Asesinados, extraditados, con
inmunidad gracias a acuerdos con el gobierno estadounidense, prófugos o en
prisión, es como terminaron los primeros colaboradores de Joaquín “El Chapo”
Guzmán.
Éste es el “Cártel Guzmán”,
con el cual el capo inició el trasiego de cocaína desde Colombia a inicios de
los noventa y se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo Seguir,
escudriñar y documentar la primera red de tráfico de cocaína que Joaquín Guzmán
Loera formó en Estados Unidos, tomó cinco años a las autoridades
estadounidenses.
Pilotos, empresarios,
contadores, abogados, choferes e ingenieros conformaban lo que entre 1989 y
1994, la Fiscalía General de Estados Unidos bautizó como el “Cártel Guzmán”.
La acusación, respaldada por
un Gran Jurado del Distrito Sur de California en noviembre de 1994, revela cómo
“El Chapo” dirigía desde México, los traslados de toneladas de droga de
Colombia a la Ciudad de México hasta la frontera de Tijuana y de ahí a
California, Illinois y Nueva Jersey en Estados Unidos. Incluso en prisión,
después de su arresto en junio de 1993 en la Ciudad de México, “El Chapo”
continuaba dirigiendo la organización a través de su hermano Arturo “El Pollo”
Guzmán Loera y mediante el uso de avionetas, trenes, túneles y vehículos para
el tráfico, explican documentos de la Corte del Distrito Sur de California en
San Diego.
Son 23 los nombres que
aparecen ligados a la estructura criminal por los delitos de conspiración para
importación y posesión de cocaína con fines de distribución, asociación
delictuosa y lavado de dinero.
Algunos continúan prófugos,
otros fueron llevados a juicio y sentenciados, varios firmaron acuerdos con el
Departamento de Justicia de la Unión Americana para convertirse en informantes
y evitar la cárcel, unos pocos continúan en prisión y uno fue ejecutado por
grupos rivales.
Sin embargo, este expediente
judicial es por el que el gobierno estadounidense solicitó la extradición del
capo.
El 18 de junio de 2014, el magistrado David H.
Bartick de la Corte del Distrito Sur de California, emitió una orden de
aprehensión contra Guzmán Loera, la cual continúa vigente y peleándose en
tribunales mexicanos.
LOS REYNOSO BROTHERS
Originarios de Jalisco, los
hermanos José, Antonio y José Reynoso González vivían como prósperos
empresarios en Los Ángeles a finales de la década de los ochenta, pero también
eran fieles narcotraficantes al servicio de “El Chapo”.
Utilizaron sus negocios para
“prestar un aire de legitimidad a la importación de cocaína y a la exportación
de dinero del ‘Cártel Guzmán’”, explica uno de los documentos de la Corte.
Antonio Reynoso González
La
cadena Reynoso Bros. Inc. agrupaba varias tiendas de abarrotes en el sur de
California.
Otros de sus negocios
incluían Tía Anita, Frutería Tropicana, Grocery Depot y Cotija Cheese,
dedicados a la importación de comida mexicana.
José Reynoso González
manejaba los negocios de su familia y fungía como uno de los dos principales
lugartenientes de “El Chapo” en la Costa Oeste de México y Estados Unidos.
Su involucramiento quedó
documentado por primera vez en octubre de 1989, cuando agentes federales
decomisaron 297 kilogramos de cocaína, escondidos entre cajas de jabón Ariel
que estaban siendo cargadas a un camión en una de las bodegas de Reynoso Bros.
Inc.
Por su parte, a Antonio
Reynoso González lo apodaban “El Ingeniero” porque diseñaba narcotúneles en la
frontera.
También se encargaba de
trasladar cargamentos de cocaína. Por ejemplo, en enero de 1992, agentes
estadounidenses documentaron cómo José y Jesús Reynoso adquirieron una
propiedad en Otay Mesa, California.
Los hermanos pagaron 9 mil
dólares por un terreno ubicado en la esquina de las calles Siempre Viva y
Avenida de la Fuente Sur, a metros del muro entre Tijuana y California.
