulipas y tres años después, encontró sus restos en una fosa clandestina y
dio con los responsables.
“Ella era muy alegre, muy
elegante en el vestir, pero muy seria con la autoridad, las cosas las decía
claras, siempre que estaba ante la autoridad era dura, exigente”, comentó
Gutiérrez Riestra en entrevista telefónica.
Miriam trabajó como empleada
del sector salud en Tamaulipas, en sus últimos días vivía con su familia y atendía
su negocio en San Fernando.
“Puso ese negocio,
precisamente , para no estar, digamos, a la vista para que no pudiera ser estar
expuesta correr algún peligro”, detalló para SinEmbargo el integrante del
Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas.
Aunque había encontrado a su
hija, Miriam no dejó de apoyar a otras familias víctimas de desapariciones en
el estado, a través del “Colectivo de desaparecidos en San Fernando”. De
acuerdo con el activista, Miriam tenía un registro de 400 personas de las que
se desconocía su paradero.
LA FUGA Y AMENAZA
El pasado 23 de marzo, un
motín en el penal de Ciudad Victoria, en el que los reos quemaron sabanas y
usaron armas, derivó en la fuga de 29 de ellos a través de un túnel de cinco
metros de profundidad y 40 metros de largo. Uno de los responsables del secuestro
y asesinato de Karen estaba entre los prisioneros fugados: Enrique Yoel Rubio
Flores
La Procuraduría General de
Justicia de Tamaulipas (PGJT) detalló que Rubio Flores efectivamente se dio a
la fuga, pero logró recapturarlo. Actualmente se encuentra preso y está sujeto
a formal prisión por diversos delitos. Sin embargo, la Procuraduría General de
la República (PGR) no lo ha consignado por delincuencia organizada que es de la
competencia federal.
Miriam reclamó seguridad a
las autoridades por la amenaza que sintió tras la evasión de Rubio.
“Cuando hubo esa fuga ella
sintió un peligro y fue cuando solicitó las medidas preventivas para proteger
su integridad”, comentó Guillermo Gutiérrez.
“Denme de perdida un número
para pedir auxilio. Solamente les pido eso”, dijo entonces Miriam, según
recordó Gutiérrez Riestra. Él fue testigo del momento en que la madre
convertida en activista alertó al Procurador General de Tamaulipas, Irving
Barrios Mojica, y a la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de
Tamaulipas, Gloria Elena Garza Jiménez, el pasado 18 de abril.
El Gobierno tamaulipeco, que
es encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró
que sí se le brindó las medidas cautelares “a través de rondines tres veces al
día en su domicilio”, pero destacó que Miriam Elizabeth dio a conocer “que no
estaba siendo atendida por servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV)”, que depende directamente del Gobierno federal.
Gutiérrez Riestra advirtió
que el peligro aún es latente para al menos otras dos activistas cercanas a él,
a quienes se les han tomado fotos y que son vigiladas desde camionetas que dan
rondines en su domicilio. Incluso, denunció, la policía estatal acosa a las
familias de los desaparecidos durante sus manifestaciones.
“Vivimos en el zozobra,
salimos y no sabemos lo que nos pueda pasar. Muchos de los familiares vivimos
en este estado por la necesidad de encontrar a nuestros hijos, si no desde hace
mucho hubiéramos buscado otro lugar para vivir”, denunció.
Las revelaciones de este
habitante de Ciudad Victoria son sólo una muestra de la tragedia de
desapariciones que ocurren en el estado.
De acuerdo con el más
reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay más de
5 mil 563 personas desaparecidas en los últimos diez años en Tamaulipas, aunque
la cifra es sólo aproximada, pues la propia Comisión ha denunciado que las
autoridades estatales no le ha dado toda la información sobre este tema.
(SEMANARIO ZETA/ ANTONIO HERNÁNDEZ/ MAYO 12, 2017, 12:05 AM)
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