Si todo el caso Ayotzinapa
está focalizado en lo que sucedió en el basurero de Cocula la noche del 26 de
septiembre de 2014, ¿por qué es importante determinar si ahí murieron todos o
algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa?¿Por qué el punto de quiebre entre
el Gobierno federal y los organismos de derechos humanos y los forenses
extranjeros se ata a si pudo haber o no un incendio con un fuego de mil 600
grados centígrados para que en menos de 24 horas quedaran reducidos a cenizas?
El significado es evidente aunque no lo veamos: la verdad sobre el basurero de
Cocula responderá si el Gobierno protege al Ejército de lo que sucedió esa
noche. Es decir, si la versión oficial se sostiene o hay encubrimiento.
La mayor rispidez entre el
Gobierno y los organismos que coadyuvaron o asistieron en la investigación
federal del crimen, está en la negativa para que puedan entrevistar a los
soldados del 27º Batallón de Infantería, que está en Iguala. La PGR ya declaró
a todos los soldados, pero ninguna autoridad extranjera ha tenido acceso a
ellos por dos razones: la ley mexicana lo impide, y porque el secretario de la
Defensa, General Salvador Cienfuegos, amenazó con renunciar si el Presidente lo
autorizaba.
El por qué es tan importante
que abogados externos hablen con los soldados, tiene una clave: los testimonios
publicados por el periódico El Sur de Guerrero el 15 de octubre de 2014, que
narran que el 26 de septiembre el Ejército y la Policía Federal acordonaron
Iguala para impedir la presencia de civiles mientras policías municipales y
criminales atacaban a los normalistas. Los normalistas fueron agredidos dos
veces a las nueve de la noche, sin que intervinieran los soldados. Tres horas
después fueron presa de los criminales y tampoco los ayudaron. Cuando los
padres de los normalistas pidieron explicaciones al coronel José Rodríguez
Pérez, entonces jefe del 27º Batallón, respondió que se habían enterado “al
último”.
Mentira. Los soldados fueron
testigos de lo que estaba sucediendo e inclusive ayudaron a algunos normalistas
a encontrar asistencia médica luego que ellos mismos habían impedido que los
atendieran en un hospital privado. ¿Por qué actuaron con pasividad los soldados
esa noche? ¿Por qué si la ley les permite intervenir en situaciones de
emergencia cuando hay flagrancia, como lo atestiguaban esa noche, no lo
hicieron? La respuesta también está ante nuestros ojos. Lo que hicieron los
soldados en Iguala es exactamente lo que les ordenaron hacer en Michoacán
cuando el Gobierno federal utilizó grupos paramilitares para que combatieran a
Los Caballeros Templarios: en el momento en que procedían a aniquilarlos,
sellaban la comunidad donde se daba el enfrentamiento; nadie entraba y ni nadie
salía hasta que fuera momento de recoger a los muertos.
La forma como actuaron los
soldados en Iguala es un patrón. Se comprobó en diciembre de 2014, cuando los
grupos de Antonio Torres, Simón “El Americano”, y de Hipólito Mora, uno de los
fundadores de las autodefensas, se enfrentaron por seis horas -el saldo fue de
11 muertos- en La Ruana, Michoacán, sin que los soldados o la Policía Federal
intentaran frenar el choque. La lógica que había utilizado el Gobierno federal
en Michoacán era de una limpieza entre criminales, que a través de esos
enfrentamientos, se depurarían. El verbo “depurar” es el mismo que utilizó el
entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, cuando explicó en Los Pinos
lo que había sucedido en Iguala el 26 de septiembre. Se trataba, dijo en ese
entonces, de “una depuración entre narcotraficantes”, por lo que se puede
alegar, los soldados siguieron las mismas órdenes que en Michoacán.
En Michoacán, que al iniciar
2014 estuvo a punto de caer en una guerra civil entre Los Caballeros Templarios
y grupos de autodefensa civil armados por el Gobierno federal con la
participación del Cártel Jalisco Nueva Generación, se desplegó una estrategia
de Guerra de Baja Intensidad, cuya dinámica obedece al cambio, el descontento,
la pobreza, la violencia y la inestabilidad, que “interactúan para crear un
entorno conductivo” al desarrollo de esa estrategia. La intensidad derivada del
sentir de injusticia determina el grado en el cual participan la población en
la violencia, de acuerdo con la teoría establecida en el Manual de Campo 100-20
del Ejército de los Estados Unidos, Military Operations in Low Intensity
Conflict (Operaciones Militares en un Conflicto de Baja Intensidad), que
explica la confrontación político-militar en una guerra no convencional.
La Guerra de Baja Intensidad,
nueva en Michoacán, era vieja en Iguala. El 27º Batallón de Infantería nació en
los 70s en respuesta a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas,
formados por cierto, en la Normal de Ayotzinapa, y que fue la base para la
guerra sucia en el estado entre 1968 y 1974. Los soldados en Iguala no podían
ser ajenos a lo que sucedía en esa comunidad y a la relación orgánica de las
autoridades con la banda criminal de Guerreros Unidos. Su papel en la zona es
táctico y recogen inteligencia en la población. Formaban parte de una
estrategia y ahora son sospechosos centrales para el mundo en un crimen de alto
impacto internacional. Los soldados están pagando por seguir órdenes. Iguala es
como el 2 de octubre de 1968: las torpezas del poder civil dispararon al
corazón de las Fuerzas Armadas. Lo que hicieron, por culpa de los otros, no se
olvidará.
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 12/04/2016 | 04:00 AM)
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