Para ello, los Reynoso
González utilizaron como prestanombres a otro de sus cómplices, Jorge Ramírez
Córdova “El Entrenador”.
En el predio, ordenaron la
construcción de una bodega, la cual serviría para esconder la salida de un
narcotúnel, iniciado en Tijuana, de 350 metros de longitud.
En abril de 1993, el chófer
de un tráiler, llamado Armando Reyes González, fue detenido en Tecate.
Al revisar la carga del
vehículo, autoridades mexicanas encontraron 7.3 toneladas de cocaína escondidas
dentro de mil 400 latas de jalapeños marca La Comadre.
De acuerdo con informantes
del gobierno norteamericano, “la cocaína había sido colocada en una empacadora
de los Reynoso en Guadalajara con la presencia y ayuda de José y Antonio
Reynoso. Las latas llegarían a una bodega en Tijuana para ser transportadas por
el túnel”, refieren los documentos de la Corte consultados por ZETA.
DE LUGARTENIENTE A TORTURADO
Enrique Ávalos Barriga “El
Doctor” es descrito por reportes de la Fiscalía de Estados Unidos como “el
principal administrador, organizador y líder en el tráfico de cocaína” del
cártel de “El Chapo”.
Como empresario mantenía
negocios en ambos lados de la frontera, Distribuidora El Campeón y la
importadora de comida Ochoa Brothers en California, así como Distribuidora de
Básicos en Tijuana.
Durante los primeros años,
organizó a los integrantes para realizar el traslado de droga, por ejemplo,
mediante vagones de tren que transportaban aceite de cocina.
“Con la ayuda de Fernando
González ‘La Gori’, Adalberto Partida Chávez y Ricardo Yudice Campos, rentó y
acondicionó bodegas en California, Chicago y Nueva Jersey para almacenar la
cocaína que había sido traficada por la frontera”, explican los informes
estadounidenses.
El robusto expediente, de más
de 100 páginas, ilustra varias ocasiones en que “El Doctor” se encargaba de
repartir tareas a los integrantes.
Entre esas fechas, está la
del 11 de marzo de 1991 en San Diego, cuando Ávalos Barriga designó las
ubicaciones en que cada uno debía entregar y recoger paquetes de narcóticos
mediante claves en código.
Cuatro días después, Víctor
Manuel Gaxiola García, Rodolfo Lizárraga Valenzuela y Juan Carlos Álvarez
Guerrero viajaron en dos vehículos para transportar y custodiar 283 kilogramos
de cocaína que habían sido introducidos por la Garita de San Ysidro a Estados
Unidos.
Álvarez Guerrero intentó
sobornar a un inspector de Inmigración de San Ysidro para que le permitiese
contrabandear el cargamento.
Arturo Guzman Loera, “El
Pollo”
En junio de 1992, Ávalos
Barriga y “El Entrenador” abrieron una ferretería para importar productos de
México a Estados Unidos.
Uno de los materiales de
construcción, rollos de malla ciclónica, tenía añadidos pequeños compartimentos
de fibra de vidrio para esconder la droga.
Después de que en 1993 se
descubriera el cargamento de cocaína en latas de chiles jalapeños y el túnel
construido entre los hermanos Reynoso González y Ávalos Barriga, éste decidió
mudarse de Los Ángeles a Chicago para no ser investigado ni detenido por las
autoridades estadounidenses.
Desde Chicago trabajó en la
expansión de bodegas para almacenamiento de droga a Nueva Jersey e Illinois.
En uno de los párrafos de la
acusación, la Fiscalía describe cómo Enrique Ávalos y José Reynoso “utilizaron
numerosos métodos para importar y transportar la droga, modificándolos con la
misma rapidez que las agencias de seguridad los descubría”.
Sin embargo, “El Doctor” cometió
varios errores. Uno de sus principales socios desde finales de los años ochenta
era Miguel Ángel Martínez Martínez “El Tololoche”, encargado de supervisar
operaciones de “El Chapo” en Estados Unidos, una especie de intermediario.
