NIÑOS DEL CRIMEN

En el transcurso de 2016, casi 400 adolescentes han sido detenidos en Baja California por delitos que van desde el robo hasta el homicidio y secuestro.

A diferencia de años en que las pandillas reclutaban a los jóvenes, ahora el crimen organizado los ha integrado a un sistema corporativo.

Mientras que el intento de suicidio y asesinato de un niño de 13 años muestra la vulnerabilidad en que se encuentran los menores de edad  

Con salpicaduras de sangre en la nariz, mejilla derecha y mentón, el niño de 13 años permaneció en casa después de apuñalar a su mamá.

El ataque se dio sin discusión previa, a las seis de la mañana del lunes 25 de abril y con un cuchillo largo de cocina.

A los policías que atendieron el reporte en el fraccionamiento Urbi Quinta del Cedro en Tijuana, el menor les confió que agredió a su madre porque estaba harto de que sus dos hermanos pequeños recibieran la atención que él no, y por la relación sentimental que ella mantenía con un hombre.

Flaquito y bajito, con los ojos tristes y las cejas dobladas, sin historial de consumo de drogas ni de violencia, explicó que no entendía por qué su mamá seguía perdonando a su novio si éste la golpeaba.

“Su idea era atacarla para irse con su abuela. Se veía en un estado depresivo”, detalla la fiscal especializada en adolescentes, Helga Sánchez Chamery, quien recibió al menor de edad cuando fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Fueron 16 los cortes en el cuerpo de Jessica Belén Jiménez. Rostro, pecho, abdomen, brazos, espalda y cadera.

Ninguna herida de profundidad, la más severa llegó hasta el músculo frontal en la frente, donde probablemente se forme una cicatriz.

Para la fiscal, la poca fuerza física del adolescente -quien tiene el aspecto de un niño de 11 años- contribuyó a que las lesiones no fueran letales.

“Él se arrepintió de lo que le hizo a la mamá y se intentó cortar las venas, pero sólo se lastimó las manos”, complementa Laura Ivette Rivera Lazcano, directora de Justicia para Adolescentes de la PGJE.  

Tras el ataque, Jessica llamó por teléfono a su novio, quien a su vez dio aviso a la Policía Municipal.

En el Centro, los jovenes participan en actividades escolares, deportivas y religiosas Los agentes encontraron a la mujer de 30 años al borde de la cama, con expresión dolida, vestida con un pantalón rosa de pijama.

Sangre en casi toda su blusa verde pastel, en la sábana y en el piso. La punta del cuchillo dejó surcos en el colchón.

Mientras el menor fue llevado al Hospital General, donde recibió suturas para contener el sangrado, Jessica Belén llegó hasta la Cruz Roja y horas después, fue dada de alta.

Sin embargo, la averiguación previa abierta por homicidio calificado en grado de tentativa y agravada por razón de parentesco, bajo el número 127/16/214 en la Procuraduría, quedó sin efecto.

Esto porque a sus 13 años de edad, el menor no es imputable de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes, la cual establece la edad mínima de 14 años para enfrentar un proceso penal.

 Si bien, no hay delito que investigar, la Agencia Especializada en Adolescentes integró un expediente para turnarlo a la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, donde se giró una orden de investigación para determinar la situación del menor, quien fue entregado a su abuelo materno cuando éste acudió al Ministerio Público con el acta de nacimiento original de su nieto.

La directora de Justicia para Adolescentes explicó que el menor no fue enviado a un centro DIF porque no se encontraron antecedentes de violencia familiar.

“Al menor se le asignó un abogado defensor de oficio y se reservó su derecho a declarar. La mamá tampoco declaró porque tiene derecho a no declarar en contra de sus familiares ascendentes o descendientes”, añadió.

Lo que se sabe del ataque, es lo que el menor narró a los policías.

Por ejemplo, que sus dos hermanos de cinco y siete años conviven con su papá y con la familia de él, mientras el adolescente no.

