El desgarrón que padece México se puede
cuantificar: actualmente existen 256 conflictos sociales irresueltos en el
país, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, de guardias
comunitarias a paramilitares, de movilizaciones estudiantiles a desaparición de
activistas. Basado en datos oficiales, un análisis de Proceso evidencia la
honda descomposición, que el presidente Peña Nieto llamó “mal humor social”, y
revela fenómenos dolorosísimos para México: la administración federal legitimó
el uso de la represión, buena parte de la violencia en los conflictos sociales
proviene del gobierno, las “reformas” del peñanietismo detonaron 52 movimientos
de repulsa y las detenciones de opositores se duplicaron.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
El país está irritado. En los últimos años, el número de conflictos sociales va
en aumento, lo mismo en las grandes ciudades que en pequeñas comunidades que se
resisten a aceptar ciertas políticas públicas, a la imposición de grandes
proyectos de energía o infraestructura o que responsabilizan al gobierno por
sus problemas. Es lo que el pasado abril el propio Enrique Peña Nieto calificó
de “mal humor social”.
Más allá del movimiento
magisterial –que en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) tiene hoy el rostro más visible y movilizado de la protesta contra el gobierno
de Enrique Peña Nieto– por todo el país se pueden identificar más de 250
conflictos sociales, en su mayoría inconexos y con objetivos varios.
Transcurrido el primer
semestre de la segunda mitad de la administración peñanietista, el balance es
revelador: de enero de 2013 a la fecha han surgido o se reactivaron 187
conflictos sociales o comunitarios en todo el país, mientras que, de los
heredados al iniciar el sexenio, subsisten 71.
La mayoría de los casos
documentados se pueden fechar en los primeros tres años de administración, pues
sólo 16 conflictos han surgido en lo que va de 2016. Así que, al llegar a la
elección intermedia de 2015, el país ya contaba con 240.
Si bien la estadística no
tuvo una variación significativa de la elección intermedia federal a los
comicios de este 5 de junio en 13 entidades federativas, se concentran en éstas
últimas 88 de los casos de movilización y protesta contra el gobierno.
Los estados de la República
cuyos procesos electorales fueron más polarizados se ubican entre los que más
conflictos registran desde hace tiempo: Oaxaca tiene 26 casos, incluido como
uno solo el movimiento magisterial; Puebla 13 y Veracruz 11.
Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2066, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA/ 4 JUNIO, 2016)
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