El Gobierno del Estado licitó mediante
la modalidad de Asociación Pública Privada, once obras que endeudarán a Baja
California hasta 2056. La misma noche que panistas, ayudados por el PRD y MC
aprobaron la Ley del Agua, también dieron luz verde a la privatización de
varias obras, desalinizadoras, construcción de pluviales, carreteras y
operación de servicios, como el caso de la PJGE y el Hospital Materno Infantil
de Tijuana, licitaciones entregadas por 20 y 30 años
La inefable noche del 19 de
diciembre de 2016, cuando 15 de los 20 diputados locales (PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano) votaron a favor la Ley del Agua del Estado de Baja California, casi
por debajo de la mesa, el Ejecutivo estatal envió para su aprobación once
licitaciones que endeudarán al Estado hasta el año 2056 por obras que van desde
las desalinizadoras, pluviales, concesión de edificios de la PGJE y la SSPE,
carreteras, sistemas de monitoreo e inclusive la operación de servicios médicos
en el Hospital Materno Infantil.
Lo peor es que varias de las
concesiones se encuentran ligadas a funcionarios panistas o empresarios como
Fernando Beltrán, pues la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.
A. de C.V. (URBACA) ganó dos licitaciones, además la desaladora Kenton,
íntimamente ligada al hermano de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna
Rincón.
LAS CONCESIONES
El Gobierno del Estado inició
el proceso de licitación para once obras, en las primeras seis ya hay fallos a
favor de diversas empresas, algunas cercanas a los gobiernos panistas.
Por ejemplo, en la empresa
Desaladora Kenton, Jesús Octavio Rincón Vargas es socio, y además hermano de la
alcaldesa de Rosarito.
Para la licitación,
SIDUE-CEA-APP-2015-001, que corresponde al Sistema Integral Hídrico San Quintín
en Ensenada, la ganadora para el servicio por 30 años, fue la empresa
Desaladora Kenton S.A. de C.V., que resultó la única que presentó propuesta y
es representada por Patricia Paterson Villalobos y Yolanda Padilla Loza.
Kenton es la fusión de tres
empresas: RWL Desal Holding, S. de R.L.
de C.V.; Libra Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.; y R.J. Ingeniería, S.A. de
C.V.
El presidente del consejo es
Michael P. Tramer Loza, y como miembros aparecen Yolanda Padilla Villalobos,
Héctor Isidro Peterson Villalobos y Jesús Octavio Rincón Vargas.
Octavio Rincón, hermano de la
alcaldesa de Rosarito, es al parecer nuevamente beneficiado por el tráfico de
influencias, ya que en 2013, según Auditoría Superior de la Federación, la
entonces directora del Seguro Popular
trasfirió 10 millones de pesos al Hospital de Salud Mental de Tijuana
sin la aprobación de la Junta de Gobierno del Seguro Popular, donde su
consanguíneo era el tesorero (ZETA
edición 2025, 18 de enero de 2013).
Según su portal de internet,
RWL fue fundada por Ronald S. Lauder, magnate hijo de judíos y miembro del
Partido Republicano de los Estados Unidos, y dueño de la firma de cosméticos
Lauder.
Otros socios son Rafael
Castro de la Peña, quien durante 2016 fungió como secretario fedatario del I
Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral; además de Rogelio
Alexandro Rodríguez Gómez, Juan Ignacio Reyes Retana Villalobos y Erick Alfonso
Peterson Chinoya.
El proyecto consiste, según
una tarjeta informativa de Gobierno del Estado, en la captación de agua de mar
a través de pozos playeros, su desalación, potabilización, conducción y entrega
de 250 litros por segundo (lps) y la disposición del agua de rechazo.
La obra buscaría abastecer la
demanda de agua potable en la zona de
Camalú, Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, San Quintín y Los Pinos, y así
beneficiar a una población de 100 mil habitantes.
