Durante la actual administración se han
presentado alrededor de 3 mil denuncias contra agentes de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal; tan sólo en 2016, la CEDH ha registrado 45 quejas
contra la corporación
Por abuso de autoridad,
hostigamiento, secuestros y hasta por homicidios, se han generado más de 3 mil
quejas ante Sindicatura Municipal, contra agentes de la Dirección de Seguridad
Pública de Mexicali, corporación que se encuentra nuevamente en proceso de
conseguir la acreditación CALEA.
Uno de los incidentes
“públicos” más recientes ocurrió el sábado 16 de abril, cuando elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal supuestamente golpearon a un menor de
14 años, le apuntaron con una pistola en las costillas y lo amenazaron con
sembrarle droga por haber grabado cuando los agentes llegaron a atender un incidente
familiar de manera prepotente.
La denuncia la presentó la
señora Areli Guzmán Vázquez al día siguiente en la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), acusando a dos agentes municipales.
Ese mismo día expuso ante
ZETA que fue ella quien llamó al Centro de Control, Comando, Comunicación y
Cómputo (C4) para reportar un caso de violencia intrafamiliar; reconoció que
había bebido, por lo que tuvo un incidente con su esposo, en eso llegaron los
agentes de las unidades 1205 y 2016 de la Policía Municipal.
Guzmán señala que desde que
llegaron, el actuar de los agentes fue prepotente, por lo que su hijo de 14
años decidió grabar un empujón propinado a una de sus hermanas, por esa razón
los municipales se molestaron y lo subieron a la patrulla.
Agresión viral de policías
mexicalenses Antes de ello, los oficiales se habían retirado del lugar, fue
mientras Areli Guzmán acudió con una vecina que los municipales volvieron y
detuvieron al menor, en cuya narración señala lo amenazaron de muerte.
Primero lo llevaron a la
caseta ubicada en la colonia Hidalgo, de ahí lo trasladaron a un baldío donde
le quitaron la memoria del celular, lo golpearon y lo llevaron a la comandancia
por faltarle al respeto a los agentes.
Guzmán dijo que en ese mismo
momento denunció ante Sindicatura Municipal, por lo que le presentaron las
fotografías de los policías, ahí reconoció a los de nombre José Roberto Ávila
Corrales y Reynaldo García Robles, por lo que presentó la denuncia por lesiones
y abuso de autoridad bajo el Número Único de Caso (NUC) 02-02-2016.
Por su parte, el agente José
Roberto accedió a hablar con ZETA.
Negó que los hechos hubieran
ocurrido como los describió la ofendida, e indicó que el incidente se presentó
a las 2:00 am, cuando acudieron al domicilio de Guzmán Vázquez, quien tenía
aliento alcohólico.
“Se encontraba con bastante olor a alcohol,
estaba un poco tomada y la señora nos exigía y preguntaba de una u otra forma
que le explicáramos por qué su esposo se escondía en su domicilio, esa pregunta
nos la hizo como unas veinte veces” explicó el agente.
Agregó que por el
comportamiento de la señora decidieron entrevistarse con su hijo mayor de edad,
de nombre Alejandro, quien les informó que cuando ella bebía, golpeaba a su
papá, por lo que éste se escondía, comentarios que fueron reprochados por la
madre de familia. Según relata el agente municipal, la hermana menor, de nombre
Ingrid, se molestó al ver que los policías no actuaban, por lo que, con
lenguaje altisonante, les pidió se retiraran.
Al ver la situación,
decidieron irse del lugar, sin embargo, a los pocos minutos volvieron, fue
cuando salió el menor y los empezó a
insultar, por lo que fue detenido por faltar al respeto a la autoridad. Indicó
que en ningún momento golpearon al menor y que las cortadas que presentaba
fueron hechas por él mismo con una base para una veladora, habría informado a
una compañera en la comandancia de Policía.
VIDEOGRABADO
Éste es uno de los miles de
incidentes policiacos, muchos de los cuales, sin pruebas, quedan en el olvido;
sin embargo, aun cuando hay evidencia pareciera que no hay una acción
disciplinaria contra los agentes, incluso cuando sean video grabados.
Testigos agredidos por
municipales A principios de marzo se filtró a la red social Facebook un video
donde una mujer, que posteriormente fue identificada como María Belén “N”, de
24 años de edad, fue víctima de una agresión por parte de policías municipales
cuando intentaban detenerla.
En el video que subió el
usuario identificado como Geogindard Guerrero, el cual supera las 250 mil
visitas, se aprecia cómo los agentes municipales jalonean del cabello a la
joven para detenerla.
El autor del video afirmó en
la descripción:
“Abuso de autoridad por parte
del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tripulantes de la
patrulla 260, agreden físicamente a una ciudadana enfrente del hijo de ella”.
