Niega impunidad por haber liberado a los
tres que quedaban presos; el Ministerio Público puede actuar nuevamente contra
ellos
La liberación en el fuero
civil de los últimos tres de los ocho militares implicados en el caso Tlatlaya
se ordenó porque la PGR no demostró una supuesta ejecución extrajudicial ni
otros delitos como encubrimiento y modificación de la escena, por lo que este
fallo “no implica impunidad”, puntualizó en su resolución el magistrado del
sexto tribunal unitario del segundo circuito, Adalid Ambriz Landa.
Expuso que ante la
“insuficiencia probatoria” del Ministerio Público de la Federación respecto a
la hipótesis de que soldados asesinaron a ocho presuntos agresores que se
habían rendido, “no es posible vulnerar
los derechos humanos de los procesados” en aras de la justicia que demandan las
víctimas indirectas de estos hechos.
Se trató, explicó, de
ajustarse al debido proceso.
El Consejo de la Judicatura
Federal difundió el fallo del sexto tribunal por tratarse de un asunto de
interés público y de una acción transparente “de cara a la sociedad”.
En la foja número 515 del expediente,
Ambriz Landa señaló: “(…) procede dictar auto de libertad por falta de
elementos para procesar, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba
el Ministerio Público actúe nuevamente en contra de los inculpados, pues en
estos casos no opera el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal
del delito de que se trata”.
Anoche, la PGR informó en un
comunicado que “solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las
diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba
requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en
Tlatlaya, Estado de México, queden impunes”, en los cuales murieron 22
personas.
En su fallo, el magistrado
reveló diversas inconsistencias en las pruebas aportadas por la PGR, como
declaraciones contradictorias de tres testigos sobrevivientes.
Una de las declarantes
inclusive señaló que en la bodega desde la cual miembros de un grupo criminal
dispararon contra soldados que realizaban un patrullaje el 30 de junio de 2014,
anteriormente habían sido asesinadas siete personas secuestradas, una de las
cuales dijo ser “diputado”.
A estas víctimas les
colocaron una cartulina con la leyenda:
“ESO ERA POR PASARSE DE
VERGA. ATENTAMENTE (…), según la testigo que manifestó que hasta ese inmueble
fueron trasladadas más personas plagiadas.
Foto: Archivo
En los primeros testimonios,
las tres mujeres a quienes los militares
lograron liberar y protegieron hasta presentarlas ante el MP aseguraron que
solo hubo un enfrentamiento que duró alrededor de ocho minutos.
Aunque en una segunda
declaración, casi tres meses después, indicaron que luego del primer tiroteo
que “duró casi una hora”, los soldados ingresaron al inmueble para “ejecutar” a
los civiles armados.
También variaron en el
horario de los hechos, pues señalaron que fue alrededor de las 5 am y después a
las 7 am, lo que distorsionaría sus declaraciones sobre las condiciones de luz
en que pudieron observar lo que realmente sucedió, así como la identidad de los
militares.
El magistrado consideró: “Las
pruebas que obran en autos son insuficientes para acreditar que después del
primer evento de disparos que duró aproximadamente ocho minutos, sostenido en
la primera versión de los hechos, haya existido un segundo evento en el que
tres militares ingresaron a la bodega y privaron de la vida a ocho personas”.
Avaló además el peritaje de
la procuraduría del Estado de México, en el que se determinó que el lugar de
los hechos “fue preservado en su estadio original momentos previos a su
intervención criminalística; y que tomando en cuenta la localización y
ubicación de los cuerpos que presentaron los occisos en el interior de la
bodega, éstas sí corresponden a las últimas y originales al ocurrirles su
deceso”.
Los peritajes de mecánica de
lesiones y balística revelaron que no hubo una ejecución en el caso Tlatlaya,
pues los disparos de los soldados se realizaron a larga distancia.
(VANGUARDIA/ MILENIO/ 15 Mayo 2016)
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