La excesiva regulación bajo la que
operan las estancias subrogadas, a raíz de la tragedia en la guardería ABC, y
la delicada situación financiera del IMSS, han puesto en riesgo este derecho
social.
Hace 14 años, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en ese entonces dirigido por Santiago Levy,
se propuso incrementar el número de guarderías en operación para hacer frente a
la creciente demanda de este servicio entre sus derechohabientes (existía un
déficit de 50,000 lugares), como consecuencia de la incorporación de las
mujeres al mercado laboral, la cual pasó de 16.4% en 1970 a 42.8% en 2014. De
2002 a 2009, la dependencia autorizó 405 nuevas guarderías bajo el esquema de
subrogación, es decir, concesionadas a particulares con estándares definidos
por el propio Instituto, lo cual permitió incrementar en 73.1% la capacidad
instalada, pasando de 140,270 a 242,899 lugares en 1,568 guarderías, según el
Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera
y los Riesgos del IMSS 2014-2015.
Para alcanzar dicho objetivo,
el IMSS flexibilizó los requisitos para la apertura de estancias infantiles
concesionadas. Sin embargo, el 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería
ABC, en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños y dejó heridos a
otros 106, puso en en tela de juicio el otorgamiento de contratos, operación y
vigilancia de las estancias infantiles durante la administración de Levy y Juan
Francisco Molinar Horcasitas, que dejó el cargo dos meses antes de la tragedia.
Un mes después, su sucesor, Daniel Karam Toumeh, estableció medidas de
seguridad más estrictas y procesos de contratación que exigían un elevado nivel
de calidad en el servicio, lo cual era absolutamente necesario, pues durante siete
años se otorgaron concesiones a diestra y siniestra, sin medir el riesgo que
representaba.
Con ello, la relación entre
el IMSS y los prestadores del servicio de guardería no volvería a ser la misma.
Entre julio de 2009 y
diciembre de 2014, dejaron de prestar el servicio 207 guarderías que no
cumplían con los nuevos estándares, lo que disminuyó la capacidad instalada en
cerca de 9,000 lugares. En dicho periodo, cerca de 5,000 niños perdieron su
lugar en las guarderías subrogadas del IMSS (solo algunos lograron ser
reubicados), generando un problema social, pues miles de madres de familia
tuvieron que buscar otras opciones para atender a sus hijos y no verse
obligadas a dejar su trabajo.
NUBARRONES A LA VISTA
Hoy, la situación podría
agravarse aún más, debido a la excesiva regulación bajo la que operan las
guarderías subrogadas y la delicada situación financiera del IMSS, como
consecuencia de la demanda creciente de servicios de salud y las obligaciones
laborales (pensiones y jubilaciones y prima de antigüedad de sus trabajadores).
Y aunque la actual
administración ha logrado reducir el déficit del Instituto, consiguiendo
incrementar los ingresos por arriba de lo establecido en la Ley de Ingresos de
la Federación, así como reducir a la mitad el uso de sus reservas en 2014, se
prevé que para el 2018 el IMSS tendrá gastos superiores a sus ingresos y habrá
agotado sus reservas teniendo un faltante de 21,152 millones de pesos (mdp),
que seguirá creciendo, según el Informe de la Situación Financiera y los Riesgos
del IMSS 2014-2015.
La proyección de ingresos y
gastos del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales para el periodo
2015-2050, indica que este seguro mantendrá un ligero déficit hasta el año
2022; a partir de entonces se espera que el resultado sea superavitario.
Sin embargo, reconoce que la
prima de este seguro, que es de 1% del salario base de cotización, apenas será
suficiente para hacer frente a los gastos de este seguro hasta el año 2050.
NUEVAS REGLAS, MISMO TRATO
Ante este panorama, el IMSS
se ha visto obligado a reducir costos en todas sus áreas, empezando por los
prestadores de servicios externos, como las guarderías concesionadas.
La orden fue clara: hay que
pagar menos por cada niño. De ahí que la Coordinación del Servicio de Guardería
para el Desarrollo Integral Infantil se diera a la tarea de cambiar las reglas
(nuevamente) y poner más obstáculos para que las guarderías no cumplieran con
el 100% de los requerimientos y de esa forma reducirles la cuota.
Cabe mencionar que estas ya
sufrían de supervisiones en la que se aplican criterios discrecionales, la falta de preparación del personal de
supervisión, influyentismo, coerción a quien no acate los dictados, trato
denigrante y constante amenaza de sanciones económicas, según la Asociación
Nacional de Guarderías (Asnagu).
Hasta octubre de 2015, las
guarderías subrogadas se dividían en tres tipos, aunque todas debían de cumplir
con cuatro criterios: seguridad y protección civil, nutrición, educación y
correcta integración del expediente físico y electrónico de la estancia
(fianzas y permisos necesarios para la operación).
