Oaxaca se le incendió en las
manos al Gobierno federal. El discurso represivo del secretario de Educación,
Aurelio Nuño, creó las condiciones. Nuño, que tenía 2 años de edad cuando nació
la Coordinadora Magisterial como una alternativa política al sindicato de
maestros, sumó dos más dos, tomó el tolete y se fue a perseguir maestros. Quien
no pasara su examen docente sería removido. Quien no diera clases sería
sancionado. Quien fuera reincidente sería despedido. Con la ley en la mano ejerció
una justicia selectiva. ¿Por qué sólo se cumple la ley con los maestros
disidentes ahora, cuando durante tanto tiempo los toleraron? ¿Por qué cerrar
las puertas de salida? Lo que se sabía que vendría, pasó. Acumuló la presión y
golpeó con la captura de los líderes de la Sección 22 de Oaxaca. El manotazo
generó el efecto gelatina: el golpe al centro no neutraliza; dispersa.
Nuño pensaba, confiaban sus
cercanos, que mantener una mano dura contra la disidencia magisterial era el
camino. La pérdida de apoyo a sus movilizaciones callejeras era su indicador.
Los repliegues que habían hecho reforzaba su idea de que estaban sometidos. Ni
Nuño o su equipo quiso aceptar que el menor problema de la radicalización en la
cuenca del descontento en el sur del país eran los maestros. La lucha contra la
reforma educativa, tampoco escucharon las opiniones, no era laboral ni
administrativa, como planteó la reforma, sino ideológica. Los grupos más
radicales no se encontraban en la Sección 22, sino afuera de ella, con sus ramificaciones,
por supuesto, con el magisterio disidente.
La violencia en Oaxaca este
domingo es la derrota política de Nuño, que arrastró al Gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto con él. Las autoridades federales que han dado la cara se
contradicen y muestran los límites de sus capacidades. El comisionado de la
Policía Federal, Enrique Galindo, es la voz del desconcierto. Frente a las
versiones de que policías federales utilizaron armas de fuego contra los
maestros y los grupos que los respaldaban en el bloqueo en Nochixtlán, la
Comisión Nacional de Seguridad afirmó en un comunicado el domingo a las 3 de la
tarde que era falso: ni armas, ni toletes; los federales iban desar-mados. Pero
en una entrevista en radio el lunes, Galindo dijo que antes de las 11 de la
mañana llegaron federales armados para responder agresiones.
Las líneas de tiempo no se le
dan a este gobierno de Peña Nieto. Según Galindo, hacia las 10 y media de la
mañana del domingo, el escenario de desalojo cambió en forma “radical”. A partir
de esa hora, dijo, un grupo de personas se reagrupó y comenzó a realizar
acciones para emboscarlos. Dispararon contra los federales y les lanzaron
bombas molotov y cohetones. Un número no precisado de policías perdió dedos y
sus pies fueron quemados. Varios de esos disparos, según las autoridades,
mataron a algunos de los civiles.
La explicación de Galindo es
un monumento a la ineficacia. Si hubo grupos que los emboscaron, se debe a que
los mandos operativos federales fueron tomados por sorpresa. Si fueron tomados
por sorpresa, es que no realizó la Policía Federal un trabajo de inteligencia
que les permitiera –para eso tienen drones– saber el emplazamiento de los
grupos a los que iba a desalojar, el de los otros grupos que llaman
“provocadores” para determinar cómo se estaban reagrupando, en dónde lo estaban
haciendo y qué tipo de armas tenían. Si esta es la forma como opera la Policía
Federal, lo sorprendente es que no hayan tenido más bajas. Galindo no dice todo
lo que sabe. Por ejemplo, emplear policías federales armados vestidos de civil
para ayudar en la refriega contra los maestros o esos grupos. Es decir, el uso
de halcones para que puedan mezclarse y confundir entre la población civil.
Esta era una práctica desterrada desde los 70, y reavivada el 1 de diciembre de
2012, cuando para enfrentar la protesta en San Lázaro al tomar posesión Peña
Nieto como presidente, sus nuevos responsables de seguridad utilizaron grupos
de choque para reprimir civiles, como quedó registrado en diversos videos
difundidos a través de YouTube.
Oaxaca es el nuevo naufragio
del Gobierno peñista. Más aún, lo que está sucediendo en el estado se conecta
con la cuenca del descontento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo
esbozó al enviar visitadores a Oaxaca y observadores a Chiapas, Guerrero,
Michoacán y Tabasco. ¿Qué está diciendo entre líneas? Lo dijo, en negativo
positivo, el gobernador del estado, Gabino Cué: no hubo guerrilla involucrada
en los actos del domingo. Pero un reporte de Seguridad Pública que difundió El
Universal, menciona varias organizaciones que si bien no están orgánicamente
vinculadas con el Ejército Popular Revolucionario, tiene vasos comunicantes con
la guerrilla.
¿Se encuentra detrás de todo
la guerrilla? Para efectos de argumentación, se podría decir que sí, pero que
no lo es todo. Oaxaca puede ser, sin embargo, un galvanizador de organizaciones
sociales, políticas y clandestinas, como lo fue en 2006. La convicción en el
ala dura del Gobierno de Peña Nieto que las acciones coercitivas someterían a
los maestros, arrojaron combustible a un conflicto social que lleva más de una
generación sin solucionarse. Sus émulos diazordacistas no son culpables de la
violencia, pero sí son responsables. La política es de miras altas y objetivos
largos. No visiones cortoplacistas a partir de la soberbia.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO
RIVA PALACIO/ 21 DE JUNIO 2016)
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