Yecenia Armenta pasó recluida tres años
y once meses en un penal de Culiacán acusada del asesinato de su esposo, sin
embargo, desde el inicio su defensa alegó que fue expuesta a varios métodos de
tortura para que confesara el homicidio. Hechos que acreditó tanto la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, como la CNDH. “De todas las formas me agredieron”,
narró en meses pasados, Yecenia a Amnistía Internacional.
Ciudad de México, 7 de junio
(SinEmbargo).- Yecenia Armenta Graciano, la mujer acusada por la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa de haber asesinado a su
esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, fue exonerada esta mañana por el Juzgado Quinto
Penal luego de que resolviera que su declaración se obtuvo por medio de
tortura.
El 12 de julio de 2012
Yecenia Armenta fue encarcelada luego de ser golpeada, asfixiada, violada y
finalmente obligada a firmar una confesión que no pudo leer. Ella creía que
estaba secuestrada. Con los ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás,
colgaba boca abajo atada de los tobillos, escuchaba amenazas. Creía que no
saldría viva de aquella bodega a la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por
policías vestidos de civil, luego de obligarla a salir de su automóvil.
En la sentencia absolutoria,
emitida esta mañana, el juez Juan Luis Quiñones Beltrán señaló que en la
investigación del Ministerio Público existen irregularidades que son
violatorias al debido proceso, entre ellos su declaración que fue obtenida bajo
tortura.
“En la causa se demostró que
la confesión de la imputada fue obtenida bajo coacción, por lo que carece de
todo valor y quedó excluida del material probatorio”, sentenció.
El juez indicó que la única
prueba en contra de Armenta Graciano es su declaración ministerial, pero que al
haber sido obtenida con tortura, ésta quedó inválida.
Armenta Graciano fue recluida
en el penal de Culiacán desde el 12 de julio del 2012, 10 días después del
asesinato de su esposo, pero ella y su defensa alegaron desde un inicio que fue
expuesta a varios métodos de tortura.
“Señora, conteste todo lo que
le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin
poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y
orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los
iban a violar y hacer pedazos”, narró Yecenia para Amnistía Internacional. “De
todas las formas me agredieron”, recordó.
Su esposo Jesús Alfredo Cuén
Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de
julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor
Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza
(Panal).
El cuerpo quedó boca arriba
cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor
nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de
Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras
investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la
prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.
Luego que Yecenia, bajo
tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.
La PGJ de Sinaloa informó, de
acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diario Noroeste, que Yecenia
“confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a
su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.
También fue detenido Luis
Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías
donde ocurrió el homicidio.
El Procurador Higuera Gómez
añadió que Yecenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto
con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que
la víctima se encontraba en el restaurante.
Según la confesión, la pareja
estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un
seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera
relación con el ex candidato al Senado.
Sin embargo, en febrero de
2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó
que aplicaron tortura en contra de Yecenia y lo notificó a la PGJE. En
septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas
y psicológicas.
El Ombudsman sinaloense, Juan
José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la
libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello,
recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos
identificados como responsables.
La PGJE no aceptó la
recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de
coacción” contra la mujer.
Dos años después, en enero de
2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador
de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH
por la tortura a Yecenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos
humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y
demandó a López Valdez que se repare el daño.
Al mismo tiempo, el Juzgado
Tercero de Distrito se pronunció con un amparo, al detallar cada una de las
violaciones a los derechos de Armenta Graciano, exigiendo, además, que se
castigara a la Unidad de la Policía Ministerial que la torturó.
Sin embargo, la Procuraduría
General de Justicia de Sinaloa sostuvo su posicionamiento e impugnó el amparo,
el cual, a la fecha, sigue en revisión por la Suprema Corte de Justicia.
A partir de esa serie de
negaciones, organizaciones civiles como el Centro ProDH y Amnistía
Internacional realizaron una campaña de exigencia a las autoridades de Sinaloa
para que desistiera de la declaración ministerial como prueba, pero no se tuvo respuesta
de la Fiscalía local.
Incluso, la organización
Amnistía Internacional implementó una petición en su plataforma Alza tu voz, en
la que más de siete mil firmas exigieron que se llevara a cabo una
investigación exhaustiva e imparcial sobre la tortura sufrida por Yecenia
Armenta, y que se retiraran los cargos en su contra.
Con una carta emitida al
Procurador Estatal, Marco Antonio Higuera, la organización denunció que los
médicos forenses de la Procuraduría General de la República examinaron a la
mujer, sin embargo no mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de
malos tratos.
Hoy Yecenia Armenta Graciano
salió libre, después de casi cuatro años, y aunque la PGJE podrá impugnar, ya
no podrá presentar las mismas pruebas que la llevaron a prisión en 2012 ante
los juzgados.
-Con información de Noroeste
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JUNIO 7,
2016 - 4:11 PM)
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