En 2014, al Tipo I se le
pagaba 3,419 pesos por cada niño, la cuota para el Tipo II era de 3,303 pesos y
3,005 pesos para el Tipo III. El 90% de las guarderías se ubicaba en el Tipo
II. La diferencia entre la primera y el resto eran los metros cuadrados de
construcción por cada niño, que en el Tipo I era de 4.3 m2, 3 m2 para el II y
menor a 3 m2 para el III.
Pero en noviembre de ese
mismo año, la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo
Integral Infantil implementó, sin consultar previamente a los prestadores del
servicio, un nuevo esquema, donde imponía cinco tipos de contratos a las
guarderías, mediante los cuales se limitaba el número de años de operación y se
reducía la cuota por niño.
Con esta decisión, el IMSS
creó estancias de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, a pesar
de que la gran mayoría contaba ya con calificaciones superiores al 90% en los
diferentes rubros que califica. Para las guarderías Tipo I y II, la vigencia
del contrato quedó en tres años y la cuota pagada por niño ascendía a 3,561
pesos y 3,436 pesos, respectivamente. En el caso de las Tipo III y IV, la
vigencia del contrato fue de dos años y la cuota se situó en 3,316 y 3,200
pesos. Finalmente, para las estancias Tipo V, el contrato tendría una vigencia
de un año y la cuota pagada sería de 2,980 pesos.
Además, el nuevo esquema
incluía un nuevo indicador que sería la manzana de la discordia o la gota que
derramaría el vaso: el del área libre, que establece que todas las estancias
infantiles deben tener un área libre mayor o igual a 22% de la superficie total
construida para ubicarse en el Tipo I y tener la cuota más alta por niño. La
mayoría no lo cumplía, por lo que fueron ubicadas en el Tipo II y IV, viendo
disminuidos sus ingresos.
Pero lo que más molestía
causo a los dueños de las guarderías fue que se les avisara con tan solo 10
días de anticipación, que no tomaran en cuenta el esfuerzo y las inversiones
que realizan para cumplir con lo más importante: la seguridad, la alimentación
y educación de los niños; que la dependencia pueda cancelar el contrato en
cualquier momento, lo que genera una total incertidumbre y, por último, que
cada vez se les exija más.
Y es que en cada inspección
que realizan las jefaturas delegacionales de guarderías siempre se pide a los
dueños realizar alguna adecuación a las instalaciones o comprar mobiliario,
aunque no sea necesario, como sucedió el año pasado, cuando se solicitó
instalar una segunda escalera en las estancias, cuyo costo rondó entre 40,000 y
50,000 pesos.
Lo más curioso del caso es
que las guarderías del IMSS también instalaron dicha escalera, pero a un costo
de 1 millón de pesos. ¿Dónde está el ahorro?
Cabe mencionar que el
costo-niño en las guarderías del IMSS ronda entre los 9,000 y 11,000 pesos,
esto es poco más de tres veces el costo-niño en una estancia subrogada del Tipo
I, el más alto; o casi cuatro veces en comparación con el Tipo V. ¿Por qué está
diferencia? Sobre todo cuando las guarderías propias representaron a diciembre
de 2014, el 12.7% de los lugares y contaron con una capacidad instalada de poco
menos de 30,000 lugares en solo 142 unidades, que nos da un promedio de 211.2
niños por estancia.
En diciembre pasado, la
Asociación Nacional de Guarderías envió una carta al entonces director del IMSS
(hoy director de Pemex), José Antonio González Anaya, en la que afirma que las
nuevas reglas de operación no fueron informadas ni formal ni oportunamente a
los dueños de las estancias, por lo que de inicio es irregular su aplicación.
Asimismo, menciona que el
proceso que quiere llevarse adelante para imponer cinco tipos de contratos, que
limitan y reducen las cuotas por niño, basados principalmente en el indicador
del área libre, no es un proceso de nueva contratación, sino una renovación de
un servicio probado, supervisado, adaptado a la petición del IMSS y que ha
superado exitosamente todos los requerimientos que se le ha impuesto, por lo
que los prestadores de este servicio tienen ”derechos adquiridos”, ya que más
de una vez fueron contratados y evaluados de forma satisfactoria.
Advierte que dicho proceso
limita los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del servicio,
lesionando la estabilidad financiera de los prestadores del servicio y
orillando a estos al quebranto económico por la incertidumbre y tener que
cumplir con constantes cambios y exigencias, además de impactar a la población
que se atiende.
Finalmente, la Asociación le
pide a González Anaya que someta a revisión el proceso de renovación
contractual y no se obligue a firmar contratos.
Alto Nivel solicito una
entrevista con la titular de la Coordinación del Servicio de Guarderías, Flor
García Ortiz, para que diera su versión de los hechos, pero hasta el cierre de
la edición no hubo respuesta.
*Este es un extracto del texto que el
autor escribió para Alto Nivel y que podrás consultar completo en la edición
impresa de abril.
(DOSSIER POLÍTICO/ TOMADO DE: REDACCIÓN
/ ALTONIVEL/ 2016-04-11)
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