COMBATE AL NARCO. “Cuestión de voluntad
política”.
Eso de “plata o plomo” es una falacia:
ex diplomático militar
Cuando alguien le preguntó
por escrito al teniente coronel Gerardo René Herrera Guisar, un ex agregado
militar en las embajadas de México en Francia, Bélgica y Holanda, y ex asesor
de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el combate a la
delincuencia organizada en México, de inmediato respondió: “Se debe combatir
desde dentro, desde las entrañas”.
Pero cuando adelantó que
diría algo que a lo mejor a muchos no les pueda parecer, el público asistente al Foro sobre el marco
regulatorio de la actuación de las fuerzas armadas en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en
su mayoría especialistas en derecho, se quedó expectante.
“Ningún sistema criminal
adquiere esa connotación si no tiene la protección de la autoridad. Cundo la
autoridad se decide a combatir el sistema delincuencial en los niveles que sea,
no puede andar aduciendo —porque es una gran falacia y se los digo por una
larga experiencia militar— esto de plata o plomo. Es una gran falacia”.
Si la autoridad “se decide a
actuar y tiene el respaldo social y una resolución muy sólida de acabar con el
crimen, se acaba con el crimen. Hasta aquí mi comentario en ese sentido”.
Prosigue: “Yo no comprendo
cómo un señor con tres años de escolaridad, nacido en la sierra de Sinaloa, con
una carencia afectiva desde niño, etcétera, se haya convertido en el
narcotraficante más rico del mundo y el hombre más peligroso de la humanidad. ¿Ustedes
lo creen? Yo no”, se responde.
Su nivel de peligrosidad,
agregó, “se lo da el entorno en el cual se mueve y que con toda probabilidad,
yo dudo mucho, que él sea la cabeza de esta hidra que controla todo el aparato
global”.
Dijo que por eso cree que el
tema del combate al narcotráfico es una cuestión de voluntades y de acción
política, no de aplicación de la norma. Señaló que mientras la criminalidad
tenga esos vacíos legales para evadirse, será difícil acotarla y acabarla desde
sus entrañas, aunque tampoco cree, aclaró, que un país lo pueda lograr al cien
por ciento.
Al exponer su opinión sobre
la participación de las fuerzas armadas en tareas policiacas en la coyuntura actual, el también licenciado
en administración militar por la Escuela Superior de Guerra, consideró que ésta
ya no es una postura política sino una necesidad fundamental porque no se tiene
un cuerpo policiaco capaz de garantizar seguridad pública, y si ahora las
fuerzas armadas no cubren ese vacío, el país será un caos.
Afirmó que los militares
deberán regresar lo más pronto posible a sus cuarteles porque este tema del
narcotráfico y la seguridad pública no se arreglarán a balazos, ya que falta
una regulación que establezca facultades y
compromisos a todo el aparato del Estado, no solo a las fuerzas armadas.
Subrayó que las fuerzas
armadas están desde su origen, hechas para el orden interno, para protegernos
del exterior.
“¿Qué pasa cuando por
decreto presidencial tienen que salir
las fuerzas armadas a combatir el narco
porque es una gran amenaza? las estadísticas revelan que antes de esta
declaratoria, no se tenía un estado tan critico y tampoco estaba el país en
niveles que justificaran el empleo de la fuerza armada”.
Fue una decisión política,
asegura, y “fue una decisión presidencial. Pero nunca les dijeron cómo ni
cuándo ni dónde ni cuál iba a ser la dimensión. Tenemos diez años que las
tropas están fuera de sus cuarteles haciendo las tareas de policía”.
Por eso, señala que se
requiere una regulación para tener facultades para trabajar. Y esto lo han
pedido los secretarios de Marina y Defensa Nacional.
Afirmó que la participación
de las fuerzas armadas en la coyuntura actual sí es necesaria, porque no se
tiene un cuerpo policiaco capaz, que quedó abandonado. Y si ahora, las fuerzas
armadas no cubren ese vacío, habría caos.
“Ahora ya no es una posición
política, es una necesidad fundamental no dejar ese vacío, pero paralelamente
debe fortalecerse el entramado que sí debe ocuparse de eso. Regular las fuerzas
armadas también es necesario. Falta una regulación que establezca facultades
y compromisos a todo el aparato del
Estado, no solo a las fuerzas armadas. Porque este tema no se va a arreglar a
balazos. Las tropas deben regresar lo más pronto posible a sus cuarteles”.
En el contexto de las
iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión sobre la Ley de
Seguridad Interna para dar facultades a las fuerzas castrenses de hacer tareas
de policías, dice que no es necesario emitir una nueva ley. Afirmó que la
seguridad interior es un componente de la seguridad nacional y lo que debe
hacerse es una revisión de la normatividad para que el artículo 89 no se
contraponga con el 129 y el 21 no se confronte con el tema de la ley de
seguridad nacional.
