Organizaciones de la sociedad civil
acusaron previamente que la Ley Federal de Telecomunicaciones que se aprobó en
el pleno de la Cámara de Diputados, es un retroceso y beneficiará solamente a
los intereses de los concesionarios de radio y televisión y al PRI, al PVEM y
al PAN, frente a los próximos procesos electorales.
El dictamen aprobado por la mayoría panista,
priista, verde y del Panal elimina el derecho de las audiencias y la obligación
de los concesionarios a diferenciar claramente entre “información” y “opinión”
de los conductores de radio o televisión. Permite a los concesionarios nombrar a su defensor de la ciudadanía, quien
se regirá por el código de ética que la empresa le dé y no el uno basado en los
requerimientos del IFT.
Además quita la facultad de ordenar la
suspensión precautoria de las transmisiones de programas noticiosos que violen
las normas relacionadas con la protección del público infantil, en materia de
salud, publicidad y valores estipulados en el artículo 3, el de la Educación.
EPN desconoce derechos de audiencias que
promulgó hace 4 años; especialistas ven presión de Televisa
Ciudad de México, 27 de abril
(SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el que las empresas se
blindan de ser sancionadas por violar los derechos de las audiencias. Ahora
está en manos del Senado si es avalada,
La reforma fue bautizada por
grupos civiles opositores como la #LeyDoring-Anaya-Televisa, y fue impulsada
por el Diputado Federico Döring del Partido Acción Nacional.
El dictamen, aprobado con 288
votos a favor, 114 en contra y 18 abstenciones, será turnado a la Cámara de
Senadores para su análisis y eventual ratificación.
La reforma aprobada en San
Lázaro elimina el derecho de las audiencias y la obligación de los
concesionarios a diferenciar claramente entre “información” y “opinión” de los
conductores de radio o televisión.
Sólo indica en su artículo
256, fracción IV, que “ los concesionarios se abstengan de transmitir
publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
Los defensores de las
audiencias serán determinados por la misma radiodifusora, y su actuación se
sujetará, exclusivamente, al código de ética del concesionario, y “únicamente
rendirá cuentas a la audiencia”, de acuerdo con el artículo 259.
Además deja en manos de los
propios empresarios de radio y televisión su autorregulación y elimina la
obligación de que los códigos de ética se ajusten a los lineamientos del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El IFT ya no pueda multar a
los defensores de las audiencias por no cumplir con los lineamientos del
Instituto sobre sus obligaciones mínimas, de tal manera que sólo los podrá
sancionar cuando no cumplan las obligaciones establecidas en la Ley, pues se
elimina la fracción II del inciso C, del precepto 311.
Asimismo se reformó a la
fracción LXI del artículo 15 para estipular que el IFT no tendrá la facultad de
ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de programas noticiosos
que violen las normas relacionadas con la protección del público infantil, en
materia de salud, publicidad y valores estipulados en el artículo 3 de la
Constitución Política.
ONGS PROTESTAN
Pocas horas antes de que se
se discutieran las modificaciones a la Ley, organizaciones de la sociedad civil
alertaron: el dictamen es un retroceso y beneficiará solamente a los intereses
de los concesionarios de radio y televisión y a los partido Revolucionario
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM)y PAN, frente a los
próximos procesos electorales.
En conferencia de prensa,
Aleida Calleja miembro del consejo consultivo de la Asociación Mexicana de
Derecho a la Información (Amedi), señaló que el dictamen, que fue aprobado “en
lo oscurito” tenía graves retrocesos porque cancela lo reconocido en la ley de
2014 sobre los derechos informativos y la protección de las audiencias.
El académico Gabriel Sosa
Plata explicó que se eliminarían los elementos que distinguen la publicidad de
la información. Este es uno de los elementos que más preocupaban.
“Por ejemplo, cuando es una
entrevista pagada, por respeto a la audiencia se le tiene que avisar que lo es
y es algo frecuente en radio y televisión, son entrevistas a funcionarios y políticos
y son producto de una transacción comercial. Sucede lo mismo con los productos
milagro”, comentó.
Hoy el pleno de la Cámara de Diputados
votará el dictamen de reforma que está integrado, principalmente, por la iniciativa
del Diputado Federico Döring del Partido Acción Nacional. Foto: Daniel
Barragán, SinEmbargo.
Este derecho de la audiencia
se busca dejar en la autorregulación de los concesionarios y en su código de
ética; serán los propios concesionarios los que creen sus medidas y por lo
tanto, no habrá sanciones, explicó. Lo que finalmente ocurrió.
Sobre la afectación a las
comunidades indígenas, Erick Huerta representante de Redes por la Equidad y la
Diversidad, comentó que la preocupación es porque se mutila la obligación de
presentar la diversidad de lenguas y costumbres.
Hay dos derechos como el de
contar y crear sus propios medios de comunicación, pero otro es el de estar en
medios no indígenas.
“Ese es un derecho a las
audiencias a un contenido plural en un país que agrupa a más de 250 lenguas
indígenas”, sostuvo.
Reforma que limita derechos de
audiencias e impide a IFT sancionar a medios avanza en San Lázaro
El derecho se elimina del texto
y eliminaría la obligación de los concesionarios de incorporar en su
programación contenidos que tengan que ver con los derechos indígenas.
Calleja Gutiérrez hizo un
llamado al “Diputado de Televisa”, es decir, Federico Döring, para que no pase
la ley que omite las obligaciones de los particulares que explotan un bien de
la nación.
“Es una regresión autoritaria
y tiene que ver con quitarle facultades a un órgano regulador autónomo. Le
quita la tutela de las audiencias para darlas al Ejecutivo. Será su facultad
regular contenidos de manera discrecional y acorde a sus intereses”, comentó.
La razón por la que a la
iniciativa se le llamó Ley Televisa-Anaya-Doring, es porque los líderes de los
partidos son los que promueven esta ley.
en lo oscurito, como la Ley Televisa de 2006”,
dijo Calleja, quien precisó que la autorregulación no ha funcionado en este
país.
“Es una falacia que el
dictamen sea para defender la libertad de expresión cuando solo respeta la
libertad de empresa”.
(SIN EMBARGO.MX/ DANIELA BARRAGÁN/ ABRIL
27, 2017/ 7:25 PM)
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