MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ. Pasado infame.
El primer fiscal de Sinaloa,
sea quien sea, ya está torcido de antemano. La autonomía “pretendida” se ahogó
en los propios artificios que llevaba la iniciativa del gobernador, Quirino
Ordaz Coppel, y que el congreso, también como poder “autónomo”, no se atrevió a
modificar.
De acuerdo con la reforma que
crea la Fiscalía General de Sinaloa, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
de Sinaloa entregó al jefe del Ejecutivo los cinco nombres, de los cuales tres
serían propuestos al congreso estatal. La terna le fue presentada al
Legislativo el viernes pasado, y se supone que esta semana será nombrado el
fiscal.
Pero nacerá acotado de
antemano, porque, de acuerdo con la fracción III del artículo 76 bis de la Ley,
el fiscal podrá ser removido por el gobernador. Y aunque esta eventual remoción
podrá ser objetada por las dos terceras partes de los diputados presentes en
una sesión, la guadaña penderá siempre sobre el titular de la fiscalía, lo
cual, obviamente, acota su autonomía.
Pero las reglas están ahí. Y
aunque ni la iniciativa de Quirino Ordaz ni en la reforma que se logró se
plantea un rediseño a fondo de lo que hasta hoy es la procuraduría de justicia,
sería muy saludable que el fiscal que llegue empiece por un diagnóstico que le
permita transformar una entidad pública que, hasta ahora y casi siempre, ha
sido incapaz de satisfacer mínimamente los propósitos para los cuales fue
creada.
Durante los seis años
anteriores la procuraduría fue incapaz de revertir los niveles de impunidad con
que se cometen los delitos en Sinaloa. Pero no solo eso, sino que fue
convertida en un instrumento del gobernador para proteger las corruptelas de
sus funcionarios. La Policía Ministerial, que depende de la procuraduría, no
fue menos corrupta ni estuvo menos involucrada con el crimen organizado, pero
esto no le importó ni al gobernador ni al procurador, porque fue parte de las
“estrategias” para combatir algunas bandas del narcotráfico. Mientras Jesús
Antonio Aguilar Íñiguez combatía a un bando, desayunaba con el otro.
Y esta sería una de las primeras
acciones del fiscal: depurar la fuerza policiaca que tendrá a su mano, porque
con una policía corrupta no hay sistema de persecución del delito que sea
eficaz. Y profesionalizarla, pues el nuevo sistema de justicia penal exige
procesos más limpios en su integración.
La agenda del fiscal será
enorme, tanto como la deuda histórica de la procuraduría de justicia con los
sinaloenses. No es posible que solo el dos o tres por ciento de los casos de
ejecutados sea consignado, cuando tenemos un promedio de cuatro por día. (El
alto nivel de homicidios en Sinaloa tiene que ver, desde hace décadas, con que
a los asesinos no se les persigue, lo cual es tarea, en la mayoría de los
casos, de la procuraduría de justicia). O que un ladrón —para hablar de asuntos
más caseros— que acaba de salir de prisión porque la consignación fue
deficiente, ahora asalte un comercio dos veces en una semana.
Los feminicidios crecieron
exponencialmente en los últimos seis años, sin que la procuraduría de justicia
fuera capaz atacar el problema. Y el ominoso crimen de Sandra Luz Hernández,
cuando buscaba a su hijo desaparecido, queda como una muestra aberrante de la
injusticia en Sinaloa, coronada con la liberación del único detenido porque la
procuraduría no integró bien la consignación.
El tema de los desaparecidos
es otro y no es menor. El gobernador ha dicho que puede crearse una fiscalía
especial para estos casos pero los fiscales especiales han resultado un fiasco
casi siempre y terminan siendo pararrayos de los fiscales generales.
Y hay uno más que está
presente y del cual los ciudadanos están exigiendo respuestas: las casi 40 demandas por corrupción durante la pasada
administración que se han presentado ante la procuraduría de justicia y que,
por órdenes del propio ex gobernador, Mario López Valdez, fueron encajonadas y
duermen en el polvo.
BOLA Y CADENA
SOBRE ÉSTE ÚLTIMO TEMA el
fiscal y el fiscal anticorrupción que deberá nombrar a su llegada, tendrán que
enviar señales claras, lo cual marcará pautas
sobre el rumbo que tomará Sinaloa. O seguimos siendo un sistema basado
en la corrupción, en el engaño y en la demagogia, o avanzamos hacia posiciones
de mayor transparencia, de verdadera rendición de cuentas, de hacer política
para servir a la gente y no a los mismos políticos, de castigo a los que se
enriquecen con los recursos públicos. Lo dijo el gobernador mil veces cuando
andaba en campaña: la gente está cansada de tanta corrupción. Pues ahora es
cuando se sabrá si hay congruencia o todo fue jarabe de pico.
SENTIDO CONTRARIO
NO HAY MUCHO TIEMPO PARA QUE
LOS ALCALDES que pretenden reelegirse en el 2018 puedan demostrar que han sido
buenos administradores. Muchos de ellos no han terminado de acomodarse en sus
sillas hasta ahora. Menos se puede hablar de resolver problemas. Y no hay forma
en que lo hagan. La violencia que cercena sus ciudades será la mala nota a la
hora de que los ciudadanos evalúen su gestión. Y tampoco ahí se les ve por
dónde.
HUMO NEGRO
ESTE AÑO HAY DOS ELECCIONES
de gobernador —en Nayarit y en el Estado de México—, pero podría decirse que en
ésta última entidad se juega el futuro del país. Las fuerzas están muy parejas
y, hasta donde se aprecia ahora, será una elección de tercios. Delfina Gómez
Álvarez va por Morena, Josefina Vázquez Mota por el PAN y Alfredo del Mazo Maza
por el PRI. Si el PRI ganara la elección, agarraría un aire vital para el 2018,
habida cuenta la debacle por la que atraviesa; si la elección la gana Morena,
será muy difícil que paren a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pues su
figura sigue creciendo y también la gente de otros partidos que se le suman.
Pero lo mismo ocurriría con el PAN si Josefina se alza con la victoria. Este
partido gobierna ya 40 millones de mexicanos y esta sería como la cereza del
pastel antes de llegar a la justa presidencial. Pero esperemos el 4 junio.
(RIODOCEE/ COLUMNA “ALTARES Y SÓTANOS”
DE ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 6 marzo, 2017)
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