RODRIGO GUTIÉRREZ. “México pisotea tratados
internacionales de derechos humanos”.
EXIGEN A LA SUPREMA CORTE RECTIFIQUE SU DECISIÓN DE
AVALAR EL DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS ARMADAS
Expertos en derecho
constitucional le exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
rectifique su decisión de avalar el despliegue territorial de las fuerzas
armadas, para desarrollar tareas de seguridad en el país, porque además de ser
una acción de inconstitucionalidad, violenta los convenios suscritos por México
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al debatirse este
controvertido tema sobre el marco normativo de actuación de las fuerzas armadas
en México, el doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid e
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Rodrigo Gutiérrez advirtió que la Corte Interamericana podría
regañar —como ocurrió en otras ocasiones— a los Ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por haber avalado esta decisión “débil y endeble” que
pisotea los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Destaca que no solamente la Corte Interamericana ha hecho
pronunciamientos certeros para que México desista en su interés por sacar los
militares de los cuarteles y asignarles labores policiacas.
Otros actores autorizados
aparte de la Corte Interamericana para interpretar los derechos humanos como el
Relator Especial para el Caso de la Tortura en México, que hizo señalamientos
explícitos a México, argumentando la poca conveniencia de que las fuerzas
militares estén desempeñando labores de seguridad pública.
Lo mismo hizo en su informe
el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales en México, Christopher
Hebels, quien recalca los serios riesgos que implicar tener a las fuerzas
armadas en las calles y espacios públicos.
En un modelo de democracia
constitucional como el de México, nada ni nadie, pero sobre todo ningún poder
público, puede estar por encima de la Constitución y los tratados
internacionales. Esto significa que todos los actores del poder público vengan
del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial,
deberán someterse a las normas establecidas, remarca el jurista con
especialidad en ciencia política y derecho constitucional.
Sostuvo que esta decisión de
desplegar a las fuerzas castrenses por el territorio nacional obedeció a
intereses políticos, porque no hubo ni hay un diagnóstico del por qué se tomó
esa decisión de sacar a los militares a cubrir funciones de seguridad pública.
Las gráficas derivadas de
investigaciones científicas destacan que en donde intervienen las fuerzas
armadas hay un incremento de la violencia. Se dice constantemente que las
policías están devastadas y hay un problema muy serio de narcotráfico para
justificar la presencia del ejército.
Refirió que hay cuatro
artículos constitucionales, entre éstos el 129, que prohíben expresamente que
las fuerzas armadas estén haciendo labores de seguridad en tiempos de paz.
Tendría que haber una
declaración de guerra para que esas fuerzas armadas realicen las funciones que
ahora mismo está desempeñando y que ha puesto de facto al país en una situación
de guerra, señala el investigador de la UNAM.
El experto señaló que las
fuerzas armadas no están en sus cuarteles porque la Suprema Corte de Justicia
resolvió en 1996 una acción de
inconstitucionalidad que avaló la intervención de las mismas para desarrollar
tareas de seguridad.
En esta ocasión, dice, lo que
la Suprema Corte analizó fue la
presencia y participación de las fuerzas armadas y el ejército en el Sistema
Nacional de Seguridad, pero más bien con fines de coordinación administrativa
interinstitucional, pero nunca se planteó el despliegue territorial del
Ejército y la Marina en tareas de seguridad como se está viendo ahora.
Dijo que hay un
pronunciamiento de la Corte Interamericana en el que se establece que las
fuerzas militares no deben realizar funciones de seguridad pública. Durante
este debate, se dio a conocer un estudio sobre índices de letalidad elaborado
por especialistas en derecho constitucional de la UNAM, que revela que la
guerra ha construido un halo legitimador por el uso excesivo de la fuerza,
incluso la letal.
Y es que esas palabras de
“repeler una agresión” parecieran que obvian cualquier investigación civil que
se haga para tratar de entender por qué sucedió o si hubo o no un uso legítimo
de la fuerza. Con esas palabras ya no es necesario hacer una investigación y
esto es muy preocupante en el contexto de las iniciativas actuales que incluso
facultan el uso de la fuerza contra resistencias no agresivas que aparecen en
las iniciativas del diputado Camacho como del Senador Roberto Gil.
Esto avizora un uso mayor de
la fuerza, incluso letal, incluso un aumento de la tortura, y las fuerzas
armadas están actuando hoy por hoy en tareas que no les competen
constitucionalmente, por eso se intenta darle una cobertura legal sin tomar en
cuenta los problemas que genera esta estrategia.
(RIODOCE/ FRANCISCO SARABIA/CIUDAD DE MÉXICO. EN 6
MARZO, 2017)
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