En un boletín enviado el 25
de julio de 2014, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid firmó un convenio
con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Tijuana, en
el que manifestaban su apoyo para la construcción del Centro de Rehabilitación
Infantil Teletón (CRIT) en Baja California.
En la reunión estuvieron
presentes diversos representantes de la CMIC, entre ellos el vicepresidente del
Sector Salud de la instancia, Jesús Rincón Vargas, y el coordinador del Consejo
Estatal de Infraestructura del organismo, Héctor Peterson Villalobos, quienes
posteriormente resultaron favorecidos con el proyecto.
MÁS OBRAS PARA LOS LLAMAS (LIGADOS A BELTRÁN)
Ligados Fernando Beltrán
Rincón y Víctor Llamas en Baja California y otros Estados de la República la
empresa URBACA se ha convertido en el mayor contratista de la administración de
Vega de Lamadrid.Llegan hasta las nuevas
licitaciones de Asociaciones Público Privadas (APPs).
La empresa que resultó
ganadora de la licitación SIDUE-CESPM-APP-2016-001 para ejecutar el Programa de
Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritarios en la Ciudad
de Mexicali por los próximos 15 años, se denominó Operadora de Pluviales
Mexicali, S. A. de C.V. y está relacionada con los hermanos Llamas Galván y
Alberto Barrutia Calderón (http://zetatijuana.com/2016/12/19/estado-favorece-con-millonario-contrato-a-urbaca/)
La empresa solo compitió
contra otro consorcio, logrando la licitación, para ello se tuvieron que
fusionar las empresas Futura Industrial, S.A. de C.V., Ur Obras y Servicios, S.
A. de C.V. y Constructora Makro, S. A. de C. V.
La primera está constituida
por Héctor Jesús Rodríguez López, Rodrigo Javier Castro Monarque, Alberto
Barrutia Calderón, María Guadalupe Villavicencio y Margarita Soto Medrano;
mientras que la segunda la constituyen
los hermanos Víctor Ismael y Alejandro Lázaro Llamas Galván, y nuevamente
Alberto Barrutia Calderón, todos ellos socios en la empresa URBACA de Víctor
Llamas, socio de Fernando Beltrán. La tercera empresa, Makro, S. A. de C.V., es
una de las favoritas del gobernador del Estado y está constituida por Marco
Antonio Santacruz Cuevas, Alberto Romero Guakil y Luis Alejandro Santacruz
Rodríguez.
La nueva empresa quedó
constituida con Javier Terán Martínez como presidente, Marco Antonio Santacruz
Cuevas como secretario y Alberto Barrutia Calderón como tesorero, quien también
es director de finanzas de URBACA, como consta en una ficha técnica obtenida
por ZETA.
Nuevamente los hermanos
Víctor Ismael y Alejandro Llamas Galván, junto con Alberto Barrutia Calderón,
resultaron ganadores de la licitación SIDUE-CESPTE-APP-2016-003, ahora bajo el
nombre Ingeniería de Bombas, S.A. de C.V., según el Registro Público de la
Propiedad.
La empresa ganadora resultó
de la función de Ingeniería de Bombas y Controles, S.A. de C.V., propiedad de
Hugo López Rojas y Bibiana López Rojas; Ur Obras y Servicios, S. A. de C.V. y
Anguiano y Wong Asesores, S. A. de C. V., integrado por Luis Francisco Wong
Jiménez, Gilberto Anguiano Molina, Héctor Manuel Cárdenas Farías, Alejandro
Garza Rosete y Alfonso Villagrán Santana.
De igual manera se licitó la
planta desalinizadora de Rosarito para la construcción, financiamiento y
operación para la planta por un monto mensual de 149 millones 312 mil 018 pesos
a favor de la empresa Rosarito S.A.P.I., creada específicamente para la
licitación SIDUE-CEA-APP-2015-002 y constituida el 22 de agosto de 2016.