En julio de 1994, Martínez
avisó a Ávalos que le enviaría dos mensajeros que transportarían dinero en
efectivo de Chicago a Guadalajara para entregarlo a Arturo “El Pollo” Guzmán
Loera, hermano de “El Chapo”.
A su vez, Ávalos instruyó a
Luis Fernando González –otro de los cómplices- para que los recibiera y les
entregara dos televisiones nuevas empacadas, con las cuales viajarían a
Guadalajara.
Los aparatos contenían 700
mil dólares en efectivo que tenían que llegar a “El Pollo” Guzmán.
Sin embargo, los mensajeros
no abordaron el avión.
Fueron detenidos por agentes
de Aduana en el Aeropuerto.
Días después, Silvia, esposa
de Ávalos Barriga, le llamó desde Tijuana para decirle que un grupo de hombres
había ingresado a su casa y se habían llevado un millón de dólares en efectivo.
La llamada fue intervenida y
grabada por autoridades estadounidenses.
Tras “regañar severamente a
su esposa”, según dice el reporte, Ávalos Barriga pidió a uno de los hermanos
Reynoso que fuera hasta Tijuana para verificar que la versión de la mujer fuera
cierta, después de que en septiembre de ese año, agentes federales incautaran
390 kilogramos de cocaína escondidos en los tubos de PVC de varios calentadores
de agua, dos vehículos y una bodega de Chicago.
Para rendir cuenta de los
decomisos de dinero y cocaína, Enrique viajó a México para reunirse con
miembros del denominado “Cártel Guzmán”.
“Fue físicamente torturado y
prometió pagar la deuda”, indica la acusación federal.
Otras de las funciones de “El
Doctor” dentro de la organización criminal era la de supervisar la construcción
de narcotúneles.
Por ejemplo, en septiembre de
1991, desde Chicago, Enrique Ávalos conversó con Miguel Ángel Martínez sobre la
factibilidad de construir un túnel entre San Luis Río Colorado y Mexicali.
Entre los métodos que planteó
para el trasiego, estaba llenar de cocaína vagones de tren que transportarían
aceite de cocina de la empresa Angro Industrias Unidas.
EL COLOMBIANO
El 25 de agosto de 1994,
Jorge Alberto Salles contactó a Enrique Ávalos para presentarle a Rodrigo Suavita,
apodado “Rocky”.
El colombiano radicado en
Cali buscaba contactos para encontrar nuevas rutas de tráfico de coca dentro de
Estados Unidos. Después del contacto, “Rocky” viajó de Texas a Los Ángeles para
verse con Antonio Reynoso en una de las bodegas que los hermanos Reynoso
González tenían en Baldwin Park, California, muy cerca de Los Ángeles.
Salles le reportó a su “jefe”
en México que el encuentro había dejado buenos resultados y que el colombiano
estaba interesado en contratar a Enrique Ávalos para transportar cocaína de
Chicago a Nueva York, por lo que en septiembre de ese año, Enrique Ávalos
ordenó a uno de sus subordinados preparar una bodega en Nueva Jersey para una
empresa falsa llamada Quinones Machinery, dedicada a la venta de maquinaría pasada,
para comenzar con los envíos de droga.
Ismael “El Mayo” Zambada
De
la misma forma, años antes, Ávalos se había encargado de rentar una bodega a
nombre de su empresa Distribuidores Básicos en Tijuana, donde llegaría el
cargamento de toneladas de cocaína dentro de latas de chiles jalapeños.
A su vez, Salvador Reza,
dueño de Commercial Real Estate Services (CRESE) en El Monte, California,
actuaba como agente de bienes raíces para conseguir bodegas para Ávalos y los
hermanos Reynoso.
LOS PILOTOS Y LOS AEROTAXIS
Entre febrero y marzo de 1990, en la Ciudad de México, “El
Chapo” y Miguel Ángel Martínez Martínez abrieron una compañía llamada Aero
Ejecutivos Poblanos (SAEPSA) para brindar servicio de aerotaxi.
En realidad, la empresa sería
utilizada para transportar dinero y cocaína hacia y desde Estados Unidos.
Cuando autoridades
estadounidenses hallaron la relación de esta empresa con el narco, los
integrantes del “Cártel Guzmán” hicieron varias maniobras legales.