O que la mamá “se va de fiesta con su nueva pareja y a él no le dan la atención que requiere”, precisa la funcionaria.

“El menor requiere atención y la madre también. En la agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, se va a determinar qué tratamiento psicológico o psiquiátrico, dependiendo del grado de afectación tanto del menor como de la madre”, añade.

No obstante, si Jessica Belén Jiménez y el menor no responden a las órdenes de comparecencia para continuar con el proceso en la PGJE, no se podrán integrar los dictámenes correspondientes para determinar qué tratamiento recibirá el adolescente.  

NARCOMENUDEO SE IMPONE EN TIJUANA, ROBO EN MEXICALI

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016, 368 expedientes se han abierto en la PGJE de Baja California con adolescentes involucrados en delitos.

De éstos, 248 corresponden a Mexicali, la ciudad con mayor incidencia delictiva entre menores de 18 años.

Laura Ivette Rivera Lazcano, directora de Justicia para Adolescentes, amplía los casos en Tijuana.

El corte al 14 de abril de 2016, es de 132 adolescentes turnados al Ministerio Público.

Le sigue Ensenada con 19 detenidos, Rosarito con seis, pero en Tecate no se ha turnado un solo adolescente en lo que va del año.

El 35 por ciento de los detenidos cumplen sentencia por homicidios, Abdiel está entre ellos Tan sólo en Tijuana, el 30 por ciento de los casos son por narcomenudeo, el delito más frecuente entre menores de edad en la ciudad.

Varias de las detenciones se han dado mediante el Operativo Mochila en las escuelas.

Marihuana, cristal, globitos y pastillas, son las drogas más comunes en su poder.

“Los menores son utilizados para vender droga de manera muy recurrente, y en la mayoría de los casos, vienen de familias disfuncionales. Pasan las 48 horas que tenemos para la integración (del expediente) y hay niños que duermen en celdas, con mamás que llegan horas después. Creo que hace falta supervisión por parte de los padres”, apunta la directora de Justicia para Adolescentes de la PGJE.  

Rivera Lazcano agrega que muchos de los jóvenes llegan aleccionados por quienes les entregan la droga para su venta.

“El otro día, gritaba un niño de 12 años que le pasaran a su abogado. Nos dicen que no saben dónde viven para que no contactemos a sus papás”.

A la Agencia Especializada en Adolescentes de la PGJE llegan menores de 12 a 17 años de edad que cometen algún delito.

Si bien, solamente a partir de los 14 son sujetos a sanciones penales, a los adolescentes de 12 a 13 años, se les puede girar una orden de comparecencia para que junto a sus papás, se comprometan en ir a la escuela, que sean “personas de bien” y cumplan con un tratamiento.

Cualquier menor que sea remitido a la PGJE, pero no sea consignado, debe ser puesto en libertad en un periodo no mayor a 48 horas.

Si el tutor legal no se presenta, entonces los agentes ministeriales los llevan a su hogar.

Entre otras especificaciones de la Ley de Justicia para Adolescentes, cada menor tiene derecho a un abogado defensor especializado en adolescentes, quien le informa su derecho a reservar o rendir su declaración.

La celda en el Ministerio Público, debe estar separada de los adultos, con iluminación y no contar con rejas. En el caso de Tijuana, una mica de plástico reemplaza los barrotes.

“En general, es un trato más humanizado porque los menores de edad no han alcanzado su madurez ni conciencia plena… aunque nos han llegado asuntos en los que desconocemos cómo es su conciencia, pero están bien alebrestados”, expone la funcionaria de la Procuraduría.

Además, todos los casos -excepto narcomenudeo- pueden resolverse a través de la conciliación en el Centro Estatal de Justicia Alternativa.

De los 132 adolescentes detenidos este año en Tijuana, 111 han sido consignados al Juzgado de Primaria Instancia Especializado en Adolescentes.

