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el 19 de enero de 2015, se mantiene 26 meses después: Elba Esther Gordillo es
prisionera política del Presidente Enrique Peña Nieto. El viernes pasado se le
volvió a negar el beneficio de la prisión domiciliaria para que ahí, por
razones de edad, enfrentara el proceso que se le sigue. Hasta ahora, ninguno de
los delitos por los que se le acusa se ha probado, y está en la cárcel porque
los jueces avalan el argumento de la PGR que puede escaparse. Para un gobierno
al que uno de los gobernadores consentidos de Peña Nieto, Javier Duarte de
Veracruz, se le fugó hace más de 150 días y dicen no saber en dónde se
encuentra, y permitió que por razones de salud pagara su condena en casa uno de
los fundadores del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, la forma como se
enfrenta a la maestra Gordillo en tribunales, toca la sevicia.
La maestra fue detenida
cuando varios miembros del Gabinete, tras una reunión en Los Pinos donde
analizaron la entrevista que le dio a Adela Micha días antes, alegaron que
Gordillo había llegado a un punto sin retorno en la confrontación con el
gobierno y que con ella al frente del magisterio, la reforma educativa no iba a
poder ser concretada. Las voces que alertaron que el problema no era ella sino
la Coordinadora magisterial, fueron ignoradas. La decisión, que aún sin
gustarle la ordenó Peña Nieto, fue que como criminal de alta peligrosidad, un
comando de la Marina la detuviera en el aeropuerto de Toluca en febrero de
2013, donde aterrizó en víspera de viajar a Guadalajara, con una artimaña que
le tejió el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Desde enero de 2015, las
cosas no han cambiado mucho en la sustancia del caso. El expediente mantiene
las mismas fallas, omisiones y errores tan grandes como inexplicables. En aquel
entonces se planteó: “El pliego de consignación para ejercer la acción penal en
contra de Gordillo, suscrito por el ministerio público el 20 de febrero de
2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración
Tributaria (SAT), y de la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el
21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de
consignación.
“No es el único desaseo. El
principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia
ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no tiene
sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en
diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de
Maestros, no tienen una procedente ilícita. Provienen de los maestros, que a su
vez, recibieron sus dineros del Gobierno federal. El sindicato, que en dado
caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso
el afectado, no ha presentado, hasta ahora, ninguna denuncia contra la maestra.
“La leey establece que el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo puede ser
investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya
presentado la querella. En el expediente no existe la querella. Tampoco se
acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de
Hacienda. Esta inconsistencia en el expediente es una de las más grotescas de
todo el caso, que arranca con la averiguación previa el 13 de febrero de 2013,
una vez que, establece, recibió la querella –la inexistente-, en forma de
imputaciones.
“La querella que señala el
acuerdo del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada, fue suscrita en representación de la
Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como
director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de
Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por
Mauricio López Tapia, de quien tampoco se precisa su cargo. Esta ambigüedad no
es relevante, dado que hay dependencias donde por razones de seguridad no se
identifica la posición o el nivel de quien lo porta.
“Lo que sí es fundamental, es
la Constancia número 32, firmada por Claudia del Carmen Mora Osorio, directora
de Recursos Humanos y Materiales de la Coordinación Administrativa de la
Procuraduría Fiscal de la Federación, en donde afirma que Lira Salas ingresó a
la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La
Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la
Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013.
¿Cuál es el problema? Que la
averiguación previa está fechada el 13 de febrero de 2013, al dar entrada el
ministerio público a una denuncia suscrita por un funcionario que no tenía su
personalidad ni representatividad legal acreditada en el momento que la
presentó. A partir de esa querella, el ministerio público ordenó solicitudes
oficiales al Gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales
de la maestra, y pidió dentro del Gobierno federal información para respaldar
el caso. Aún así, la maestra ha ido derrotando a la PGR en tribunales.
Dentro de la PGR no hay mucha
convicción que pueden mantenerla en la cárcel, con la imputación por
defraudación fiscal interpuesta en octubre de 2014, parte del expediente
cuestionado, pero no se trata de la ley, sino de que no salga de prisión, ni
siquiera domiciliaria por razones políticas. No aceptan en el gobierno que así
se le llame, pero no hay argumentos que sostengan lo contrario.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ Estrictamente Personal/
Raymundo Riva Palacio/ 22/03/2017 | 04:08 AM)
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