En la convocatoria solo
participaron tres empresas, siendo Rosarito S.A.P.I. la ganadora, integrada por
tres compañías: N.S.C. Agua, S. A. de C.V.,
que, de acuerdo con el portal LinkedIn, el encargado del proyecto es
Rubén Sánchez C. además de que en las actas de licitación estuvieron como
representantes Ismael Sánchez, Frederick Mctaggart y Rubén Sánchez.
La segunda empresa es NuWater
S.A.P.I. representada por Lautaro M.
Millaman Teruel y Michael Avant Smith; por Degremont, S.A. de C.V. se
nombró a Adrien Tieche, Jordi Valls Riera e Ignacio del Campo. Según un comunicado
de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE)
emitido el 15 de julio de 2016, el fallo de la licitación fue para el consorcio
internacional para la construcción y operación de esta planta, integrado por
NuWater S.A.P.I. de C.V. y Degremont, S.A. de C.V., ambas empresas
internacionales con filiales en México, y la empresa local NSC Agua, S.A. de
C.V. Al respecto, el titular de SIDUE, Manuel Guevara Morales, informó que el
monto total de inversión en la planta será de 9 mil 891 millones de pesos y fue
concursada en esquema de Asociación Público Privada.
Explicó que la construcción
se desarrollará en dos etapas, la primera estará terminada en tres años y
producirá 2.2 metros cúbicos por segundo de agua completamente potable.
Se trata de una concesión a
40 años, tres años de producción y 37 de operación, tiempo en que las empresas
deberán garantizar la producción y operación óptima de la planta, que
posteriormente pasará a ser propiedad estatal, señaló Guevara Morales.
Entre los socios de la
empresa ganadora se encuentra Galo
Horacio Macías Bretón en el consejo de administración, quien en 2012
fue/es representante de los inversionistas de Terminales Portuarias del
Pacífico, fuertemente beneficiadas durante la gestión presidencial de Felipe
Calderón Hinojosa.
Otro socio es Lautaro Manuel
Millaman, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y, acorde con la
Secretaría de la Función Pública, en 2014 fue sancionado por incumplimiento de
su declaración de situación patrimonial (https://siac.funcionpublica.gob.mx/DatosAbiertos/rsps/RSPS20142.csv).
OTRAS
LICITACIONES
En la licitación
SIDUE-PGJE-APP-2016-002 para el Diseño, Construcción, Operación y mantenimiento
de edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Usos
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Tijuana
por 25 años, la ganadora fue Relogar S.A.P.I. Solo tuvo un competidor.
La compañía se constituyó el
18 de octubre de 2016 con un capital mínimo de 12 millones de pesos, derivado
de la fusión de Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidentes, S.A. de C.V. y
Vaher Inmobiliaria, S.A. de C.V., con el consejo de administración integrado
por: Carlos Federico Valenzuela Cadena, presidente; Carlos Federico Valenzuela
Gómez, suplente; Diego Valenzuela Cadena, secretario; José Ignacio Valenzuela
Gómez, suplente; Jesús Ángel Morelos Montfort, primer vocal; y Héctor Alejandro
Proal Sánchez como suplente.
FUERZA DE APOYO
Constructiva de Occidentes
también participó en la licitación SIDUE-SSP-APP-2015-003, pero no acreditó el
puntaje mínimo para su propuesta técnica, finalmente la ganadora fue Visión
Desarrollos Inmobiliarios, S. A. de C.V., en conjunto con Arquitectura e
Ingeniería Integrada, S. de R.L. de C.V. constituyendo así Inver
Infraestructura, S.A. de C.V. La nueva empresa quedó integrada por José Carlos
Cota Arce como presidente, Feliciano Campos Herrera como secretario y Arnoldo
Edmundo Guevara Márquez como tesorero, los primeros ex trabajadores de Urbi, y
el tercero ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
OBRAS POR LICITAR
En el mismo dictamen aprobado
por el Congreso del Estado se encuentran en proceso de licitación cinco obras
que en próximos días podrían tener ganadores, entre ellas las de modernización
del sistema de agua potable para Ensenada en la licitación
SIDUE-CESPE-APP-2016-00, contemplada a entregar por 15 años.
