CHILPANCINGO, Gro., (apro).-
En el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo el narco se pasea impunemente con
fusiles tipo Barret en la mano y exhibe en redes sociales sus excesos, así como
los presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con la
delincuencia.
Desde hace una década, este
lugar ha sido el escenario de una batalla entre bandas criminales no solo por
el control político de la región sino también para imponer su hegemonía en esta
zona considerada como de trasiego de cocaína y precursores químicos para
elaboración de metanfetaminas.
Los criminales llevaron su
guerra que mantienen en las calles, la sierra y el mar, a las redes sociales
donde han difundido nombres de políticos y autoridades presuntamente vinculadas
con el narco.
También, se lanzan retos a
través de perfiles en Facebook donde los sicarios se exhiben con uniformes militares
portando fusiles de asalto, entre ellos el rifle Barret calibre .50, así como
lanzagranadas en franco desafío a las autoridades de los tres niveles y como
muestra del nivel de impunidad que existe en esta franja de la entidad.
La historia de complicidades
que ha salpicado a funcionarios del gobierno de Astudillo como el jefe de la
oficina del ejecutivo estatal, Alejandro Bravo Abraca, así como alcaldes
priistas y perredistas de la región de la Costa Grande, ha sido documentada por
Proceso durante los últimos cinco años.
En esta zona, el mandatario
estatal anunció uno de los cinco proyectos estratégicos de su administración,
enfocados en el desarrollo de un puerto marítimo en el municipio de La Unión
que será una ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar controlado
por el narco.
En mayo de 2016, Apro dio a
conocer que el contexto de violencia se había reactivado un mes antes en este
corredor estratégico de drogas de la Costa Grande de Guerrero, donde los grupos
criminales que actúan bajo el manto protector de las autoridades rompieron una
tregua que mantenían desde 2014.
Hasta hace unos meses esta
franja de la entidad estaba bajo control del grupo denominado Guardia
Guerrerense –dirigido por Alberto Bravo Barragán El Gavilán, afincado en el
municipio de Petatlán y detenido a principios de mayo de 2016–, señalado como
una extensión del Cártel Jalisco Nueva Generación, indican reportes oficiales.
La Guardia Guerrerense de El
Gavilán mantiene una brutal disputa por el control de Ixtapa-Zihuatanejo con el
grupo denominado Sangre Nueva Guerrerense (SNG), señalado como una extensión
del grupo delictivo de Los Viagras que presuntamente recibe protección de la
Marina.
En ese entonces, dejaron una
serie de mantas con mensajes en los municipios de José Azueta y Petatlán, donde
advirtieron sobre el recrudecimiento de la violencia ante la disputa de esta
plaza.
“A toda la Costa Grande en
general. Se les informa que no hagan caso de las publicaciones que hacen en
Facebook ya que las están haciendo directamente Los Viagras, Carlos Sierra
Santana, El Inge, El Tronado o El Trensas es Álvaro Beltrán del Facebook.
“Estas ratas las corrieron de
Michoacán y se refugian en Armenia, parte alta de la Sierra y se unieron a
Casto Cruz García y también se refugian en El Camalote y Las Ollas con Don
Chava Granados. Se le pide al secretario de Marina cambien al personal de
Zihuatanejo porque apoyan a Los Viagras”, señalaron en uno de esos mensajes.
En ese contexto, el pasado 21
de abril, el regidor de Morena en el municipio de Tecpan de Galeana, Víctor
Manuel Camacho Uriostegui, fue ejecutado junto con su chofer en esa región de
la Costa Grande donde dejaron un mensaje que decía: “Esto les pasará a todos
los que cooperen con Los Granados. Atte. Cartel Los Rodríguez. Ya estamos aquí”.
Los informes oficiales
refieren que Los Rodríguez son integrantes de una familia dedicada al
narcotráfico, originaria de San Luis La Loma, y expulsada por la banda de Los
Granados que dirige Salvador El Chava Granados.
A su vez, el gobierno federal
tiene identificado al alcalde priista de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis,
quien en reiteradas ocasiones ha sido acusado por mandos de la Marina de
presuntos vínculos con el narcotráfico, como “lavador” de activos del grupo
criminal denominado Los Granados, que opera en el municipio de Tecpan.
No obstante, la jerarquía
priista protege a Soberanis, quien incluso fue nombrado por el gobernador
Héctor Astudillo Flores como miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
LA TREGUA
Desde enero de 2014, Proceso
dio a conocer que Rogaciano Alba Álvarez –exalcalde priista de Petatlán,
compadre del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y preso por narcotráfico–
había pactado una tregua con el líder de Los Granados, Salvador El Chava
Granados, y ambos se aliaron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para
expulsar de la Costa Grande a Los Caballeros Templarios.
Alba y Granados mantenían una
sangrienta confrontación desde 2008, a partir de una reconfiguración regional
del Cártel de Sinaloa, indican los reportes oficiales contenidos en la nota
titulada “La lucha se extiende a Guerrero”.
El 30 de septiembre pasado
tuvo lugar una reunión en Jalisco donde participaron los líderes del CJNG y
operadores de Alba y de Rubén El Nene Granados, ambos presos desde 2009 y 2011.
Ahí se decidió bautizar a su megabanda delincuencial como Fuerza Guerrerense,
refieren informes oficiales consultados por Proceso.
De esa manera la nueva
coalición abrió un segundo frente de batalla para Los Caballeros Templarios,
quienes en Michoacán se enfrentan con los grupos de autodefensa y dos años
después, los hechos recientes advierten sobre el rompimiento de la tregua y el recrudecimiento
de la violencia en esta región donde operan las bandas criminales al amparo de
las autoridades.
Este año, luego de una serie
de atentados registrados en el periodo vacacional de Semana Santa donde fueron
incendiados bares y establecimientos comerciales, así como la ejecución de tres
policías municipales en el corazón turístico de Ixtapa, las autoridades
reaccionaron.
Elementos del Ejército
detuvieron el martes pasado a 60 policías municipales de José Azueta
(Zihuatanejo), acusados de formar parte de la delincuencia organizada y portar
armas oficiales sin estar acreditados.
A través de un comunicado, el
gobierno del priista Héctor Astudillo Flores informó que al menos 42
uniformados son “sicarios infiltrados” en la corporación, tres más fueron
señalados como mandos de un grupo delincuencial y 15 policías estaban en
funciones a pesar de que no pasaron los exámenes de control y confianza.
Este hecho, exhibe la falta
de depuración policiaca en los 81 municipios que conforman la entidad, a pesar de
que fue un compromiso de las autoridades de los tres niveles tras el caso de la
masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada en
septiembre de 2014.
Incluso Proceso dio a conocer
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío millonario,
que sigue impune, de los recursos federales destinados al tema de seguridad
durante la administración de los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio
Ortega, así como del actual mandatario Héctor Astudillo.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS/ 19 MAYO, 2017)
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