Después de posesión simple de droga, los principales delitos por los que son detenidos los adolescentes, son daño en propiedad ajena intencional con 18 turnaciones, robo con violencia con 11 aprehensiones, robo en casa habitación con siete casos, portación de arma prohibida también con siete y cinco más por lesiones.

Mientras que en Mexicali, que concentra 46 consignaciones de adolescentes, entre enero y  marzo de 2016, el principal delito es el robo.

Para la directora de Justicia para Adolescentes, el denominador común entre los jóvenes detenidos por un delito es “la falta de cuidado de los papás, pero aquí llegan por robo simple y terminan con posesión de arma u homicidio”.  

MENORES EN NARCOTÚNELES, SECUESTROS Y HOMICIDIOS

Apolinar Deraz sacó a sus hijos de 14 y 16 años de la escuela.

La mamá de los menores había enfermado de cáncer y para pagar su tratamiento, tendrían que trabajar.

Los tres tomaron dejaron Durango y viajaron a Tijuana, donde serían contratados para construir una casa. Llegaron a la Central Camionera. Los recogieron los constructores, quienes los llevaron hasta un domicilio en el callejón Centenario de la colonia Aeropuerto.

Ahí permanecieron bajo llave. Se les dijo que podrían salir una vez que llegara otro grupo de albañiles. Sin embargo, el 7 de abril de 2015, el padre y sus dos hijos fueron detenidos junto a seis hombres más por el Ejército Mexicano.

En la vivienda de dos pisos fue descubierto un narcotúnel.

En el lugar encontraron además 20 kilos de marihuana y tres kilos 500 gramos de cristal.

“Se probó que estaban trabajando dentro de la casa y sí habían visto el túnel, pero como vienen de fuera, no se imaginaron que era para cruzar a Estados Unidos, pensaron que era un sótano”, explica Luz María Félix Figueroa, juez de Primera Instancia Especializada en Adolescentes, quien estuvo a cargo del caso.

Los menores de edad, así como su padre y el resto de los albañiles, fueron representados por un abogado particular.

Cuando Apolinar Deraz recuperó su libertad, recolectó testimonios de testigos, cartas de novias y amigos de los adolescentes, certificados escolares y declaraciones de familiares para demostrar que los jóvenes no sabían que trabajarían para el narco.

Los adolescentes fueron internados en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes, donde permanecieron hasta que su abogado solicitó un incidente de modificación de medida.

Fueron trasladados a otro centro en Durango para estar cerca de su familia y allá recobraron su libertad sin que se les encontraran culpables de los cargos.

Desde hace nueve años, todos los casos penales -estatales y federales- de adolescentes en Tijuana, Rosarito y Tecate, han pasado por el escritorio de la juez de Primera Instancia Especializada en Adolescentes, Luz María Félix Figueroa.

En 2016, este Juzgado tiene 112 expedientes registrados, en los cuales 40 adolescentes han recibido sentencia y 37 siguen bajo proceso. Es decir, en el 35 por ciento de los consignados este año, ya concluyó el proceso penal.

Lo anterior se debe a que en caso de adolescentes, los procesos no deben durar más de tres meses.

En caso de amparo u otro recurso legal que prolongue el juicio, el límite es de cinco meses.

Sin embargo, “no en todos los casos son conductas graves ni amerita que el joven haya quedado detenido como medida cautelar”, puntualiza la juez Félix Figueroa.

En el caso de los adolescentes hay tres tipos de medidas cautelares, en caso de ser encontrados culpables.

La primera es la detención el Centro de Diagnóstico para Adolescentes, la segunda es la reclusión domiciliaria (casa, institución médica u hospitalaria o centro de rehabilitación) y tratamiento externo, en la cual gozan de libertad, pero deben cumplir con la nivelación académica y tratamiento psicológico.

“Además de aplicarle una sanción, el objetivo es un tratamiento para recuperarlo de esa situación en la que estaba, que pase por un proceso de maduración para entender que ése fue un hecho que no debió haber cometido”, expresa la juzgadora.