De igual manera se contempla
el diseño, construcción, operación, mantenimiento y conservación del Periférico
Aeropuerto Zapata y el doble piso a Playas de Tijuana en la licitación SIDUE-APP-2016-006,
estipulada a 27 años.
También pendiente de fallo se
encuentra la rehabilitación integral de carreteras del Valle de Mexicali, bajo
la licitación SIDUE-JUEBC-APP-2016-004 por ocho años; el Sistema de Monitoreo
para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), bajo licitación
SIDUE-SSPE-APP-2016-005 por 22 años y puesta en punto; además de mantenimiento,
operación de servicios médicos y no asistenciales para el Nuevo Hospital
Materno Infantil de Tijuana (SIDUE-ISESALUD-APP-2016-008, por 14 años).
LA VERDADERA PRIVATIZACIÓN
El Dictamen 62 de la Comisión
de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, publicado el 30 de diciembre
de 2016 como Decreto 57, pasó inadvertido hasta que el propio ex diputado local
Juan Manuel Molina publicó en su cuenta de Facebook que tal decreto
representaba la verdadera privatización.
Entrevistado por ZETA, Molina
señaló que la Ley del Agua era solo un paso para aprobar el Dictamen 62, ya que
la Ley de Asociaciones Público Privadas prohíbe la intromisión de empresas
privadas donde el servicio no se encuentre reglamentado.
“La Ley del Agua era el
instrumento legal para alcanzar el refrendo y la autorización de los contratos
de Asociaciones Público Privadas que el Gobierno del Estado ya había celebrado
con anticipación, sin embargo, por
reformas federales necesitaban validarlos por vía del Congreso del Estado”
explicó.
El ex diputado local
complementó que la Ley de Asociaciones Público Privadas, que data de 2014, no
contempló determinados casos como el tema del agua, ya que se considera un
derecho humano, al llegar a tratados internacionales.
Dijo que el mismo dictamen
abarca la administración de edificios de la Policía Estatal Preventiva, lo que
también significaría la entrada a empresas privadas a un servicio que se
considera de seguridad nacional.
Según Molina, en su Artículo
9, la Ley de Asociaciones Público
Privadas refiere que para poder establecer
un servicio, éste debe contemplar la participación privada, además, el
Artículo 5 indica que las disposiciones de esa Ley no pueden estar por encima
de tratados internacionales, por lo tanto, el tema del agua estaba blindado.
“En el Ejecutivo se dieron
cuenta que para refrendar los contratos de las APPs para las desalinizadoras
necesitaban primero expedir una Ley que regule el servicio del agua, donde se
incorporaran empresas privadas para después aprobar el Dictamen 62, que era
posterior. La verdadera privatización está en el Dictamen 62, inclusive podemos
darnos cuenta que a diferencia de la Ley del Agua, los diputados del PRI por
ejemplo lo votaron a favor e inclusive sus argumentos hablaron a favor del
dictamen y que era necesaria la participación de las empresas privadas, al
igual que el PBC”, reiteró.
Como ex legislador por el
Partido Acción Nacional, se percató que el PRI y el PAN se ponen de acuerdo en
los grandes temas y son oposición, siempre y cuando les alcancen los votos para
aprobar leyes.
— -¿La derogación de la Ley afecta este
dictamen?
“De ninguna manera, porque si lees el dictamen
se refieren a la Ley de APP y, aunque yo sé y lo afirmo que necesitaban la Ley
del Agua por lo que dice el Artículo 9 de la Ley APP, abrogan la Ley del Agua,
pero seguramente sus evaluaciones de alcance mediático y jurídico les hace
suponer que esto se va a sostener por sí solo y seguramente porque esos
compromisos que hicieron con las empresas desde 2014-2015 ya no hallan cómo
echarlos para atrás”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA
/CRISTIAN TORRES Y SERGIO HARO CORDERO / LUNES, 30 ENERO, 2017 12:00 PM)
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