Posteriormente, el 12 de
abril, la DSPM presumió la detención de la joven, incluso compartió una imagen
de la mujer llorando, los agentes policiacos la habían detenido y presumido
como una detención relevante, luego que tras un altercado, la joven quebró una
mica de un vehículo en un incidente de tránsito.
El incidente fue catalogado
por la autoridad como una justificación, debido al mal comportamiento de la
mujer. Sindicatura Municipal se encuentra en investigación para sancionar a los
agentes que intervinieron en la detención.
HOMICIDIO
Otros incidentes más graves
tienen que ver con homicidios y secuestros en los que han involucrado a agentes
municipales del Valle de Mexicali, y que hasta el momento se encuentran
impunes.
No fue hasta que una serie de
publicaciones de ZETA salieron a luz, que se abrió una investigación en la
PGJE, donde familiares de Antonio Cervantes Muñiz “El Toñín”, acusan a agentes
de la DSPM del Ejido Oviedo Mota de ejecutarlo, luego de que se había rendido
para su detención.
La madre de Antonio, Irene
Muñoz, denunció que luego del homicidio de su hijo, ocurrido el lunes 30 de
noviembre de 2015, los agentes de la Policía Municipal mantienen una fuerte
represión contra los testigos, quienes los acusan de perpetrar una ejecución.
Señaló que hasta el 27 de
abril de 2016, la PGJE no les ha dado explicación ni avance alguno sobre los
exámenes y peritajes que se hicieron en el homicidio de “El Toñín”.
“Nada nos han dicho, quedaron
de que iban a venir a agarrar las declaraciones de los testigos, nosotros nada
más llevamos a dos, que fue mi nuera y otro testigo, pero los demás quedaron en
que iban a venir (al Ejido), pero la verdad los trataron muy mal”, afirmó la
mujer.
Para Irene Muñoz no hay duda que el incidente
es un homicidio por parte de los agentes municipales, quienes días previos al
ataque, ya habían amenazado de muerte a Antonio.
Alejandro Monreal Noriega
Indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la que más seriedad tomó
en el asunto, pero que la misma dependencia ha encontrado negativas por parte
de la PGJE para facilitarle información del caso.
La entrevistada aseguró que
ha existido una persecución policial contra los testigos del homicidio de su
hijo, incluso uno de ellos, Manaure Haro Padilla -entrevistado en su momento por ZETA-, quien es clave para esclarecer los hechos,
expuso que los agentes lo amenazaron de cargarle droga si decía algo,
posteriormente fue detenido por esos mismos cargos y actualmente se encuentra
en el Centro de Readaptación Social de Mexicali.
“Les han puesto la pistola,
les han dicho que si siguen con el caso del ‘Toño’ los van a desaparecer, que
se los van a llevar al río”, afirmó Irene Muñoz al cuestionarle por los otros
testigos.
SINDICATURA SIN RECURSOS
El síndico procurador
Humberto Zúñiga informó que durante dos años, la dependencia a su cargo no pudo
trabajar por falta de recursos, por lo que se encuentran a marchas forzadas
para no dejar pendientes a la próxima administración.
Señaló que de las cerca de 3
mil denuncias que se han presentado, 900 quedaron fuera por falta de elementos
y hasta el momento solo 10 agentes han sido dados de baja.
“Nosotros presentamos las
denuncias cuando tienen que ser penales, y la autoridad no hace nada, o resulta
que al último quieren que les pidamos disculpas a los inculpados;
definitivamente aquí el elemento que falta, es una ciudadanía más activa”,
consideró el servidor público.
De acuerdo con Zúñiga, durante dos años luchó porque se
implementara una Comisión de Honor y Justicia para sancionar a policías que no
estuvieran haciendo su trabajo, además, que otro de los inconveniente fue el
pésimo reglamento de Policía, por lo que se perdió mucho tiempo durante la
actual administración.
Para el síndico es necesario
cuestionar lo que está pasando en las corporaciones policiacas, y criticó la
falta de autonomía presupuestaría con que cuenta la dependencia encargada de
fiscalizar al Ayuntamiento.
En el caso de los agentes que
quedaron libres tras ser acusados de secuestro, dijo que fueron suspendidos por
Sindicatura, pero hasta ahí llegan sus facultades como órgano de control
interno.
En el caso de los otros
incidentes como el de la joven agredida
por policías municipales, aún se encuentra en investigación y no hay
avances en el tema, al igual que en el caso del menor de 14 años que fue
amenazado por policías municipales.
Por último, Zúñiga declaró
que alrededor de 650 expedientes se encuentran en proceso para enviar a la Comisión
de Honor y Justicia, y 60 están por concluir.
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Cristian
Torres/Cristian Torres / Lunes, 2 mayo, 2016 01:00 PM)
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