De esos 112 expedientes abiertos, un 70 por ciento son por robo con violencia.

Le sigue delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, casi siempre en posesión simple de metanfetamina y marihuana.

En un incremento en comparación a años anteriores, en 2016, tres adolescentes han sido consignados por homicidio y otros tres por secuestro.

Entre los casos en proceso, está el de Ulises Abraham, de 14 años de edad, que en octubre de 2015 fue contratado a través de Facebook para asesinar a Guillermo Gastélum Jacques en la Zona Centro de Tijuana. A cambio, el menor recibiría 31 mil pesos.

Con ese dinero “quería cambiarse de teléfono, comprarse ropa y traer dinero”, refiere la juez.

El estudiante de secundaria creció en un ambiente sano, sus padres son profesionistas, no tenía carencias económicas, pero cometer el asesinato “se le hizo fácil, dijo ‘yo lo puedo hacer’”.

Para un menor de edad, la pena máxima para homicidio es de diez años, pero incluso en sentenciados, la Ley establece que cada tres meses debe ser evaluado para informar al juez del avance en el tratamiento.

Cuando cumple dos terceras partes de la pena, puede pedir una adecuación de medida al juez. Alrededor del 40% de los jóvenes, solicita adecuación de sentencia, casi siempre a través de un abogado particular.

En opinión de la juzgadora, su labor es encontrar “un equilibrio entre la conducta que el adolescente realizó, el daño causado y las características del joven”.

Agrega que hay casos en que pueden restaurarse plenamente fuera, pero en otras ocasiones no, porque “pueden causarse daño a sí mismos, a las personas que intervinieron en este proceso u a otras personas”.

Para que el juez aplique una medida de adecuación, el Cuerpo Colegiado conformado por un psicólogo, un criminólogo, un maestro, un médico y/o psiquiatra y un especialista en seguridad, rinden un informe, en el que votaron unánimemente si el joven es apto a una medida distinta.

En cuanto a declaraciones, la juez Félix Figueroa recuerda las de jóvenes involucrados en secuestros, ya sea vigilando a la víctima o alimentándola.

“Hay quienes dicen ‘yo no me porté mal con el señor porque cuando lo golpearon, yo le limpié la sangre’, porque así lo ven”.

Mientras que en cuestiones de crimen organizado, la jueza ha detectado una práctica meramente corporativa.

“No son pandillas o grupos, sino estructuras empresariales. Les dicen a quién ir a matar o cuánto vender para formar parte de ese grupo”.

También está el caso de hijos de madres solteras. “La mamá tiene que trabajar en fábrica y, aunque tienen los satisfactorios necesarios para sobrevivir, los jóvenes tienen que aportar en casa y no hay supervisión”.

De ahí la conclusión de la juzgadora: “Requieren de control de emociones y de conducta, de atención más que satisfactores económicos, pero así como se atreven a cometer la conducta más atroz, igual se atreven a recuperarse”.  

MENOS REINCIDENCIA, CONTINÚA ADICCIÓN

En el Centro de Diagnóstico para Adolescentes en Tijuana, hay 77 adolescentes detenidos, únicamente dos son mujeres.

La cifra, indica su director, Juan Pedro Quezada Jiménez, es una de las más bajas en los últimos años -en 2013 había 198 internos-, por lo que el centro se encuentra al 21% de su capacidad.

Mientras que 42 adolescentes sentenciados, cumplen con una medida de tratamiento externo, sin encarcelamiento bajo supervisión trimensual de personal del Centro.

“En caso de que no estén cumpliendo, le hacemos de conocimiento a la juez, ella puede decidir si modifica la medida. Afortunadamente, el 80 por ciento de la población sí acude”, comenta el director. La reincidencia también ha bajado. En cálculos de Quezada Jiménez, uno de cada 10 liberados regresa.