En septiembre de 1990,
autoridades mexicanas confiscaron la empresa SAEPSA, pero para evitar el
decomiso de las avionetas, la compañía cambió el registro a nombre de las
empresas de los hermanos Reynoso.
Por ejemplo, cambiaron el
nombre de SAEPSA a Aeroabastos y registraron las aeronaves con los nombre de
los negocios de los hermanos Reynoso en California.
En noviembre de 1991, en Los
Ángeles, California, José Reynoso cambió el registro de la aeronave a la de
Grocery Depot.
Con el nuevo nombre, el 20 de
noviembre de ese año, los pilotos predilectos de la organización criminal,
Geraldo Antonio Frisbie Calderón y Enrique Suárez Estrada, pilotearon la
avioneta de León, Guanajuato, a California.
Tres días después, salieron
en la misma avioneta de Tijuana a San Diego, California.
En estos viajes, agentes de
Estados Unidos documentaron que Frisbie Calderón y Suárez Estrada transportaban
dinero de la Unión Americana a territorio mexicano, así como drogas de México a
Estados Unidos.
Otro de sus viajes data del
29 de julio de 1992, cuando volaron de México a Laredo, Texas.
EL ABOGADO INMUNE
Humberto Loya Castro, apodado
“Licenciado Pérez”, ha sido uno de los principales abogados y asesores del
Cártel de Sinaloa durante casi 30 años. En el expediente judicial 95-0973-B,
del cual se desprende este reportaje, así lo identifica.
El mundo de la abogacía lo
mantenía en contacto con funcionarios mexicanos.
Entre 1989 y 1994, “se
aseguraba de que si miembros clave de la organización eran detenidos, no
quedaran arrestados a cambio de pagar dinero para obtener documentos legales de
la PGR para alterarlos”.
Su función era pagar miles de
dólares a cambio de que policías no decomisaran los cargamentos de droga del
cártel ni detuvieron a sus miembros.
La acusación describe cómo el
abogado pagó mil dólares a un oficial de la Policía Federal Judicial para que
soltara a Arturo Guzmán, hermano de “El Chapo”.
Sin embargo, casi 20 años
después, en 2005, Loya Castro firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia
de Estados Unidos para convertirse en su informante, con lo que tres años
después, se desecharon los cargos en su contra.
El abogado acompañó a Vicente
Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada cuando acudió a un hotel de la
Ciudad de México frente a la Embajada de Estados Unidos en 2009, según
documentos de la Fiscalía General de Estados Unidos.
Días después, el hijo del
líder del Cártel de Sinaloa fue capturado y actualmente se encuentra detenido
en la Unión Americana.
Según otros informantes y
agentes estadounidenses, la colaboración de Loya Castro con el gobierno de ese
país, se ha basado en entregarles información de los hermanos Arellano Félix y
otros rivales del Cártel de Sinaloa.
ENTRE FAMILIA
Arturo “El Pollo” Guzmán
Loera ocupaba el segundo lugar en la primera jerarquía identificada por la
Fiscalía de Estados Unidos. Estaba encargado de recibir instrucciones de “El
Chapo” para el resto de los integrantes en cuanto a las operaciones con el
tráfico de cocaína en la Unión Americana.
Su rol cobró mayor
importancia cuando en 1993, su hermano mayor fue detenido en México.
Aunque no fue capturado en
Estados Unidos, el hermano menor del capo fue aprehendido en México.
El 31 de diciembre de 2004,
fue asesinado en su celda, el locutorio número 22 del penal de Altiplano.
Con un arma de fuego,
escondida en un depósito de agua de los sanitarios de la prisión, José Ramírez
Villanueva le quitó la vida.
La ejecución fue atribuida al
Cártel Carrillo Fuentes. Otro de los integrantes de la organización era Raúl
Guzmán Enríquez, hijo de Raúl Guzmán Ruíz, narcotraficante y compadre de “El
Chapo”.
Después de que su padre fue
asesinado en noviembre de 1992, por miembros de una organización rival, Raúl
Guzmán comenzó a trabajar para “El Chapo”, pues tenía que saldar una deuda de
millones de dólares a la organización, dejada por su padre.
