Foto: Cortesía/ José Ángel Roque García,
“Jsoé Roque García”, “José Ángel García”, “José García Roque”
En mayo de 2004, cuando
después de una persecución y un tiroteo suscitado en La Gloria, agentes de la
Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a José Roque García, éste tenía 26
años de edad.
Junto a Eric Ballesteros Estrada y Jaime Ocampo
Morineau, declararon entonces a sus captores que participaba en secuestros y
cobro de plaza para el narcotráfico.
También que había asesinado a
personas, a algunas las deshizo en ácido. Lo mismo traficaba con droga que
amedrentaba a comerciantes.
El caso fue ligado al Cártel
Arellano Félix (CAF) y atraído por la Procuraduría General de la República.
Roque García estuvo unos años
en el penal de El Hongo, pero en México obtuvo su libertad.
Para 2009, elementos del
Ejército Mexicano destacados en la II Zona Militar, lo volverían a aprehender
en operativos de búsqueda de integrantes del CAF.
En los años siguientes poco
se supo de él, hasta este 2017, porque ahora es buscado por autoridades de
México y los Estados Unidos.
Apoyado con recursos ilícitos
y por agentes corruptos de la Policía Ministerial de Baja California, José
Roque García ha regresado a Tijuana y, relatan investigadores binacionales, su
intención es restablecer el CAF sin la ayuda del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
Roque García encabeza ahora
una célula delictiva más en la ciudad.
En conversaciones que ha
sostenido con otros miembros del grupo criminal, los investigadores han tenido
conocimiento de sus intenciones criminales para restablecerse. Entre ellas,
“acabar con el Semanario ZETA”. Poner una bomba en el edificio o cerca del
mismo y hacerlo explotar.
El miércoles 5 de abril, la
codirección de ZETA fue informada de la amenaza vertida contra este medio de
comunicación. Un grupo binacional de inteligencia en la persecución de grupos del
narcotráfico y el crimen organizado, captó la amenaza de Roque García.
Atacar el edificio del
periódico no es el único plan criminal de este hombre identificado como
originario del Barrio Logan de San Diego.
Lo suyo es una serie de actos
de violencia de alto impacto, en un intento de demostrar poderío criminal y
arrebatarle la ciudad al CJNG y al Cártel de Sinaloa, para recuperarla para el
Cártel Arellano Félix, que él pretende encabezar una vez aprehendidos quienes
fueron sus dirigentes criminales: Francisco Javier Arellano Félix “El
Tigrillo”, capturado en 2006, y Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”,
detenido en 2014.
A pesar que autoridades de
México y Estados Unidos han declarado en sobradas ocasiones que el CAF ha sido
desmantelado, los cabos sueltos, integrantes que fueron de las distintas
células del cártel en sus diferentes etapas, cuando fue liderado por Ramón
Arellano, por Benjamín Arellano, por Francisco Javier del mismo apellido, por
Fernando Sánchez y recientemente por un joven miembro de la familia del que
solo se sabe le apodan “El Piloto”, son quienes se reúnen para intentar revivir
la disminuida organización.
Luego que fue aprehendido en
mayo de 2004, a finales del mismo mes, de acuerdo a un despacho informativo de
Notimex, “el Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales
federales en el Distrito Federal, inició formal proceso en contra de José Roque
García, Erick Ballesteros Estrella y Jaime Ocampo Morineau, detenidos cuando
intentaron secuestrar a los agentes de seguridad pública local, Lucila
Valenzuela Aguilar y Felipe Quintano Meza”.
Los delitos por los que se
les dictó orden de aprehensión fueron: contra la salud, portación de arma de
fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como privación ilegal de la
libertad.
Quedaron fuera de la
averiguación oficial, las confesiones que hicieron a sus captores: haber
asesinado y deshecho en ácido a varias personas, así como traficar droga de
México a los Estados Unidos, resguardar marihuana en casas de seguridad y
secuestrar para el CAF que entonces encabezaba Francisco Javier Arellano Félix.
Pero en 2017, José Roque García, está libre.
Autoridades bajacalifornianas
como la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado no han proporcionado información de cómo, cuándo y por qué fue
liberado; de igual manera se desconocen los nombres de los asociados criminales
de García, y la forma en la que ha corrompido -de acuerdo a la investigación
nacional- a policías ministeriales que ahora sirven a sus ilícitos propósitos.
No es la única amenaza que ZETA ha padecido en los últimos meses.
El 25 de noviembre de 2016,
en la edición 2226, publicamos una serie de fotografías y nombres de los
criminales más buscados en Baja California, entre ellos, integrantes del Cártel
Jalisco Nueva Generación.
Uno de ellos, Israel
Alejandro Vázquez “El 50”, joven señalado de colaborar con la organización
criminal en ajustes de cuentas, quien al verse exhibido ordenó que las
instalaciones del Semanario fueran atacadas con granadas, a manera de
“escarmiento” contra quienes aquí trabajamos por haberle mencionado y además
publicado su fotografía.
De aquella amenaza como de
esta reciente, hemos dado cuenta a nuestros lectores y amigos, a las
autoridades bajacalifornianas y a las organizaciones de defensa y protección de
la libertad de expresión y de los periodistas.
Una vez más, ZETA está bajo
amenaza y en esas condiciones ejerce el periodismo de investigación, en un país
que es riesgoso para el desarrollo del oficio. México, donde tan solo en el
sexenio de Enrique Peña Nieto, 30 periodistas han sido asesinados -de acuerdo a
la organización Artículo 19-, convirtiendo a nuestra República en uno de los
cinco países más peligrosos para el ejercicio libre del periodismo.
Hace unos días, el 2 de
abril, el diario El Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, cerró sus puertas
después de 27 años de circulación, al no “existir las garantías para ejercer el
periodismo crítico y de contrapeso”.
También por las deudas que
los gobiernos se negaron a pagar a la administración del periódico, por la
inseguridad, y especialmente, por el asesinato de la periodista Miroslava
Breach Valducea, ultimada el 23 de marzo en aquella entidad y quien colaboraba
para esa publicación.
En este contexto de
inseguridad y violencia, de impunidad y corrupción institucional, ZETA mantiene
su compromiso con sus lectores, amigos y anunciantes. Seguiremos informando,
haciendo periodismo de investigación allende las amenazas, en tanto contemos
con su confianza y solidaridad.
Desde el jueves 4 de abril,
unidades de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública
de Baja California, resguardan las oficinas del Semanario, ante la amenaza
latente de un miembro del Cártel Arellano Félix, de atacar nuestro edificio.
En esas condiciones
seguiremos investigando, entrevistando, analizando y publicando lo que sucede
en Baja California y en México.
Lo que el Lector desea saber,
conocer, y así nos lo participa, libre como el viento.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados ZETA/
Viernes, 7 Abril, 2017 12:33 PM)
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