Las edades de los internos van de los 14 a los 24 años -quienes fueron sentenciados como menores, no son trasladados a centros penitenciarios de adultos, aunque cumplan la mayoría de edad-, pero la más frecuente es entre los 16 y 17 años.

De los internos, el 35% se encuentran ahí por homicidio, 20 están sentenciados y siete en proceso.

Por robo de violencia, hay 19 jóvenes, 12 bajo proceso. Mientras que por secuestro hay ocho adolescentes, la mitad sentenciada y por robo a casa habitación hay siete personas, sólo una sentenciada.

Entre las características de quienes ingresan al Centro de Diagnóstico, la gran mayoría no acudían a la escuela.

“Tenemos casos de quienes no saben leer ni escribir”, subraya el director.

Mientras que el 75% consumían entre uno y ocho estupefacientes, los más comunes son marihuana, cristal y clonazepam.  La edad de inicio, casi siempre, es a los 14 años.

De acuerdo con el médico de la institución, el 30% de los internos cometieron el delito bajo la influencia de la marihuana.  

“QUERÍA SER ALGUIEN EN LA MAFIA”

Abdiel Contreras está a punto de salir del Centro de Diagnóstico de Adolescentes. Seis de sus 19 años de vida, los ha pasado ahí. Nació en Apatzingán, Michoacán, pero desde niño llegó a la colonia Mariano Matamoros en Tijuana.

“Quería quedar bien, usar ropa de marca como South Pole y Ecko. A los 13 años, empecé a usar marihuana y a robar casas”, narra ahora con el cabello casi a rapa y en uniforme gris.

“Empezamos a hacer cosas más grandes, ya no robábamos, nos ponían como puntos en donde iba a pasar gente con dinero para ir y quitárselo. Yo estaba viviendo con un amigo, él tenía las armas y carros, era mayor de edad”.

Las primeras dos armas de Abdiel fueron un revólver 357 y una pistola 380 Súper de 9 milímetros.

Por cada atraco, recibía hasta 15 mil pesos -cuatro veces más que el salario mensual en una maquiladora- que gastaba en cinco días para comprar alcohol, marihuana y cocaína. Así, a los 14 años compró su primer vehículo, un Honda Hatchback.

De ahí, pasó a trabajar con “alguien que trabajaba en la maña”. En 2010, acudió a una fiesta, “me dijeron ‘vete preparado’ (armado), ya después el patrón nos dijo ‘súbanse a la camioneta’ y nos fuimos.

 Llegó a una gasolinera, ahí llegaron los contrarios y empezaron a rafaguear la camioneta”. Una risa nerviosa escapa de la boca de Abdiel.

“Ta ta ta, escuché los impactos de bala, yo estaba en la cabina y me agaché. Dejaron de tirar un momento, me bajé y agarré un revólver que tenía yo. Miré que eran dos carros, no me quedó de otra más que esconderme detrás de la camioneta y tirar. Cuando empecé a tirar, uno se quedó ahí. No sé si fui yo quien lo maté, no sé, pero ahí quedó y es por eso que estoy aquí”.

Abdiel fue uno de los dos sobrevivientes de esa balacera donde murieron seis personas. Incluidos su jefe y su amigo. Está a días de cumplir una sentencia de seis años por homicidio.

“Quería algún día ser alguien en la mafia, pero le doy gracias a Dios que me ha permitido estar aquí todo este tiempo y no allá afuera, porque no sé si me hubieran matado”, expresa sin dejar de mover las piernas.

Con la secundaria terminada en el Centro, planea estudiar la preparatoria abierta mientras trabaja como pastero en construcción, emplastando tabla roca.

“Mis planes son entrar a la Marina para estudiar Ciencias Navales… ya ese pensamiento tonto lo dejé atrás, era de cuando estaba chavito… pero pues todavía me veo niño”, concluye entre risas.

(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Jorge Dueñes / DIBUJO: Roberto Mora / Inés García Ramos Lunes, 2 mayo, 2016 01:00 PM)