El expediente detalla que
Guzmán se reunió con “El Chapo”, quien le otorgó un rol dentro del cártel.
Mediante intervenciones de
llamadas telefónicas, autoridades estadounidenses documentaron cómo el 3 de
febrero de 1995, desde San Antonio, Texas, Raúl Guzmán mantuvo una llamada
telefónica con un cómplice.
La conversación se centraba
en Guillermo Saillez Cuervo, uno de sus cómplices preso en la cárcel Florence
de Tucson, Arizona.
Guzmán le aseguraba que el
licenciado Loya Castro tenía contactos en la correccional y podía organizar un
escape para evadir la sentencia de 19 años de Saillez Cuervo.
EL JUICIO
El 23 de agosto de 1996, en
la Corte del Distrito Sur de California, inició el juicio contra Enrique Ávalos
Barriga, José Reynoso González, Luis Fernando González, Salvador Reza y Ricardo
Yudice Campos, el resto de los acusados continuaban prófugos.
El juez Leland C. Nielsen
declaró “el caso complejo” por la cantidad de evidencia aportada por la
Fiscalía, la comisión de delitos en distintos jurisdicciones judiciales y por
el grado de participación de los acusados.
La fiscal a cargo del caso,
Cynthia Bashant -quien hoy funge como jueza de Distrito del Sur de California-
presentó 160 testigos iniciales entre expertos en túneles, especialistas en
operaciones de importación y exportación de México, agentes federales
estadounidenses, químicos, empleados de hotel donde los miembros del Cártel se
reunían y expertos en administración federal aérea federal.
La evidencia en papel incluía
30 mil páginas, como reportes policiacos de autoridades mexicanas, grabaciones
de llamadas telefónicas intervenidas y fotografías de cuando los acusados se
reunían a intercambiar dinero y narcóticos.
Mientras que como evidencia
física, la fiscal Bashant aportó las latas de chiles jalapeños La Comadre donde
se ocultaba la cocaína, avionetas, transferencias de dinero en efectivo y
grabadoras que habían sido escondidas entre plantas de cactus de los lugares
donde los integrantes del “Cártel Guzmán” se veían.
Con todo esto, la Fiscalía preparó
la acusación por conspiración para importación y posesión de cocaína con fines
de distribución, asociación delictuosa y lavado de dinero, la cual cerró el 23
de junio de 1995.
De entrada, por ser
considerado uno de los líderes del cártel, Enrique Ávalos Barriga fue
sentenciado a prisión de por vida.
A sus 70 años de edad, se
encuentra recluido en una prisión localizada en Victorville, California.
Salvador Reza, de 84 años de
edad, salió de prisión en marzo de 1998, mientras que Ricardo Yudice Campos, de
65, abandonó la cárcel en junio de 2004.
A ellos dos se les acusó
directamente de administrar las bodegas donde se almacenaba la cocaína.
Mientras que José Reynoso
González, de 84 años, salió de prisión en septiembre de 2006.
En cambio, su hermano Antonio
Reynoso González apenas inicia su proceso penal.
En octubre de 2015 fue
extraditado a San Diego, California. El hombre de 72 años se encuentra en la
Prisión Metropolitana de San Diego, después de que el juez le negara la
posibilidad de enfrentar el proceso en libertad.
De acuerdo con documentos de
la Corte del Distrito Sur de California, más de 37 mil páginas de evidencias
han sido aportadas por la Fiscalía, incluidas miles de llamadas intervenidas
durante la investigación.
Las cintas, cuyo formato
original era casete, han sido transferidas a discos compactos.
De éstas, Antonio Reynoso ha
identificado entre 50 y 60 llamadas en las que participó, las cuales deberán
ser traducidas de español a inglés, detallan documentos del 9 de mayo de 2016.
Reynoso González pidió un traductor para las audiencias siguientes.
El juez Jeffrey T. Miller
determinó que la próxima se celebrará en julio.
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: archivo /Inés
García Ramos Lunes, 20 junio, 2016 12:00 PM)
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